La semana pasada escribí sobre las sucesivas violaciones de la ley que observé en el proceso en el Senado contra el Magistrado Pretelt. También expresé mi profundo compromiso con las formas procesales que pretenden garantizar la imparcialidad y la predictibilidad de los procesos; son la oportunidad de apartar las preferencias individuales a favor de la siempre difícil imparcialidad. Me esfuerzo para que mis propios prejuicios no condicionen mi manera de proceder, más aún cuando se trata de juicios sobre las personas.

Estamos ahora viendo la persecución del Gobierno de Santos a Andrés Felipe Arias. Los medios crucificaron a los uribistas, la ciudadanía se convenció de que eran culpables de los delitos que les endilgaban, a tal extremo, que cuando se les cuenta que en realidad esos delitos no existieron, quedan sorprendidos.

A Arias lo acusaron de haberse robado la plata; no se robó ni un solo peso, así lo reconocen las sentencias. Lo acusaron de haber recibido donaciones a su campaña presidencial de beneficiarios del programa, esto tampoco hace parte de su condena. Por último, sostienen algunos, que su delito fue darle subsidios a los ricos. Ricos fueron una pequeña fracción de los beneficiarios, y aunque hubieran sido más, tampoco aquello es un delito. Firmados los TLC, en especial el de EE.UU. era –y sigue siendo- muy importante mejorar la productividad del sector agropecuario de todos los tamaños. Ser un agricultor grande no es un pecado, y que el Estado lo apoye tampoco es un delito. Hace parte de las posibilidades del manejo de la economía estimular los sectores productivos aunque sean ricos, pues aquello genera empleo, y los aumentos de productividad y las nuevas inversiones garantizan que puedan cobrearse mejores impuestos en el futuro.

Arias fue condenado injustamente, si tuviera una segunda instancia –como es su derecho- seguramente sería absuelto. Arias fue juzgado por una Corte Suprema que se había declarado en guerra contra el Presidente Uribe y veía en sus decisiones contra los uribistas como un acto de legitima defensa. Aquello se mezcló con el duro proceso de confrontación con Santos. Arias era el candidato de Uribe, y era por tanto el primer obstáculo de Santos para llegar a la Presidencia.

¿Será casualidad que los contrincantes de Santos, cuando son fuertes terminen en la cárcel o cerca de ella? Luis Alfredo Ramos fue detenido a los dos semanas de haber anunciado su intención de ser candidato del Centro Democrático para competirle a Santos su reelección. Lleva ya 3 años sin solución a su caso. En la recta final de la campaña presidencial, Óscar Iván Zuluaga fue hostigado por la Fiscalía y hoy empieza a develarse cómo desde la Dirección Nacional de Inteligencia se movían las cuerdas de este terrible complot, que fue definitivo para lograr la victoria del impopular mandatario.

La lista de injusticias es mucho más larga, y debemos continuar dándola a conocer. Colombia requiere justicia, que es un ingrediente principal para consolidar la convivencia pacífica. Justicia para criminales, justicia para los inocentes. Esto requiere compromiso ciudadano con la justicia; para juzgar debemos deponer la posición y conveniencia política, y ajustarnos al tenor de las normas y al rigor de los hechos probados.

Columna de opinión de la senadora Paloma Valencia. 

Por uno de los tantos grupos de chat que tengo con ciudadanos de todo el país conocí la noticia de que perforarían pozos petroleros en La Macarena, Meta. Con los amigos del Centro Democrático pudimos entrar en contacto con el recién elegido alcalde del Municipio y otras autoridades locales que de tiempo atrás han venido defendiendo el territorio de la explotación petrolera. Logramos que el Alcalde se dirigiera a la plenaria, y la reacción fue inmediata, se conformó una comisión para redactar una proposición del Senado en pleno para pedir la revocatoria de la licencia.
 
Sin embargo, el Congreso es de limitada incidencia en la país. Acompañe, entonces al Alcalde a hablar con cada uno de los medios que cubren las noticias del congreso, y pudimos publicitar la denuncia. Inmediatamente se encendieron las redes sociales, y la defensa de ese valioso ecosistema de Caño Cristales se volvió tendencia. El Gobierno –mediático como es- no tardó en anunciar la suspensión creyendo, tal vez, que con ellos apaciguaría los ánimos, que siguieron encendidos. La presión política iba en aumento; varios debates de control político se programaron en el Congreso. Anunciaron, entonces, la revocatoria de la licencia ambiental.
 
El movimiento, donde hubo una buena sincronización de las autoridades locales, el Congreso, los medios y la ciudadanía mostró varios asuntos que debemos registrar.
 
El Anla está tomando decisiones que no respetan el triangulo del desarrollo sostenible según el cual un buen proyecto es aquel que mantiene el equilibrio entre los beneficios económicos, los impactos ambientales y los impactos sociales. Es evidente que en este caso, como en muchos otros, se privilegia la apetencia de recursos del nivel central, sin consideraciones a los impactos regionales. El diseño del sistema tiene una falencia evidente, el gobierno central –en medio de su crisis fiscal- lo único que quiere son más recursos, y los impactos no los recibe Bogotá, sino comunidades con las que jamás tendrá contacto los funcionarios del Anla. 
 
Otra vez fracasó la CAR. Cormacarena presentó un concepto técnico en el que rechazaba la exploración y explotación petrolera en el área, pero lo hizo de manera extemporánea. Lo curioso es que todos conocían el concepto, y el Anla lo recibió aún antes de decidir; y convenientemente no lo consideraron. Así que las observaciones sobre la zona de amortiguación del Parque Tinigua, que sea zona de recuperación para la protección sur, la existencia de un Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero fueron olímpicamente ignoradas por el Anla, excusándose en la ausencia de concepto.
 
El que el Distrito de manejo no tuviera plan de manejo, sirvió de excusa para decir que se podía hacer de todo. Por principio de protección, el Anla debió haberle exigido a Cormacarena la expedición de ese plan de manejo, antes de dar la licencia. No lo hizo. Lo grave, es que el plan ya existía y restringe esas actividades, pero demoraron su publicación varios meses –¿mientras se expedía la licencia?. Maniobras todas poco claras.
Urge una da reforma a las instituciones ambientales; los procesos de licenciamiento. Colombia debe defender su patrimonio ambiental, y articular el desarrollo económico y el bienestar social con responsabilidad hacia el futuro.

Bogotá D.C.,  abril 19 de 2016 (CD). Después de conocerse la noticia de la revocatoria de la licencia emitida por la ANLA, para la perforación exploratoria en la Sierra de La Macarena, la senadora Paloma Valencia se pronunció en la sesión plenaria indicando que en este proceso hay indicios de corrupción muy graves que no se pueden desatender e hizo un llamado al legislativo para hacer un debate de fondo sobre le papel que están cumpliendo la ANLA y las CAR.

Lo anterior, resulta evidente, ya que La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de manejo Especial La Macarena (CORMACARENA), emitió la Resolución 585 del 30 de diciembre de 2015 por medio de la cual se adopta el Plan Integral de Manejo del Sector Río Losada-Caño Perdido, ubicado en la Zona de Recuperación para la Producción Sur del Distrito de Manejo Integrado “DMI” ARIARI-GUAYABERO del “AMEN”, departamento del Meta, pero solo hasta el 13 de abril de 2016, se publicó la citada Resolución a través del Diario Oficial No. 49.843.

Indudablemente se ve reflejada la desidia por parte de CORMACARENA, al conocer que existía trámite de licencia ambiental sobre una zona del Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero, y no realizar las actividades tendientes a la publicación del Plan Integrado de Manejo, más aun cuando la citada Resolución tendría efectos jurídicos a partir de su publicación, aunado a lo anterior, se prohibía expresamente la exploración y explotación de los recursos naturales, por encontrarse en una zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Tinigua y traslaparse completamente con el Distrito de Manejo Integrado Ariari Guayabero. 

“Este Congreso tiene que utilizar la solidaridad que encontró en las redes sociales y en la opinión publica con tema de La Macarena, para presentar un proyecto muy importante sobre el tema ambiental”, sostuvo la Senadora, e instó que se apruebe esta proposición como ‘constancia histórica’ y se conforme una comisión que se encargue de hacer la reforma a las CAR, al proceso de licenciamiento donde la participación a las comunidades, y realmente signifique una protección del medio ambiente. 

Bogotá, 6 de abril de 2016. La oficina de la Senadora Paloma Valencia se permite comunicarle a la opinión pública, que el día 5 de abril 2016, presentó ante la Comisión Primera del Senado en debate sobre Falsos Testigos los casos de: Diego Palacio, Sabas Pretelt, Santiago Uribe Vélez y Luis Alfredo Ramos.

“Quiero presentar lo que hemos llamado la persecucion politica contra uribismo, basado en varios testigos con impresionantes consecuencias”, indica la Senadora. Con grabaciones y videos se puede verificar que las decisiones que llevan a condenas y capturas de los anteriormente mencionados son basadas en falsos testigos y decisiones de carácter político.

Se mostraron inconsistencias sobre testimonios como por ejemplo el de Yidis Medina en grabaciones Sala Penal Corte Suprema de Justicia. En video, en su primera declaración dos meses después de la elección presidencial indica que Diego Palacio no le ofreció cargos. Asi mismo, en el caso de Sabas Pretelt se presentan grabaciones en el juicio ante la Sala Penal y en la Procuraduría donde ella reitera que el Ministro no le hizo ofrecimientos.

“Yidis Medina recibió beneficios de la justicia despues de estar acusada de extorsión por implicar en un cohecho (dar y recibir) a los Ministros uribistas, sin embargo la Corte Suprema le negó a los Ministros la posibilidad de defenderse en él”, sostuvo la Senadora.

Por otro lado, se denunció la falta de parcialidad de los jueces. En grabaciones presentadas por la Senadora, se puede oir que en Sala plena se discute la posición de la CSJ sobre la revisión de la tutela interpuesta por exministro Palacio contra la sentencia condenatoria de Yidis y se habla de la necesidad de un acuerdo por conveniencia política. Además, la Corte contradiciendo su propia jurisprudencia, decide que a aquellos funcionarios aforados del Gobierno del expresidente Uribe los investigará el Vice Fiscal y no un fiscal Ad Hoc, por razones política.

La Senadora hace un recuento de los testigos falsos que han declarado en los casos de Santiago Uribe y Luis Alfredo Ramos, y denuncia un carrusel de falsos testigos que han estado presentes en otros casos como el de Dilian Francisca Toro y Nancy Patricia Gutiérrez. La Senadora invita al Ministro del Interior y de Justicia a que se revisen los casos anteriormente mencionados y a que se realicen las reformas profundas que requiere la rama jurisdiccional para que se les den garantías a todos los colombianos.

“Estos son casos sobre miebros del uribismo, pero son miles los colombianos afectados por la corrupción de algunos operadores judiciales que con intereses politicos y eocnomicos le dan credibilidad a falsos testigos”, dijo.

COMUNICADO DE PRENSA

"Problema del agro, como el del Metro de Bogotá, es que el Gobierno sigue girando 'cheques chimbos"

Bogotá D.C., junio 22 de 2015. "El problema del agro, como el del Metro de Bogotá, es que el Gobierno sigue girando 'cheques chimbos", consideró este lunes la senadora Paloma Valencia al referirse al paro cafetero que se desarrolla desde hoy en diferentes regiones del país, y donde reclaman por los incumplimientos del Gobierno Nacional.

"Esta manifestación de los cafeteros y del sector agropecuario está inspirada en el deseo de los campesinos de ser escuchados. Este es un Gobierno que no los oye y que cuando los oye les gira 'cheques chimbos', y que cuando los cheques no se pueden cobrar y las promesas son vanas, entonces tienen salir a marchar y expresar lo que están pensando", declaró Valencia en conferencia de prensa.

La Senadora sostuvo que el Gobierno no cumple los compromisos adquiridos y que, por ejemplo, "le ha dicho al sector agropecuario que les va a dar un montón de recursos que no tiene, porque tiene un presupuesto desfinanciado -según las últimas cifras- en 25 billones de pesos".

Valencia expresó que hay temas fundamentales a los que el Gobierno debe dar soluciones inmediatas: "Primero, se va a elegir el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, esperamos que el Gobierno no lo utilice con ánimo politiquero como lo ha utilizado en ocasiones anteriores para asegurar las elecciones de octubre".

Agregó que el próximo año viene la renegociación del Fondo Nacional del Café, lo que es una oportunidad importante para que el Gobierno plantee una nueva política frente al sector cafetero.

"Las cifras muestran que en los últimos 20 años Colombia ha perdido el 20 por ciento de la productividad, eso significa que nuestros cafeteros producen menos e invierten lo mismo. Muestra además que los servicios de extensión y la investigación que se está haciendo en Colombia es insuficiente. Se muestra que los cafeteros colombianos no están teniendo suficiente participación en el precio internacional del café", argumentó.

Pidió al Gobierno Nacional escuchar a los sectores sociales del país, y recordó que "La paz de Colombia no está en La Habana, está en el campo colombiano".

Finalmente dijo que "a este Gobierno le gusta prohibir que los ciudadanos vayan a chiflar o a protestar", y expresó que el Centro Democrático "no organiza manifestaciones pero sí las acompaña con toda solidaridad, porque somos amigos de la manifestación pacífica y de los derechos de los colombianos".

Oficina de prensa Centro Democrático. El Centro Democrático se permite comunicar a la opinión pública el inicio de las visitas de nuestros congresistas a las naciones amigas, para presentar ante los diferentes gobiernos y partidos la postura del Centro Democrático sobre la negociación que adelanta el Gobierno del Presidente, Juan Manuel Santos, con el grupo narcoterrorista de las Farc, en la cual se pretenden negociar asuntos de nuestra democracia al auspicio de dos dictadores.

La Senadora Paloma Valencia Laserna viajará entre el 5 y el 14 de diciembre de 2014 al Estado de Israel, atendiendo la invitación oficial hecha por el Parlamento Israelí ‘Knesset’ y el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en el marco del Seminario para parlamentarios de América Latina. El evento le permitirá a la Senadora comunicar nuestra posición ante el Gobierno de Israel y ante los congresistas provenientes de varios países latinoamericanos.

El Partido informa que el viaje será costeado íntegramente por el Estado de Israel y los recursos propios de la Senadora. El Estado colombiano no incurrirá en ningún gasto por este viaje. Además, la Senadora Valencia ha pedido licencia no remunerada por los días en los que no asistirá a las sesiones del Congreso.