Nuevo Congreso

Las elecciones legislativas del próximo domingo 13 de marzo, sin duda, serán decisivas para nuestro país. Los nuevos congresistas tendrán en sus manos decisiones como la elección de Contralor General y magistrados del Consejo Nacional Electoral, que le son propias, pero más importante aún, será su labor como defensores de la institucionalidad, y los llamados a denunciar y frenar cualquier atentado contra los pilares fundamentales de nuestra democracia.

Los 295 congresistas que ocuparán una curul en el Senado y la Cámara de Representantes tendrán grandes retos, además de la defensa inquebrantable de la democracia, las libertades y la integridad de la Patria, así como adelantar reformas sensibles como la de la justicia, electoral y pensional.

En materia de justicia es urgente despolitizarla, sacarla de los estigmas de corrupción y hacerla más cercana al ciudadano de a pie. Debe ser una justicia efectiva e imparcial que actúe por igual para todos, no puede seguir reinando la impunidad en unos casos y que en otros las decisiones sean arbitrarias, exageradas o que se embolate. Miremos estas cifras alarmantes. La desfavorabilidad del Sistema Judicial está en un 78%, Corte Constitucional (59%) y Jurisdicción Especial para la Paz (53%). Tan grave es que solo 3 de cada 10 ciudadanos acuden a la justicia porque no confían o porque sienten que no sirve para nada. Lo anterior es solo una muestra de la urgencia que hay de tomar medidas para mejorar y fortalecer el sistema judicial.

Ahora bien, existen muchas razones para iniciar lo más pronto posible el debate en torno a la reforma pensional. Además de asegurar un monto digno del programa Colombia Mayor, que apunte a cubrir al menos la línea de Pobreza de todos los adultos mayores pobres, no podemos seguir concibiendo la pensión como un privilegio. Por un lado, se estima que 2 de cada 10 trabajadores que cumplen con la edad de pensión, obtienen una; solo el 24% de los 6.5 millones de adultos mayores de 60 años cuentan con una pensión. Además, menos del 30% de la población económicamente activa cotiza a pensiones. Por otro lado, se resalta la necesidad de reformar el Régimen de Prima Media, que se ha convertido en un mecanismo regresivo, donde el 39% de los subsidios pensionales están concentrados en el 20% de la población con mayores ingresos. Por ejemplo, una persona con una pensión de 1 SMMLV recibe en promedio un subsidio anual de $6.6 millones, mientras que una persona con una pensión igual o superior a 10 SMMLV reciben un subsidio equivalente a $58.6 millones al año.

De igual manera, es probable que el próximo Congreso tenga la responsabilidad de dar trámite a una nueva reforma que siga contribuyendo a estabilizar las finanzas públicas. Pero, ante todo, deberá ser una reforma que permita retornar a los niveles de endeudamiento prudencial, conservando el tejido empresarial y fomentando un sistema tributario sencillo y equitativo. Además, hay que continuar con los esfuerzos para el fortalecimiento de la DIAN, lo que permitirá controlar el contrabando y la evasión fiscal que le cuesta al país más de $46 billones. Los esfuerzos realizados por el Gobierno del presidente Duque frente a este tema han sido muy importantes, ya que a través  del fortalecimiento de la DIAN en 2021 se logró recuperar $24.1 billones en la lucha contra la evasión y el contrabando; un resultado histórico.

La agenda es extensa. Se entiende que todos los que lleguen al Congreso tendrán una hoja de ruta propia que busque responder a las necesidades de sus electores y de sus regiones; sin embargo, los intereses de la Patria deben ser antepuestos a los objetivos personales y políticos. En las manos del Legislativo estará responder a los grandes desafíos que tiene Colombia, más en este momento cuando apenas estamos logrando ganarle la batalla a la pandemia por el covid-19 y responder a todo el impacto negativo que esta emergencia sanitaria dejó en materia social y económica.

A reglón seguido tengo que decir que el control político también será clave. Los nuevos senadores y representantes a la Cámara tendrán la obligación de vigilar al gobierno que llegue el próximo 7 de agosto a ocupar la Casa de Nariño, para asegurar el cumplimiento de los compromisos de campaña y el respeto por las instituciones.

Es imperativo salir a las urnas este 13 de marzo. No podemos permitir que esta Patria que tanto nos ha dado, quede en manos de personas sin capacidad de discernir, politiqueras, demagogas o corruptas. Como mujer que ha tenido el honor y privilegio de ser elegida dos periodos seguidos como senadora de la República por el Partido Centro Democrático, puedo decir que hoy más que nunca debemos ejercer nuestro legítimo derecho al voto para defender los intereses de nuestro país. Yo por supuesto invito a votar por los candidatos de mi Partido, para seguir trabajando con Mano Firme y Corazón Grande por la Patria.

Somos más los que creemos en una Colombia que respete las libertades, la construcción y la ley, la seguridad, las diferencias, la vida en todas sus formas y los valores familiares.

¡Todos a las urnas!

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Terrorismo al acecho

La amenaza es latente. Los narcoterroristas del Eln y de las mal llamadas disidencias de las Farc escalaron su arremetida contra el Estado en respuesta a la dura ofensiva contra sus estructuras criminales, atentando de forma cruel, salvaje y cobarde bases militares, estaciones y patrullas de Policía.

La intención de estas guerrillas narcoterroristas no es otra que la de causar zozobra, temor en la ciudadanía, sensación de desgobierno y, por supuesto, proteger las rentas criminales que reciben producto del narcotráfico, combustible que les sigue permitiendo delinquir a sus anchas y ante la mirada de una Corte que en vez de respaldar la lucha contra ese flagelo, pareciera ampararlo al evitar el regreso, urgente a todas luces, de la aspersión aérea, la herramienta más eficiente para eliminar de tajo esas plantaciones ilegales. El gobierno Duque trazó para este 2022 la meta de erradicar 100 mil hectáreas, pero sin herramientas se le pone un palo a esa rueda.

Colombia no se arrodilla ni cede a las presiones violentas de un grupo de asesinos, narcoterroristas y delincuentes que persisten en perturbar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos para aceitar el camino hacia un posible nuevo capítulo de negociaciones que, para el caso del Eln, hay que recordar que ese primer intento fallido le costó la vida a más de 100 colombianos y le dio vía libre a esa guerrilla para perpetrar más de 400 atentados terroristas. Eso sin duda, no es el reflejo de la voluntad de paz que tanto pregonan desde sus guaridas en Cuba.

Es claro que este periodo preelectoral es apetecido por estos grupos armados para hacer de las suyas. Pareciera que están buscando hacerle una despedida violenta al gobierno del presidente Iván Duque, como represalia a los duros golpes que han sufrido todos los eslabones de estas cadenas narcocriminales, como por ejemplo la captura del capo más peligroso de este siglo, alias Otoniel, o la baja de alias Jhonier, uno de los cabecillas más temidos de las disidencias. Solo en 2022 han sido neutralizados 235 delincuentes de alta peligrosidad.

Pero, además, no es un secreto que estos grupos criminales arrecian su ofensiva en época preelectoral para amedrentar y arrinconar a los colombianos para que en medio de la confusión voten por la opción que más los favorece, en este caso la izquierda radical que tanto nos amenaza. Prueba de lo anterior es la escalada terrorista que hemos vivido en los últimos días en departamentos como el Valle del Cauca, Meta, Córdoba, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Cauca y Antioquia; acciones terroristas que han cobrado la vida de seis soldados y siete policías.

Las alertas están encendidas. Según la Misión de Observación Electoral hay 319 municipios en riesgo, 9 más que en el escenario electoral de 2018, cuando la cifra fue de 310. Ahora bien, la MOE advierte que hay 124 poblaciones en riesgo por la presencia de disidencias y 91 más por el Eln, grupo guerrillero que en la actualidad cuenta con cerca de 2.450 hombres. Para contrarrestar estas amenazas serán desplegados 126 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía que por tierra, mar y aire custodiarán los comicios del próximo 13 de marzo en todo el territorio nacional. No hay que bajar la guardia.

Bien lo dijo el presidente Duque, el terrorismo será enfrentado y combatido porque este es un país que no se doblega. Es imperativo que las imágenes dolorosas y aterradoras que hemos visto como consecuencia de cruentas y demenciales acciones criminales no se conviertan en paisaje y sean evitadas con todo el poderío que tiene Colombia en materia de inteligencia. Urge estar un paso adelante de los que buscan atentar contra las libertades, la seguridad y la Fuerza Pública.

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Economía resiliente

El DANE puso fin a las especulaciones frente a la cifra de crecimiento económico del país, al anunciar esta semana la muy esperada tasa de crecimiento del producto interno bruto – PIB que fue de 10,6% en 2021. Cifra muy positiva que refleja la respuesta de la economía a las políticas adoptadas por el gobierno nacional, el Banco de la República y la dinámica productiva empresarial y de consumo de los hogares después de un año marcado por el confinamiento, la incertidumbre y los terribles efectos de la pandemia en la vida y el bolsillo de todos los colombianos.

La tasa de crecimiento de la economía superó los pronósticos del Gobierno Nacional de 9,7%, del Banco Mundial de 9,9% y de la CEPAL de 9,5%. Este resultado superó en un 2,8% los niveles de crecimiento prepandemia, además se posiciona como una de las economías con mayor impulso de crecimiento en el último trimestre del año, superando a países miembros de la OCDE como México (2,7%); Alemania (1,4%); Reino Unido (6,5%); España (5,2%), e Italia (6,4%), entre otros.

Vale la pena desglosar algunas decisiones que contribuyeron a ese resultado. En primer lugar, voy al pilar económico planteado dentro de la triada de soluciones propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque, enfocado en la reactivación económica y la generación de empleo. Mantener el programa PAEF, que ha significado un apoyo del 40% a las empresas con trabajadores de hasta 2 salarios mínimos, y de 50% si ellos son mujeres. Esto permitió preservar cerca de 4 millones de empleos y beneficiar más de 142 mil empleadores, donde el 64% corresponde a microempresas. Igualmente, el Banco de la República redujo la tasa de interés al 3% anual, y Bancóldex, Banco Agrario y otras entidades financiadoras oficiales tuvieron créditos con tasa compensada para estimular la producción. La cartera de crédito bruta  se incrementó 8,8% en noviembre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, alcanzando $561.1 billones. A ello se sumaron los beneficios tributarios para sectores como turismo y restaurantes que no tuvieron el impoconsumo. Por el lado del gasto, el gobierno le puso plata en los bolsillos de los colombianos más vulnerables con programas como ingreso Solidario que benefició a 3 millones de hogares, Devolución del IVA para 2 millones de hogares y giros extraordinarios para familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adultos mayores. Eso significó una inversión cercana a los  $12 billones en 2021. Igualmente, importante fueron los 3 días sin IVA.

Si bien el resultado del crecimiento de la economía nos da señales de recuperación y de reactivación, también deja algunas alertas sobre la dinámica de este proceso. Por ejemplo, de acuerdo con el DANE hay que poner la lupa en la brecha entre el mayor dinamismo productivo y el rezago en la generación de empleo. Lo anterior, teniendo en cuenta que mientras que el PIB del cuarto trimestre del año había superado en 6,9 puntos porcentuales los niveles prepandemia, la proporción de personas ocupadas estaba por debajo de estos niveles en cerca de 4,3 puntos porcentuales. Este resultado es bastante preocupante porque muestra una desaceleración en el ritmo de recuperación de empleos en comparación con el crecimiento de la economía. Creo que se están dando fenómenos como que los empresarios a raíz de la pandemia despidieron trabajadores y luego no los volvieron a vincular a todos, porque aprovecharon a reconvertirse y mejorar eficiencia y, por otro lado, porque la pandemia llevó a emprendimientos familiares informales como válvula de escape.

Ahora bien, es muy preocupante la desaceleración en el crecimiento del sector agropecuario con una contracción de -1,4% durante el mes de diciembre. Preocupa que mientras las actividades secundarias y terciarias ya alcanzaron niveles prepandemia, las actividades primarias, como el agro, muestren una brecha de 5,7 puntos porcentuales respecto a niveles de 2019. A ello se suma el gran efecto negativo que tuvo sobre el sector agropecuario el paro inhumano que por más de 60 días durante mayo, junio y julio de 2021 se presentó en gran parte del país, con bloqueos, vandalismo y desabastecimiento, generando un incremento de más de un punto porcentual en la inflación y un retroceso de todo un trimestre en reactivación económica.

Otro punto en el que quiero hacer énfasis es el pilar de estabilización de las finanzas públicas. El gobierno nacional ha mostrado responsabilidad y compromiso con el objetivo de retornar a un nivel de endeudamiento prudencial y sostenible. Los resultados sobre este frente han sido contundentes, resaltando una reducción mayor a la esperada en los niveles de deuda del Gobierno Nacional Central en comparación a lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pasando de 66,8% a 63,8% del PIB. Por un lado, se inició en 2021 la senda de reducción de la deuda, anticipando en 10 años el ajuste proyectado; y la reducción del déficit fiscal respecto a lo proyectado en el MFMP 2021, pasando de 8,6% a 7,1%, gracias al comportamiento favorable del recaudo tributario, que superó la meta del año en $11.5 billones, para cerrar en $161.5 billones, y un compromiso del gobierno con un menor gasto primario.

Estas son sin duda excelentes noticias para la confianza en el manejo económico del país, y el compromiso del gobierno nacional con las finanzas públicas. El reto es alcanzar las metas previstas en la ley de inversión social donde se establece que el balance neto estructural del GNC no podrá ser inferior en -4,7% del PIB en 2022.

Una vez sean revelados por el DANE los resultados de Pobreza Monetaria para 2021, abordaré en otra de mis columnas el tercer y último pilar de soluciones, y poder así analizar la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque para reducir la pobreza y la desigualdad, a través de programas tan exitosos como Ingreso Solidario y el repunte del crecimiento de la economía.

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La barbarie de la Corte

Tristeza, dolor y rechazo es lo que produce la decisión de un grupo de magistrados de la Corte Constitucional de dar vía libre al aborto hasta las 24 semanas, es decir, seis meses de gestación; tiempo en el que el bebé además de estar formado ya siente y puede vivir por fuera del vientre de su madre. No se entiende cómo, quienes están llamados a garantizar y proteger derechos fundamentales como el de la vida, consagrados en nuestra Carta Magna en su artículo 11, sean los mismos que hoy condenen a muerte al no nacido y en el propio vientre de su madre, el que se supone debe ser el más seguro para él, pero que después de esta inaceptable decisión, será su propia tumba.

Pareciera que los cinco magistrados que tomaron la decisión desconocen que hay vida desde la concepción, que a las 24 semanas el bebé mide casi 24 centímetros y pesa cerca de 700 gramos; abre y cierra los ojos, y puede diferenciar perfectamente entre la oscuridad y la luz. En ese momento de la gestación el feto es capaz de sobrevivir si por factores médicos el parto se adelanta. Dicho esto, es claro que lo que avala la Corte no es solo el aborto, sino el feticidio, porque aquí no se interrumpe un embarazo, se asesina con plena conciencia a un ser humano y eso es un delito.

Ahora bien, aquí hay además un tema espantoso, cruel y a todas luces rechazable y es el negocio de la comercialización de órganos de los fetos abortados. En 2016, cuando discutimos la Ley de Donación de Órganos (Ley 1805 del 4 agosto de 2016) introduje un parágrafo para prohibir que los órganos o tejidos de los no nacidos abortados fueran donados o usados para investigaciones médicas o incluso con fines educativos. Sin embargo, en 2019, esa prohibición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en respuesta a una demanda de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes.  Con lo cual despenalizado el aborto hasta los 6 meses de gestación y sin la prohibición de usar y donar los órganos de los bebés abortados, le abrieron la puerta a un macabro negocio que existe hoy en algunos países como en Estados Unidos. Y que Dios quiera no exista ya en nuestro país.

De otro lado, hay un tema que urge abordar y es el derecho a la objeción de conciencia que tiene todo ciudadano y que está contemplado en el artículo 18 de la Constitución. Lo mínimo es que los médicos puedan invocar la objeción de conciencia, y que esos cinco magistrados no los obliguen a ir en contra de su ética, principios y creencias más profundas, esas que prometieron defender cuando hicieron el juramento hipocrático (código ético más influyente en la historia de la medicina occidental) que en uno de sus apartes dice: “tendré absoluto respeto por la vida humana desde la concepción”, y que en otro hace alusión a que “no dará a ninguna mujer pesarios abortivos”.

Pero eso no es todo. También existe el Manifiesto de Madrid, documento escrito por un respetado grupo de médicos, científicos, biólogos, docentes y juristas, algunos agnósticos, otros creyentes, que aportan y validan razones científicas, no ideológicas, para defender la vida desde la concepción y así lo explica este aparte: “un aborto no es sólo la interrupción voluntaria del embarazo, sino un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana”. Bien lo dijo el doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, en entrevista con Blu Radio: “La vida humana existe desde la concepción. Yo no estudié medicina para quitarle la vida a ningún ser humano, mi tarea es preservar la vida y aliviar el dolor”.

Como él son muchos los profesionales de la salud que no están dispuestos a ser cómplices de la barbarie del aborto. Es por esa razón que hoy más que nunca cobra especial relevancia el proyecto de ley estatutaria 112/2021 Cámara, de mi autoría, que busca reglamentar la objeción de conciencia, iniciativa que está para tercer debate en el Senado y al que hay que ponerle el acelerador. (Lea también: En defensa de la vida del no nacido).

Es realmente triste y desesperanzador ver cómo el máximo tribunal constitucional toma decisiones inaceptables, violando la independencia de poderes y usurpando funciones propias del Congreso de la República. Es bueno decir que el Legislativo ha debatido cerca de 20 proyectos de ley sobre el tema, todos sin éxito. Lo que significa que el Congreso, en su mayoría, quiere dejar el tema como está en la Constitución y la ley porque la vida es sagrada y que quien la violente debe ser penalizado. Pero pareciera que a la Corte Constitucional sólo le sirven las decisiones del Congreso cuando estas son afines o van en la línea de lo que unos cuantos magistrados quieren.

Pero no nos quedaremos de brazos cruzados. Alzaremos nuestra voz de rechazo y uniremos fuerzas junto con la bancada Provida del Congreso, la sociedad civil y líderes de diferentes credos para que, mediante un referendo, sean los ciudadanos los que decidan si esta aberración de dar vía libre al aborto se mantiene o se prohíbe. (Vea también: Toda vida vale).

Como madre, mujer y defensora de la vida seguiré luchando por los derechos del no nacido. Estoy segura de que la voluntad popular tumbará esa decisión de la Corte y hará valer los derechos del más indefenso, ese que no tiene voz para gritar y decir ¡No me mates!…

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Nuestra coalición son los ciudadanos

El Centro Democrático es un Partido nuevo pero con principios claros y firmes, con institucionalidad sólida, propositivo, abierto al diálogo ciudadano, que escucha críticas y reconoce errores. Es una colectividad que habla sin tapujos y actúa de frente y con transparencia. Con mano firme y corazón grande hemos trabajado a lo largo de ocho años en la construcción de un país con seguridad como valor democrático; con más inversión privada para generar empleo digno y formal y bienestar ciudadano; con cohesión social pensando en mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables; con austeridad y pulcritud en el manejo de los recursos del Estado, y con un diálogo permanente con los colombianos. Defender las libertades, nuestra democracia, la riqueza ambiental, la familia y la vida ha sido eje de nuestro ideario.

Por lo que creemos y luchamos hemos estado abiertos a sumar esfuerzos para defender y trabajar por las causas más nobles de la Patria. Alianzas sí pero no con politiquería, ni para validar corrupción, sino que persigan un único objetivo: trabajar por Colombia.

En esta colectividad no hay arrogancia, si dignidad; no hay orgullo, si humildad; no hay exclusiones, si acogida a quienes aportan su grano de arena por el bienestar y defensa de esta Patria; no hay vetos, si votos, esos que nos hemos ganado siempre a pulso recorriendo las calles, escuchando y dialogando con los ciudadanos.

Por eso respaldo la decisión de nuestro candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga de no entrar a ninguna coalición que opere desde los ataques personales, la estigmatización y las descalificaciones. Nuestro Partido no suplica, no se arrodilla y no es permisivo con las agresiones ni manifestaciones de irrespeto contra el Centro Democrático, contra su líder y fundador, el expresidente Álvaro Uribe Vélez o cualquiera de sus integrantes. Si ser firmes, frenteros, amar a Colombia, decir no a la corrupción, no a la politiquería, no al derroche estatal, no a la ineficiencia, no a los cultivos ilícitos y al narcotráfico, no a guerrilleros ni narcoterroristas, y mucho menos a criminales de cuello blanco, no a vivir arrodillados y callados frente al neocomunismo y sus señalamientos y estrategias, no a que acaben la empresa privada y empobrezcan a los colombianos,  es polarizar, “es mejor estar solos que mal acompañados” como bien dice el adagio popular.

El momento del país exige firmeza y claridad en el rumbo, no tibieza e incertidumbre. 

Óscar Iván es un hombre excepcional, de grandes cualidades humanas,  profesionales y políticas que son prenda de garantía de que será un excelente gobernante para todos. Estoy segura que su recorrido por Colombia para ganarse la confianza y el corazón del electorado dará frutos y eso se verá reflejado en las urnas.

Seguiremos adelante y unidos en la lucha por la defensa de la democracia, la libertad y el progreso; una Colombia distinta y con oportunidades para todos. Bien lo dijo nuestro líder, “en la calle reverdeceremos los laureles del Centro Democrático, de Colombia y de la libertad”.

El Uribismo está más vivo que nunca, nuestra coalición son los ciudadanos.

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Corte, aborto NO

Una vez más la Corte Constitucional insiste en desafiar a la sociedad colombiana en un tema sensible, que toca fibras y que es tan delicado como el aborto, no solo porque está en riesgo inminente la vida del que está por nacer, sino la de la madre. No es posible ni se entiende cómo un grupo de magistrados, que están llamados a respetar la Constitución y los derechos fundamentales como el de la vida, y que, además, dentro del estado de derecho y de equilibrio de poderes exige el respeto de las competencias de las otras ramas del poder público, tengan hoy en sus manos la decisión de despenalizar o no el asesinato del no nacido, cuando el único llamado a legislar sobre el tema es el Congreso de la República.

Hablemos claro. El aborto no interrumpe un embarazo, asesina a un bebé en gestación. Es una cultura de descarte, un negocio macabro que para muchas mujeres se convirtió en la salida fácil para deshacerse de su bebé. Ojo a esto, en la actualidad abortar está tipificado en el Código Penal como un delito. Sin embargo, como lo evidenció un informe de la FM en el año 2019, Profamilia recibió del sistema de salud colombiano  $29.993 millones, para realizar 22.146 abortos. ¡Qué horror!…  

Entonces me pregunto, si así operan estos mercaderes de la muerte cuando esta aberrante práctica está prohibida, ¿cómo será al ser despenalizada en su totalidad? La verdad no imagino a nuestra sociedad así. No contemplo que lleguemos a este punto de la degradación humana. Si una madre puede asesinar a su propio hijo en cualquier momento de su embarazo, sin importar su vida y su sufrimiento para matarlo, estamos perdidos como sociedad. 

Lo lógico es que en un Estado de Derecho se haga respetar lo consagrado en la Constitución y la ley, y se impongan castigos a quienes las transgreden. Sin embargo, en Colombia pareciera que quienes están llamados a ser garantes y defender a capa y espada derechos fundamentales como el de la vida, prefieren anteponer sus ideologías, posturas políticas e intereses personales, sobre el derecho que le asiste al no nacido de vivir. Eso no solo es injusto, sino ilegítimo. No se puede permitir que, por defender derechos como la autonomía de la mujer, se atente contra la vida del que está por nacer. El ejercicio de los Derechos Humanos debe tener límites cuando es incompatible con el derecho a la vida de un inocente.

Seguimos viendo a una Corte que persiste en extralimitarse en sus funciones en la discusión del aborto, dando trámite a dos demandas con las que pretenden eliminar el artículo 122 del Código Penal, que impone cárcel a la mujer que se practique un aborto por fuera de las tres causales: abuso sexual, malformación del feto y peligro para la vida de la madre, dando vía libre a la despenalización total. (Lea también: Toda vida vale).

La votación, llevada a cabo el pasado 21 de enero, quedó empatada (4 votos a favor y 4 en contra), razón por la que fueron nombrados dos conjueces para destrabar el proceso y que cada uno emita su voto definitivo. Uno de ellos es Juan Carlos Henao, recusado por su posible falta de objetividad en el caso, dado que en medios de comunicación dejó claro que su postura es a favor del aborto. Increíble que una decisión jurisprudencial de esta magnitud, que le atañe a más de 50 millones de ciudadanos, esté hoy en manos de dos personas y no del Legislativo, elegido por el pueblo para ser el garante de sus derechos, o del constituyente primario. (Vea también: En defensa del no nacido).

¡Ojo señores magistrados!, la revisión de esta materia, fundamental para nuestra sociedad, debe ser imparcial y regida por nuestra Carta Magna. No fue suficiente la despenalización en tres casos, sino que ahora enarbolan la bandera de que es más importante la libre decisión de una mujer que la vida del que está por nacer, e incluso la propia. Inaceptable y aberrante.

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Cierre legislativo

Termina un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, y es el momento de rendir cuentas a los colombianos de mi actividad legislativa durante estos meses. Este fue un período fructífero y de buenos resultados, y lo más importante, es que pudimos volver a sesionar, bajo estrictos protocolos de bioseguridad, desde la presencialidad.

Radiqué nueve proyectos de ley, entre los que destaco el que busca eliminar los beneficios penales como casa por cárcel y libertad condicional para violadores; objeción de conciencia; creación del salario rural integral; conmemoración de los 100 años del Banco de la República; ampliación de algunos beneficios de la Ley del Veterano; y modificación parcial de la Ley 105 de 1.993 sobre peajes de infraestructura de transporte, entre otros.  Como coautora acompaño otras 27 iniciativas legislativas tanto del Gobierno Nacional, de mi Partido, el Centro Democrático, y de congresistas de otras bancadas.

Uno de los más importantes logros de este periodo fue la aprobación en cuarto debate del proyecto de ley que incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú en diferentes sectores de la economía, y bajo criterios de sostenibilidad ambiental. Por fin, después de tres intentos, surtió los debates reglamentarios y pasa a conciliación y posterior sanción presidencial para convertirse en Ley de la República. Un gran paso en la defensa de la cultura de protección y uso sostenible del denominado ‘acero vegetal’.  Otro de los proyectos que pasa a ser Ley de la República y que acompañé como coautora y ponente es el que fortalecerá la infraestructura y dotación hospitalaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, iniciativa de la Representante Elizabeth Jay Pang, que llega en un momento clave con más recursos para el mejoramiento del servicio de salud, después de los sufrimientos por el paso del huracán IOTA.

Fui ponente del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, monto fijado en $350.4 billones, de los cuales el 70%, sin incluir el servicio de la deuda, será destinado a inversión social, un gran acierto que permitirá responder a las necesidades de millones de colombianos en condición de vulnerabilidad y pobreza. Dos aspectos que quiero mencionar, que impulsé y que fueron incluidos en el PGN fueron la reglamentación del mecanismo de pagos contingente al ingreso para estudiantes con nuevas obligaciones con el ICETEX, facilitando que más jóvenes ingresen a la educación superior financiados con recursos del Instituto. El mecanismo contempla que los jóvenes paguen las cuotas de su crédito de acuerdo con su nivel de ingresos. Si no trabaja no paga cuota y si su ingreso es inferior o igual a 1 smlv pagaría $0 de cuota. Si su ingreso es de 2 smlv sólo pagaría el 6% de su ingreso y no una cuota fija de $600.000 mes como es hoy. Así mismo, logramos la ‘Matrícula Cero’ para los cursos de incorporación de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que quieran ingresar a la Policía Nacional. Un gran avance para romper la barrera que han tenido por años las familias colombianas cuando los jóvenes quieren hacer carrera y servirle a la Patria desde esta Institución.

También fui ponente del proyecto de ley que establece exenciones de impuestos y tributos aduaneros para la realización de la Copa América Femenina en julio de 2022 en el país.

A este trabajo legislativo también se suma el control político que adelantamos al Ministerio de Salud por la reglamentación de la eutanasia, extralimitando sus competencias. Así mismo, un debate al Ministerio de Cultura para revisar los avances, después de una década, de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esa misma línea quiero destacar la emisión de un pliego filatélico que impulsé, junto con el diputado de Risaralda Durguez Espinosa, para exaltar uno de los paisajes productivos y culturales más bellos de nuestro territorio, el del Eje Cafetero. 

En paralelo como presidente de la Comisión Tercera del Senado acompañé el trámite de la Ley de Inversión Social, y la asistencia a las sesiones del comité de la Regla Fiscal.

Sin duda este ha sido un periodo de trabajo responsable y dedicado, siempre pensando en la defensa de los más nobles intereses de la Patria y, en especial, en el beneficio de los colombianos más vulnerables. A mi Unidad de Trabajo Legislativo gracias por sus aportes, esfuerzo y apoyo.

A los colombianos mi respeto y gratitud por los comentarios y sugerencias recibidas. Seguiré honrando día a día mi compromiso de trabajar por esta Patria y por el bienestar de todos sus ciudadanos.

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Duque le cumple a Sucre

Con una inversión histórica de $6.34 billones para el cuatrienio 2018-2022, el presidente Iván Duque cumple otra de sus grandes apuestas, contribuir a la transformación del departamento de Sucre, mediante la ejecución de proyectos estratégicos para su desarrollo socio económico, como la intervención integral de La Mojana y el pacto por el Golfo de Morrosquillo.

El pacto por el Golfo de Morrosquillo incluye 5 municipios del departamento de Sucre (Coveñas, Santiago de Tolú, San Onofre, Tolúviejo y San Antonio de Palmito) y 5 de Córdoba (Lorica, Moñitos, San Antero, San Bernardo del Viento y Tuchín), que contempla una inversión de $1.4 billones para la puesta en marcha de 68 obras que impulsarán el desarrollo económico, social y ambiental en estos departamentos. Tres de los proyectos más importantes que contiene esta gran apuesta regional, que en el caso de Sucre los recursos que aporta el Gobierno Nacional son cercanos a los $600 mil millones, son la ampliación de la pista del aeropuerto de Tolú a 2.200 metros; la construcción del hospital y el acueducto de Coveñas que beneficiará a 130 mil habitantes. Además, la ampliación de la sede del SENA y la Marina en Tolú, y la construcción del Centro de Eventos Multipropósito y el malecón en Coveñas.

Aquí es muy importante mencionar que el 85% de la financiación de este Pacto, $1.19 billones, son asumidos por la Nación y el restante 15%, unos $210 mil millones, por los gobiernos departamentales y locales.

Según el último informe de la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República, el Gobierno Nacional ha cumplido compromisos adquiridos con el departamento de Sucre en otros frentes como agua y saneamiento básico; vías terciarias; construcción y ampliación de centros educativos, espacios deportivos; adecuación y dotación de centros hospitalarios; programas sociales y apoyo al empleo formal con una inversión de $715.896 millones.  

Entre los proyectos que actualmente están en ejecución en el departamento destaco la construcción del mega colegio Heriberto García del municipio de Tolúviejo que beneficiará a 2.110 estudiantes; el levantamiento de placas deportivas en los municipios de La Unión y Majagual; la construcción, optimización y extensión de las redes de alcantarillado para el suministro de agua potable; la pavimentación y mejoramiento de vías y la construcción del polideportivo en la Universidad de Sucre, entre otros. Así mismo, se entregaron la estación de Policía de Sincelejo y de San Onofre.

A lo anterior se suma la inversión de $690.632 millones para la puesta en marcha de ocho programas sociales que, a la fecha, han beneficiado a 392.379 sucreños así: Familias en Acción (146.480); Ingreso Solidario (78.847); Colombia Mayor (53.429); Devolución del IVA (80.737); Jóvenes en Acción (8.625); Generación E (3.825 estudiantes); Fondo Solidario para la Educación (7.003 jóvenes); y Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF- (747 empresas y 13.433 empleados).

Pero eso no es todo. El Gobierno Nacional también asignó $270 mil millones para la intervención de tres importantes corredores viales en La Mojana sucreña: El Cauchal – Sucre Sucre ($150 mil millones); vía Entre los Ríos ($60 mil millones) y Majagual – Achí – Guaranda ($60 mil millones más). Este presupuesto es el resultado de la gestión permanente que hemos hecho para que estas vías estratégicas permitan mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la región.

Con gratitud tengo que decir que el presidente Iván Duque le ha cumplido a los sucreños, como lo ofreció en campaña. Los resultados son tangibles y demuestran que varias de las necesidades ciudadanas han podido ser atendidas. Se que aún falta mucho por hacer en mi región, pero los avances logrados a la fecha por este gobierno no solo son de gran relevancia, sino que marcarán la pauta para que los futuros gobernantes continúen con esta línea de trabajo en el departamento. Hay que seguir construyendo país desde las regiones, cumpliendo las promesas de campaña.

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La metida de pata de la FAO

Craso error el cometido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) al incluir a Colombia en los países con riesgo de “hambre aguda”, publicación irresponsable en la que no solo se desconocieron los múltiples esfuerzos y acciones del gobierno del presidente Iván Duque para evitar la inseguridad alimentaria, sino que carece de soporte fáctico y de información veraz y contrastada.

No se entiende cómo una agencia de la ONU comete una ligereza de tal magnitud que generó desinformación y confusión, algo que solo puede ser calificado como una ofensa directa contra Colombia, con interés de afectar el ya movido ambiente electoral. Ante el revuelo mediático que causó el informe, la FAO no tuvo de otra que retractarse, admitir la falta de rigor y aclarar que en ningún momento el objetivo fue el de poner en duda los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad alimentaria, los cuales por cierto olvidaron mencionar. Pero el daño ya estaba hecho.

En esa línea veo pertinente y necesario hacer algunas reflexiones. Primero, no hay duda de que nuestro país aún tiene poblaciones con inseguridad alimentaria, en especial en las zonas rurales y en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y varios de los departamentos con altos índices de pobreza. Igualmente hay que reconocer que duele el alma, y es moralmente inaceptable, que haya niños que pasen hambre y, aún peor, que mueran por desnutrición. Y hoy no sólo son los niños, sino también los adultos mayores pobres los que carecen de los alimentos necesarios para su supervivencia. De ahí que debe ser una apuesta de país, de todos los colombianos, sin distingo de color político, continuar en la gran y urgente tarea de combatir el hambre y asegurar la buena alimentación infantil y de los mayores.

Esa realidad no debe esconder los esfuerzos que se han hecho tanto por el gobierno nacional como por algunos gobiernos locales y organizaciones sociales para atender la alimentación escolar y la reducción de la desnutrición. Hay que destacar que la desnutrición infantil aguda en menores de cinco años descendió 31,4% entre 2018 y 2020, y la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición disminuyó 40,1% en 2020. Por ello, quiero resaltar algunos aspectos de la situación actual de la seguridad alimentaria en Colombia.

Cuando se habla de seguridad alimentaria hay que analizar tanto la disponibilidad que tiene nuestro país para producir y ofertar las cantidades de alimentos que se demandan, como la disponibilidad de ingreso de los hogares para adquirirlos. Por el lado de la oferta alimentaria, nuestro país tiene una capacidad de autoabastecimiento del 72% del consumo interno de alimentos, y ha mantenido su capacidad para importar, llegando a la cifra de 12 millones de toneladas de productos agrícolas, que representan el 30% del total de alimentos que consumen los hogares colombianos. Esa cifra tan alta de importaciones por supuesto que no la aplaudo, y por el contrario creo que hay que reducirla drásticamente, sustituyéndola por producción nacional dado que tenemos sólo 6.5 millones de hectáreas sembradas de un potencial de 15 millones de hectáreas aptas para la agricultura.

Por el lado del ingreso de los hogares, si bien la pandemia del covid-19 aumentó el número de desempleados y de trabajadores informales, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que 10.3 millones de hogares pobres y vulnerables (30 millones de colombianos) accedan a transferencias monetarias a través de programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Este último ha atendido a tres millones de hogares y, a partir de marzo de 2022, llegará a cuatro millones. Solo en este gobierno, la inversión en materia de transferencias monetarias ha sido de $30.3 billones. Para mostrar la importancia de estos recursos, me decía hace poco el alcalde de un municipio del departamento de Sucre, que el 70% de la actividad comercial de su municipio se debía al gasto de los hogares que recibían esas transferencias. No olvidemos además que el 25% de los ingresos per cápita de los hogares en condición de pobreza extrema procede de las transferencias monetarias. Se espera que con la Ley de Inversión Social el poder adquisitivo de los hogares, ubicados en el 10% más bajo de la distribución de ingresos, incremente un 43%.

Uno de los programas más importantes del Gobierno Nacional para mejorar la nutrición infantil de los niños y jóvenes en edad escolar es el Programa de Alimentación Escolar PAE. Este programa significa al menos una comida al día para 7 millones de estudiantes todos los días del calendario escolar, logro que fue posible gracias a la Ley 2167 de 2021, liderada por el Centro Democrático, y que garantiza no solo el suministro sin interrupciones a todos los niños y jóvenes que asisten a centros educativos oficiales, sino que tendrá la supervisión de los padres de familia. La importancia del PAE exige ser implacables contra la corrupción que se ha presentado en varias regiones, y contra los retrasos en los procesos de contratación. Hay que recordar que para garantizar la operación del PAE, el Presupuesto General de la Nación para 2022, contempla una inversión de $2.1 billones.

Claro que hay mucho por hacer, eso no está en duda, pero hemos avanzado. Es inaudito ver cómo algunos de los funcionarios que hacen parte de estos organismos internacionales como la FAO, con claro sesgo de izquierda, se toman el atrevimiento de querer influenciar los procesos electorales agazapándose en informes de instituciones internacionales reconocidas, para generar desinformación.

Es importante que los funcionarios del gobierno abran los ojos a este tipo de intromisiones condenables, porque de nada sirven las reacciones tardías cuando el daño ya está hecho.  

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Colombia joven

Por primera vez Colombia abre un espacio democrático en el que los jóvenes serán los protagonistas. Ideas frescas, visión renovada y propuestas novedosas y positivas marcarán un hito en la historia de nuestro país. Hablando de mi región, Sucre, puedo decirles que alegra y da esperanza ver a la juventud empoderada con este proceso electoral que les permitirá tener representatividad, hacer control político y tener voz y voto en las decisiones importantes que se tomen para la población a la que ellos van a representar.

Es un motivo de orgullo ver a tantos jóvenes con ganas de servir, con amor por esta Patria y, mejor aún, con propósitos claros de construir país, mejorar sus condiciones de vida y tener un papel protagónico en la política. Esos son objetivos de los Consejos de Juventudes que serán elegidos este domingo 5 de diciembre. Para esta jornada la Registraduría Nacional habilitará 6.058 puestos de votación en los que serán instaladas 19.991 mesas, para que cerca de 12.282.373 jóvenes entre los 14 y 28 años, previamente inscritos, puedan ejercer su derecho a elegir y ser elegidos en el territorio colombiano.

Ahora el balón está en la cancha de los jóvenes. Esta es una oportunidad de oro para que la juventud eleve esas propuestas y proyectos que den respuestas a sus necesidades y, mejor aún, que sean ellos los propios garantes de llegar a feliz término. El gran reto está en que la asistencia a las urnas sea masiva, organizada y lo más importante, respetando los protocolos de bioseguridad como el uso de tapabocas y distanciamiento social para evitar contagios de covid-19.

Los Consejos Municipales de Juventudes son un mecanismo autónomo de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión pública. Estarán integrados por jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las juventudes formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos políticos, que serán elegidos mediante voto popular.

De esta jornada electoral saldrán los nombres de los consejeros municipales y locales, quienes nombraran a un delegado para conformará el Consejo Departamental de Juventud. Posteriormente se conformará el Consejo Nacional de Juventudes, el cual estará compuesto por 48 curules, asignadas a un joven por departamento y uno por cada distrito. Adicionalmente habrá una curul para un representante de los jóvenes NARP (Negros, afro, raizales y palanqueros), otra para un indígena y una más que será de carácter especial para la isla de San Andrés y Providencia. 

Es así como Colombia le abre la puerta a una nueva generación de líderes, una que estoy segura llega con objetivos claros que les permitirán mayor empoderamiento y protagonismo en la sociedad. Tengo que decir que en los diálogos que sostuve con los candidatos a las listas de Sucre, me impresionó su fluidez, claridad, determinación y empoderamiento. Son jóvenes que no solo quieren trabajar por ellos y sus comunidades, sino por un país con más y mejores oportunidades. Son personas con vocación de servicio y amor por la tierra que los vio nacer.  Sin duda este es un motor de esperanza para las nuevas generaciones que liderarán un cambio en la política colombiana, y más importante aún, que disminuirá la abstención de esta población a la hora de acudir a las urnas porque se sentirán representados y respaldados.

Mi mensaje a ellos, como a los demás jóvenes que aspiran por mi Partido el Centro Democrático, era hacer una campaña electoral de diálogo con los coetáneos, en colegios, iglesias, universidades y demás espacios para motivar la participación el domingo 5 de diciembre. Igualmente, con propuestas y sin agravios; y sin las rechazables conductas de la política electoral de dádivas y condicionamientos al elector. Hacer un buen ejercicio electoral y de participación política. Así que confío que ese gran esfuerzo, austero, de calle y de persuasión, de frutos con un gran número de militantes jóvenes del Partido elegidos en los diferentes municipios del país.

Invito a los jóvenes entre 14 y 28 años a que ejerzan su derecho a votar en los comicios para elegir a sus representantes a los Consejos de Juventudes en cada circunscripción. Nuestro partido, el Centro Democrático presenta al país 590 listas en 564 municipios, compuestas por 2.498 excelentes candidatos. En el departamento de Sucre tenemos 17 listas con 95 aspirantes, a los que invito a apoyar.

Esta jornada democrática llena de esperanza, y estoy segura de que traerá consigo una generación de cambio y oportunidades. Es un hito en la historia democrática de nuestro país.

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Crecimiento pospandemia

Colombia ha sorteado con resiliencia una de las pruebas más fuertes de los últimos tiempos, la crisis económica, social y sanitaria desatada por el covid-19. Los efectos fueron devastadores, no solo ha cobrado la vida de miles de ciudadanos, sino que llevó a la economía a un punto de quiebre que afectó notablemente la curva de crecimiento que venía registrando.

Pero hoy quiero hablar de lo positivo de este sacudón mundial del que nuestro país no fue ajeno. Tengo que decir que responder a este declive solo fue posible gracias a las decisiones prudentes y acertadas que con urgencia implementó el gobierno del presidente Iván Duque para contrarrestar el impacto negativo en la economía.

Y lo social no se queda atrás. El cambio de vida en muchos hogares, como consecuencia del bajonazo en el nivel de ingresos de los colombianos fue el detonante para que muchos se vieran obligados a cambiar sus vidas por completo. Sin duda han sido momentos difíciles, que, sumados a la incertidumbre por el comportamiento del virus, le han hecho la vida difícil no solo al gobierno sino a los ciudadanos. Pero reitero que lo oportuno y certero de las decisiones fueron fundamental para que nuestro país no se fuera a pique.

Hoy Colombia se mantiene firme. El gobierno no solo protegió la salud de sus ciudadanos con la vacunación masiva fijándose el objetivo de vacunar a 35 millones de personas antes de finalizar el año; meta que, según el Ministerio de Salud, va en un 73%, con 25.6 millones de colombianos que ya tienen el esquema completo de vacunas, al 8 de diciembre.

Así mismo tengo que decir que la recuperación económica ha respondido a las expectativas, resultados que se pueden observar en el crecimiento de la economía, que para el tercer trimestre del año fue de 13,2%. De igual manera, es importante destacar el reconocimiento realizado por la revista The Economist a través del indicador de normalidad global, donde Colombia se ubicó como el segundo país en América Latina con mejores índices de reactivación, y el sexto que más rápido ha retornado a la normalidad entre 100 países. Tan alentador es el panorama que, según proyecciones del Banco Mundial, la economía colombiana podría llegar a registrar un crecimiento del 9,8% al cierre de 2021 y para 2022 se estima un crecimiento de 4,7%.

Es importante resaltar que la reactivación económica, que será un proceso de largo plazo, exige una articulación efectiva entre el sector público y privado. Sobre este punto, es importante destacar el plan de inversión para la reactivación compromiso por Colombia”, aprobado en febrero de este año con el CONPES 4023 donde se prevé una inversión de $141.1 billones para financiar 545 proyectos para la reactivación y la generación de empleo, con lo que se espera crear alrededor de 4.9 millones de empleos.

El 50% del plan de inversión para la reactivación se focaliza en los sectores de transporte y vivienda. Según estudios de Fedesarrollo, un aumento de la inversión en infraestructura de 0,5% del PIB por año, aumenta la tasa de crecimiento económico en 0.8 puntos porcentuales y reducen la tasa de desempleo en 0.6 puntos porcentuales, lo que equivale a la generación de 159 mil nuevos empleos.

Pese a los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional, debo decir que esta es una oportunidad para reinventar y potenciar nuevos sectores jalonadores del crecimiento económico. En este punto quiero destacar un sector con un gran potencial para impulsar la actividad económica, como es el de la guadua y el bambú, sector por el que he venido trabajando desde el Congreso de la República, con un proyecto de ley que busca incentivar su uso, producción, desarrollo e investigación desde un enfoque sostenible.

Tan positiva es esta agroindustria que, por ejemplo, un millón de hectáreas en condiciones óptimas, podría generar 488.000 empleos directos permanentes en actividades como siembra, fertilización y mantenimiento; esto sin contemplar los empleos que podría generar por el proceso de industrialización como construcción de viviendas e infraestructuras, muebles y enseres o artesanías, entre otros.

Esta agroindustria cuenta con un área estimada de 45.000 hectáreas sembradas, pero con potencial de un millón de hectáreas, y con la que Colombia tiene una deuda histórica para generar empleo y exportaciones, necesarios en un momento donde la reactivación de la economía avanza positivamente.

Estoy segura que este sacudón económico y social le ha permitido y le permitirá a nuestro país mejorar en muchos aspectos como el de la salud y bienestar ciudadano. Pero aún más en estimular la productividad, reducir barreras para generar empleo, recomponer las prioridades en la provisión de bienes públicos para la competitividad, entre otras acciones para el crecimiento sostenido y sostenible de nuestra economía.

Aún hay mucho camino por recorrer.

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La burla de las Farc

Han pasado cinco años desde que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos le dio la llave de la impunidad a las Farc. Desde el 24 de noviembre de 2016, y como lo advertimos muchas veces quienes fuimos y seguimos siendo críticos de ese acuerdo construido en La Habana, los responsables de los peores crímenes, aberraciones y ataques contra miles de colombianos viven hoy a costillas del Estado, sin pagar un solo día de cárcel e incluso algunos de sus máximos líderes premiados con curules en el Congreso. Desde ahí han usado su curul para negar descaradamente la comisión de delitos como reclutamiento, secuestro, violaciones, terrorismo e incluso narcotráfico, actividad ilegal que en 2014 ubicó a las Farc como el tercer grupo narcoterrorista más rico del mundo, según la revista Forbes.

Hacer un corte de cuentas del acuerdo es obligado y necesario. Han sido 1.825 días en los que solo ha habido cumplimiento de una de las partes, en este caso del Gobierno Nacional, mientras que las Farc no solo no muestra gestos de arrepentimiento o de perdón, sino que se hicieron los de la vista gorda con los compromisos que con tanto ahínco pregonaron el 24 de noviembre de 2016 cuando se rubricó ese pacto en el Teatro Colón de Bogotá. Siempre es bueno recordar que la mayoría de los colombianos le dijimos no a ese acuerdo en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Los incumplimientos saltan a la vista. En el inventario reportado por las Farc, revisemos primero la entrega de bienes inmuebles, donde están rajados y peor aún, no parece haber luz al final del túnel. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), las Farc no han mostrado voluntad alguna en entregar los 722 inmuebles en los tiempos establecidos. A la fecha sólo 46 han sido entregados. (Vea también: El conejo de las Farc).

Con relación al dinero en efectivo, declararon $12.070 millones, de los cuales entregaron la pírrica suma de $2.114 millones. De los 25.000 gramos de oro (entre joyas, lingotes y oro granulado) solo entregaron 2.540 gr. De 24.456 semovientes solo aparecieron 258, y de los 51.992 muebles y enseres solo entregaron 1.821. La cereza del pastel, de 319 vehículos reportados solo entregaron 8, los demás, como en los ítems anteriores, parecen haber desaparecido como por arte de magia.

Lo entregado por las Farc suma un valor de $42.765 millones, cuantía absurda cuando ellos habían hablado y comprometido entregar el equivalente a $967 mil millones. Pero, además, la fortuna de este grupo narcoterrorista, según la revista Forbes, llegó a ser de USD $600 millones, plata que no aparece y con la que muy bien podría repararse a todas las víctimas. Lo que indigna es el argumento de los líderes de ese grupo, cuando dicen que no aparece ni aparecerá por “problemas de seguridad y orden público o porque no tienen información exacta de la ubicación”. Evidente burla y afrenta a las víctimas, quienes aún esperan ser reparadas, y a quienes les dijeron que eran el centro del acuerdo.

Ahora bien, hablemos de los menores de edad reclutados que, según la jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueron 18.600 entre 1.996 y 2016, siendo el 30,5% niños menores de 15 años, 52,9% mayores de 15 y el restante con edades que no fueron posibles de establecer. La pregunta es ¿dónde están?, porque según la Fiscalía solo entregaron 144 entre 2016 y 2017. ¿Qué pasó con los demás?… Y ni qué decir de la entrega de armas, cuando en marzo de 2017 el propio Santos anunció que el inventario de las Farc era de 14.000, pero a manos de la ONU solo llegaron 8.944. Las demás, posiblemente ubicadas en caletas, fueron las usadas por las disidencias para rearmarse y volver a delinquir. Pero de eso nadie habla. (Lea también: No más cinismo ni impunidad).

Las Farc se lavaron las manos con el inventario. Nos hicieron conejo descaradamente, pero nadie, ni siquiera los propios “garantes” han puesto el grito en el cielo, parece que para los victimarios no hay mecanismo que los obligue a cumplir tras cinco años de firmado el acuerdo.

Lo triste es que mientras el gobierno del presidente Iván Duque ha invertido $31.9 billones para la implementación del acuerdo en el periodo 2019 a 2021, las Farc solo hayan entregado, a la fecha, el 22% del total de los bienes reportados en su inventario, según la SAE. Así las cosas, transcurridos cinco años y según la Alta Consejería para la Estabilización solo se ha logrado monetizar el 4% de los bienes entregados, es decir, $42 mil millones de los $967 mil millones estipulados en la lista de bienes, dinero con el que se supone deberían ser reparadas las víctimas. Ellas siguen esperando.

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Sobre mi gran amigo Óscar Iván…

Hablar de Óscar Iván Zuluaga es un honor para mí que he tenido el privilegio de compartir con él como amigo, colega y cofundador de nuestro partido, el de la mano firme y el corazón grande, el Centro Democrático.

No es fácil definir en palabras a un gran ser humano como él, una persona inteligente y propositiva, con profundos valores cristianos y de familia, sencillo, dado a la gente, honesto, con vocación de servicio, amor por Colombia y sus regiones; y aunque no parezca, con gran sentido del humor. Un compañero de todas las horas, como bien lo calificó nuestro líder, el expresidente Álvaro Uribe.

Su prudencia, carisma, alegría y humanidad han sido claves en todas las facetas de su vida familiar y profesional, todas necesarias para hacer una buena gestión pública, escenario en el que no solo ha ejercido con responsabilidad, compromiso y entrega, sino con éxito y ejemplo.

Desde que inició su camino como concejal y luego alcalde del municipio de Pensilvania, Caldas, la hermosa tierra que lo vio nacer, Óscar Iván se destacó por sus logros en materia de electrificación del sector rural y gratuidad educativa para los niños. Posteriormente inició su carrera en el sector privado, liderando una destacada empresa en el sector industrial, desde la que generó miles de empleos.

Años después, en 2002 regresó al servicio público como senador de la República, posición en la que lideró la Ley contra el Acoso Laboral, pionera en América Latina; así como la creación de la carrera administrativa para promover la meritocracia en el Estado y combatir la politiquería. Luego pasó a ser Ministro Consejero de la Presidencia (2006- 2007), donde logró que nuestro país recuperara USD $230 millones de una concesión que llevaba más de una década en pleitos.

Como Ministro de Hacienda (2007-2010), durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, enfrentó con tesón y éxito la peor crisis económica mundial hasta entonces desde la Gran Depresión, evitando que se perdieran millones de puestos de trabajo. Su gestión sentó las bases para que Colombia recibiera el grado de inversión y demostró que el Estado podía ser austero y a la vez generoso en la política social. Por sus resultados fue elegido el mejor ministro de hacienda de Latinoamérica en 2009.

Para el año 2013 lideramos junto con el presidente Álvaro Uribe el proceso de conformación del Centro Democrático. Iniciamos como movimiento significativo de ciudadanos y por firmas llevamos a Óscar Iván como nuestro candidato a la Presidencia de la República, dignidad que no alcanzó como consecuencia de las artimañas, montajes y falacias de las que se valieron sus detractores y competidor, el expresidente Santos, para sacarlo de la contienda electoral.

Hoy nuevamente se lanza al ruedo como precandidato del Centro Democrático, con la esperanza de servirle a Colombia desde la Casa de Nariño. Su firmeza, conocimiento, experiencia, decisión e ímpetu son determinantes para ostentar el cargo más importante del país, para el que estoy segura es el indicado, es el Mejor.

Como colombiana, senadora y amiga de Óscar Iván se que su liderazgo, experiencia y amor por esta Patria lo hacen merecedor de ser nuevamente el candidato presidencial de nuestro Partido, y el próximo Presidente de la República, con la certeza de que es el que necesita Colombia.

Cinco extraordinarios colombianos son los precandidatos del Centro Democrático. En un proceso abierto, con foros y debate de propuestas, y mediante encuestas, el lunes 22 de noviembre tendremos a la persona que defenderá nuestras banderas en la candidatura presidencial. Confío en que Oscar Iván sea el escogido.

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Día sin IVA, ¡un hit!

Colombia vivió el primero de los tres días sin IVA de este 2021. Sin duda alguna fue la jornada más exitosa de todas, ya que no solo batió récord en ventas, transferencias digitales y activación de comercios, sino que contó con el buen comportamiento de los ciudadanos, quienes acataron todos los protocolos de bioseguridad, lo que le puso el sello de oro y garantizó el excelente desarrollo de la jornada.

Las cifras hablan por sí solas. Según el Ministerio de Comercio, la facturación electrónica fue de $9.8 billones, lo que representa un crecimiento del 130,4% frente al último día sin IVA del 2020 (21 de noviembre). Por su parte, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico informó que las ventas a través de canales digitales alcanzaron los $944.000 millones, a través de 1.8 millones de transacciones.

Los productos con mayor crecimiento del valor de las ventas fueron computadores, equipos periféricos y otros (528,8%), seguido de elementos escolares (429,2%); prendas de vestir (341,4%); utensilios de uso doméstico (286,5%) y otros artículos culturales y de entretenimiento (277,5%). Entre tanto, el comportamiento por regiones muestra crecimiento frente al tercer día sin IVA de 2020 así: Bogotá, (376,8%); Valle del Cauca (297,5%); Antioquia (282,6%), Atlántico, (278,5%) y Cundinamarca (235%).

Otro balance muy satisfactorio es el de orden público, ya que según la Policía Nacional se reportó normalidad, y las únicas novedades fueron la imposición de 133 comparendos por incumplimiento a las medidas de bioseguridad y tres incidentes en los que intentaron suplantar los sitios web oficiales de algunos almacenes de cadena y una entidad bancaria, actividad ilegal detectada por el grupo de 30 ciberpolicías a cargo de la vigilancia virtual de la jornada.

Debo decir que es muy probable que los días sin IVA contribuyan de manera importante a la generación de empleo. Por ejemplo, según la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, este sector reportó un incremento cercano a los 2.500 empleos nuevos en 2020 y se espera que, dado el dinamismo de este primer día sin IVA, esa cifra pueda incrementar significativamente para 2021. Por esta razón, es necesario seguir incentivando mecanismos para la reactivación económica y la generación de empleo, teniendo en cuenta que según último reporte del DANE, aún nos hace falta recuperar alrededor de 500 mil puestos de trabajo para alcanzar niveles prepandemia.

El día sin IVA, iniciativa que obedece a un compromiso de campaña del presidente Iván Duque, es una oportunidad para dinamizar el consumo, y en el mediano plazo, una mayor formalización de negocios, así como que más ciudadanos accedan a servicios financieros. Igualmente, contribuye a incentivar la demanda de productos que consumen la clase media y los de más bajos ingresos.

Aún quedan dos días más sin IVA este año que espero sigan ayudando a los pequeños comercios que están en proceso de reactivación económica. Es bueno recordar que en la Ley de Inversión Social aprobamos que las compras se puedan hacer en efectivo, con tarjetas crédito o débito o por otro medio digital, siempre expidiendo factura electrónica para evitar la evasión. Al fisco cada día sin IVA puede costarle entre $400 y $500 mil millones, pero el beneficio para los hogares y los sectores productivos son aún mayores.

Nota: No puedo dejar de expresar mi rechazo al secuestro de seis pelotones del Ejército Nacional, 180 soldados, a manos de comunidades cocaleras en el Catatumbo. Lo ocurrido no solo amerita el repudio de todos los colombianos por tratarse de quienes ejercen autoridad en nuestro territorio, sino que día a día luchan contra el narcotráfico, combustible del crimen. Como sociedad no podemos permitir más irrespeto ni agresiones de ninguna índole contra nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Espero que los responsables respondan ante la justicia.

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Filatelia cafetera

Con el paso de los años y la llegada de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, Colombia y el mundo han venido dejando atrás una de sus más hermosas tradiciones, la filatelia. Arte que plasma en pequeños relatos gráficos la memoria histórica, legados de personajes representativos y resalta la identidad, riqueza y majestuosidad de nuestras regiones.

Coleccionar estampillas no solo es un arte o quizás una noble afición para algunos, también es una ventana abierta a la historia, con piezas de gran valor que además  preservan y defienden la soberanía e identidad de una Nación. Colombia es uno de los 192 países que desde su primera emisión en 1.859, aún conserva esta magnífica tradición filatélica.

Para entender más de la importancia de estas joyas de papel hay que explicar cómo y cuándo nacieron. Para eso me remontaré a 1.840, año en el que enviar una carta a familiares o amigos era costoso, al punto que algunos no podían recibirla, lo que hacía que muchos de estos escritos plasmados en papel se perdieran o nunca llegaran a su destinatario. Para eliminar esta barrera y garantizar la fluidez y óptimo funcionamiento de este medio de comunicación, el inglés Sir Rowland Hill propuso al Sistema Postal Inglés que el envío de las cartas fuera pagado por el emisor antes de enviarlas, y como soporte de ese pago fue creada la estampilla.

Estas pequeñas imágenes, también conocidas como sellos postales, siguen vivas en Colombia. En la actualidad las emisiones filatélicas no solo cuentan la historia del país, sino que son emitidas para conmemorar hechos significativos, homenajear a personalidades o destacar la belleza y majestuosidad de nuestra fauna, flora, gastronomía o arquitectura, entre otras, de las regiones. Importante mencionar que actualmente el Banco de la República cuenta con una colección filatélica de 470.324 especies postales.

Es así como en aras no sólo de preservar y mantener vivo el uso de las estampillas, sino de conmemorar los 10 años de la declaratoria por parte de la UNESCO del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano como Patrimonio de la humanidad, impulsé, junto con el diputado del Centro Democrático, Durguez Espinosa, la emisión, por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los Servicios Postales Nacionales 4-72, de un pliego filatélico para exaltar uno de los paisajes culturales y productivos más bellos de nuestro territorio, el Eje Cafetero. 

Serán impresas 19.200 estampillas con 12 motivos diferentes, cada una con valor facial de $2.000, que hacen alusión a las raíces colombianas, la realidad de los productores de café y  las innumerables manifestaciones tangibles e intangibles que se desarrollan en las tierras cafeteras. Con esto lograremos que más personas puedan conocer y acercarse, de una forma diferente, a la belleza del Paisaje Cultural Cafetero, a la calidad de su gente, arquitectura pintoresca y tradiciones centenarias.

Es bueno recordar que hoy son 51 municipios cafeteros, de los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, incluidos como parte del Patrimonio Mundial.

Con este logro dejaremos para la posteridad en la memoria una muestra de la magia de la cultura cafetera, además de reafirmar el compromiso del presidente Iván Duque con el desarrollo productivo de esta hermosa región.

Nota: Nuevamente la justicia toma decisiones más que en derecho con claro tinte político, como en el caso del expresidente Álvaro Uribe. El debido proceso y la presunción de inocencia son derechos que le asisten a todo ciudadano, pero duele ver que nuevamente prima la animadversión política hacia él que fallar en derecho. Las filtraciones y el sesgo con el que actuaron varios de los magistrados de la Corte Constitucional demuestra, una vez más, que nuestro líder no tiene garantías y que las actuaciones judiciales parecen estar supeditadas a intereses políticos.

Reitero mi apoyo incondicional a Álvaro Uribe, un hombre caracterizado por su recto actuar, que ha sabido mantenerse firme y con la frente en alto, pese a la intención maquiavélica de algunos de mancillar su buen nombre y doblegar su espíritu. Confío en que pronto triunfe la verdad.

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El éxito de la vacunación

Hoy me pregunto dónde estarán aquellos incrédulos y mitómanos que le apostaron al fracaso del proceso de inmunización contra el covid-19 en nuestro país. Esos que cegados por el odio, el populismo y el afán de dividir usaron noticias falsas para desinformar y criticaron el actuar prudente del gobierno del presidente Iván Duque para generar zozobra. Esos que querían que la vacunación fuera express y que, como por arte de magia, toda la población fuera inmunizada en un abrir y cerrar de ojos. Esos que solo se dedican a criticar y cuestionar, pero que nunca proponen ni aportan nada… Muy seguramente ante los buenos resultados del proceso, del que muchos de ellos ya hicieron parte, callan y se apartan porque se quedaron sin argumentos para intentar estropear el esfuerzo titánico del gobierno y del equipo epidemiológico para ganarle la batalla al virus.

Es cierto que el proceso de vacunación pudo tener tropiezos y demoras al inicio, apenas normal que ocurriera ya que ningún país en el mundo tenía el manual en la mano para responder a los enormes desafíos que trajo consigo el covid-19, entre ellos inmunizar para salvar vidas. Pero eso quedó atrás. El gobierno le puso el acelerador a las negociaciones con las casas farmacéuticas y aseguró su participación en el mecanismo Covax para acceder rápidamente a los biológicos.

En esta carrera contrarreloj a la que Colombia ha respondido de manera acertada, han sido aplicadas 48 millones de dosis. El registro del Ministerio de Salud (al 3 de noviembre) indica que 26 millones de personas cuentan con al menos una dosis, de las cuales 21.7 millones ya cuentan con el esquema completo (62% de la meta de 35 millones de personas con esquema completo), incluidas 297 mil personas con dosis de refuerzo.

Tengo que decir que si bien muchos ya estamos vacunados, otros aún se resisten a hacerlo poniendo en riesgo no solo su salud y sus vidas, sino la de las personas que los rodean. Esto sin duda se convierte en una piedra en la rueda, porque si bien el gobierno asegura la disponibilidad de biológicos, no puede obligar a nadie a acceder a ellos.

Sin embargo, es imperativo recordar que mis derechos terminan cuando empiezan a afectar los de los demás, en este caso el de la salud. Es por esto que el Gobierno Nacional expidió esta semana el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021 (que entrará en vigencia el 16 de noviembre próximo), que da luz verde a la exigencia del carnet de vacunación para los mayores de 18 años que quieran ingresar a sitios públicos como restaurantes, bares, conciertos, cines, casinos, escenarios deportivos y museos, entre otros; medida que varios países como Brasil, Estados Unidos, Alemania, España, Israel, República Dominicana y Austria han implementado y que ha demostrado efectividad para disminuir muertes y contagios. Otros como Costa Rica, también lo podrán en marcha a partir del primero de diciembre.

Si bien el Decreto contempla que el carnet tenga solo la primera dosis, es muy posible que en poco tiempo la exigencia sea tener el esquema completo, con el propósito de disminuir aún más cualquier riesgo de contraer el coronavirus, en especial por las celebraciones de fin de año que se avecinan, la reactivación del comercio y el aforo del 100% en los eventos en algunas ciudades como Bogotá, a partir del primero de enero de 2022.

En esta carrera contrarreloj a la que Colombia ha respondido de manera acertada, han sido aplicadas 48 millones de dosis. El registro del Ministerio de Salud (al 3 de noviembre) indica que 26 millones de personas cuentan con al menos una dosis, de las cuales 21.7 millones ya cuentan con el esquema completo (62% de la meta de 35 millones de personas con esquema completo), incluidas 297 mil personas con dosis de refuerzo. (Lea también: pandemia, un año de desafíos).

Estoy segura de que el objetivo se cumplirá y mejor aún que le ganaremos la batalla a la pandemia que golpeó duramente a millones de colombianos, en especial a los más pobres y vulnerables. No podemos bajar la guardia con los protocolos de bioseguridad como uso de tapabocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social por las nuevas cepas y los no vacunados.

Reitero todo el apoyo y reconocimiento al presidente Iván Duque y a su equipo de gobierno, quienes han hecho una maratónica labor para enfrentar esta emergencia sanitaria.

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Presupuesto con enfoque social

Esta semana aprobamos en las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, por un monto de $350.4 billones, de los cuales el 70%, sin incluir el servicio de la deuda, será destinado a inversión social, un gran acierto que permite responder activamente a las grandes necesidades de millones de colombianos en condición de vulnerabilidad y pobreza a través de la destinación de los recursos que permitirán materializar gran parte de las medidas aprobadas en la Ley de Inversión Social, como: Matrícula Cero; extensión del PAEF; Ingreso Solidario; entre otras medidas que contribuirán a la reactivación económica.

Debo resaltar que este es de los presupuestos más ambiciosos en la historia del país, representando el mayor presupuesto de inversión con $69.6 billones, y que como proporción del PIB se ubica por encima del promedio de las dos últimas décadas. (Vea también: pagos flexibles con el ICETEX).

La destinación de los recursos de inversión está alineada con los objetivos en materia de reactivación económica, a través de la ejecución de obras de infraestructura que para el 2022 superan los $2 billones a través de los programas: Concluir, Concluir, Concluir ($1,1 Bill); vías para la legalidad ($660 MM); vías para la conexión de territorios ($490 MM) y Colombia Rural ($395 MM). De igual manera, se resalta la inversión en el sector vivienda, un sector clave en la generación de empleo, donde se contempla una inversión de $5.4 billones, los cuales financiarán importante programas y proyectos como Vivienda Rural; Casa Digna Vida Digna; Mi Casa Ya e importantes proyectos para garantizar el acceso a agua potables y saneamiento básico de los colombianos que aún no cuentan con estos fundamentales servicios. Además, se garantizan subsidios de energía eléctrica y gas, que buscan beneficiar a cerca de 12 millones de usuarios de energía eléctrica y 6 millones de usuarios de gas, incluido los recursos para el subsidio al GLP en pipeta, lo que beneficiará a las comunidades rurales.

De igual manera, este será un presupuesto que garantiza los recursos para cumplir con los compromisos con las personas más vulnerables. En este sentido, se garantizaron $7.2 billones para financiar el programa de Ingreso Solidario, beneficiando a 4 millones de hogares; $1.7 billones para los 2.6 millones de hogares que reciben transferencias del programa familias y jóvenes en acción; y se garantiza la totalidad de recursos del programa Colombia Mayor, con una inversión de $1.6 billones.

Es importante resaltar la apuesta del Gobierno del presidente Iván Duque con la educación de nuestros jóvenes, siendo el Presupuesto 2022 prueba de ello. Primero, es imperativo señalar que la educación se consolida, por tres años consecutivos, como el sector con el mayor presupuesto ($49.4 billones). Este presupuesto asigna $700 mm para cofinanciar el programa de Matrícula Cero, el cual beneficiará a 700 mil estudiantes de estratos 1, 2 y 3. De igual manera, se asignaron $1.2 billones para el Programa de Alimentación Escolar que beneficiará a cerca de 7 millones de niños de preescolar, básica y media. Segundo, el cumplimiento de los acuerdos con la Universidades Públicas, suscritos en el 2018. Entre 2019 y 2021 se han transferido alrededor de $3.49 billones a las universidades públicas, de los cuales $2.33 billones provienen del PGN, para el fortalecimiento de la base presupuestal y el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica. Ahora, en el Presupuesto 2022 se contempla una destinación de $544 mm, con lo cual se cumple con el monto pactado por el Gobierno.

Con relación a algunos de los aspectos más importantes aprobados en el presupuesto 2022, quiero resaltar una iniciativa que impulsé, como ponente del Presupuesto, desde el inicio del debate, y es la reglamentación del mecanismo de pagos contingente al ingreso para nuevas obligaciones con el ICETEX, facilitando que más jóvenes ingresen a la educación superior financiados con recursos del Instituto. El mecanismo contempla que los jóvenes paguen las cuotas de su crédito de acuerdo con su nivel de ingresos. Si no trabaja no paga cuota y si su ingreso es inferior o igual a 1 smlv pagaría $0 de cuota. Si su ingreso es de 2 smlv sólo pagaría el 6% de su ingreso y no una cuota fija de $600.000 mes como es hoy.

Para finalizar,  quiero resaltar el presupuesto asignado al sector Defensa ($42,6 billones) porque una de las bondades que trae consigo es la nivelación salarial y la gratuidad en el curso de incorporación para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que quieran servirle a la Patria y formar parte de las Fuerzas Militares y de Policía. Y, no puedo dejar de mencionar el tercer monto más importante, el de la salud, sector al que le fueron asignados $41.9 billones, monto que servirá para seguir atendiendo las necesidades de la pandemia en materia de vacunación, atención de pacientes y mejoramiento de infraestructura. Este Presupuesto sin duda, es una gran apuesta por la reactivación económica, la atención de los más pobres y vulnerables, la salud, y la generación de empleo y oportunidades.

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No es eutanasia, es homicidio

La vida humana no puede estar a merced de las decisiones de la Corte Constitucional ni del Ministerio de Salud. El respeto a la vida no sólo está contenido en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, sino que hace parte de la declaración universal de los Derechos Humanos y está contenido como valor fundamental. Por ello, cualquier decisión que atente contra la vida debe ser el pueblo, como Constituyente Primario o el órgano delegado que es el Congreso, el que decida en cuáles casos puede despenalizarse la eutanasia. Entre otras cosas, hay un profundo dilema ético para los médicos que hacen el juramento hipocrático de defender la vida de sus pacientes, pero la puerta que abre la Corte con su decisión es que ahora pueden acelerar la muerte de un enfermo, terminal o no. Es incoherente y un horror ver cómo muchos dicen defender a capa y espada los Derechos Humanos, pero al mismo tiempo justifican la violación del primer derecho fundamental, el de la vida.

Con estupor analicé cada uno de los párrafos de la sentencia publicada esta semana por la Corte Constitucional, en la que amplía la escabrosa práctica de la eutanasia, que no es otra cosa que un homicidio, ya no solo a pacientes terminales, sino que amplían a pacientes no terminales, amparados en la supuesta protección del derecho a “morir dignamente”, derecho que en la legislación colombiana no existe. En ese orden de ideas traigo a colación una cita del abogado y profesor, Francisco Bernate muy pertinente para este tema: “mientras el Congreso de la República no reglamente la eutanasia, los médicos no pueden quitarle la vida a ningún ser humano”, más claro no se puede decir.

Ahora bien, y ojo a esto, lo que dice la Ley 23 de 1981 en su artículo 17 es que “la cronicidad o incurabilidad de la enfermedad no constituye un motivo para que un médico prive de asistencia a un paciente”, y en su artículo 18 dice, “si la situación del enfermo es grave el médico tiene la obligación de comunicarla a sus familiares o allegados y al paciente en los casos en que ello contribuya a la solución de sus problemas espirituales y materiales”, por ningún lado dice que se puede causar la muerte del enfermo. Es tan grave abrir esa compuerta que dejaría la vida en manos de terceros. Que es lo que hace la eutanasia.

No puede ser que ahora, toda persona que padezca una enfermedad grave pueda acceder a este procedimiento solo con firmar un consentimiento anticipado; esa es una salida fácil que deja de lado opciones como los cuidados paliativos y los grandes avances que ha tenido la medicina para tratar enfermedades crónicas, dolorosas o de alta complejidad. A este paso la eutanasia no solo será una práctica común y de fácil acceso, sino que podrá ser aprovechada, desde la clandestinidad, para que personas recurran a ella, por ejemplo, hasta para hacer efectivo el cobro de seguros de vida o en casos de personas que sufran depresión, o como mecanismo de descarte muy al estilo de los nazis, donde el enfermo, el vulnerable, no debía seguir viviendo. Lo veían, y aún hoy muchos lo ven como una carga social… Qué horror da pensar que podamos llegar a ese extremo, pero es la puerta que abre la Corte Constitucional con su decisión. (Lea también: No a la eutanasia)

Revisemos el caso de la señora Martha Sepúlveda, quien, si bien padece una enfermedad degenerativa, no es terminal y aún así en primera instancia le fue aprobado el procedimiento para acabar con su vida. Esta barbaridad la desencadenó la sentencia C233- 2021 de la Corte Constitucional en la que amplió el supuesto derecho a “morir dignamente” a pacientes con enfermedades no terminales. La decisión del comité no solo fue precipitada sino equivocada pues estuvo basada en el concepto contenido en la historia clínica (enfermedad incurable avanzada) y no en una valoración directa; y peor aún, conociendo que el último dictamen de neurología fue claro en confirmar que: “la esperanza de vida es mayor a seis meses”.

Ahora bien, ese mismo comité, en una nueva revisión del caso y a solo horas de practicarse la eutanasia, evidenció que el cuadro clínico actual no es el de una paciente en estado terminal y que los dolores físicos no son desproporcionados a la enfermedad que padece, por lo que reversó el procedimiento, decisión acertada y acorde a la reglamentación actual. Aquí sin duda, primó la ética médica y la prudencia, y no la presión mediática que desató la nota periodística con la que se hizo público su caso. Pero si tengo que decir que me generó profunda tristeza ver, no solo a la paciente sino a los familiares, con alborozo celebrar la eutanasia, y luego su airada reacción frente a la suspensión del procedimiento.

Tan execrable es la eutanasia que solo cinco países en el mundo la han regulado: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia. No en vano, el Congreso de la República de nuestro país le ha dicho no, por votación o falta de trámite, a 12 iniciativas legislativas que han buscado dar vía libre a este procedimiento que como bien dijo su santidad, el papa Francisco, “es una cultura del descarte”.

Entonces me pregunto, ¿dónde quedó el amor y el respeto por la vida?, ¿la eutanasia será ahora la salida fácil para todas las personas que padecen enfermedades de alta complejidad?, ¿qué pasa con los grandes avances en materia de cuidados paliativos y de medicina?…

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Pagos flexibles con el ICETEX

Uno de los temas que más me ha inquietado como senadora de la república ha sido la posibilidad de ofrecer a nuestros jóvenes, oportunidades que contribuyan a su crecimiento profesional, laboral y personal. Mi experiencia como docente universitaria y estudiosa de políticas públicas incluyentes, me permite reconocer el acceso a la educación superior como una de las mejores alternativas para construir país, avanzar en la equidad y reafirmar la autoestima y realización de sueños de nuestros jóvenes. Por ello, la importancia de continuar eliminando barreras para que más jóvenes entren a la educación superior.

Debo decir que, contrario a lo que profesa la oposición, el compromiso del presidente Iván Duque y su gobierno con nuestros jóvenes ha sido contundente. Prueba de ello ha sido el más alto presupuesto asignado para la educación en general que asciende a $49 billones para 2022, y para la educación superior en particular que es $4.5 billones.  Quiero resaltar varios programas de este gobierno como el de Generación E, el cual ha permitido el acceso a la educación superior a más de 247.000 jóvenes; donde el 90% de los beneficiarios son de ingresos bajos (puntaje SISBEN inferior a 32 puntos). Pero sin duda, uno de los mayores logros son las medidas establecidas en la Ley de Inversión Social con programas como Matrícula Cero, que garantiza la gratuidad en la matrícula para que 700.000 jóvenes accedan a la educación técnica, tecnológica o universitaria, y las medidas contenidas para incentivar la contratación laboral formal de jóvenes menores de 28 años, con un subsidio del 25% de un salario mínimo para las empresas que los vinculen. 

Desde el Legislativo he trabajado para promover iniciativas que contribuyan a la eliminación de barreras en el acceso a la educación superior, como la exención del costo de la Prueba Saber 11 para jóvenes víctimas de la violencia, iniciativa que hoy es Ley de la República (Ley 2556 de 2021). Ahora, en el marco de las discusiones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, me aprobaron y fue incluido un artículo que cambiará por completo el mecanismo de financiación y acceso a créditos de educación superior con el ICETEX. (Lea también: Apuesta por los jóvenes).

Si bien en el año 2018, el Congreso de la República aprobó la Ley 1911 que impulsa el mecanismo de financiación contingente al ingreso para los beneficiarios de créditos del ICETEX, a la fecha este no ha podido ser reglamentado por el Gobierno Nacional debido a las dificultades para que sea sostenible en el tiempo, y porque solo cubre a las personas que devengan menos de medio salario mínimo con pagos de $0, lo que no sería consistente con el objetivo de aliviar las altas cuotas a pagar por el crédito para personas que devengan 1 SMMLV. Esto, entre otros factores, ha impedido la puesta en marcha de este mecanismo tan necesario para eliminar una de las mayores barreras a la hora de acceder a la educación superior, la financiación.

Ahora bien, ¿En qué consiste el artículo 118 contenido en el PGN 2022 que está para segundo debate en plenarias?… El nuevo mecanismo de pago contingente al ingreso permitirá que los jóvenes que adquieran obligaciones con el ICETEX puedan realizar el pago de su deuda de acuerdo con el nivel de sus ingresos y NO una cuota fija como está actualmente. Un gran alivio para los jóvenes y sus familias, dado que los beneficiarios no tendrían que pagar ninguna cuota mientras estén estudiando. Ellos comenzarían a pagar solo cuando ingresen al mercado laboral formal, y si no se encuentran trabajando la cuota será de $0. De igual manera, los beneficiarios que tengan ingresos equivalentes a 1 SMMLV (o menos) pagarán $0, mientras que en el modelo actual esta persona en promedio paga alrededor de $454.263 (50% de sus ingresos). Además, el beneficiario del nuevo mecanismo de crédito ICETEX comenzará a pagar solo cuando sus ingresos superen los dos salarios mínimos, con un pago efectivo del 6% del su ingreso mensual (que hoy equivaldría a $109.000 mensuales, mientras que con el mecanismo actual podrían estar pagando en promedio cuotas entre $726.000 y $908.000 mensuales). Si devenga 4 salarios mínimos el pago efectivo será de 10,5% mensual.

El nuevo mecanismo de pagos contingente al ingreso elimina los conceptos de mora, cartera de riesgo, cobranza y reportes en las centrales de riesgo, ya que el pago sólo se activa cuando las personas tengan un empleo formal, y si al cabo de 20 años, después de ser adquirida la obligación, el beneficiario no ha cancelado la totalidad de la deuda, esta se condona sin perjuicio para el beneficiario.

La educación en Colombia tiene que dejar de ser un lujo para muchos, y un camino tortuoso y difícil para otros, y el escenario ya está dado.  Sin duda la mejor inversión a largo plazo que podemos hacer está en la educación de nuestros jóvenes. El mejor esfuerzo que puede hacer el Estado no solo es apalancar el financiamiento para facilitar el acceso, sino garantizar también la permanencia del estudiante, además de la flexibilidad en los ciclos de formación y la pertinencia de los contenidos a las nuevas realidades sociales, económicas, tecnológicas y regionales.

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¿Cómo se financiará el presupuesto 2022?

Esta semana las Comisiones Económicas del Senado de la República y la Cámara de Representantes avanzamos en el primer debate y análisis del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022. En esta oportunidad, nos concentramos en la aprobación del monto del presupuesto para 2022, que financiará tres grandes apuestas del Gobierno Nacional, y que van en sintonía con la Ley de Inversión Social que aprobamos la semana pasada en Congreso de la Republica y que esta semana sancionó el presidente Iván Duque. Esas apuestas son: 1) garantizar la continuidad de los programas sociales; 2) impulsar la generación de empleo y la reactivación económica; y 3) promover una senda de crecimiento con sostenibilidad de las finanzas públicas, garantizando una reducción gradual del déficit fiscal. 

El monto del presupuesto para la vigencia 2022 asciende a $350.4 billones, lo que representa un crecimiento de 5,3% respecto al presupuesto de 2021. Dichos recursos están distribuidos de la siguiente manera: $210.1 billones en el presupuesto de funcionamiento, que comparado con 2021 presenta un crecimiento de 3,1%; $78 billones para el servicio de la deuda, y $62.2 billones para financiar proyectos de inversión pública.  Los tres más altos montos de presupuesto se asignaron a los sectores de educación con $49.2 billones, defensa con $42.8 billones y salud con $41.2 billones. 

Respaldé aprobar el monto del presupuesto propuesto por el Gobierno Nacional porque es consistente y totalmente viable con las fuentes de financiación establecidas en el Proyecto de Ley. Por ello es importante resaltar y explicar de forma clara la procedencia de los recursos que financiaran el presupuesto de la Nación 2022.

Inicio con los ingresos corrientes de la Nación, donde los ingresos tributarios recaudados por la Dian son los más importantes, a través de los cuales se proyectan recursos de $168.8 billones, 9,4% más que los ingresos estimados en 2021. Esta fuente de ingresos representa el 48,1% del monto total de financiamiento del presupuesto 2022, y la más importante. Vale la pena señalar que, con corte a 31 de agosto, la DIAN había recaudado el 67% de la meta total para 2021, además de reportar un cumplimiento de 103,3% en la meta del recaudo para agosto. De igual manera, hay que destacar la gestión de cobro y lucha contra la evasión de la DIAN, que ha representado ingresos de $11.8 billones entre enero y agosto de este año.

La segunda fuente de financiamiento del PGN 2022 son los recursos de capital que ascienden a $146.7 billones, y representan el 42% del financiamiento. Estos recursos provienen principalmente de crédito interno y externo, por $102.2 billones (69,6% de los ingresos de capital), de estos, $62.9 billones se obtendrán mediante colocación de títulos de tesorería y $39.3 billones más a través de préstamos con la banca multilateral como Banco Mundial y BID. Además, dentro de esta fuente también están los excedentes financieros y dividendos procedentes de las utilidades de empresas importantes del Estado como Ecopetrol, que alcanzó utilidades de $8.4 billones principalmente por el incremento en los precios del crudo. 

Finalmente, me refiero a las demás fuentes de financiación que representan el 10% y que corresponden a: i) Fondos especiales ($11.4 billones); ii) Rentas parafiscales ($2.4 billones), y iii) Establecimientos públicos ($18.9 billones). Es importante señalar que en el proyecto de ley se resaltaba un faltante de $2.1 billones los cuales estaban condicionados a la aprobación de la Ley de Inversión Social, que acaba de ser aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno, y por lo tanto se garantiza que el presupuesto se encuentra totalmente financiado. 

Durante mi intervención en el debate del monto esta semana, resalté, no sólo la relevancia de estos recursos en el proceso de reactivación económica y apoyo a los más vulnerables sino la inflexibilidad de algunos de los rubros que componen el presupuesto. El 83% del presupuesto es inflexible, o sea hay que financiar esos rubros y montos si o si. Por ejemplo, los recursos destinados al Sistema General de Participación que ascienden a $49.5 billones, recursos que por ley son obligatorio transferir a las regiones y no pueden tener ninguna reducción. O los destinados a cubrir las pensiones de los colombianos, o las prestaciones del magisterio, que sumados ambos ascienden a $54.6 billones, y los $4.3 billones destinados al cumplimiento de los compromisos con las instituciones de educación superior. Además, es importante incluir el pago de la deuda que no podrá ser inferior a cerca de $72 billones con el fin de seguir honrando nuestros compromisos y permitir el flujo de recursos necesarios no sólo para cumplir con lo previsto en el presupuesto sino con la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De ahí la urgencia de asignar bien el resto de los recursos y priorizar la buena gestión, ejecución y resultados para generar empleo, reducir la pobreza y la inequidad, y cumplir con lo previsto en el plan de gobierno del presidente Iván Duque.

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El rol del sistema de pagos y Mercado de Capitales

Durante los próximos días estaremos debatiendo en el Senado de la República el proyecto de ley por medio del cual se dictan normas relacionadas con el sistema de pagos y el mercado de capitales, una iniciativa, de la cual soy coautora y ponente, de gran relevancia para contribuir al fortalecimiento de la economía, la inclusión financiera y el bienestar social. Este proyecto tiene como objetivo promover un sistema financiero más dinámico, competitivo e inclusivo; acorde con la transformación digital y tecnológica que durante los últimos años se ha evidenciado en el país.

Sin duda alguna, la pandemia del covid-19 modificó de manera importante la forma en que nos relacionamos, incluso en lo económico, generando cambios estructurales sobre nuestros hábitos y canales de consumo. Gracias a ello se dio un gran salto en la inclusión financiera y uso de nuevas tecnologías para la realización de transacciones financieras y comerciales. Ejemplo de ello es el aumento de 325% en las transferencias de dinero a través de aplicaciones tecnológicas y el incremento del comercio electrónico que alcanzó $29 billones y 123 billones de transacciones en 2020.

El proyecto de ley se fundamenta en cuatro pilares: el acceso al sistema de pagos e inclusión financiera, el desarrollo del mercado de capitales, la modernización de algunos de los subsectores del sistema financiero y el fortalecimiento del marco regulatorio. En importante resaltar que este proyecto de ley se construye sobre las recomendaciones del informe presentado por la Misión de Expertos, convocada por el Gobierno Nacional en el año 2018, para estudiar el mercado de capitales. Además, para enriquecer el proyecto de ley se ha promovido el diálogo y consensos en torno a las propuestas de diferentes sectores de la sociedad y la economía.

Contar con una regulación unificada para los sistemas de pago es relevante para fomentar la inclusión financiera y evitar arbitrajes regulatorios, teniendo en cuenta que estos forman parte de la infraestructura a través de la cual se moviliza el dinero en la economía, que exige seguridad y eficiencia. En esa línea el proyecto plantea una regulación diferencial de los servicios de pago entre prestadores financieros y no financieros; incentiva la digitalización e interoperabilidad del sistema; promueve los pagos digitales en las transferencias monetarias de los programas sociales, y establece mecanismo de protección al consumidor de estos servicios. Con estos cambios, se espera además reducir el alto arraigo al uso del efectivo en Colombia, donde el 87,4% de las personas manifiestan utilizar sólo efectivo para sus transferencias, y cerca de un 93% de las tiendas de barrio recibe sólo efectivo.

Es importante saber que cuando se habla del mercado de capitales se hace alusión al conjunto de actividades financieras, bursátiles, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, inversión y aprovechamiento de los recursos captados del público. El proyecto de ley propone transitar hacia un modelo de regulación estandarizada por actividad con función económica similar, se ajusta la clasificación de inversionistas en este mercado; se actualiza el marco normativo de las bolsas de valores y del sector de seguros; se  autoriza que las sociedades anónimas simplificadas SAS puedan ser emisores de valores; y se permite la prestación de servicios transfronterizos para los depósitos centralizados de valores y las cámaras de riesgo central de contraparte, entre otros. Lo anterior, porque es necesario fortalecer el mercado de valores en el país, teniendo en cuenta su poca profundidad y liquidez.  Ejemplo de ello es que para el año 2019 el valor de las acciones negociadas en el mercado colombiano representó el 4,3% del PIB, significativamente bajo comparado con países como Chile y Brasil, donde este porcentaje alcanzó 13% y 40,8% respectivamente.

Sobre la modernización de los subsectores del sistema financiero, el proyecto de ley impulsa el uso del Indicador Bancario de Referencia (IBR) creado en 2008, en reemplazo de la DTF, y converger de esta forma a la práctica internacional en materia de tasas de referencia del mercado monetario. Además, establece medidas para optimizar los procesos de enajenación de la propiedad accionaria estatal y el fortalecimiento del gobierno corporativo de las empresas industriales y comerciales del estado y de economía mixta que conforman el Grupo Bicentenario.

En el caso del sector asegurador, se reconoce que para Colombia el volumen de primas con relación al PIB es de 2,8%, porcentaje inferior comparado con países como Chile donde es de 4,7%. Además, en Colombia el gasto per cápita en seguros es de USD$190, significativamente bajo comparado con el promedio de América Latina que es de USD$250 y el promedio mundial de USD$280. Con el fin de corregir estas brechas, el proyecto busca facilitar la convergencia a estándares internacionales en regulación prudencial, mejorar la transparencia en la contratación y promover la inclusión y adopción de innovaciones tecnológicas en el sector.  Finalmente, se plantea mejorar la gestión de los recursos de los fondos de pensiones privados para lograr mayor tasa de reemplazo en la etapa de retiro, a través del fortalecimiento del gobierno corporativo, alineación de incentivos y mayor competencia. 

Finalmente el proyecto de ley fortalece la capacidad operativa, tecnológica y de capital humano del regulador financiero, que es la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, y amplía las funciones de la Superintendencia Financiera, actualizando su régimen sancionatorio, así como determinando que el superintendente financiero tendrá período fijo coincidente con el período de gobierno.

Confío que la plenaria del Senado de la República le dé su aprobación a este importante proyecto de ley para dejar un marco normativo y regulatorio actualizado y alineado con los estándares internacionales, fortalecer la gobernanza institucional, facilitar la profundización del mercado de capitales y su competitividad.

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SOS Mojana

Vuelve y juega. Las inundaciones en La Mojana parecen un capítulo de nunca acabar. Pese a las múltiples denuncias de los pobladores por el riesgo latente al que están expuestos como consecuencia del invierno, la situación no tiene solución de raíz y tampoco avances en las obras de mitigación que se requieren con extrema urgencia para frenar emergencias como la que se está viviendo en la zona que ya deja más de 10 mil damnificados y cerca de 11 mil hectáreas de cultivos afectados. Un desastre que se repite y pudo evitarse.

Es frustrante ver cómo han pasado más de 10 años y aún no hay avances en la construcción del dique ni en el fortalecimiento de los jarillones para contener las aguas del Río Cauca, única solución para frenar las inundaciones que por décadas han afectado a los habitantes de La Mojana. Las promesas incumplidas saltan a la vista, y se reflejan en la crítica situación que se vive en la zona hace más de 10 días. Casas destruidas, animales muertos y pérdida de cultivos es la radiografía que narra el padecimiento de esta región del Caribe colombiano.

Hagamos retrospectiva de los hechos. En 2010, el gobierno de Juan Manuel Santos creó el Fondo Adaptación, una entidad que “supuestamente” ejecutaría obras para evitar que la población de La Mojana quedara nuevamente a merced del agua como ocurrió ese año con el devastador paso del Fenómeno de La Niña; trabajos de mitigación que tristemente no solo no avanzaron, sino que quedaron en el papel o por falta de gestión, o como asegura la entidad, falta de presupuesto, lo que deja a la región en el completo olvido pese a las necesidad urgente que tiene de ser intervenida.

Las promesas que con bombos y platillos hizo el expresidente Santos a los 11 municipios que componen La Mojana, de los cuales 6 son del departamento de Sucre, porque se incluyen 3 de la región del San Jorge, quedaron en el olvido y año tras año el invierno sigue haciendo de las suyas. A marzo de 2021, el Fondo Adaptación había realizado obras de “infraestructura resiliente al cambio climático” por $938.947 millones y asignados sólo al macroproyecto La Mojana $224 mil millones; cuando lo inicialmente previsto para La Mojana era invertir $600 mil millones, donde la prioridad debía ser las obras de mitigación y protección de cascos urbanos. Pero, a estudios y más estudios se dedicaron principalmente los recursos en los primeros años del Fondo Adaptación, seguido por la reconstrucción de colegios, viviendas y centros de salud; y muy poco se destinó de esos recursos a obras de mitigación y protección; lo clave para frenar las recurrentes inundaciones.

Lo anterior también se refleja en la auditoría hecha por la Contraloría General en 2020, en la que consideró el proyecto de La Mojana como “crítico” dado los retrasos en la etapa de estructuración que inició en 2012 y que tardó cuatro años, por lo que las primeras intervenciones para contener las inundaciones y proteger a la población ribereña iniciaron apenas en 2016 y puedo decir que a medias. Para el ente de control, las obras del Fondo Adaptación solo presentaban una ejecución del 42% y una fecha estimada de entrega final de la primera fase en el año 2023. Mientras tanto, como reza el adagio popular, “que se los coma el tigre” …

Es así como en respuesta a las demoras y dilaciones en el avance de los proyectos he citado al Fondo Adaptación a varios debates de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, citaciones que han dejado más preguntas que respuestas. Estudios y proyectos a la orden del día, pero de ejecución y realidades muy poco. Y preocupa aún más que las inversiones previstas culminen en tres o cinco años, tiempo en el que los riesgos de inundación se mantienen latentes, así como el deterioro de las condiciones productivas y de vida de los habitantes de La Mojana. Esa es la triste realidad.

No fue mucho más alentador el encuentro que sostuve esta semana con la directora del Fondo Adaptación, Raquel Garavito, quien sólo lleva 2 meses en el cargo, y reconozco que está gestionando para buscar salidas financieras para las obras, pero aún sin claridad sobre las fuentes de los recursos. Lamento que este momento coincida con la difícil situación de las finanzas públicas; pero hay esperanza por el compromiso expresado por el presidente Iván Duque para responder a la región. En los últimos días he hecho gestiones con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para que se faciliten los recursos estimados por el Fondo Adaptación en $700 mil millones para la reconstrucción de los primeros 29 kilómetros del dique desde Nechí en Antioquia hasta Guaranda en Sucre; la recuperación de 200 kilómetros de caños y la protección de los municipios de Guaranda, San Jacinto del Cauca y Achí, que cobijaría las primeras fases de obras definitivas.

Igualmente tengo que destacar la rápida respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para llevar ayudas humanitarias a la población y apoyar el cierre de los puntos críticos. Pero la apuesta es por las obras estructurales y definitivas de mitigación y protección. Es urgente también que los cuatro gobernadores que hacen parte de la región inviertan lo que se han comprometido desde el inicio del Fondo Adaptación para que la sumatoria de esfuerzos y recursos permita la solución.

Mucho se habla de La Mojana, región que la conforman tres millones de hectáreas, de las cuales, cerca de 400 mil tienen un extraordinario potencial productivo desaprovechado. Ya los zenúes tenían su sistema de manejo de las aguas, que lamentablemente se fue perdiendo con el tiempo. Por ello radiqué un proyecto de ley hace un año para proteger ese patrimonio arqueológico de manejo hídrico que queda, y que de haberse respetado y preservado habría ayudado a evitar estas recurrentes inundaciones.

Por ahora, hay que seguir trabajando y sumando esfuerzos con el Gobierno Nacional, departamentos, municipios y Congreso de la República para que los municipios de La Mojana no sigan bajo el agua y tengan soluciones en el corto plazo.

Nota: Al cierre de este artículo Colombia recibía la descorazonadora noticia de que la Corte Constitucional tumbó la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, lo cual lamento mucho. Esto no nos deja otra salida que contemplar la urgencia de un referendo popular para que le caiga la máxima pena a esos criminales y se respete la dignidad y vida de los menores de edad.

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Cinco años de impunidad

El 2 de octubre se cumplen cinco años de la mayor traición a los colombianos e irrespeto a la democracia cuando se desconoció la voluntad de 6.424.385 ciudadanos que le dijimos no al acuerdo Santos – Farc. Dar luz verde a lo que fue pactado tras bambalinas en La Habana solo ha traído impunidad, burla e incumplimiento.

Es una vergüenza ver cómo las víctimas no han sido reparadas, tampoco han tenido verdad y mucho menos, una muestra de arrepentimiento o petición de perdón por parte de los exjefes de las Farc, autores intelectuales del horror que padecieron las víctimas y sus familiares. Aunque inconcebible, ellos han sido premiados con curules en el Congreso, participación política y beneficios del Estado. Viven campantes sin pagar un solo día de cárcel y peor aún, dando cátedra de moral.  Aquí le pasan cuentas por incumplimiento al gobierno del presidente Iván Duque, pero no a los exjefes de las Farc. Parecen olvidar que ellos también tienen responsabilidades.

Vámonos a las cifras. Este gobierno recibió un acuerdo de papel, con expectativas a corto plazo que no se podían cumplir. Aún así hoy el gobierno avanza en su implementación. Por ejemplo, en materia de víctimas, el Estado ha reparado a 318.795 personas, lo que requirió una inversión de $2.69 billones. A lo anterior se suman 3.201 proyectos productivos entre colectivo e individuales que vinculan a 7.249 excombatientes, para lo cual el gobierno nacional ha aportado $57.978 millones al 31 de agosto de 2021.

Lo social también ha tenido cabida. El 85,2% de los excombatientes (11.950) cuentan con afiliación al régimen pensional, mientras que el 99% alguna vez ha estado afiliada a servicios de salud. En educación también se ha hecho un esfuerzo importante. Al 31 de julio de 2021, fueron ofertados 24.900 cupos para programas de formación en el SENA. Adicionalmente, entre 2019 y 2021, 7.221 personas se han vinculado a formación primaria, bachillerato y de educación superior.

El tema de la seguridad de los excombatientes también ha sido atendido por el Gobierno Nacional. En 2020, el presupuesto ejecutado por la Unidad Nacional de Protección -UNP- para la seguridad de los exFarc fue de $101.472 millones, y para 2021 se aumentó a $121.100 millones, de los cuales, $17.700 millones son para viáticos. Adicionalmente, cuentan con 338 esquemas de seguridad (33 colectivos, 277 individuales, 26 en AETCR y 2 para sedes del partido Farc), con 1.310 escoltas y 658 vehículos asignados. Y todavía les parece poquito.

En materia de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), este gobierno ha aprobado 1.756 proyectos, con una inversión de $345.235 millones; y en lo corrido del primer semestre de 2021, fueron aprobados 600 proyectos con una inversión de $145.133 millones. A la fecha, la inversión que ha hecho el gobierno Duque en los municipios PDET, asciende a los $9.32 billones. (Lea también: El conejo de las Farc).

Este corte de cuentas es necesario. No más falacias ni cortinas de humo de aquellos que alborozados apoyaron ese “acuerdo” para querer tapar lo que a simple vista es la realidad: un gobierno que cumple con logros tangibles, aún en momentos de mucha dificultad como consecuencia de la pandemia y los paros; y unas Farc que exigen todo, pero que no dan nada. ¡Qué descaro!…

Son lánguidos los resultados de los compromisos de las Farc. Empecemos porque la entrega de bienes sigue bien embolatada. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al 30 de septiembre de 2021 el dinero en efectivo entregado es de $2.114 millones, cuando lo reportado fue $12.070 millones lo que representa un cumplimiento de tan solo 17,5%. Ahora, del total de oro reportado (465.020 gramos), solo han entregado el 54,8% equivalente a 2.540 gramos en joyas y 252.500 gramos en lingotes de oro. De 24.456 semovientes solo entregaron 229 (cumplimiento de 0,9%); 1.821 muebles de los 51.992 registrados (cumplimiento de 3,5%); 39 inmuebles de los 722 reportados (cumplimiento de 5,4%) y 4 vehículos de 319 reportados (cumplimiento de 1%). Todo lo anterior para un valor monetizado de $42.735 millones. Y la cereza del pastel: según la SAE, las Farc justifican el incumplimiento debido a problemas de seguridad y orden público, sumado a que de algunos bienes no tienen información concreta. Que tal!

Y ni qué decir de los menores reclutados. Entregaron 144 de los 18.677 que según la Jurisdicción para la Paz (JEP) plagiaron para llevarse a la selva, ingresarlos a sus filas y usarlos como escudos humanos. ¿Dónde están los demás?… Resulta muy extraño creer que se laven las manos frente a esta deleznable práctica, cuando hace unos días Noticias Caracol reveló que las Farc tenían hojas de vida con la información personal de cada una de las víctimas de esta práctica macabra mal llamada reclutamiento. Tienen el descaro de seguirle mintiendo al país. Y ni qué decir de las congresistas de exFarc que se atreven a negar los abortos y los abusos a los que sometían a mujeres, o peor aún, a defender otro delito como el secuestro, aseverando que quienes lo vivieron tenían “comodidades” como “camitas y cambuches”.

No puedo terminar sin resaltar el compromiso con esa base de exguerrilleros que cumplió con la desmovilización y retornó a la vida civil. A ellos todo el apoyo para que el Estado siga garantizando su bienestar y ayudándolos en el proceso de reincorporación.

A los líderes de las exFarc se les acabó el show, Colombia ya no cree en su discurso y estoy segura que algún día tendrán que pagar por todos los crímenes que cometieron. La impunidad, esperamos, no sea para siempre…

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Las buenas nuevas del Presupuesto 2022

Esta semana las Comisiones Económicas Conjuntas nos dimos cita para el estudio y primer debate de la ponencia de la Ley de Presupuesto para la vigencia 2022. La discusión  fue constructiva y enfocada en definir los recursos necesarios para garantizar la atención a los más vulnerables y promover la reactivación económica. Por esta razón, en reiteradas ocasiones he sido enfática en la importancia de priorizar aquellos sectores estratégicos en la generación de empleo y en entidades con una capacidad de ejecución eficiente. No podemos permitir retrasos en la ejecución de programas y proyectos de impacto regional que contribuyan al crecimiento económico de nuestro país.

En esta oportunidad quiero enfocarme en los principales cambios presentados en la ponencia que fue aprobada por las Comisiones Económicas Conjuntas, modificaciones que se alinean con los criterios establecidos en el proyecto de ley radicado por el Gobierno del presidente Iván Duque, como: 1) el fortalecimiento del sector salud y mejoramiento de la atención sanitaria; 2) la generación de empleo e ingresos a los más vulnerables; 3) cumplimiento de las obligaciones en el pago de la deuda; y 4) austeridad en el Estado, sin incremento en la adquisición de bienes y servicios.

Sin duda alguna uno de los cambios más importantes está en el incremento, frente a lo inicialmente presentado por el gobierno, de $6 billones en el presupuesto de inversión, pasando de $62.2 billones a $68.2 billones, el presupuesto de inversión más alto de la historia; una gran noticia para nuestras regiones que van a contar con mayores recursos para financiar proyectos de inversión que contribuyan a mitigar los efectos de la pandemia y los bloqueos. Ese aumento se da porque se acordó reducir el presupuesto del servicio de la deuda, de $78 billones a $72.8 billones, y el presupuesto de funcionamiento, de $210.1 billones a $209.4 billones.

Pero las buenas noticias de este PGN son muchas más. Por ejemplo, el aumento en el presupuesto para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) a $798 mil millones, esto con el fin de ampliar las obras de mitigación para la prevención de desastres naturales, como el que está viviendo La Mojana, como consecuencia de las inundaciones que ya deja más de 45.000 damnificados.

Otro de los puntos positivos que resalto es la gratuidad en los cursos de incorporación a nuestra Policía Nacional, una barrera menos para esos jóvenes que quieren servir a esta Patria, pero que no cuentan con los recursos para hacerlo. Así mismo, que las cuotas de los créditos educativos del ICETEX dependan del Ingreso del beneficiario y no sea una cuota fija. Un gran alivio para sus bolsillos, al pasar de pagar cuotas mensuales promedio de $600.000 a $200.000, es decir entre un 15% y 19% de sus ingresos. Aquí resalto una vez más el compromiso del presidente Iván Duque con la educación, prueba de ello es que por tercer año consecutivo la asignación de recursos para este sector es el más importante, $49.4 billones para la vigencia 2022.

Los Bomberos también tuvieron cabida en esta iniciativa, con una asignación de $87.4 mil millones, para avanzar en que todos los municipios cuenten con las herramientas necesarias para atender emergencias. No puedo dejar de mencionar el aumento del presupuesto para la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), que asciende a $84.6 mil millones, con el que se busca mejorar las condiciones productivas y de vida de los pescadores artesanales, población por la que sigo trabajando con un proyecto de ley que busca otorgarles un seguro de desempleo para los periodos de veda, y un seguro de vida para pesca de alto riesgo, entre otros beneficios.

De igual manera, resalto el incremento de $1.2 billones en el presupuesto de Inclusión Social y Reconciliación, sector que para 2022 cuenta con una asignación de $22.9 billones, recursos que contribuirán al fortalecimiento de los ingresos de los más vulnerables a través de los programas de transferencias monetarias; la atención a la primera infancia y la ejecución de obras de infraestructura para el mejoramiento y construcción de vías urbanas, espacios comunitarios y mejoramiento de vivienda.

Como mencioné al inicio de esta columna, este presupuesto debe focalizarse en sectores motores de la generación de empleo y la reactivación económica, como son el sector transporte y vivienda. En este punto, debo celebrar el incremento de $540 mil millones en el monto para el sector transporte, de los cuales $395 mil millones estarán focalizados en el programa Colombia Rural que permitirá la conexión de las zonas más apartadas de nuestro país con los centros urbanos, facilitando el transporte de nuestros campesinos. Con este incremento, este sector contará con recursos que ascienden a $13.3 billones para 2022.

En cuanto a vivienda, resalto el incremento de $445 mil millones para la financiación de proyectos para el acceso a agua potable y saneamiento básico; quedando el sector con un presupuesto de $5.4 billones para 2022. De igual manera, celebro la asignación de recursos para subsidiar el servicio de los acueductos rurales establecidos en el Decreto Ley 819 de 2020, y que buscamos extender hasta diciembre de 2022 a través de un proyecto de ley de mi autoría que se encuentra en trámite en el Congreso.

Son muchas las buenas noticias que trae este Presupuesto, el más alto en la historia de nuestro país. El reto es la buena focalización y ejecución para que las metas de mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, la generación de empleo y el cumplimiento del plan de gobierno del presidente Duque se logren.

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El turno de la Reforma Social

El Congreso de la República dio luz verde a la Ley de Inversión Social que traerá equidad, reducirá la pobreza, apoyará a los más vulnerables, combatirá el desempleo y ayudará a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan sostener e incluso ampliar su planta de trabajadores.

Tengo que decir que esta iniciativa presentada por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda fue ampliamente discutida y analizada desde su construcción, en donde participaron más de 500 representantes de la sociedad civil, hasta su llegada al Congreso de la República, en donde fue estudiada y debatida por las comisiones económicas conjuntas.  No en vano la tardanza para radicar la primera ponencia hasta tanto no existiera un consenso que permitiera cumplir con el objetivo social y de recuperación de las finanzas públicas, fijado por el presidente Iván Duque. No es cierto que éste fue un proyecto hecho a la carrera y mucho menos aprobado a “pupitrazo” como algunos quisieron mostrarlo. Quienes se abstuvieron de votar e incluso abandonaron el recinto del Senado o la plataforma virtual, le dieron la espalda a esos mismos que ellos con tanto ahínco dicen defender y apoyar, pero que realmente lo que les interesa es que se mantengan en la pobreza y dificultad para tener discurso y poder estar en las calles y justificar sus aspiraciones políticas, sin darles soluciones.

El proyecto de Inversión social que pasa a sanción presidencial busca recaudar $15.2 billones mediante tres grandes fuentes: $9 billones que se recaudarán del aumento del impuesto de renta de 31% a 35% a las empresas y que lo pagaran principalmente el 10% de las grandes empresas del país, sumado a la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, con lo cual las empresas de este sector pagaran 38% de impuesto a la renta. La segunda fuente proviene de la austeridad en el gasto del Estado que busca aportar $1.9 billones al año, y una tercera fuente provendrá de la lucha frontal contra la evasión que se espera recaude $2.7 billones.

La prioridad en la destinación de esos recursos se dará a cerca de 21 millones de colombianos que están en situación de pobreza y vulnerabilidad, a trabajadores de empresas afectadas por la pandemia, el paro y los bloqueos, y a jóvenes, mujeres y personas en situación de discapacidad. (Lea también: Reforma Social).

Para reducir la pobreza y pobreza extrema que hoy es de 42,5% y 15,1% respectivamente, y llevarla al menos al nivel de antes de la pandemia de 34,3% y 6,7% respectivamente, y reducir la inequidad de 54,4 a 51,2, medida por el coeficiente de Gini, las más importantes medidas que contempla el proyecto de Inversión Social son las siguientes: (a) la extensión del programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, y su ampliación a 4 millones de personas con una transferencia de $160.000 mensual. (b) aumento del subsidio para cerca de 1.7 millones de adultos del programa Colombia Mayor, el cual no podrá ser inferior al monto equivalente a la línea de pobreza extrema. (c) establece como política de Estado la Matrícula Cero para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior pública, garantizando así la gratuidad educativa a cerca de 700 mil jóvenes. En esa línea, también contempla medidas de alivio para quienes tengan créditos educativos con el ICETEX. (d) incentivos para la contratación formal de jóvenes menores de 28 años mediante un subsidio del 25% de un salario mínimo, a mujeres mayores de 28 años con un incentivo del 15% y personas en condición de discapacidad. Con esta medida se beneficiarán a cerca de 800.000 empleados formales. 

Sobre las medidas enfocadas en la generación de empleo y reactivación económica, se resalta la ampliación temporal del Programa de Apoyo a la Nómina (PAEF) con el que se busca beneficiar a cerca de 60 mil micro y pequeñas empresas, protegiendo en promedio más de 400 mil empresas por mes. Así mismo, se amplía el umbral para la inscripción en el Régimen Simple de tributación de 80 UVT ($2.800 millones) a 100 UVT ($3.600 millones), permitiendo que cerca de 500 mil empresas que actualmente pagan impuesto de renta, puedan acceder a este régimen, beneficiándose con reducción y simplificación de su carga tributaria y pagando impuesto de renta entre el 1.8% y el 14,5% de los ingresos brutos, según el sector, incluyendo en ese monto el pago de IVA, impo consumo, ICA y parafiscales. Además, plantea la autorización de líneas de crédito con tasa de interés compensada para empresas y entidades territoriales.  

Se estima que con las medidas enfocadas en la generación de empleo la tasa de desempleo se reduzca a 12,5% en 2022, de cerca de 14,3% que tenemos hoy.

Esta Ley no pone fin a muchas de las problemáticas que tiene nuestro país, pero sí contribuye a la recuperación urgente de las finanzas públicas, duramente golpeadas por el covid-19, los bloqueos y protestas. Así mismo dará la mano a esa población de más bajos recursos que también vio notablemente afectada su calidad de vida. Es hora de ser solidarios y de respaldar al Gobierno Nacional en la puesta en marcha de esta iniciativa. No es momento de populismos ni protagonismos individuales, aquí el objetivo es levantarnos de la crisis y seguir adelante para recuperar la senda de crecimiento de la economía y mejorar las condiciones de vida de los colombianos más vulnerables.

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Recta final

El presidente Iván Duque inicia 12 meses decisorios para el cierre de su gobierno, el cual ha estado enmarcado en tres pilares: legalidad, equidad y emprendimiento. En los grandes retos de este tiempo que le resta al gobierno están la vacunación masiva, la reactivación económica, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, estabilizar las finanzas públicas y, sin duda alguna, reforzar y ampliar la cobertura de los programas sociales para apoyar a los más pobres y vulnerables, quienes se han visto mayormente afectados por la pandemia, el paro y los bloqueos.

Iniciemos con la inmunización. A la fecha han sido aplicadas 30’883.739 vacunas, de las cuales 17’480.369 corresponden a la primera dosis y 10’804.2558 a la segunda. Otras 2’599.112 personas han sido inoculadas con monodosis, es decir, la vacuna que es de una sola aplicación. En total, según el Ministerio de Salud, Colombia registra 13’403.370 de aplicaciones completas. Un proceso que avanza a toda marcha, muy a pesar del pesimismo de algunos, quienes no solo le apostaron al fracaso, sino a la pérdida de muchas más vidas como consecuencia de la propagación del virus, lo cual ha sido contrarrestado por los protocolos de bioseguridad adoptados oportunamente por las autoridades sanitarias, así como por las negociaciones prudentes y acertadas del gobierno con las casas farmacéuticas para la rápida adquisición de las vacunas, y las donaciones recibidas. El proceso, y lo demuestran las cifras, va por buen camino y se alcanzará la meta prevista de vacunar a 35 millones de colombianos para octubre de este año. Gracias a ello se han reducido los contagios y las muertes por covid-19, pero el riesgo de nuevos picos sigue latente si no continuamos con los protocolos de bioseguridad y los ciudadanos deciden vacunarse. Para dimensionar el peligro que corren los colombianos que no se han vacunado está la cifra entregada este viernes por el Ministerio de Salud, en la que informa que, de las 27.604 personas hospitalizadas actualmente por coronavirus, el 78,6% no están inmunizados. 

Otro gran reto para este último año de gobierno es la reactivación económica. El golpe que sufrió la economía colombiana en 2020 no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país, con una contracción del PIB de 6,8%, la caída del recaudo tributario de 7,1% y una tasa de desempleo nacional de 15,9%. Por ello uno de los mayores desafíos que ha enfrentado al gobierno del presidente Iván Duque es el retorno a la senda de crecimiento económico, la generación de empleo, y la estabilidad de las finanzas públicas. Sobre el primer punto, las expectativas de crecimiento para el cierre del año 2021 son de 7,5% y de 3% para 2022. El dinamismo de la actividad económica deberá ir acompañado de generación de empleo. Por ello los alivios que se han planteado a las empresas a través del programa PAEF, de subsidio a la nómina y de su extensión hasta el 2022; fortalecimiento en condiciones favorables de las líneas de crédito; construcción y culminación amplia de proyectos de infraestructura vial, vivienda y deportivos; así como alivios tributarios; así como mantener la dinámica del consumo interno con las ayudas sociales, son fundamentales. Bien decía el gerente general del Banco de la República en su informe al Congreso que es la primera vez en muchas décadas que un gobierno aplica una política contra cíclica y que sus efectos positivos son evidentes.

Es necesario que todos aunemos esfuerzos en promover la inclusión al mercado laboral de los segmentos de la población que, como consecuencia de la pandemia y los bloqueos, se han visto más afectados, como es el caso de los jóvenes y las mujeres, quienes según los últimos reportes del Dane registran una tasa de desempleo de 23,3% y 19% respectivamente. De ahí la importancia del estímulo de un 25% de un salario mínimo para las empresas que contraten formalmente a jóvenes, mujeres y personas en condición de discapacidad; continuar estimulando los proyectos de emprendimiento y más acceso a formación para el trabajo.

En lo que respecta a la estabilidad de las finanzas públicas, si bien los niveles de deuda del Gobierno Nacional Central alcanzan el 64,8% del PIB, estos recursos han sido fundamentales para contrarrestar los efectos que ha ocasionado la pandemia, especialmente en la mitigación del incremento de la pobreza que, de no haber sido por las ayudas gubernamentales, hubiera alcanzado niveles de 46,1% en pobreza monetaria y 19,8% en pobreza extrema. Sin embargo, como he manifestado en reiteradas ocasiones, esta deuda deberá pagarse y muy seguramente más costosa no sólo por el aumento en la devaluación sino por la pérdida del grado de inversión anunciado por las calificadoras de riesgo Standard and Poor y Fitch Rating. En esta misma línea, es imperativo aprobar el proyecto de ley de Inversión Social presentado recientemente por el Gobierno, dado que con él no solo se busca garantizar la estabilidad de las finanzas públicas, sino también dar continuidad a los programas como Ingreso Solidario, extensión del PAEF y gratuidad en la educación superior. De ahí mi invitación a los colegas de las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara para que le pongamos el acelerador a la discusión, ya que de su aprobación depende no solo la continuación sino el fortalecimiento de estos salvavidas sociales que puso en marcha el gobierno Duque para paliar los duros efectos de la pandemia en miles de hogares colombianos.

Entre las prioridades de este gobierno también estará la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad. En este punto quiero hacer especial énfasis en que no puede finalizar este gobierno sin que se haya retomado la aspersión aérea con glifosato para erradicar las más de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos, así como el fortalecimiento de los programas de sustitución, y golpear las finanzas de esas estructuras criminales que tanto daño le hacen a los territorios. No se puede olvidar que de esa actividad ilegal se derivan graves problemáticas como el homicidio de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, pero, además, mantiene viva la chispa de la violencia y la delincuencia en varias zonas del país. Según el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía han erradicado en lo que va corrido de este año, 38.000 hectáreas de cultivos ilícitos; decomisado más de 346 toneladas de cocaína, 30% más que el mismo periodo del año anterior y destruido más de 3.683 laboratorios e infraestructuras para la producción de coca, 14% más respecto a 2020. Hay avances, pero aún hay mucho por hacer, y lo más efectivo es la aspersión aérea.

Al presidente Iván Duque en sus tres años de gobierno le ha tocado enfrentar tres hechos excepcionales: una pandemia que no se veía en un siglo, una oposición irracional y desbordada en su ambición de poder, y varios paros, pero el más reciente inhumano, con bloqueos y hechos de vandalismo, que pusieron en ‘jaque’, por más de 60 días, la seguridad alimentaria, la reactivación económica y la seguridad institucional y física de miles de colombianos. Tengo la plena certeza de que el presidente Iván Duque se mantendrá sereno, prudente y estratégico en sus decisiones ante la adversidad que vive nuestro país, y que continuará con la mano firme para defender la democracia, las libertades, el orden y las instituciones, y el corazón grande para apoyar la reactivación económica y el bienestar ciudadano. Bien lo dijo el presidente en su discurso del pasado 7 de agosto: “No descansaremos un solo día”, como no lo ha hecho hasta ahora en estos tres primeros años, para seguir construyendo país y un presente y futuro para todos.

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¿Curules para Farc o para víctimas?

Esta semana revivió un tema espinoso para quienes hemos sido detractores del acuerdo fraguado entre Juan Manuel Santos y las Farc. Acuerdo que prometió paz, pero que solo ha dejado impunidad, incumplimiento y premios para los victimarios, en especial para los autores intelectuales de conductas macabras e inhumanas como secuestros, violaciones, abortos, desaparición forzada, reclutamiento de menores y terrorismo, entre muchas otras conductas punitivas. Me refiero a esos exFarc que hoy tienen curul en el Congreso, sin pagar un solo día de cárcel, sin reparar a las víctimas y mucho menos decir toda la verdad.

Recuerdo como si fuera ayer una de las tantas afirmaciones mentirosas y engañosas de Santos en una entrevista con la periodista Claudia Gurisatti en la que aseguró: “Paz con impunidad no puede haber. La paz se tiene que dar con justicia, y esa justicia implica que las Farc tienen que ser investigadas y condenadas por los delitos que han cometido”, algo en lo que sin duda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo a la medida de las Farc, ha considerado como suficiente condenar a algunos de los líderes de Farc, sin que ellos pierdan beneficios como estar en el Congreso de la República, hacer política, recibir recursos del Estado y evitar ir a la cárcel. Una burla al Estado de Derecho.

Traigo a colación el tema, porque con la decisión de esta semana emitida por la Corte Constitucional, y previamente del Consejo de Estado, se revive uno de los puntos más polémicos del acuerdo con las Farc, y es la creación de curules en el Congreso supuestamente para las víctimas. No sólo reitera nuevamente el desconocimiento a la voluntad popular lograda en las urnas, con la mayoría obtenida por el NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 (6.424.385 de votos), sino que  presiona al Legislativo y al Gobierno Nacional para que promulguen la ley que las crea. Durante la discusión en el Congreso de la República del proyecto de ley que creaba y reglamentaba las curules siempre defendimos, desde el Centro Democrático, que esos escaños efectivamente fueran para las víctimas y no para los victimarios. Ello porque todo el diseño legislativo estaba dado para beneficiar a estos últimos.

El mayor temor es que los excabecillas y excombatientes de las Farc, e incluso las mal llamadas disidencias, terminen colándose como supuestas víctimas y manipulando el proceso electoral en las regiones que fueron el epicentro de la violencia que ellos propiciaron por años y en las que muchos de ellos aún habitan, para quedarse con esas 16 curules a punta de intimidaciones y del dinero de sus andanzas ilícitas como el narcotráfico. (Lea también: No más cinismo ni impunidad).

Las curules deben ser para esas personas que sufrieron en carne propia la sevicia, el odio y la sed de poder criminal de las Farc; es decir, para aquellas que estén reconocidas en el registro de la Unidad Nacional para las Víctimas (9.153.078 personas). Este proceso exige tener especial vigilancia, para blindar a la Cámara de Representantes, y a la democracia, de tener que abrirle la puerta, por dos periodos constitucionales (2022-2026/ 2026-2030), a más exjefes, excombatientes o alfiles de grupos armados como las exFarc, o a las mal llamadas disidencias, al Eln o a las bandas criminales. No podemos permitirnos como país tener más genocidas en el Congreso de la República. Me viene a la memoria sobre ese tema otra afirmación mentirosa del expresidente Santos en 2014, cuando le aseguró al país que “no habrá curules para las Farc”, y hoy los tenemos allí ocupando curul como representantes y senadores, y posando como adalides de la moral. Eso no puede volver a pasar. Las curules NO se regalan, se ganan. No nos van a meter gato por liebre esta vez. No más complacencias con criminales ni asesinos confesos.

Las víctimas deben tener voz y voto para equilibrar las cargas, y eso no está en discusión. Lo que no puede permitirse en que se engruese la presencia de más exFarc en el Legislativo. Las víctimas aún después de la firma de ese “acuerdo,” vendido con canto de sirenas y además impuesto, siguen a la espera de verdad, justicia y reparación, pero no a medias o que siga en veremos como está sucediendo. Una burla para quienes se suponía siempre fueron el centro de esa negociación entre Santos y las Farc, o por lo menos eso fue lo que aseguró el entonces jefe de Estado en 2017: “escogimos a la víctima como el centro (…) no era para cumplirle a las Farc, es para las víctimas”, algo que a la fecha está muy lejos de ser una realidad.

Y para que tampoco se olvide, otra mentira de Santos en 2016 cuando aseguró que: “las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, porque estos se usarán para reparar a las víctimas”, algo que está muy lejos de pasar, pero eso sí, los beneficios siguen y al parecer seguirán a la orden del día para los victimarios, porque las víctimas continúan esperando. Simples ironías. Serán la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad para la Atención de las Víctimas los encargados de velar por la transparencia y seguridad de este proceso. Qué bueno que se creara un comité ciudadano especial de vigilancia para que los inscritos en las diferentes listas y regiones para acceder a esas curules sean víctimas de la violencia de la guerrilla, el paramilitarismo y la criminalidad organizada. No puede haber lugar a manipulaciones de ninguna índole.

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Déficit alimentario

El fuerte impacto de la pandemia, sumado a un paro inhumano y sin motivos claros, causó un deterioro en la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos. Prueba de ello lo registra la más reciente encuesta Pulso Social realizada por el Dane, en la que se evidencia el impacto negativo de la pandemia en la seguridad alimentaria del país. El panorama es tan preocupante que, según las estadísticas, mientras que 7.9 millones de hogares en junio de 2020 tuvieron acceso a las tres comidas diarias, en el mismo mes de 2021 ese número bajó a 5.2 millones. Es una tragedia nutricional que 2.7 millones de familias pasaron de comer 3 a 2 comidas al día.

La situación es alarmante. Las estadísticas revelan que mayo de 2021 fue un mes difícil para muchos hogares ya que en ese periodo solo el 34,5% pudieron consumir dos comidas al día, cifra que, para junio, aunque descendió a 31,7%, aún confirma que el déficit alimentario se mantiene. Las cifras hablan por sí solas y demuestran que al impacto económico que generó la emergencia sanitaria por el covid-19, se sumaron más de 60 días de bloqueos y desmanes que afectaron el proceso de reactivación económica, y fueron un duro golpe al bolsillo de los colombianos.

Desagregando por ciudades, Cartagena es la ciudad que más dificultades presenta según el Dane, ya que solo el 33,5% de los hogares encuestados tiene la posibilidad de comer tres veces al día, seguido de Barranquilla (45,3%), Sincelejo (51,3%), Montería (54,4% y Pasto (57,1%).

La situación mundial no es más alentadora que la colombiana. En 2020, entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasaron hambre, unos 118 millones más que en 2019, según la última edición del informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021’, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Una evaluación preliminar del informe señala que la pandemia puede aumentar entre 83 y 132 millones de personas el número total de desnutridos en el mundo. Según la FAO, de los 2.000 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria en el mundo, 1.030 millones están en Asia, 675 millones en África, 205 millones en América Latina y el Caribe, 88 millones en América del Norte y Europa y 5.9 millones en Oceanía.

Tengo que decir que la atención de la emergencia sanitaria en Colombia ha sido acertada, especialmente con la atención de los más vulnerables. La rápida creación de programas de asistencia social y alimentaria, y la ampliación de otros, entre ellos Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y Devolución del IVA, han permitido a miles de familias recibir subsidios para paliar los duros efectos de la pandemia en sus bolsillos.

Es imperativo decir que estas ayudas mitigaron en 3,6 puntos porcentuales el incremento de la pobreza monetaria y en 4,7 p.p. el incremento de la pobreza extrema. De no ser por estos programas impulsados por el gobierno del presidente Iván Duque, Colombia habría alcanzado una pobreza de 46,1% (hoy de 42,5%) y pobreza extrema de 19,8% (hoy de 15,1%). Actualmente más de 8.3 millones de hogares son beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Un gran logro.

No puedo dejar de mencionar el Plan de Alimentación Escolar (PAE), un programa que en pandemia ha llegado a 5.7 millones de menores de edad, pero que lamentablemente ha tenido muchos tropiezos y que ha sido permeado por la corrupción en varios departamentos del país, afectando el objetivo para el que fue creado: garantizar alimento a niños, niñas y adolescentes que hagan parte del sistema educativo oficial. Es urgente que el Gobierno Nacional fortalezca los mecanismos de entrega y refuerce su vigilancia para asegurar que lleguen las raciones a su destino y con la calidad requerida de la minuta alimenticia, lo que permitirá superar la cifra de 20.8 millones de raciones entregadas en el primer semestre de 2021.

La buena nutrición de nuestros menores de edad, así como de los adultos mayores debe ser propósito de todos. Comedores comunitarios, casas del adulto mayor, comida y refrigerios en los colegios oficiales deben asegurarse con la participación activa de los padres de familia para garantizar calidad y entrega efectiva de los alimentos. Hay que frenar la robadera de los recursos de la alimentación escolar.

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A la medida de las Farc

La conversación voluntaria que sostuvo esta semana el expresidente Álvaro Uribe con algunos integrantes de la “Comisión de la Verdad” puso nuevamente sobre la mesa uno de los temas que rechazamos desde el Centro Democrático y fue la creación, en el acuerdo de La Habana, de instituciones hechas a la medida de los criminales de las Farc. Hoy, los jefes de esa guerrilla, organizados ahora en el Partido político Comunes, a pesar de tener condenas de la justicia ordinaria por delitos de lesa humanidad que suman más de mil años (Timochenko -488 años /Iván Márquez – 760 años / Pablo Catatumbo – 130 años, por nombrar algunos) y de que la JEP reconociera que son responsables de conductas atroces, continúan sin pagar un sólo día de cárcel y sin perder los beneficios que les dio el acuerdo firmado con Juan Manuel Santos, y rechazado por los colombianos en el plebiscito, como mantener sus curules en el Congreso de la República, esquemas costosos de seguridad, amnistía, y plata para su Partido político, entre otros. Lo anterior sin contar con que no han cumplido con reparar a las víctimas ni con entregar toda la verdad. Inaceptable y frustrante.

Con el paso de los días solo vemos memoria selectiva en los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o en los comisionados de la “Comisión de la Verdad”, quienes parecen haber olvidado que el centro de ambas instituciones se supone, son las víctimas y no los victimarios. Pero no podía esperarse más de instituciones creadas por ese “acuerdo” a la medida de las Farc para exculpar su actuar criminal y reescribir la historia de los últimos 60 años en el país, conformadas principalmente por personas afectas a las Farc o a posiciones políticas del socialismo del Siglo XXI o del comunismo.

No puedo pasar por alto lo ocurrido en el encuentro del expresidente Uribe y el sacerdote jesuita Francisco De Roux, con la presencia de la comisionada Lucía González. Empecemos porque no se entiende cómo, una persona como ella que expresa ser partidaria de los principios de las Farc y que, además, en su momento animó al narcoterrorista Jesús Santrich cuando estaba en un hospital, hoy sea parte de una institución que según las Naciones Unidas debe contar con personas “neutrales en lo más posible y respetados socialmente”. Aquí eso claramente no aplica. Razón tuvo Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, al cuestionarla de estar en esa reunión cuando ella solo apoya a los máximos victimarios de esa guerrilla como lo muestran sus posturas en redes sociales. Un escenario bastante descorazonador ya que ella será una de las que aporte al informe final de esa comisión, y que, muy seguramente, lo permeará con sus convicciones políticas y afecto por los exFarc. El ánimo no parece ser el de buscar la verdad sino el de enlodar y enjuiciar a aquellos que han rechazado y combatido las atrocidades de ese grupo guerrillero, incluido el narcotráfico.

También es importante ver el sesgo con el que actúan tanto la JEP como esa comisión. Por un lado, el primero, expone públicamente a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía. No pierden oportunidad alguna para que cualquier avance en los casos que los involucran, así como sus identidades, relatos y audiencias sean conocidos por la opinión pública. Caso contrario pasa con las Farc, cuando el hermetismo prima en las citaciones de sus máximos cabecillas. Cuando no son audiencias reservadas se restringe el acceso de la prensa a gran parte de la información y avances de cada uno de los casos, esto sin contar con que los propios protagonistas cambian y acomodan la verdad pese al material probatorio en su contra que reposa en los expedientes. Con esto me pregunto, ¿tendremos juicios y decisiones justas para las Farc, o solo para las Fuerzas Armadas?…

En el caso de la Comisión de la Verdad, no se pueden olvidar los desafortunados encuentros entre exsecuestrados como Ingrid Betancourt o el general (r) Luis Mendieta y los líderes de las exFarc, que no aportaron nada para curar o resarcir en algo el sufrimiento que por años ha acompañado a las víctimas y a sus familias. Los líderes de las Farc no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento ni de compromiso con entregar toda la verdad.

Poco podemos esperar de esas instituciones creadas por el acuerdo. Su objetivo se acerca más a exculpar y justificar el actuar criminal de las Farc para que sigan en la impunidad y en el Congreso, sin resarcir a las víctimas, sin entregar toda la verdad, y sin contribuir a la erradicación de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico. No se puede olvidar que la JEP le cuesta al país más de $330.000 millones al año, y para 2022, el Presupuesto General de la Nación, contempla una asignación superior a los $358.000 millones. Y el presupuesto 2021 de la Comisión de la Verdad fue cercano a los $117.000 millones. Es decir que, en total, sólo este año se han destinado cerca de $447.000 millones para estas dos instituciones que en vez de servir para hacer justicia y sanar los corazones heridos de las víctimas, están profundizando la pérdida de credibilidad institucional por sus sesgos políticos.

Por ahora seguiremos expectantes al momento en que por fin la JEP produzca una condena efectiva con pérdida de beneficios para las Farc. Igualmente, en que le exijan entregar bienes y resarcir a las víctimas, sin burla. De la Comisión de la Verdad no esperemos más que actitudes inquisidoras, sesgo político, vacíos y verdades acomodadas.

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El doble rasero de la CIDH

No sorprende el informe presentado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas en Colombia. A la posición sesgada sobre lo que ocurre se suman imprecisiones en las cifras, las cuales carecen de contrastación e incluso en algunas, no citan la fuente de las que fueron obtenidas. Pero más grave aún es que siendo un organismo internacional que se supone debe ser imparcial al momento de recoger la información y hacer las observaciones a que haya lugar, en ninguna de las 48 páginas del documento se da importancia a las víctimas que ha dejado esta horda de vandalismo y violencia. Ejemplo de ello, es la tangencial mención en el informe a la muerte de los dos bebés por cuenta de los bloqueos o la del ingeniero decapitado por un cable atravesado en una calle para impedir el paso de la Fuerza Pública. Eso sin contar los cientos de pequeños comerciantes a los que les han vandalizado o saqueado sus locales, o los que han tenido que cerrar o declararse en quiebra por los 60 días de agitación social.

También omite el informe destacar lo que han padecido los más de 1.560 policías heridos, muchos de ellos quemados con ácido y bombas molotov, otros atacados con machetes y armas de fuego, y tres que han sido brutalmente torturados y asesinados. Y ni qué decir de la patrullera que fue violada por vándalos en un CAI. Esos uniformados, también seres humanos de carne y hueso, no tuvieron cabida en ningún párrafo del informe. Extraña manera de relatar los hechos cuando unos actores son importantes y otros no; una narrativa claramente desigual, más aún cuando en el punto 59 del informe precisan que “el derecho a la vida, protegido por la Convención Americana es inviolable, y por su carácter esencial es la precondición de todos los demás derechos humanos”. Qué ironía. Pareciera que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo le preocupa el derecho a la vida de los manifestantes y no el de la Fuerza Pública, ni el de los bebés que no pudieron estar en los brazos de sus padres. (Vea también: Atizantes del caos).

Debe quedar claro que ni la CIDH ni nadie puede venir a decirle o “recomendarle” al presidente Iván Duque ni al país que aplauda, permita y conviva con el vandalismo, la agitación social y mucho menos con los mal llamados “cortes de ruta” a los que se refiere el documento, que no son otra cosa que bloqueos (3.587 registrados entre el 28 de abril y el 7 de julio). Los bloqueos de vías no son ningún derecho sino por el contrario están penalizados en la legislación nacional, entre otras cosas porque atentan contra el derecho a la libre movilidad, afectan el sistema productivo y paralizan la generación y recuperación de empleos, que requerimos con urgencia en momentos de reactivación económica tras la pandemia. No se nos olvide que venimos de un pésimo año 2020 en términos económicos, con una caída del PIB de -6,8%, una tasa de desempleo del 15,9%, aumento en la pobreza monetaria a 42,5% y a 15,1% en pobreza monetaria extrema y la pérdida de 509.700 micronegocios, entre otras cifras negativas.

De otra parte, el informe también se fue lanza en ristre contra la Policía Nacional y el Esmad. Argumentan “uso desproporcionado de la fuerza” y “empleo indiscriminado de armas de fuego”, por lo que recomiendan prohibir el uso de las herramientas que les otorga la Constitución y la ley para mantener el orden público en las protestas. En este punto la CIDH pasó por alto que la violencia y el vandalismo han sido protagonistas de las manifestaciones, tanto que han sido necesarias 1.742 intervenciones del Esmad (entre el 28 de abril y el 7 julio), para garantizar la seguridad tanto de los que salen pacíficamente a expresarse en las calles como de los que no, y frenar las acciones violentas de esas pequeñas células que persisten en mantener la agitación social y la destrucción en las calles. (Lea también: Esmad necesario)

Vale la pena aclararle a la Comisión Interamericana que el artículo 218 de la Constitución Política establece que la policía nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil para preservar las libertades y derechos de los ciudadanos. Así que tan importante es la libre expresión que se puede ejercer marchando en las calles como el respeto al derecho a la libre movilidad. La Fuerza Pública fue creada para garantizar seguridad y orden, no para “matar, torturar o masacrar” como afirman algunos de su actuar, y que son esos 171.779 hombres y mujeres que integran la Policía Nacional los que han logrado restablecer el orden y el control en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, sitiadas por el crimen y el vandalismo, y los que han repelido esa nefasta y rechazable práctica de atacar y asesinar policías que impuso la llamada “primera línea”.

El Estado es responsable de hacer cumplir la ley, no de negociarla y menos con un grupo de delincuentes y vándalos que hoy reclaman reconocimiento político y estatus de negociadores. El mal ejemplo de querer negociar todo y con todos no puede continuar en el país a costa de pisotear los principios democráticos y el respeto a la ley. Tremendamente ingenuos los alcaldes Claudia López, Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, quienes parecen haberse dejado atrapar por las narraciones románticas de que la “primera línea” es solo un grupo de inocentes angelitos que no matan una mosca. Esa primera línea, como los que los siguen e incitan al caos, también han sido engrandecidos tristemente por unos medios de comunicación sin pensar que lo que buscan es arrodillar al gobierno para tumbarlo y amedrentar a la ciudadanía para que cedan a sus exigencias. Pero se les olvida que tantos años de violencia por narcotráfico, guerrilla, criminalidad organizada y delincuencia común le han permitido al país pararse firme para continuar defendiendo nuestras instituciones, a pesar de sus imperfecciones.

Estoy convencida de que el gobierno del presidente Iván Duque no se dejará maniatar y mucho menos distraer por un informe de un organismo con un sesgo ideológico de izquierda, que soslaya varios hechos de gravedad y que parece estar más del lado de los victimarios que de las víctimas. Colombia es un Estado de derecho en el que se garantiza y protege la manifestación pública pacífica, pero de no serlo la Fuerza Pública debe garantizar el orden y la seguridad.

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Reforma social

Ya está sobre la mesa la nueva propuesta social y fiscal que radicará el gobierno del presidente Iván Duque este 20 de julio en el Congreso de la República. Sin duda será uno de los proyectos de ley más importantes que debatiremos en el Legislativo; una responsabilidad sin precedentes, teniendo en cuenta el contexto social y económico en el que se encuentra inmerso nuestro país. Por esta razón, el compromiso como congresista deberá materializarse en aprobar una reforma social focalizada en garantizar la atención de los más vulnerables, promover la generación de empleo y afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Es una oportunidad para que en el Congreso todos los partidos y movimientos políticos trabajemos en torno a esta iniciativa que permita extender el programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, y su ampliación al menos a 3.5 millones de hogares; gratuidad en la matrícula de la educación superior técnica, tecnológica o universitaria oficial para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 con lo cual se beneficiarán 695.000 jóvenes; apoyar con el 25% de un salario mínimo a las empresas que vinculen formalmente a jóvenes menores de 28 años, beneficiando a 188.000 jóvenes, y extender el programa PAEF hasta diciembre 2021 con el subsidio de 40% de un salario mínimo y del 50% si es mujer, para las empresas, en especial las Mipymes, con el fin de preservar los empleos y ayudarlas con el costo de su nómina, entre otros programas.

Colombia, como el mundo, vivió en 2020, y aún continúan sus efectos, tres choques con fuertes afectaciones económicas y sociales: la pandemia por el covid-19, la caída abrupta de los precios del petróleo (72% para el caso del Brent), y la reducción en el crecimiento de la economía de nuestros socios comerciales. Todo ello contrajo el PIB del país en 6,8% el año pasado, generó un 15,6% de desempleo, siendo superior en jóvenes y mujeres, y acentuó la pobreza monetaria alcanzando el 42,5% y la pobreza extrema el 15,1%. En este primer semestre de 2021 la recuperación ha sido muy baja aún, afectada además por la agitación social y los bloqueos durante los últimos dos meses.

Es importante señalar que la reforma social es el producto de un gran consenso liderado por el Ministerio de Hacienda y que contó con la participación de jóvenes, líderes sociales, personas en condición de vulnerabilidad, empresarios y autoridades locales, entre otros actores, que contribuyeron de manera constructiva a debatir y enriquecer el articulado que será estudiado próximamente por el Congreso de la República.

Ahora bien, una de las preguntas que surgen en medio de la discusión de una reforma social y fiscal es cuáles son las fuentes de financiamiento que permitirán el cumplimiento de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional, en este caso, en términos de gasto social, reactivación económica y saneamiento de las finanzas públicas. Aquí es importante decir que esta iniciativa busca recaudar $15.2 billones, de los cuales, el 40% saldrá de medidas de austeridad en los gastos del gobierno por cerca de $1.9 billones, más lucha contra la evasión tributaria de cerca de $2.7 billones, y revisión de otros gastos; y el 60% restante se obtendrá del incremento de la tarifa de renta para personas jurídicas que pasa de 32% a 35%, una sobretasa de tres puntos porcentuales para todo el sector financiero, y de mantener en 50% y no en el 100% el descuento del ICA del impuesto de renta. No se amplía la base de contribuyentes de personas naturales. Importante reiterar que no se afecta la clase media, no se tocan las pensiones y no se modifica nada del IVA.

Acompañaré esta reforma porque tiene un enfoque social, de austeridad, y de tributación con solidaridad. Apoyar en momentos de dificultad a 21 millones de colombianos en condición de pobreza es el propósito, así como a esas empresas que necesitan reactivarse y salir a flote. Vamos a dar un debate responsable que permita enriquecer y aprobar este proyecto, siempre pensando en el futuro del país. (Lea también: Pandemia, un año de desafíos).

Por supuesto que generar mayores oportunidades de trabajo digno debe ser el objetivo a seguir. De ahí que el apoyo a la iniciativa privada y empresarial debe estar siempre presente. Pero no podemos desconocer que hay cerca de la mitad de los hogares colombianos cuyos ingresos no les alcanza para adquirir la canasta básica de bienes y servicios, y que gracias a esas ayudas monetarias del gobierno se ha aliviado su situación, y también ellas han ayudado a dinamizar la economía local de la gran mayoría de los pequeños municipios del país.

Aquí no hay espacio para mezquindades, protagonismos políticos, ni populismo, aquí tenemos que remar hacia un mismo objetivo: aliviar la caída en el ingreso de los hogares y apoyar las maltrechas finanzas públicas.

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No a la eutanasia

Nuevamente la Corte Constitucional, usurpando funciones legislativas, se extralimita en sus decisiones, esta vez impulsando una cultura de muerte con la práctica de la eutanasia. No contentos con tomar decisiones favoreciendo el aborto, hecho que transgrede el derecho a la vida del no nacido y la dignidad de la mujer, hoy amplían los casos donde se puede practicar, sin que se penalice, lo que ellos llaman “morir dignamente”. Legalizan matar al enfermo, al que padece una enfermedad terminal o aquel que sufre una enfermedad dolorosa, aunque no sea terminal, sin darle siquiera la oportunidad de paliar y vencer el dolor recibiendo atención médica avanzada y de alta calidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

Estamos frente a una decisión gravísima. A la Corte no solo se le volvió costumbre legislar, apartándose de la separación de poderes, sino que parece olvidar que la vida es un derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución y que, por ende, es su deber protegerla y garantizarla, no vulnerarla como lo hace en este caso, escudados en lo que llaman “dignidad humana”. Esa complacencia de algunos de los magistrados a favor de la eutanasia se tenga o no una enfermedad terminal, es gravísima porque a través de ella se puede estar legalizando la pena de muerte.

Esta decisión se suma a la reglamentación de la eutanasia anunciada hace apenas unas semanas por el Ministerio de Salud, en respuesta a un fallo de la Corte Constitucional, a través de la resolución 0971 de 2021, en la que se establecen las directrices para realizar libremente esta práctica inhumana, mal llamada “derecho a morir con dignidad”. El documento indica que podrá practicarse cuando exista una enfermedad incurable avanzada; enfermedad terminal o agonía o inexistencia de alternativas razonables de tratamiento; entre otras.

Hoy la Corte Constitucional da la estocada final al transgredir el artículo 106 del Código Penal (homicidio por piedad), dando luz verde a la práctica de la eutanasia cuando haya sufrimiento físico o psíquico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave o incurable, abriendo así la puerta para que quienes no padezcan enfermedades terminales puedan acceder a este procedimiento. Aquí es donde me pregunto: ¿por ser una enfermedad incurable puede pedírsele a un médico que se mate al enfermo?, ¿se agotaron todos los tratamientos médicos posibles?, ¿por qué se le da la espalda a los grandes avances científicos y tecnológicos en el campo de la salud?, ¿por qué se elimina de tajo la posibilidad de acudir a los cuidados paliativos para aliviar el dolor e incluso curar enfermedades? Me preocupa, además, desde el punto de vista ético y moral, que el trasfondo en esta decisión además sea un asunto económico, donde es mucho menor el costo para el sistema de salud promover la eutanasia en esos pacientes que asumir su cuidado y atención, como se debate hoy en los países que la han aprobado.

Aquellos que valoramos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no podemos entender cómo alguien siquiera contempla la posibilidad de provocar el deceso de un ser humano enfermo, bien sea por medio de la eutanasia (asistida por un médico), o lo que se conoce como suicidio asistido, en el que se le dan medicamentos al paciente para que cause su propia muerte, sin pensar además en las consecuencias que ello puede tener a nivel familiar. Una herida que estoy segura no cicatriza jamás.

Siempre lo he dicho, legalizar la eutanasia es la salida fácil para evitar costos y responsabilidades tanto familiares como sociales; dejando de lado valores necesarios como la solidaridad y el cuidado amoroso, así como poder acceder a los mejores servicios disponibles en salud. A este paso se irán destruyendo las barreras legales que protegen y garantizan el derecho a vivir.

Ningún paciente debe sentirse como una carga, por el contrario, debe tener el máximo apoyo y amor de sus seres queridos. No es abandonando al enfermo y sin hacer nada para paliar su dolor o sufrimiento, y mucho menos “ayudándolo” a morir como se respeta su dignidad, porque eso solo nos deshonra como civilización y transgrede el valor sagrado de la vida. Bien lo dijo su Santidad Juan Pablo II: “La eutanasia es un crimen contra la vida humana, incurable no significa in -cuidable”. 

Desde el Congreso de la República seguiré diciéndole NO a la eutanasia, pero, además, continuaré impulsando iniciativas como la “Objeción de Conciencia” que busca garantizar que toda persona ejerza el inviolable derecho a oponerse, en determinado momento, a cumplir con un deber jurídico, si hacerlo entra en conflicto con sus más íntimas convicciones y creencias; como, por ejemplo, la práctica de la eutanasia, el aborto o unir a parejas del mismo sexo.

No olvidemos, toda vida siempre será digna de ser vivida hasta el final.

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Logros legislativos

En el tercer período legislativo que culminó el 20 de junio, logré que dos proyectos de ley de mi autoría fueran aprobados en los cuatro debates reglamentarios para pasar a sanción presidencial. Ellos son la exención de pago de la Prueba Saber 11 para aquellos jóvenes registrados como víctimas de la violencia, y la creación del sello de gastronomía local para preservar y potenciar la cocina tradicional. 

El primero establece que las víctimas de la violencia menores de 21 años, acreditadas en el Registro Único de Víctimas -RUV- que pertenezcan a los grupos A, B y C (pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerable, respectivamente) del Sisbén IV y que hayan alcanzado los requisitos académicos, podrán presentar de manera gratuita y por una única vez, el examen de Estado Saber 11, conocido en el pasado como el examen del Icfes. El costo de dicha prueba es de $49.500 para colegios oficiales. Con esta decisión se facilita el acceso a la educación superior, y elimina una de las barreras para que esta población vulnerable pueda cumplir con este requisito académico.

Esta propuesta surgió de un diálogo en Cali, hace dos años, con la directora de la oficina de víctimas del Valle, Luz Adriana Toro, y un grupo de jóvenes, sobre las dificultades que para muchos de ellos era conseguir la plata para pagar el examen de Estado, y así poder aspirar a ingresar a una formación técnica, tecnológica o universitaria. Esa barrera había que superarla. Por ello, esta iniciativa contó con el apoyo unánime del Congreso de la República y el respaldo de la Ministra de Educación Nacional. Hubiésemos querido la eliminación del pago para todos los estudiantes, pero lamentablemente la situación de las finanzas del Icfes no permitía prescindir de esos ingresos.

Es importante precisar que los beneficiarios solamente serán aquellos cuya información provea la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y por supuesto lo contenido en los registros que, sobre matrícula estudiantil, lleve el Instituto Colombiano para la Evaluación (Icfes). Con este proyecto de ley se da un paso más hacia la equidad y la inclusión social de nuestros jóvenes, quienes deben encontrar en la educación superior un factor de realización personal, de movilidad social y de mejoramiento de las condiciones laborales, así como de contribución al desarrollo nacional.

El otro proyecto de ley que pasa a sanción presidencial es la iniciativa que dará luz verde a la creación de un sello de calidad que impulse, salvaguarde, reconozca y fomente la gastronomía tradicional colombiana. Una gran oportunidad para ser parte de la dinámica futura del sector gastronómico, el cual según Acodres, gremio que asocia a los restaurantes formales, representa el 2.9% del PIB, y genera $9.1 billones al año.

Con este proyecto también se crea la ruta turística de la gastronomía tradicional, dando un reconocimiento especial a la cocina colombiana, en el que convergen no solo recetas tradicionales y centenarias, sino el proceso de cocción y la cultura que rodea cada uno de los platos, dependiendo la región de origen. En los últimos años, nuestro país se ha consolidado como destino gastronómico internacional. (Lea también: Cierre legislativo).

Es importante reconocer a ese grupo de pequeños restaurantes de Chía, que hace tres años me invitaron para que escuchara sus preocupaciones sobre los riesgos de supervivencia de la cocina tradicional, frente al crecimiento de los restaurantes de cadenas y las franquicias. De esa reunión surgió este proyecto de ley, que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, y gremios regionales y nacionales de restaurantes y cocineros tradicionales. Igualmente, tuvo el respaldo de la FAO, dada la articulación prevista en el proyecto de ley entre los restaurantes y la producción agroalimentaria local para la preparación de los platos tradicionales.

Finalmente, no puedo dejar de lado otra iniciativa que pasa a sanción presidencial, y de la cual fui coautora y ponente, y es la que da luz verde a la creación de la estampilla pro – Universidad del Quindío. Con ella se busca recaudar $50 mil millones para impulsar proyectos de investigación, fortalecimiento académico, desarrollo tecnológico y mejoramiento de la infraestructura de la institución. Más de 16.500 estudiantes se beneficiarán de estos recursos.

Se avecina un nuevo periodo congresional y con él llegarán nuevos desafíos, entre los más importantes la discusión y urgente aprobación de una reforma fiscal que contribuya no solo a financiar los necesarios programas sociales que han ayudado a paliar los efectos adversos de la pandemia sobre los hogares pobres y vulnerables, como Ingreso Solidario o el incentivo para la vinculación laboral de los jóvenes, sino para contribuir a cerrar la brecha de las finanzas públicas.

El próximo 20 de julio que se inicia la última legislatura del cuatrienio, continuaré con la misma dedicación y compromiso debatiendo y aportando propuesta que contribuyan a la generación de empleo digno, al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y al fortalecimiento productivo.

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Cierre legislativo

La Casa de las Leyes culminó la tercera legislatura del cuatrienio 2018 – 2022. Fueron meses de arduo trabajo, tiempo en el que desde la presencialidad y la virtualidad cumplimos con nuestra labor congresional, dando trámite a importantes iniciativas legislativas, así como debates de control político sobre temas de relevancia nacional.

Hoy puedo decir con certeza que sesionar desde la virtualidad ha funcionado mejor de lo esperado. Pese a las largas jornadas hubo mayor asistencia de congresistas a las sesiones y mayor número de las mismas tanto en comisiones como en plenaria. Demostramos a los incrédulos y críticos de esta modalidad, que, pese a las fallas de internet, cámaras o micrófonos, nada fue impedimento para llevar a cabo nuestro trabajo como lo exige la Constitución y la ley.

Cerrando este 20 de junio la tercera legislatura, llega la hora de hacer un balance de mi trabajo congresional, del cual destaco la radicación de 18 proyectos de ley en calidad de autora, y cinco como coautora. De los primeros, subrayo el que incentiva el uso de la guadua y el bambú, que pasó para tercer debate en Senado; objeción de conciencia, que lamentablemente se hundió nuevamente por falta de trámite en la Comisión Primera de Senado; etiquetas Braille, apoyo a los pescadores artesanales, protección a los ecosistemas de manglar, preservación del patrimonio arqueológico de los sistemas hídricos de la Mojana, y el reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio cultural de la Nación, que pasaron para segundo debate en plenaria de Cámara. A esto se suman cuatro iniciativas más como coautora: impuesto al turismo para la financiación de la infraestructura hospitalaria de San Andrés, que pasó a segundo debate en plenaria de Cámara; promoción de la tejeduría de iraca y enaltecer el Paisaje Cultural Cafetero, con primer debate en el Congreso.

En este punto quiero resaltar el trabajo que he realizado como ponente y coautora de la mano del Ministerio de Hacienda, del proyecto de ley de Sistema de Pagos y Mercado de Capitales, que tiene como finalidad promover un sistema más dinámico, competitivo e inclusivo acorde con la transformación digital y tecnológica que requiere el país; impulsar la inclusión financiera y el desarrollo del mercado de capitales, y fortalecer el marco regulatorio. Ya fue aprobado en primer debate en Comisión Tercera y pasa a Plenaria de Senado.

Adicionalmente fui ponente y coautora del proyecto de ley que da luz verde a la creación de la estampilla pro – Universidad del Quindío, con el cual se busca un recaudo de $50 mil millones para fomentar la investigación y la infraestructura de la institución, iniciativa que está a punto de ser Ley de la República. Así mismo, en calidad de coordinadora ponente se logró la aprobación de la Ley de Presupuesto 2021, que trajo consigo el presupuesto de Inversión pública más alto reportado, cerca de $58.5 billones, que ha permitido la continuidad a los programas sociales de transferencias condicionadas y la reactivación económica. De igual manera, destaco el avance como ponente en el tramite legislativo de proyectos de ley como el de Seguros Inclusivos, la Estampilla Pro-Hospitales públicos de Buenaventura y el que busca fomentar la libre competencia en los mercados.

En este tiempo también adelanté cinco debates de control político que me permitieron hacer veeduría a temas tan importantes como las irregularidades en la contracción y ejecución de proyectos de infraestructura en el Sena durante el gobierno Santos; el impacto de los programas sociales en la vida de los más vulnerables durante la pandemia; el uso de la biodiversidad en Colombia; el estado de los proyectos de Gramalote y La Mojana ejecutados por el Fondo Adaptación; y el impacto de la Ley 1816 de 2016 en la industria licorera.

No puedo dejar de mencionar el trabajo acucioso y riguroso que junto con la bancada del Centro Democrático hemos realizado para construir una ley de urgencia social que permita financiar programas sociales como Ingreso Solidario; educación superior gratuita para jóvenes de estratos 1, 2 y 3; incentivos al empleo formal; ampliación del subsidio a la nómina PAEF (hasta diciembre de 2021); y aumento del subsidio de Colombia Mayor. Para cumplir con esto, los congresistas de la bancada de Gobierno proponemos austeridad en el gasto (mínimo $1.7 billones anuales), congelar la tarifa de renta de las empresas en 34% y mantener el descuento en renta del 50% del impuesto de industria y comercio, y la sobretasa de renta a todo el sector financiero de 3%. Todo esto con el único objetivo de ayudar a millones de compatriotas a superar el impacto de la pandemia.

No han sido tiempos fáciles. A los enormes desafíos que nos impuso la pandemia se sumó un paro inhumano y devastador que ha causado la muerte de 27 personas, más de 2.500 heridos, 2.855 empresas cerradas o a punto de quebrar, y cerca de $15 billones de costo económico. Absurdo, todos perdimos. No contentos con las dificultades que vive el país, la oposición en su desmedida ambición política no sólo critica todo, sino que persiste en su afán de no dejar gobernar y de mantener la agitación social para, a través de vías de hecho, presionar al gobierno e imponer una agenda que de lejos no apoyaron los ciudadanos en las urnas. Aún en esta adversidad, el presidente Iván Duque se ha mantenido sereno y firme para afrontar estos aciagos momentos, y ha buscado que los mandatarios locales asuman sus responsabilidades de garantizar, en su ciudad, el orden público y la seguridad, con el apoyo del gobierno nacional.

Fue un difícil año legislativo porque los efectos del Covid en la salud y actividades de los colombianos ha continuado haciendo estragos, lo que ha dificultado atender bien a las comunidades, en especial a las de zonas rurales y con precario acceso a Internet. No obstante, mantuve mi férreo compromiso de fortalecer la institucionalidad, la democracia y la economía, así como de apoyar iniciativas que mejoren las condiciones de vida de los más pobres y vulnerables en un momento de tanta dificultad, y donde más necesitan de nuestra solidaridad y mano amiga.

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Atizantes del caos

Falta de sensatez, irrespeto por la autoridad y afectación a los bienes públicos, así como vandalismo a sus anchas es lo que se ha vivido en varias ciudades del país por cuenta del paro. Calles y avenidas llenas de gente que no solo no tienen un motivo claro y justificable para protestar, sino que muchos no han cumplido con los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del covid-19. Se han burlado de las Instituciones, incluida la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender los permisos de las movilizaciones.

No solo ha sido un acto de mezquindad con el personal médico y de salud que está saturado con la atención de pacientes contagiados, sino con el resto de los colombianos que hemos tenido disciplina social y autocuidado para preservar la salud individual, la de nuestras familias y la de la comunidad. Tristemente quienes atizaron el fuego para que cientos de personas salieran a participar de esta protesta exacerbada no solo observaron victoriosos y desde la comodidad de sus hogares como los que salieron se exponían abierta e irresponsablemente al contagio, sino que aplaudieron el vandalismo y el caos vivido en ciudades como Bogotá y Cali.

Desde que Gustavo Petro perdió las elecciones presidenciales en junio de 2018 anunció que no dejaría gobernar al presidente Duque, quien hay que recordar le ganó, en democracia, con más de dos millones de votos de diferencia. Hasta diciembre de 2019, cada dos o tres días hubo una marcha o paro y en 2020, por obvias razones, las cancelaron. Así que la protesta de esta semana estaba planeada, así como tienen en cola mínimo dos más para el resto del año. Entre las razones que arguyeron está el riesgo de contagio que representa el esquema de alternancia para que los niños asistan a sus clases, así como los “efectos negativos” del proyecto de ley de Solidaridad Sostenible radicado por el gobierno. Pero esas no son las verdaderas razones para incentivar movilizaciones. Su objetivo es político y el único fin es desestabilizar el país y querer, por esa vía, ‘tumbar a Duque’, un presidente legítimo, elegido por más de 10 millones de colombianos. La estrategia de la izquierda y sus aliados es convocar a marchas y paros para generar caos y vandalismo, buscar que salga la Fuerza Pública y llevar a que alguno de los marchantes resulte herido o con alguna afectación. Claro, sin dejar atrás su persistente interés en deslegitimar a la Policía o al Gobierno Nacional, para luego  presentarse como adalides de la moral, cuando ellos son la verdadera fuente de destrucción y caos.

Sin duda el terrible balance que dejan estas protestas solo reafirma que quienes atizan estos hechos son los mismos con las mismas, esos que quieren gobernar a como dé lugar sin importar que tengan que pisotear la salud y el bienestar de muchos ciudadanos; así como atacar las Instituciones e instar a la destrucción de los bienes públicos. Su actuar es el mismo: crear noticias falsas, manipular información e instar a la violencia para luego presentarse como “salvadores”, sin entender que este país lo que necesita son gobernantes serios, responsables y honestos que luchen contra la criminalidad, protejan la salud, promuevan el empleo digno y mejoren las condiciones de vida; verdaderos líderes que lleven las riendas del país con manos limpias, y no manchadas de sangre.

No puedo dejar de lado las execrables agresiones a las que han sido sometidos más de 200 integrantes de la Policía Nacional, varios de ellos adscritos al Esmad. Esta vez no fueron ataques con piedras y palos, sino que han usado artefactos explosivos para intentar quemarlos vivos, mientras que otros como el patrullero Ángel Gaviria, en Cali, se debate entre la vida y la muerte luego de ser gravemente lesionado con arma blanca, y el capitán Jesús Solano, comandante de la Sijín de Soacha (Cundinamarca), quien murió tras el brutal ataque de unos criminales. Pero de eso se dice poco, reina el silencio ante la humillación y la brutalidad a que fueron sometidos quienes están para garantizar la seguridad y el orden.

No deja de asombrarme la incoherencia de algunos mandatarios como la alcaldesa de Bogotá, a quien le sigue pareciendo urgente y necesario confinar a los ciudadanos de viernes a domingo con la excusa de frenar contagios, sin pensar en la afectación a los pequeños y medianos comercios, lo que está llevando a muchos al empobrecimiento. Lo curioso es que a los que protestan no les aplica el pico y cédula, ni cuarentena y mucho menos toque de queda. Palo para unos y condescendencias para otros.

Queridos lectores, bien hacemos en advertir que el riesgo de tener un gobernante irresponsable, incendiario, pésimo ejecutor, de corte similar al que tiene Venezuela, que los ha empobrecido, acabó la estructura productiva, disparó la inflación, arraigó la corrupción y la violencia, es latente en Colombia, y que por eso no nos cansamos de decir: ¡Ojo con el 2022!

Es evidente que esos que atizan con regularidad el caos solo quieren desdibujar las Instituciones y el mandato del presidente de la República, a quien le ha tocado el momento más crítico del país en la última centuria, no sólo para manejar acertadamente la pandemia y sus efectos económicos y sociales, sino para ayudar a preservar la vida de los colombianos. Hoy más que nunca debemos apoyarlo y alzar nuestra voz de protesta para que esa hermandad incendiaria y mezquina que tienen algunos para gozar del caos, la destrucción, los saqueos y la violencia, no llegue jamás a gobernar nuestro país.

Los que nos duele la Patria somos más, esos que estamos convencidos de que no es a través de las vías de hecho, ni del vandalismo que se construye país.

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El caos como estrategia

Colombia ha vivido días de horror y tristeza por cuenta del caos y el vandalismo atizado por algunos de los detractores del Gobierno Nacional, esos que llaman al desorden, la destrucción y la violencia, pero que callan descaradamente ante las consecuencias de sus nefastas acciones. Lo que inició supuestamente como una “protesta” contra una reforma tributaria que ya no existe, perdió legitimidad desde el momento en que gran parte de los manifestantes han usado las vías he hecho para buscar intimidar al Estado.

Intentar diezmar los pilares de la democracia es inaceptable. Incitar ataques contra la Policía y las Fuerzas Militares; difundir noticias falsas nacional e internacionalmente, y dañar bienes públicos, comercios y monumentos, y que además esto sea celebrado por algunos líderes de izquierda, causa indignación.

Este país es de 50 millones de colombianos; no solo de quienes salen a las calles, algunos con la intención legítima de sentar su voz de protesta, otros, la minoría, con la clara intención de causar destrozos, caos y sensación de desgobierno; sino de la mayoría que quiere trabajar y desarrollar sus actividades diarias con respeto a la ley y las instituciones, y con su esfuerzo contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas del país.

Claro que todos tenemos el derecho a protestar y que este está protegido por la Constitución, pero no se puede ejercer afectando y atacando a los demás y, mucho menos, incendiando un país por aspiraciones y frustraciones electorales individuales. (Lea también: Atizantes del caos).

Lo que vemos en esta protesta, que ya completa nueve días, es una estrategia organizada y bien armada para causar sensación de desgobierno y deslegitimar la gran labor que cumplen los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Los vándalos y terroristas urbanos han atacado a los uniformados con sevicia y odio. Ya son 826 heridos, varios de gravedad, y uno más vil y cobardemente asesinado mientras cumplía con su deber de garantizar la seguridad y el orden. Bien lo dijo el general Hoover Penilla: “Tratan de maniatar a la Policía porque saben que es el bastión que tiene la talanquera para que no puedan cumplir con su objetivo de desatar el caos”.  No entiendo en qué momento expresar descontento se volvió la fachada perfecta de muchos para atacar de esa manera a la Fuerza Pública. Tristemente parecen haber olvidado que la vida de un policía tiene el mismo valor a las de cualquier otro ciudadano.

De otro lado, es bueno preguntarse ¿dónde están esos que llaman a la desobediencia y la “resistencia civil” ahora que la seguridad alimentaria del país está en riesgo por los bloqueos y manifestaciones en las vías nacionales?, ¿cómo les explican a los hogares colombianos el impacto negativo en su bolsillo por la escasez de alimentos y artículos de la canasta familiar que han elevado sus precios?, y ¿qué decirle a esos productores del campo que han tenido que regalar su producción y en muchos otros casos desecharla?.  Ahí está la doble moral e incoherencia de los que se creen “salvadores del pueblo”, que no lo son, y que, con sus actos en vez de ayudar, encarecen la vida de los más pobres y vulnerables, esos a los que tanto dicen “defender y proteger” de palabra, porque sus acciones demuestran que lo que les favorece es su empobrecimiento. ¡Qué mezquindad!

El gran objetivo este año es vacunar a 35 millones de colombianos contra el covid-19 para frenar la curva de contagio, así como reactivar la economía, generar empleo y dinamizar la inversión pública para apoyar a los más vulnerables y fortalecer la estructura productiva del país. Lastimosamente la consecución de esas metas se verá afectada por un paro que desató vandalismo y cese de actividades.

Lo absurdo es que para levantar este caos los líderes del paro hacen peticiones que suman más de $80 billones, lo que equivale a 1.5 veces el presupuesto de inversión pública del gobierno para este año. No se puede exigir al gobierno Duque solucionar de tajo los problemas que ha acumulado el país a lo largo de los años.

Quiero terminar esta columna haciendo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen la información que está circulando y que comparten a través de redes sociales o cadenas de chat. Gran parte del problema está siendo la desinformación y las noticias falsas que circulan sin ningún control, empezando por los propios organizadores del paro, algunos líderes de izquierda, así como de personas que apoyan o no las manifestaciones.

Reitero la disposición que ha mostrado el Gobierno Nacional para escuchar a los diferentes actores sociales y buscar salidas a sus preocupaciones, siempre desde la base de construir un mejor país para todos.  Pido a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los colombianos, guiar y acompañar al presidente Iván Duque en este momento de dificultad. Estoy segura de que su liderazgo, prudencia, capacidad de análisis y compromiso por esta Patria lo llevarán a tomar las mejores decisiones.

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Esmad necesario

La tensa situación que vive nuestro país por cuenta del vandalismo, el caos, el terrorismo urbano, el desorden y la destrucción ha requerido de manera permanente la presencia en las calles del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Este es un grupo especializado de la Policía Nacional que tiene como función apoyar a la Fuerza Pública en el manejo de multitudes, disturbios y bloqueos, cuando su capacidad ha sido rebasada o cuando el orden público y la seguridad estén en riesgo extremo.

Es gracias a la presencia de estos casi 4.000 hombres y mujeres que componen el Esmad y que están desplegados en todo el país, especialmente en las ciudades donde se ha mantenido el caos y la agitación social, que han podido ser levantados 2.659 bloqueos que han afectado la movilidad, y controlados 1.195 disturbios, en los que han tenido que intervenir para restaurar el orden. Este es el pan de cada día del Esmad desde hace un mes que inició el paro y por ende las protestas que, en su gran mayoría, han estado enmarcadas en la destrucción y el vandalismo. Muchas veces afligidos por el agotamiento físico y algunos apenas recuperándose de las heridas y golpes, han permanecido de pie y en las calles para controlar esos grupos sin Dios ni ley, agresivos y preparados para causar daños y generar miedo e inseguridad. 

El Esmad, creado el 24 de febrero de 1.999, es una unidad de reacción preparada únicamente para afrontar situaciones de desorden social que afecten el orden público. No es una fuerza para “matar o masacrar” ciudadanos, tampoco es una fuerza tirana o feroz como algunos líderes de oposición al gobierno Duque lo han querido hacer ver para deslegitimarlos y manchar sus actuaciones. El escenario en el que se mueven quienes lo integran es altamente peligroso y eso lo reflejan los cientos de uniformados que han resultado gravemente heridos (1.116 en 30 días de protesta) luego de ser atacados con agentes químicos (ácido); bombas incendiarias con las que han intentado quemarlos vivos; armas de fuego (pistolas y fusiles); cuchillos y elementos contundentes. Otros, como fue el caso registrado en Palmira, Valle del Cauca, fueron secuestrados por varias horas, golpeados, amarrados y humillados por manifestantes.

Colombia no es el único país que cuenta con un escuadrón como el Esmad. Países como Japón, Italia o Hong Kong, por mencionar algunos, también tienen grupos móviles o unidades antidisturbios, equipos tácticos con la única tarea de prevenir cualquier alteración del orden público en protestas o eventos multitudinarios. Esto ratifica que, si bien el Estado debe garantizar el derecho constitucional a la manifestación pacífica derivada del derecho a la libre expresión ciudadana, también tiene el derecho constitucional para preservar la vida, el orden, la seguridad, la convivencia y la movilización. Cuando se vulneran con bloqueos o vandalismo, el instrumento disponible para recuperar el orden es la intervención de la Fuerza Pública para contener y disuadir a quienes insten al caos, el terrorismo y la destrucción.

No desconozco que ha habido crasos errores y que algunos miembros del Esmad han abusado de su autoridad, pero eso no es motivo para deslegitimar a toda una Institución. Son las investigaciones las que determinarán la responsabilidad que le asista a cada uno de los policías que irrespete no solo su uniforme, sino la consigna de actuar siempre apegados a la Constitución y la ley. No es un grupo de políticos de izquierda, influencers, líderes de opinión e incluso periodistas los que a través de las redes sociales juzguen el actuar del Esmad, cuando deberían ser prudentes y cautos y dejar que la justicia haga su trabajo, evitando así avivar más el caos y la violencia en las calles.

Es imperativo mejorar el equipamiento del Esmad, por ejemplo, integrar cámaras de videos en los cascos que permitan no solo transmitir en tiempo real, sino conocer la ubicación y movimientos del uniformado durante cada intervención, eso en caso de alguna investigación. Así mismo es importante revisar el equipo de protección (trajes, guantes, cascos, escudos blindados) para reducir los riesgos de lesiones. Hay que garantizar su integridad, pero también transparencia en su actuar.

Muchos líderes de izquierda han propuesto insistentemente eliminar el Esmad, e incluso estuvo contemplado durante el proceso con las Farc en la Habana. Además, en el pasado reciente ha habido pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que han contribuido a limitar el accionar del Esmad, a mi juicio en detrimento de la seguridad ciudadana. (Vea también: El caos como estrategia).

Finalizo reiterando mi total apoyo no solo al ministro de Defensa, Diego Molano, sino a todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía que velan por la seguridad y el orden. Quiero recordar estas palabras del general Hoover Penilla, subdirector de la Policía Nacional: “Los policías que están en las calles también necesitan que Colombia los respalde. Respondemos y damos la cara por lo malo, pero flaco favor le hacemos a la democracia cuando entramos a dejarnos manipular por las redes sociales. Los policías vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber y vamos a responder por lo que se derive de ese cumplimiento. No nos vamos a arrinconar ni a esconder”.

Rechazo la agresión verbal e irrespeto de algunos congresistas de la oposición, quienes en la Cámara de Representantes avergonzaron a nuestros policías, y de otros senadores que los han maltratado incluso con palabras soeces. Si nosotros no damos ejemplo, es difícil pedir a los demás que lo hagan. Ninguna institución es perfecta porque está constituida por hombres y mujeres que somos imperfectos. Pero gracias a la Policía y al Ejército es que en un país como este, con tanta criminalidad y violencia, tenemos protección y defensa de las libertades. A ellos mi gratitud y afecto.

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El desangre del paro

Las pérdidas económicas tras un mes de paro son incalculables. El impacto de los bloqueos, el vandalismo y el cese de actividades productivas tiene en jaque la reactivación del país, sumado a los devastadores efectos en materia económica, política y social que nos dejó la pandemia del covid-19. Una crisis sin precedentes.

Estos 37 días de paro no dejan más que pérdidas económicas, muertes, heridos, vandalismo y destrucción. Los que auspiciaron esta agitación social permanente, esos que se ufanan de hablar por los más vulnerables, pero que no son su voz, parecen haber olvidado que son precisamente ellos, esos a quienes tanto pregonan “representar”, los que están pagando las consecuencias con el encarecimiento de los alimentos, desabastecimiento de productos de la canasta familiar, falta de transporte para llegar a sus hogares, y muchos despedidos como consecuencia de la crisis en la que están sumergidas cientos de empresas que se han visto abocadas a cierres de sus actividades.

Los que se proclaman “comité del paro” olvidan que los bloqueos de vías no son un arma de protesta y que están penalizados en nuestro ordenamiento jurídico; por ello, apoyo la decisión del Gobierno Nacional de no negociar nada hasta que los bloqueos sean levantados y cese el desorden y el vandalismo. Reitero que esos que persisten en mantener la agitación social no han entendido que el gobierno del presidente Iván Duque no cederá a manipulaciones, y por ende no se arrodillará a las pretensiones, varias absurdas, a las que tienen supeditado el levantamiento de un paro que perdió legitimidad como consecuencia de la violencia y vandalismo que lo permeó.

Durante el mes de mayo, el paro ya sumaba pérdidas entre $4.8 y $6.1 billones, según estudio de Fedesarrollo; es decir, unos $203.000 millones diarios. Esto sin sumar los daños a bienes públicos y privados que podrían superar los $15 billones. Una tragedia teniendo en cuenta la necesidad apremiante de recursos para garantizar la atención de los más vulnerables, generar empleo, reactivar la economía y sostener las finanzas públicas. Es muy triste registrar que el costo de este paro, solo en mayo, es 1.5 veces superior al efecto del paro nacional camionero de 2016, según Fedesarrollo. (Lea también: El caos como estrategia).

No podemos ser mezquinos ante la realidad que vive el país. Así como es legítimo el derecho a manifestarse, también lo es a respetar la vida, honra, integridad, seguridad, alimentación y bienestar de los ciudadanos que no salen a las calles a protestar. Derechos claramente pisoteados y burlados no solo por los vándalos y terroristas que están en las calles haciendo de las suyas, sino del “comité del paro” y de esos líderes de oposición que persisten en mantener la agitación social. Tristemente en mayo evidenciamos una reducción en el abastecimiento de alimentos cercano al 19,3%, comparado con el mismo mes de 2019, con implicaciones directas en el alza de los precios de alimentos e insumos, afectando más a los hogares de ingresos bajos. En Cali y Bogotá, dos de las ciudades con mayor afectación, el alza de los precios ya supera el 30% en algunos productos de la canasta familiar. Sólo un ejemplo, en Bogotá un plátano que valía $700 en marzo, la semana pasada costaba $2.000.

Y ni qué decir de las afectaciones en la industria, el agro y el comercio, los cuales concentran el 80% de los costos que ha dejado la protesta. Estos sectores son los que generan casi la mitad de los empleos del país, con cerca de 9.45 millones de personas contratadas, 47% del total de ocupados. El riesgo de que no se recuperen los empleos perdidos es grande, debido a la reducción en la confianza para invertir y a que muy seguramente aprovecharán algunas empresas para reconvertirse con mayor inversión en tecnología que en mano de obra. Así que estas consecuencias negativas sobre el empleo también son responsabilidad de los promotores de bloqueos, vandalismo y estigmatización de sectores productivos y de empresas.

Según Confecámaras, el 90,4% de los empresarios aseguran que, de los puestos de trabajo que tienen, entre 1 y 5 están en riesgo de perderse como consecuencia del paro. Tomemos como ejemplo a Huevos Kikes. La compañía ha registrado pérdidas superiores a los $18.000 millones, tuvieron que sacrificar a 400.000 gallinas por falta de alimento, y 2.500 empleos directos están en riesgo; situación que según la empresa, es la “peor crisis en toda su historia”. Pero así estamos, y como ellos hay muchos más. Según encuesta realizada por las Cámaras de Comercio a 12.979 empresarios, el 22,2% aseguró que tuvo que suspender su operación; mientras que el 53,4% ha operado a menos del 50% de su capacidad.

El sector privado, con empresas de todos los sectores y tamaños, representa el 90,8% de las relaciones laborales dependientes. Por esta razón, es insensato salir a exigir mejores empleos, cuando se está destruyendo el aparato productivo generador de empleo. (Vea también: Atizantes del caos).

Los líderes del paro y la agitación social han atentado contra uno de los pilares más importantes de la democracia liberal, como es la libertad para crear empresa y desarrollar la iniciativa privada. Quieren meternos en un modelo fracasado del Estado empresario, ineficiente y corrupto, y además reproduce la pobreza monetaria y de espíritu. Es inaudito ver a los que sí aportan al crecimiento y a la generación de empleo del país desesperados y a punto de perder el esfuerzo de muchos años de trabajo.

Es imperativo levantar los bloqueos. El país no puede seguir sumido en la crisis por cuenta del vandalismo y la destrucción. La reactivación es urgente, el bolsillo de los colombianos no da más. La libre movilidad es un derecho y ningún colombiano, ni siquiera el Presidente, tiene por qué rogar o someterse ante un grupo de personas insensatas, e incluso algunas pagadas y otras drogadas, según informa la comunidad, que persisten en causar sensación de desgobierno y ver el país empobrecido y diezmado anímicamente, para luego aparecer como “redentores”, cuando son ellos los responsables de este desastre.

¡No más!

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Reforma policial

Nuevamente está sobre la mesa la propuesta de reformar a la Policía Nacional. Si bien comparto que la Institución esté sujeta a cambios que le permitan mejorar y continuar su labor en materia de seguridad, derechos humanos, capacidades tácticas y de inteligencia, entre otras, para fortalecerla, también es claro que nuestra policía se ha mantenido fiel a lo que establece nuestra Constitución Política en el artículo 218, que expresa la necesidad de tener “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para que los habitantes de Colombia vivan en paz.”

Aquí no podemos olvidar que es gracias a esos 171.779 hombres y mujeres policías desplegados en el territorio nacional que hay seguridad y orden. Es imperativo recordarles a esos que con tanto ahínco critican, juzgan y condenan a la Policía, que esa Institución es pionera en el mundo, y que sus estándares de servicio son de los más altos en el hemisferio; de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos.

Por supuesto que, como toda institución conformada por personas, y más con un número tan alto de miembros, hay errores y abusos de autoridad por parte de algunos integrantes de la Policía. Por ello no podemos desconocer que nuestro país lleva cerca de tres décadas en un proceso de depuración al interior de la institución para luchar no sólo contra violaciones a los derechos humanos, sino contra la corrupción y la permisividad con el narcotráfico y otras actividades ilegales de algunos de sus miembros, que gracias a Dios son la minoría. De ahí que toda conducta que se aleje de la Constitución y la ley debe investigarse y castigarse; pero lo que no puede pasar es que se estigmatice a toda la Institución, en la cual la inmensa mayoría de sus miembros a diario prestan su servicio con rectitud, entrega y compromiso con la Patria y el bienestar ciudadano.  

Esta semana el presidente Iván Duque anunció una reforma a la Policía, que, entre otros aspectos, contempla el fortalecimiento del pie de fuerza en las calles con 34.000 nuevos efectivos en cuatro años. Así mismo se reforzará el Esmad, no sólo con más personal, sino que se robustecerá la formación y capacitación de sus integrantes, y se modernizará con elementos de protección e indumentaria; esta última, contempla la integración de cámaras de video en los cascos y código QR en los uniformes. Lo primero permitiría realizar transmisiones en vivo y verificar en tiempo real los movimientos en campo; y lo segundo, al ser escaneado, dará acceso completo a la identificación de los uniformados, así como a la unidad a la que pertenecen.  Estos aspectos de la propuesta son importantes. (Lea también: Esmad Necesario).

El proyecto de ley, que será radicado el próximo 20 de julio, también contempla la reestructuración de la Inspección General, un nuevo sistema de recepción de quejas y denuncias, nueva imagen institucional y la actualización del Estatuto Disciplinario para fortalecer la investigación y procedimientos sobre las conductas de los policías. Otro de los puntos informados que contiene la reforma, y que comparto plenamente, es la profesionalización de nuestros policías; para lo cual, sería creado el Centro Policial de Estándares y la universidad policial, lo que permitirá ampliar el conocimiento y las competencias de los uniformados, y mejorar su proceso de desarrollo para ascenso en la escala profesional.

Si bien la propuesta de reforma tiene aspectos valiosos como los mencionados anteriormente, la forma y el mensaje como se presentó fueron inoportunos y desatinados; entre otras cosas porque el énfasis se hizo en temas de Derechos Humanos, que pudiera generar dudas sobre el respeto a dichos derechos por parte de nuestros hombres de la policía. Igualmente, dicha propuesta de reforma se da en momentos de agitación social por bloqueos, paros y marchas donde los líderes de dichas acciones están haciendo creer que el problema es el Esmad y los demás miembros de la Policía que han intervenido, y no la incitación a la violencia que muchos de los que están en la calle hacen, ante lo cual la Policía tiene que reaccionar para recuperar el orden y la seguridad. A ello se suma lo que con indignación y rechazo hemos visto de maltrato e irrespeto al que han sido sometidos nuestros policías.

Es claro que los desafíos para Colombia en materia de seguridad son enormes y por eso comparto y apoyo los cambios y mejoras que pueda tener la Policía Nacional. Me parece bien que el gobierno del presidente Duque mantenga a la Policía en el Ministerio de Defensa y no como algunos han pretendido pasarla al Ministerio del Interior; entre otras cosas, porque correría el riesgo de politizarse, como ocurrió en la primera mitad del siglo 20, o como sucede actualmente en el vecino país de Venezuela.

Esta reforma, la primera que será discutida en un debate democrático en el Congreso, debe tener como único objetivo mantener y mejorar a la institución sin que se pierda el espíritu para el que fue creada, que no es otro que el de velar por la seguridad de todos los colombianos.

Reitero mi total respaldo a la Policía, quienes han servido con honor, entrega y sacrificio a esta Patria por más de 130 años.

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Un paisaje para el mundo

Colombia es un lugar lleno de espacios mágicos que esconden culturas únicas y tradiciones milenarias que hoy son reconocidas en el mundo entero. Exaltar la gran riqueza que posee nuestro territorio es todo un reto dada la gran diversidad en materia de flora, fauna y exuberantes paisajes que nos rodean. Esta vez haré mención a un pedacito de país con el que tengo un arraigo especial: el Paisaje Cultural Cafetero, una tierra única que merece ser preservada, conocida y admirada por la humanidad.

Este paraíso con olor a café fue reconocido por la Unesco, el 25 de junio de 2011, como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Quienes hemos tenido la fortuna de conocer, vivir y disfrutar de esta tierra fresca y de gente pujante no solo valoramos inmensamente este reconocimiento, sino que trabajamos día a día en pro de forjar el desarrollo de la región, manteniendo viva la tradición productiva cafetera, y la cultura, arquitectura, gastronomía y turismo asociados a la caficultura, propias de esta hermosa tierra.

El Paisaje Cultural Cafetero reconocido por la Unesco cobija a 51 municipios, incluida el área de amortiguamiento, de cuatro departamentos: Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. En esas firmes montañas donde el café colombiano cobra vida hay más de 79 mil caficultores con 95.503 fincas y 172.000 hectáreas sembradas de café, una de las bebidas con mayor reconocimiento y más consumidas en el mundo entero. Tal es el movimiento del ecosistema cafetero que ni la pandemia fue impedimento para que, según la Federación Nacional de Cafeteros, en 2020 Colombia lograra una producción de 13.9 millones de sacos de café verde. Así mismo, las exportaciones alcanzaron los 12.5 millones de sacos. Tan bueno fue el comportamiento que para ese mismo año los cafeteros lograron recoger una cosecha por valor de $9 billones, el mayor en 20 años, gracias además al buen precio internacional del grano que se ha situado entre $1.39 y $1.61 dólares por libra, lo que ha permitido que el precio de la carga en el país este en $1.4 millones.

En respuesta a la dinámica económica, cultural y turística de esta región es que desde el Congreso de la República he impulsado iniciativas que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población, preserven la caficultura y la cultura cafetera, y promuevan un turismo en armonía con la conservación de los recursos naturales de la región, este último clave para la reactivación económica que tanto necesita el país. Entre ellas está la Ley 1913 de 2018 que creó la Comisión Intersectorial del Paisaje Cafetero, como instancia de articulación y coordinación de acciones para impulsar y preservar dicho patrimonio. La Comisión fue instalada hace dos años por el presidente Iván Duque y la preside el Ministerio de Cultura, con secretaría técnica de la Federación Nacional de Cafeteros. Igualmente está en trámite en el Congreso el proyecto de ley que busca reconocer el Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Cultural de la Nación. Es increíble que hoy sea reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco pero no tenga ese reconocimiento nacional. Con ello, busco garantizar su preservación, conservación y protección por parte del Gobierno Nacional y autoridades departamentales y municipales, para reforzar así la declaratoria hecha por la Unesco y velar por el cumplimiento de los criterios definidos por ese organismo para preservar dicho reconocimiento. Esta iniciativa legislativa, de mi autoría, fue aprobada en primer debate. Con esto también se hace justicia con la caficultura colombiana.

A lo anterior se suma mi participación como coautora de otro proyecto de ley que busca enaltecer el Paisaje Cultural Cafetero y articularlo con los Planes de Desarrollo departamentales y municipales con el fin de preservar a nivel local los aspectos que valoró la Unesco para la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad.

Mantener esa declaratoria nos obliga como país a superar cuatro retos en el corto plazo: mantener la predominancia del cultivo de café en la zona, preservar la tradición cultural cafetera, conservar la biodiversidad en las zonas cafeteras e incluir en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal los compromisos con el PCC y cumplirlos.

Es por esto que conmemorar esta primera década de la declaratoria como Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad, es una gran oportunidad para que este activo invaluable sea valorado, respetado y preservado en el tiempo por las generaciones actuales y futuras, cuya economía y cultura han girado en torno a la producción cafetera por más de 100 años.

Nota: al terminar de escribir estas líneas supe del vil atentado terrorista contra el presidente Iván Duque. Doy gracias a Dios que no lograron acabar con su vida ni la de sus ministros y acompañantes. Mi apoyo al presidente para que con firmeza y de la mano de nuestra Fuerza Pública combata el terrorismo, narcotráfico y criminalidad.

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Pandemia, un año de desafíos

El mundo sufrió un sacudón como ninguno. La sorpresiva llegada del covid-19 obligó a la humanidad a cambiar por completo su dinámica de vida, pasando de lo que conocíamos como “normalidad” a un estricto confinamiento, uso obligatorio de tapabocas e implementación de protocolos de bioseguridad para salvaguardar vidas y frenar la curva de contagio. No obstante, pese a los esfuerzos para prevenir el contagio y sus efectos, este virus ha cobrado tristemente la vida de 2.625.132 personas en el mundo; y más de 60.000 en Colombia.

En materia económica y social el impacto de la pandemia ha sido una tragedia para los hogares, empresas y gobiernos. Los efectos aún no han sido medidos en su totalidad, pero estamos seguros que dejará cicatrices por varios años, y que exigirán apoyo nacional y entre países para la recuperación luego de los efectos devastadores en los ingresos, empleos y crecimiento de las economías. Confío en que después de un año dificilísimo tengamos lecciones aprendidas que nos permitan fortalecernos y disponer de mejor capacidad de reacción y acción ante otro posible evento de esta magnitud.

Esta semana se cumplió un año del primer caso registrado en el país de contagio de covid-19, y amerita revisar algunas decisiones del gobierno. Inicio diciendo que todos los días doy gracias a Dios por haber tenido al frente, en tan difíciles momentos, a un presidente como Iván Duque, sereno y responsable para tomar decisiones. Desde el primer día, Él junto con su equipo de gobierno le pusieron el acelerador al plan que sería la hoja de ruta para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que la emergencia desató. Han sido esas decisiones prudentes y acertadas las que permitieron no solo salvar vidas, sino responder a las necesidades de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables, quienes se vieron duramente afectados por el confinamiento y cierre del 80% de las actividades productivas.

El covid-19 le reconfiguró las prioridades al gobierno, y obligó al presidente Duque a enfocarse de lleno en la atención de la emergencia sanitaria, social y económica provocada por la pandemia, que en términos económicos nos dejó una caída del PIB de -6,8%, una tasa de desempleo del 15,9%, aumento de la pobreza al 44,7% y la pérdida de 509.700 micronegocios, entre otras cifras negativas. Sin bien el esfuerzo del gobierno ha sido contundente e importante, la magnitud de la crisis exige más. Se estima que en 2020 fueron destinados $27.6 billones para programas sociales, atención sanitaria y preservación del empleo. A ello se suman los recursos asignados para apalancar capital de trabajo y pago de nómina a través de garantías hasta del 90% con el sector financiero, y cerca de $40 billones de recursos generadores de liquidez a través del Banco de la República, entre otros. Se calcula que en total cerca de $130 billones se han destinado para atender los efectos de la pandemia. 

En este sentido, quiero ponderar los resultados positivos que han tenido los programas sociales, y que según estimativos de Fedesarrollo habrían contribuido a mitigar en casi 4.5 puntos porcentuales el incremento de la pobreza. Para su ejecución, el gobierno destinó $12.3 billones en 2020. El novedoso programa Ingreso Solidario lanzado por el gobierno benefició a 3.084.987 colombianos, con una inversión de $4.3 billones; Colombia Mayor atendió a 1.678.994 ciudadanos con $2.8 billones; Familias en Acción llegó a 2.633.598 personas con $3.8 billones; 435 mil Jóvenes en Acción atendidos con $1.1 billones, y finalmente, la devolución del IVA por $375 mil millones a 1.000.000 de hogares. Para preservar el empleo y la supervivencia de las empresas, el gobierno Duque creó el programa PAEF que permitió proteger 3.9 millones de empleos con una inversión de $5.8 billones.

También quiero resaltar el fortalecimiento que ha tenido el sector salud durante la pandemia, el cual tuvo una inversión de $9.5 billones en 2020. Por ejemplo, en materia de infraestructura, fueron destinados $782.461 millones para dotación y mejoramiento hospitalario. Colombia pasó de tener 5.346 camas UCI a 12.000 en todo el país, llegando a territorios como Chocó y Buenaventura que antes no contaban con este servicio. Igualmente, pasamos de tener un solo laboratorio para el procesamiento de pruebas covid-19, a 165 avalados por el Instituto Nacional de Salud (INS), con capacidad para procesar 65.090 pruebas diarias. La telemedicina también se aceleró en esta contingencia. En marzo de 2020 eran atendidas por esta vía 1´194.000 personas, y en enero 2021 llegó a 10´600.000 pacientes.

Pero el gran reto del Gobierno Nacional es avanzar en la vacunación y la inmunidad de rebaño. De acuerdo con la proyección del DANE, este año el país tendrá 51´049.498 habitantes. Para poder generar inmunidad colectiva, según evidencia científica, es necesario inocular al 70% de la población, es decir, 35´734.649 colombianos. Por ello el gobierno tiene garantizadas 61.5 millones de dosis para lograr que esa población esté vacunada este año.

Inmensa gratitud al presidente Duque y a su equipo, quienes han hecho una extraordinaria tarea. Esta pandemia puso a prueba no solo el talante y calidad de los gobiernos, sino la humanidad y formación del personal médico y de salud, primeros al frente de la atención de los pacientes contagiados. A ellos también mi gratitud, como a nuestra Fuerza Pública, trabajadores del campo y tantos otros colombianos que se han entregado con amor para hacer más llevaderos los difíciles momentos vividos. Los que hemos padecido y sobrevivido al covid-19 sabemos que sólo con disciplina, autocuidado, y disposición para atender las sugerencias de las autoridades saldremos victoriosos de esta pandemia.

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Juventud, retos pospandemia

En Colombia hay cerca de 12 millones de jóvenes entre los 14 y 29 años, de ellos el 77% viven en zonas urbanas y el 23% restante en la ruralidad. Reconocer los retos a los que se enfrentan constantemente es fundamental para entender las dinámicas sociales y económicas que pueden afectar o contribuir en su desarrollo, teniendo en cuenta que representan cerca del 28% de la población colombiana.

Históricamente los jóvenes se han enfrentado a dos grandes desafíos. Por un lado, a fuertes restricciones en el acceso a la educación superior, generalmente por problemas de liquidez de los hogares, insuficiencia de cupos, falta de articulación con la educación media, barreras en el acceso a créditos y falta de información. Por otro, enfrentan barreras en el mercado laboral, por falta de experiencia, de estudio o de oportunidades para su vinculación laboral. (Lea también: Pandemia, un año de desafíos)

52,2% es la cobertura en educación superior en Colombia, 13.1 pp se ha incrementado frente a lo registrado en 2010. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por lograr la inclusión de casi 700 mil nuevos estudiantes entre 2010 y 2019, aún es insuficiente y ha tendido a disminuir en los últimos años. Una de las posibles explicaciones de la reducción de la cobertura (de 54% a 52%) es el problema de liquidez que enfrentan los hogares, especialmente los más vulnerables, en los que los jóvenes se convierten en apoyo económico después de concluir su educación media. Por ello tengo que destacar el programa Generación E, impulsado por el gobierno Duque, que a través de una inversión de $850 mil millones ha permitido que 132.050 jóvenes continúen con sus estudios de educación superior. La meta es llegar a 336.000 jóvenes.

De igual manera, quiero destacar el papel que ha jugado el ICETEX a través de los créditos educativos. 838.930 colombianos se están beneficiando con créditos educativos en diferentes modalidades. En esa línea resalto el esfuerzo del Gobierno Nacional para garantizar la permanencia en la educación superior a través del Plan de Auxilios Educativos covid-19, que en 2020 benefició a 120.000 jóvenes, con ampliación de periodo de gracia, interrupción de pagos en cuotas de créditos vigente, reducción transitoria de intereses, o ampliación de plazos en los planes de amortización.

Si bien los créditos actuales han sido claves para incentivar el acceso a la educación superior, también han significado una carga impagable para muchos jóvenes que no logran acceder al mercado laboral de manera inmediata o para aquellos cuyos ingresos son insuficientes para asumir los pagos. De ahí todos los esfuerzos que se puedan hacer para reducir los costos de financiamiento a través del ICETEX, y moverse a un mecanismo que consulte más la capacidad de ingresos de los beneficiarios.

Lamentablemente la ley 1911 de 2018, que contempla un modelo de financiación contingente al Ingreso no ha podido implementarse porque, según informa la entidad, vuelve inviable al ICETEX. El Gobierno Nacional ha anunciado que radicará en los próximos días un proyecto de ley que revisa esas realidades para mejorar las condiciones de financiamiento de la educación superior de nuestros jóvenes.

Otro de los grandes retos es el acceso al mercado laboral. Si bien, en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley de Crecimiento se incorporaron incentivos para la contratación de jóvenes, como deducción del impuesto a la Renta por la contratación de jóvenes menores de 28 años vinculados por primera vez al mercado laboral, y la prelación de la contratación de jóvenes en entidades públicas, el panorama sigue siendo difícil, más aún después de la pandemia del covid-19. Según el último reporte del DANE, la tasa de desempleo juvenil es de 22,5%. Una tragedia para las familias, la autoestima y la esperanza de nuestros jóvenes.

Esa grave realidad laboral exige aunar esfuerzos en torno a la inserción de los jóvenes a la vida laboral; punto en el que urge una articulación efectiva entre la oferta académica y la demanda de empleo, lo cual tendrá que ir de la mano de las nuevas tecnologías, así como de mayor promoción y apoyo al emprendimiento productivo. Aplaudo y respaldo la reciente decisión del presidente Iván Duque de que el Estado financiará por 5 años los costos de los parafiscales para las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años, así como que habrá gratuidad de la educación superior para esta población de estratos 1,2 y 3.

Finalmente, quiero hacer énfasis en la responsabilidad social que tenemos con nuestros jóvenes, especialmente con aquellos que están haciendo la transición a la vida laboral en medio de un panorama económico incierto. No hacerlo, puede tener consecuencias significativas en toda una generación que podría ver afectado su futuro económico o correr el riesgo de pertenecer a la población de NINIS (población de jóvenes que no estudian ni trabajan) en Colombia.

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Ley de Solidaridad Sostenible II

Inició el debate de la Reforma Fiscal de Solidaridad Sostenible, protagonista por estos días de álgidas discusiones y análisis por parte de economistas, políticos y líderes de opinión, así como de núcleos familiares y amigos. Eso es lo maravilloso de nuestra democracia, poder discutir y dar el debate, con argumentos y siempre de forma constructiva, teniendo como único fin alcanzar y mantener la estabilidad económica y social de nuestro país. (Lea también: Ley de Solidaridad Sostenible (I)

Es cierto que a nadie le cae bien que le hablen de más impuestos o de cambios bruscos en las reglas de juego.  Pero la realidad del país, como del mundo entero por cuenta de la pandemia, obligó al gobierno del presidente Iván Duque a tomar medidas de urgencia para responder a la falta de recursos públicos para atender no sólo la emergencia sanitaria, sino la situación de ese 45% de los hogares colombianos que hoy están en condición de pobreza, cifra que aumentó 10 puntos con la llegada del covid-19.

Es importante que el país entienda que estudiar y debatir en el Congreso de la República la reforma tributaria presentada por el gobierno es una medida urgente, y que debe implementarse con modificaciones. Pero, además, nos obliga a todos en este crucial momento de dificultades a ser solidarios, en especial a quienes tenemos mayores recursos económicos o no hemos visto afectado nuestro ingreso, como es el caso de los funcionarios públicos. De no dar trámite a esta Ley de Solidaridad Sostenible, con $90 billones de déficit de las finanzas públicas, el Estado se verá obligado a hacer recortes en inversión social y en otros sectores, al tiempo que estaremos abocados a que la estabilidad macroeconómica del país quede en riesgo. Colombia adeuda cerca del 62% del PIB, es decir, que de cada $100 que producimos, debemos $62. Eso refleja, en parte, la magnitud de la crisis.

En mi columna de la semana pasada senté mi posición sobre la sección de gasto social establecido en el proyecto de reforma, donde se proponen alternativas contundentes para contrarrestar el incremento de la pobreza y un paquete de medidas enfocadas en la promoción y conservación del empleo formal. Ahora bien, la pregunta que sigue es: ¿cómo podemos financiar este paquete de medidas de gasto social y sopesar el impacto negativo en las finanzas públicas, sin afectar el poder adquisitivo de los colombianos?

Como mencioné anteriormente, una de las principales preocupaciones sobre la Ley de Solidaridad Sostenible es cómo afecta el poder adquisitivo de las personas de ingresos medios y bajos. Sobre este punto, me gustaría señalar que el ingreso de los hogares de más bajos ingresos se incrementará con esta propuesta de reforma en 68% gracias a las transferencias de los programas sociales. Con lo cual no solo se contribuye a su bienestar, sino que se estimula la demanda de la economía. De otro lado, las personas ubicadas en los deciles más altos de la distribución del ingreso, entre el decil 7 y 10, evidenciarían una reducción en su poder adquisitivo entre -1% y -4%. Con lo cual se reitera la progresividad de varias de las medidas propuestas en el proyecto de ley en discusión.

Mi partido el Centro Democrático acompaña muchas de las propuestas presentadas en el proyecto de ley, pero ha sido claro en que hay otras que deben ser modificadas para que esta iniciativa cumpla con cuatro principios fundamentales: equidad, solidaridad, austeridad y lucha contra la evasión.

En primera medida, si bien se elimina la contribución del 20% a la factura de los servicios públicos que pagan los estratos 5 y 6, se debe replantear la postura del gobierno de gravar con IVA del 19% los servicios públicos del estrato 4. Hemos propuesto que los servicios públicos de todos los estratos estén excluidos de cualquier gravamen. En esa misma línea es necesario mantener los alimentos de la canasta básica familiar en la categoría de exentos de IVA. Es bueno precisar que de los 181 bienes que conforman la canasta familiar, 98 tienen IVA del 19%, 10 del 5% y 73 productos están exentos con impuesto de 0%, entre ellos los alimentos. Soy consciente de la regresividad del IVA, y por ello hace dos años se aprobó devolver $37.500 mensuales de ese impuesto a un millón de hogares pobres, y en la nueva propuesta de reforma se plantea aumentar esta devolución a $50.000 mensuales para dos millones de hogares. Una ayuda importante para los ingresos de los más vulnerables.

Es bueno resaltar que según la última encuesta Pulzo Social realizada por el DANE, en febrero de este año, 1.5 millones de familias dejaron de tener tres comidas al día, y 92.214, pasaron a tener una sola ración diaria, lo que nos exige evitar alzas en los precios de los alimentos y mayor  competitividad en la producción agroalimentaria nacional, frente a los productos importados.

En lo que respecta al impuesto de renta para las personas naturales, reitero la necesidad de que más personas declaren renta con el fin de fomentar la formalización y una cultura de tributación, pero que NO todos paguen impuestos. En este sentido, desde el Centro Democrático proponemos que solo las personas con ingresos superiores a $50 millones anuales paguen una tarifa gradual y razonable dado su nivel de ingresos. Sobre el impuesto a las pensiones, vamos a insistir en que únicamente sean gravadas aquellas subsidiadas con mensualidad superior a los $14 millones. Es importante señalar que actualmente en el Régimen de Prima Media, las pensiones tienen subsidios que se incrementan a medida que aumenta el monto de la pensión, por lo que el Estado subsidia cerca del 60% del monto que reciben las altas pensiones.

Para finalizar, voy a mencionar algunos puntos que defenderemos. No gravar con IVA el servicio de internet para hogares de estrato 3, dado que los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios de estratos 1 y 2 están excluidos del gravamen. Este servicio pasó a ser esencial, como consecuencia de la pandemia, y permite no solo el teletrabajo, sino que niños y jóvenes continúen con sus actividades académicas. Así mismo, revisaremos el incremento del IVA al combustible, sopesando los efectos ambientales, sociales y económicos de esta medida. 

Lo importante es dar el debate y hacer las modificaciones en el Congreso, llegando a acuerdos entre las bancadas de los diferentes partidos políticos de apoyar a los hogares pobres y vulnerables, y de aumentar los ingresos tributarios con mayor contribución de las personas naturales de altos ingresos; la sobretasa solidaria y temporal al impuesto de renta a las empresas; la eliminación de beneficios tributarios como el descuento del ICA, y poner la tarifa general de IVA a bienes suntuarios. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para poder recaudar no menos de $13 billones, 45% menos de lo estimado por el gobierno, pero el doble de lo recaudado con la última reforma.

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El pliego de la insensatez

Se conoció esta semana el rosario de peticiones que exige el comité del paro para levantar las manifestaciones y poner fin a más de 15 días de bloqueos, vandalismo desorden y caos en varias ciudades del país. El documento, que contiene 18 puntos y se estima cueste cerca de $81 billones al año, no solo es incumplible, en su gran mayoría, sino que busca imponer la visión de una minoría y cambiar de tajo y a través de la manipulación, el plan de trabajo serio y juicioso de un gobierno legítimo, pese a las grandes dificultades que ha tenido que sortear como consecuencia de la pandemia. (Vea también: Atizantes del caos).

El comité del paro parece haber olvidado que el respeto es indispensable cuando se ejerce liderazgo, ese que ellos tanto pregonan a los cuatro vientos cuando se proclaman portavoces de muchos colombianos inconformes. Pero ¿dónde queda el respeto a la vida, la salud, el trabajo y la libre movilidad de miles de colombianos que no apoyan su causa, y que se están viendo afectados por el cese de actividades, la violencia, los desmanes y la falta de transporte para cumplir con sus actividades? No puede ser que aquí se privilegien los derechos de unos pocos y no de todo un país que pide a gritos una reactivación económica y social urgente.

En los primeros puntos del pliego de peticiones está el “desmonte del Esmad”. Una petición inaceptable porque son ellos a los que la Constitución y la ley les da el mandato de preservar el orden y la seguridad cuando hay desmanes. Esta insistente petición de los líderes de izquierda y de los vándalos es absurda, si se tiene en cuenta que, gracias a aquellos que no aceptaron la derrota en las urnas en 2018, se han propuesto mantener a Colombia en una agitación social permanente y sumir al país en marchas y paros buscando la desestabilización social, económica y política para no dejar gobernar a Duque. Gracias a la Policía los ciudadanos nos sentimos respaldados, protegidos y con tranquilidad de que la Fuerza Pública va a defender la vida, bienes y honra como reza el mandato constitucional. Para la muestra un botón de la importancia de contar con el Esmad es que, hasta la misma alcaldesa de Bogotá, que tanto los ha maltratado y pedido que no actúen, se ha dado cuenta de la importancia de llamarlos al servicio, cuando ha comprobado que es imposible que solo la Fuerza Disponible y los gestores de convivencia controlen las turbas enardecidas.

El gobierno del presidente Iván Duque ha seguido un plan nacional de vacunación para prevenir el covid-19, basado principalmente en priorizar las poblaciones de más alto riesgo, así como en fases de acuerdo con las edades de las personas. Con lo cual, no hay diferencia ninguna ni de condición socioeconómica ni regional, buscando llegar a todos en igualdad de condiciones. Pero Fecode exige vacunación masiva para levantar el paro y volver a las aulas. Qué irracionales y flojos esos sindicalistas del magisterio, que en vez de asumir su importante responsabilidad de ayudar a que la transición de la alternancia educativa de niños y jóvenes se realice con todos los protocolos de bioseguridad y se evite ese rezago educativo vivido por la pandemia, se nieguen a trabajar con ese argumento, cuando colegios privados y algunos pocos oficiales han vuelto a las aulas. Y para agregar, el Ministerio de Salud ya dio luz verde a la inmunización de docentes en el país, con lo cual ya no hay excusa para que siga en vilo el reinicio de clases presenciales.

Ahora pongamos sobre la mesa las cifras detrás de algunas de las exigencias del comité del paro y cómo algunas de estas ya han sido implementadas o anunciadas por el Gobierno Nacional y otras, por el contrario, son inviables en medio de la situación fiscal del país. Sobre el primer punto de peticiones donde se menciona “la implementación integral y sin condicionamiento de los acuerdos de paz”, es importante aclarar que el gobierno Santos, que firmó dicho acuerdo desconociendo la mayoría que votamos no en el plebiscito, se comprometió con un presupuesto cercano a los $129 billones en 12 años; insostenible frente a la realidad fiscal del país. Pero a pesar de ello es importante recordar el compromiso del presidente Iván Duque con los 170 municipios PDET incluidos en el acuerdo. Según cifras de la Agencia de Renovación del Territorio, para el 2019 la inversión en estos municipios fue cercana a los $9.17 billones, representando un incremento de 58,1% respecto a 2017.

Otro punto es la petición de gratuidad en la matrícula para estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior. Esta exigencia no es nueva. Es bueno recordar que hace parte del plan de gobierno del presidente Duque, y estaba incluida en el paquete social de la ya inexistente Ley de Solidaridad Sostenible, que la volvieron la excusa para el paro. Si bien, el proyecto de ley ya no existe, el compromiso con los jóvenes ha sido contundente y eso lo demuestra el anuncio del presidente Duque de gratuidad en la matrícula para estudiantes de estrato 1, 2 y 3, para el segundo semestre del presente año. Pero se estima que para prolongar este beneficio se requerirían al año cerca de $877 mil millones.

Una renta básica de un salario mínimo mensual para nueve millones de hogares, que es otra de las peticiones, es claramente insostenible fiscalmente. Por supuesto que no podemos pasar por alto la alarmante situación de pobreza que nos deja la pandemia (21 millones de personas). Y para responder a esa tragedia social, el gobierno Duque desde 2020 lanzó el programa Ingreso Solidario que está beneficiando a 3.4 millones de personas, más seis giros extraordinarios para los programas Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción, y programas de apoyo al empleo PAEF, entre otros. Frente a un panorama fiscal de déficit de 7,8% y una deuda pública de más del 64% del PIB en 2020, resulta impensable plantear una renta básica que acarrea un costo fiscal mensual de $6,1 billones.

Muchas de las propuestas son contrarias al plan de gobierno con el cual fue elegido el presidente Duque, además de ser inaceptables. Las quieren imponer con marchas, bloqueos e insensatez. Pero no podemos continuar con la mala costumbre de algunos que lo que no logran en democracia, con los votos, en las urnas, lo quieren imponer en la calle con presiones, tergiversaciones, mentiras y estigmatizaciones. Así no se construyen ni consensos ni unas mejores condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales para los ciudadanos. (Lea también: El caos como estrategia).

Es el momento para que los colombianos de bien, que somos de lejos la mayoría, que queremos y nos duele la Patria, defendamos con firmeza a nuestra Fuerza Pública y nos expresemos rechazando por todos los medios las agresiones y violaciones a la vida, bienes e instituciones. No más paros, si a la salud, trabajo y reactivación productiva.

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Apuesta por los jóvenes

La ilusión de miles de jóvenes de tener un país con más oportunidades ha sido uno de los rostros importantes de este paro nacional. Sus reclamaciones y peticiones, muchas válidas, no solo han sido escuchadas por el Gobierno Nacional, sino que dieron luz verde a un capítulo muy importante para avanzar en ese camino que permita mejorar sus condiciones de vida.

El presidente Iván Duque desde su campaña a la Presidencia ha dado cabida a propuestas innovadoras para la juventud. Atender las necesidades de los más de 12 millones de jóvenes que hay en Colombia (28% de la población) y avanzar en soluciones al descontento que por años han tenido frente a la falta de más y mejores oportunidades educativas, laborales y sociales, ha sido un reto mayúsculo.  

Si bien no es suficiente lo que se ha hecho en estos dos años largos de gobierno, si es importante el avance. Es bueno recordar uno de los compromisos con los jóvenes previstos en el Plan Nacional de Desarrollo – PND- como es la ampliación de la cobertura del programa Jóvenes en Acción, que pasó de 123 mil beneficiarios a 428.779 jóvenes actualmente. Del mismo modo, en la Ley de Crecimiento de 2019 se incorporaron incentivos para la contratación de jóvenes, como permitir que las empresas que contraten a menores de 28 años, vinculados por primera vez al mercado laboral, puedan deducir del impuesto a la Renta el costo de dicha vinculación.

Siguiendo en esa línea y afianzando su compromiso, el presidente Duque ha hecho nuevos e importantes anuncios para abrir más oportunidades a la población juvenil, y que han sido también banderas de nuestro partido el Centro Democrático.

La educación es fundamental no sólo para el acceso al mercado laboral y la movilidad social sino para reafirmar sueños y desarrollar el potencial creativo de nuestros jóvenes. Si bien el país ha avanzado en la cobertura de acceso a la educación superior que hoy es del 52,2%, aún es insuficiente. Por ello es importante el actual programa Generación E que beneficia a 163.048 jóvenes y que al cierre del 2021 se espera cobije a 250.000 que corresponde al 74,4% de la meta del cuatrienio (336.000 jóvenes), para lo cual el Gobierno Nacional tiene prevista una inversión de $2.4 billones a ejecutarse en este cuatrienio.   

Igualmente se ha avanzado en una propuesta del Partido para aumentar la cobertura con programas virtuales y no dejar por fuera a las zonas rurales y apartadas del país. A lo anterior, se suma el recientemente anunciado programa de ‘Matrícula Cero’ para todos los estudiantes de estratos 1,2 y 3 que accedan a formación universitaria, tecnológica y técnica en modalidades virtual o presencial en instituciones de educación superior oficiales. Con lo cual cerca de 695.000 jóvenes, es decir el 97% de los estudiantes de las instituciones públicas, se beneficiarán a partir del próximo primero de julio. Este gran salto a la gratuidad educativa en la educación superior debe ser permanente y por supuesto asociado al rendimiento académico de los alumnos.  

El desempleo juvenil fue el más alto del país durante el primer trimestre del año (23,9%), junto con el desempleo de las mujeres (21%).  Vale la pena señalar que dicha tendencia ha sido un problema recurrente en nuestro país. Por ello, una de las grandes frustraciones de los jóvenes y de sus padres es que luego del gran esfuerzo de lograr educación se enfrentan a falta de oportunidades laborales, teniendo en promedio que esperar 15 meses o más para conseguir un trabajo. De ahí que muchos de ellos se vuelquen a la informalidad para procurarse un sustento económico para vivir. En respuesta a esta situación, el gobierno Duque anunció que subsidiará el 25% del salario mínimo legal mensual, lo que prácticamente equivale a los costos de la seguridad social, para aquellas empresas que contraten de manera formal a jóvenes entre los 18 y 28 años. Ya se había aprobado también en el Plan de Desarrollo, y reglamentado en el Decreto 2365 de 2019, la contratación en el sector público de jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia, al establecer que el 10% de la renovación o modificación de las plantas de personal no exigirían experiencia profesional. Todo ello para estimular el empleo juvenil.

Con acceso a la educación y trabajo formal, es de esperar que los jóvenes estén en capacidad de ser propietarios. Por ello es importante el programa ‘Jóvenes Propietarios’, nueva apuesta anunciada por el gobierno para incentivar la compra de vivienda de interés social en jóvenes entre los 18 y 28 años. La iniciativa ofrecerá la tasa de interés más baja en la historia para la adquisición de vivienda propia, menos del 7% anual.  Así mismo, quienes accedan podrán financiar hasta el 90% del valor de la vivienda, lo que permitirá a muchos jóvenes materializar el sueño de tener casa propia de interés social.

En materia de emprendimiento el gobierno anunció que a través del Banco Agrario abrió una línea de crédito para financiar hasta el 100% de proyectos; cuando sean del sector agroindustrial, el monto será de hasta $80 millones en diferentes modalidades.  Con ello se dará un gran impulso al emprendimiento, en especial en zonas rurales. (Lea también: Juventud, retos pospandemia)

Reconozco que el gobierno no ha sido ciego ni sordo a las reclamaciones de la población juvenil, y que la ventana del diálogo y consenso ha estado abierta siempre. Lo que no se puede avalar es que sea a punta de bloqueos, vandalismo y desorden que se presionen decisiones del gobierno. No es sólo pedir sino también entender que no se puede dar lo que no es posible financiar y menos sostener en el tiempo. Los colombianos, y más los jóvenes, estamos hastiados de promesas que se hacen y nunca se cumplen. Por ello es mejor, y genera confianza, un gobierno serio que plantea lo que puede cumplir, y más en momentos fiscales difíciles como los que vive el país.

Colombia ha demostrado salir adelante en muchos momentos huracanados de su historia gracias a la tenacidad y fortaleza de sus ciudadanos y a la solidez de sus instituciones. Hoy invito a los jóvenes que se expresan en las calles que actúen con sabiduría, prudencia y amor por Colombia. Que no dejen que les quiten la ilusión y la esperanza de que si es posible seguir construyendo un país más educado, próspero, solidario y equitativo.  Hay que construir no destruir.

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Tiempo de reflexión

Por segundo año consecutivo el mundo vivirá la Semana Santa en medio de la pandemia, el aislamiento preventivo y las restricciones, más aún cuando la amenaza de contagio sigue latente. Será un tiempo propicio para reafirmar nuestras creencias religiosas, fortalecer nuestra fe, reflexionar sobre nuestro compromiso y servicio a la sociedad, y revisar nuestro actuar.

La Semana Mayor, que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, también será propicia para hacer un llamado a la unidad. La pandemia no distingue entre clases sociales, afinidad política o preferencias religiosas; nos toca a todos por igual. No es el momento para remar individual sino colectivamente, y hacia la misma dirección. Los ataques, protagonismos individuales, y la crítica destructiva no aportan y por el contrario sí obstaculizan procesos, lo cual no debe ocurrir en un momento en el que la prioridad es la vida, la salud y el bienestar de todos los colombianos.

Una vez más quiero reconocer el trabajo del presidente Iván Duque y de su gobierno. Su respuesta a la pandemia ha sido prudente, acertada y oportuna. Su compromiso con la salud y la vida de los colombianos hace que hoy tengamos esperanza y fe en que el proceso de inmunización será efectivo y que más pronto que tarde venceremos a ese enemigo silencioso que ha cobrado la vida de más de 2.700.000 personas en el mundo entero y más de 62.645 en Colombia.

Tres grandes retos tenemos frente al manejo de los gravísimos efectos que ha dejado la pandemia: lograr la inmunidad de rebaño, vacunando al menos al 70% de la población; ayudar a tantos hogares pobres y vulnerables para que dispongan de los ingresos básicos para atender sus más apremiantes necesidades; y la reactivación productiva para recuperar el empleo y la dinámica de la economía. (Lea también: Pandemia, un año de desafíos).

Con relación a la vacunación, la meta es inmunizar a 35 millones de colombianos con 61.5 millones de dosis. Ya tenemos disponibles las vacunas de varias casas farmacéuticas, y su acceso es gratuito. Ya 1.385.503 personas han sido inoculadas, pero lamentablemente aún es lento el proceso a pesar de disponer de ellas. Por eso es importante hacer un esfuerzo para motivar a los mayores de 70 años para que se vacunen y a los prestadores del servicio para que agilicen el proceso.

En cuanto a aumentar los apoyos a los hogares pobres y vulnerables, celebro la decisión del gobierno Duque de ampliar la cobertura de beneficiarios del programa Ingreso Solidario de 3 a 4.7 millones de hogares y aumentar la transferencia monetaria. Igualmente, aplaudo la gratuidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que accedan a la educación superior, beneficiando a cerca de 600 mil jóvenes; así como, que el Gobierno asumirá, por cinco años, el costo de los parafiscales de las empresas que vinculen a jóvenes menores de 28 años. Con lo cual se apoya el empleo juvenil en momentos en que, según el Dane, ellos tienen la tasa más alta de desempleo del país, que es de 22,5%. A ello se suma devolver el IVA que pagan los hogares más pobres de $37.500 a $45.000 mensuales y que pasa de 1 millón a 2 millones de hogares beneficiados.

Todo lo anterior, de la mano de una austeridad en los gastos del Estado, y por supuesto, de una reforma fiscal que ayude a recaudar ingresos para compensar las muy maltrechas finanzas públicas. Una vez el Gobierno Nacional radique el proyecto de ley que ha denominado ‘Solidaridad Sostenible’ -que es una reforma fiscal y social- dedicaré una columna a mis reflexiones sobre el tema.

Extiendo mi invitación a todos los colombianos para que en este tiempo que nos regala la Semana Santa fortalezcamos nuestra relación familiar, aprovechemos para ser solidarios, revivamos nuestros valores cristianos y elevemos una oración al Altísimo por la vida y el bienestar de los colombianos y el futuro de esta Patria.

Que la pasión y muerte de Jesús toque nuestros corazones y que su resurrección nos llene de esperanza.

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Termómetro a la seguridad de las Farc

Todas las medidas posibles las ha implementado el gobierno del presidente Iván Duque para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc. Esta administración no solo está cumpliendo con lo pactado entre Santos y ese grupo guerrillero en La Habana, a pesar de no haber apoyado ese acuerdo y haber impulsado el No en el plebiscito, sino que ha dado todas las garantías a la base guerrillera que abandonó las armas y está en proceso de reincorporación a la vida civil. Pero para los exguerrilleros jefes que están en el Congreso y sus aliados, nada es suficiente.

En días pasados, Timochenko, exguerrillero y líder del partido Comunes, antes llamado Farc, acudió a las Naciones Unidas – ONU- para denunciar la supuesta falta de presupuesto y fallas en los esquemas de protección, lo cual, según él, “constituye una negación abierta al compromiso del Estado de garantizar la vida y la integridad de quienes firmaron la paz”. En la misma actuación aseguró que esta situación afecta su “trabajo político” y que impide el “ejercicio de su reincorporación”. ¡Qué tal este descaro!… Pero son las cifras las que lo contradicen.

Las Farc piden, piden y piden, pero no dan nada. El canto de sirena que con tanto ahínco pregonan se desvirtúa con la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el famoso “acuerdo de paz”, como la pírrica entrega que han hecho de bienes y dinero, la entrega parcial de armas y de los niños reclutados. El balance es tan vergonzoso que, a hoy, no hay una sola víctima reparada con los dineros de las Farc. Pero de eso no dicen nada, y peor aún, ni la comunidad internacional ni sus aliados en Colombia les exigen cumplimiento.

El tema de la seguridad de los excombatientes sí que ha sido prioridad para el gobierno Duque y eso lo demuestran las cifras. En 2020, el presupuesto ejecutado por la Unidad Nacional de Protección -UNP- para la atención de la seguridad de los ex Farc fue de $101.472 millones, mientras que para 2021 hay asignados $121.100 millones, de los cuales, $17.700 millones son para viáticos. Eso demuestra que los recursos están lejos de ser recortados como afirma Timochenko.

En esa misma línea hay que decir que el presupuesto para el funcionamiento de la UNP 2018-2020 aumentó considerablemente. En 2018, durante el gobierno Santos, cuando se firmó ese acuerdo de impunidad, el monto fue de $830 mil millones; para 2019, ya en el gobierno Duque, la cifra aumentó a $975 mil millones y en 2020 a $1.1 billones.

La UNP tiene un cuerpo de protección y seguridad asignado a excombatientes de 1.155 personas (996 hombres y 159 mujeres); de estos, 599 son exguerrilleros, 291 civiles, 218 de unión temporal y 47 más personas de su confianza. En materia de esquemas de seguridad, los ex Farc tienen aprobados 318 entre individuales (262), colectivos (33), AETCR (24) y uno para la sede.

No siendo suficiente, la UNP por exigencia de la JEP, reforzará este año todos los esquemas de seguridad, con cerca de 600 hombres más de protección, con lo cual tendrían 946 esquemas de protección individual y 40 más colectivos. De esta manera, 1 de cada 10 ex Farc contará con un equipo de escoltas. Pero hay un dato adicional, Timochenko parece olvidar que más del 76% de los recursos de la UNP para gastos de viajes como viáticos y pasajes, son asignados a exjefes de las Farc. ¿Acaso, este derroche se lo mencionó a la ONU?…

Los líderes desmovilizados de las Farc carecen del mínimo compromiso de racionalización en el uso de los recursos del Estado. La consigna es viajar, gastar y exigir más plata. ¡Inaceptable! y la JEP y los amigos de los acuerdos les hacen eco, en vez de exigirles más autoprotección y uso de la tecnología para sus actividades. Es bueno recordar que, en el último año, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se han reducido en un 50% las muertes de excombatientes, pasando de 20 muertes violentas en el primer trimestre de 2020 a 11 en igual periodo de este año. Pero no se puede ignorar que según la Fiscalía General de la Nación son los excompañeros de armas, hoy disidencias, los principales perpetradores de actos violentos contra los desmovilizados. Esto lo confirma el último informe de seguridad y protección de personas en proceso de reincorporación (de marzo 2021), el cual señala que el 58% de los victimarios son disidencias de Farc, seguido del Eln, Clan del Golfo, disidencias del EPL y Los Pelusos. Espero que esto también se le haya informado a la ONU.

Es increíble que mientras Colombia libra una dura batalla contra una pandemia en la que urge preservar la salud, el empleo y la vida digna de miles de colombianos, y que nos ha dejado fuertemente afectadas las finanzas públicas, personajes como Timochenko mientan y exijan más de lo que ya el Estado fijó para su protección y reincorporación. Y que no muestren ni un ápice de preocupación por cumplir con lo pactado.

Es absurdo que seamos los colombianos de bien y el gobierno de Iván Duque los que les quedamos debiendo. ¿Y ellos?…

 
 
 

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Ley de Solidaridad Sostenible (I)

El Gobierno del presidente Iván Duque radicó la tan esperada Reforma Social y Fiscal, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, que busca recaudar $23,4 billones; lo que representa cerca del 2% del PIB.

Esta columna, la primera de varias que haré para analizar algunos de las propuestas que contiene este proyecto de ley que debatiremos en las Comisiones Económicas del Congreso, quiero dedicarla a hacer un análisis de las propuestas sociales planteadas, porque ellas surgen en medio de una escenario económico adverso sin precedentes, como consecuencia de los efectos devastadores que nos ha dejado la pandemia por el covid-19, así como por el paso del huracán IOTA en las islas de San Andrés, emergencia que  causó la destrucción del 98% de Providencia, afectando la calidad de vida de más de 6.000 personas. Entonces, discutir si la Reforma Social y Fiscal debía o no realizarse, es egoísta y miope ante la necesidad urgente de recursos para garantizar la continuidad de las ayudas económicas para los hogares más vulnerables; para generar empleo a jóvenes y mujeres, quienes tienen la tasa más alta de desempleo, así como para recuperar la senda de crecimiento y sostenibilidad económica y fiscal del país.

Equidad social y tributaria, menor evasión y austeridad burocrática están presentes en esta iniciativa. Los 163 artículos abarcan aspectos relacionadas con la regla fiscal y medidas de gasto social enfocadas en la promoción y conservación del empleo y el apoyo a los hogares más vulnerables y, por supuesto, los mecanismos tributarios y fiscales para financiar dicho gasto, que contemplan: ampliación de la base de contribuyentes, eliminación de cerca de 40 beneficios tributarios, impuestos solidarios temporales e impuestos verdes, entre otros.

En esta oportunidad me referiré a las medidas sociales planteadas en el proyecto de ley y de las cuales poco se habla; especialmente aquellas enfocadas en la generación, promoción y conservación del empleo formal, y la permanencia del Programa Ingreso Solidario, el cual ha beneficiado a 3.4 millones de colombianos en condición de vulnerabilidad que no recibían ninguna transferencia a través de los programas de transferencias monetarias condicionadas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor.

Primero, aplaudo la decisión del Gobierno Nacional de establecer como política permanente el Programa de Ingreso Solidario, como una renta básica para la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. El programa de Ingreso Solidario, creado en el marco de la pandemia del Covid-19 en abril de 2020, para contrarrestar el choque negativo en los ingresos de los hogares más vulnerables, ha sido ejemplo de éxito en focalización y eficiencia, considerando que su puesta en marcha tomó menos de tres semanas en su estructuración y puesta en marcha, con una focalización acertada, donde el 40,6% de los beneficiarios están en condición de pobreza extrema, 36,1% en condición de pobreza y el 23,1% en condiciones de vulnerabilidad. Sin duda alguna, estos recursos se han convertido en una fuente de contención para el incremento de la incidencia de la pobreza, ya que la medida ha mitigado en un 40% su aumento, el cual se estima pudo haber crecido 8.4 p.p como consecuencia de la pandemia.  Ahora, según lo planteado por el gobierno, se espera que este programa social contribuya a reducir 5.8 p.p la incidencia de pobreza extrema, y disminuya 2.3 puntos el coeficiente de Gini. De ser acertadas las estimaciones sería un gran avance en equidad y bienestar social.

El segundo aspecto que quiero abordar, y que ha sido motivo de gran preocupación, es garantizar a nuestros jóvenes el acceso a la educación superior, con el fin de promover su incorporación en el mercado laboral formal; un desafío que se incrementó con la pandemia. Nuestros jóvenes son los más afectados por la emergencia sanitaria, con una tasa de desempleo de 22,5%, casi 6.6 p.p por encima de la tasa nacional de desempleo, así como por la incapacidad de muchos para continuar con sus estudios por la afectación de ingresos en el hogar; lo que exige medidas efectivas tanto para su acceso a la educación superior como para su vinculación laboral. En este sentido, la Ley de Solidaridad Sostenible contempla dos medidas fundamentales: 1) Promoción del acceso a la educación superior, estableciendo como política de Estado el programa de Generación E que beneficia a 336.000 jóvenes y la destinación de recursos para garantizar gratuidad en la matrícula, parcial o total, a estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad, y 2) incentivos a la creación de nuevos empleos para las empresas que vinculen de manera formal jóvenes menores de 28 años, siendo el Gobierno Nacional el que asuma el costo de la seguridad social durante cinco años.  Este último beneficio no sólo cobijará a jóvenes, también a las personas en condición de discapacidad, mujeres mayores de 40 años, aprendices del SENA y adultos mayores no pensionados.

También celebro la propuesta de extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF- hasta junio del 2021, dado que ha protegido a cerca de cuatro millones de empleos y beneficiado especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas, considerando que el 97,3% de los empleadores beneficiados están en este grupo. El PAEF se ha convertido en una fuente esencial para la conservación del empleo de menos de 2 salarios mínimos con el subsidio del 40% a la nómina y la protección de las empresas, después de un año difícil como el 2020 que nos dejó la pérdida de 509.370 pequeños negocios.

Finalmente, es bueno recordar el golpe que han sufrido las finanzas públicas como consecuencia de los esfuerzos del gobierno para atender los tres frentes de la pandemia: medidas en el tema de prevención del virus y de atención en salud; apoyos a la población en pobreza y vulnerabilidad, y para preservar empleos y empresas. El déficit fiscal en 2020 ascendió a 7,8% del PIB ($77.7 billones) y para 2021, se espera llegue a un 8,6% del PIB ($94.6 billones). Cifra 3.5 veces superior a lo previsto en las cuentas financieras del país. Ello implica una necesidad de financiamiento 22% superior al del 2020. Lo anterior, sumado a la contracción de 6,8% que vivió la economía en 2020 y las continuas olas de contagio del covid-19, lo que acentúa más la necesidad de recursos.

Ahora bien, la discusión se centrará en cuáles serán los mecanismos más efectivos y equitativos para garantizar los ingresos necesarios para continuar apoyando a los más vulnerables y recuperar las finanzas públicas, sin afectar a la clase media del país; por lo que al final la reforma aprobada por el Congreso deberá cumplir con principios fundamentales como: equidad, solidaridad, austeridad y lucha contra la evasión. Haremos un trabajo de análisis y discusión objetivos.

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La barbarie del reclutamiento

La espesa selva colombiana fue y ha sido el hogar de muchos niños y jóvenes vil y cobardemente reclutados por grupos narcoterroristas para ser escudos humanos de sus actividades criminales. La manigua se convirtió en el campo de batalla para estos menores que fueron obligados a empuñar un fusil, servir como fieles soldados de la guerrilla para realizar sus atrocidades y vivir en la clandestinidad.

Nuevamente dedico esta columna a hablar del reclutamiento forzado de menores de edad, uno de los hechos más dolorosos y repudiables de la violencia que las Farc gestó por décadas contra los colombianos. Los datos aterran no sólo porque se pensó que con el tan cacareado acuerdo de La Habana terminarían estas atrocidades, sino porque muestran que los grupos criminales siguen utilizando menores para sus repudiables actividades. Según información de la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas, solo entre 2018 y 2020 ocurrieron 313 casos de reclutamiento, el 96% de ellos involucraron a menores entre los 12 y 17 años, principalmente hombres.

6.931 expedientes de menores de edad víctimas de reclutamiento por parte de grupos criminales (entre 1.999 y diciembre 2020) maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). De esos, más de la mitad (3.878) son atribuidos a las Farc, grupo guerrillero que convirtió en sistemática esta escabrosa práctica, y de la que hay evidencia irrefutable que los vincula como victimarios, pero que niegan con cinismo y descaro, burlándose no solo de las víctimas de este flagelo, sino de Colombia entera. El ICBF también tiene en su poder 1.288 denuncias en contra de la guerrilla del Eln por su responsabilidad en estos mismos hechos victimizantes.

En lo judicial la situación no es menos grave. Entre 2019 y 2020, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos a integrantes de grupos armados por la comisión de 708 hechos relacionados con el reclutamiento de menores. Para el caso del Eln, el ente acusador ha judicializado a los delincuentes conocidos con los alias de Pablito, Gabino, Antonio García y Pablo Beltrán, integrantes del comando central de esa guerrilla, por 258 hechos de reclutamiento. En los registros judiciales también reposan, desde 2016, 100 casos adicionales de los que se responsabiliza a disidencias de las Farc y 316 más a excombatientes que abandonaron el proceso de reincorporación o que fueron excluidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que dice estar investigando cerca de 8.000 hechos relacionados con reclutamiento de menores.

Sumado a lo anterior, hay detalles escabrosos revelados en los últimos días por algunos medios de comunicación, como noticias RCN, sobre la “cartilla de las Farc”, un cuadernillo que servía como guía para los menores que ingresaban a las filas y con el que aprendían a jugar a la guerra, una de la que muchos salieron con graves secuelas físicas y sicológicas, y otros que incluso, no lograron sobrevivir. Otro informe periodístico de la Revista Semana presenta relatos de quienes padecieron en carne propia los vejámenes del reclutamiento; que dejan al descubierto no solo la frialdad de quienes los comandaban, sino la voraz realidad a la que eran expuestos en los campamentos guerrilleros. Repudiable ejemplo de ello era la vida de las mujeres en las filas guerrilleras, a quienes les enseñaban a disparar y cocinar, además de complacer sexualmente al comandante de frente. Por supuesto que los hombres no se quedaron atrás. No solo eran obligados a combatir, sino que tenían que fusilar a sus propios compañeros, niños que como ellos fueron llevados a la selva contra su voluntad, luego de que intentaran huir de las jaulas guerrilleras.

Son esas noticias abrumadoras y relatos estremecedores los que nos han recordado en los últimos días que el reclutamiento de menores continúa, y que los victimarios, varios de ellos hoy ostentando curul en el Congreso de la República, siguen sin haber pagado un solo día de cárcel por sus atrocidades y, peor aún, sin haber reparado a sus víctimas. (Lea también: No más cinismo ni impunidad).

Llegó la hora de exigirle a la JEP celeridad, efectividad y sanciones para los responsables de delitos de lesa humanidad -bien sea en calidad de autor material o intelectual- como reclutamiento de menores, secuestros, violaciones, abortos, homicidios y terrorismo. No pueden seguir sólo con pronunciamientos que ni hacen justicia, ni reparan a las víctimas y sí dejan en la impunidad delitos atroces y execrables como el de reclutar menores.

Esta semana Colombia perdió, como consecuencia del covid-19, a un gran periodista, voz y defensor de las víctimas, Herbin Hoyos. El mejor homenaje póstumo para él es que haya verdadera justicia y reparación, y menos impunidad. Que su muerte no haga olvidar sus luchas. Que Dios lo tenga en su gloria.

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Vender ISA

El pasado 15 de febrero Ecopetrol confirmó la firma de un acuerdo de exclusividad con el Ministerio de Hacienda para adelantar conversaciones preliminares, no vinculantes, sobre los términos y condiciones, para la adquisición de la participación accionaria del Gobierno Nacional en la empresa estatal Interconexión Eléctrica S.A. Dicha posibilidad ha sido ampliamente debatida y evaluada por expertos, quienes en su mayoría han manifestado que, de llevarse a cabo, podría ser catalogado como “el negocio del año”.

Desde mi perspectiva esta sería una operación estratégica y necesaria, especialmente en momentos donde es evidente la necesidad de recursos para contrarrestar los efectos negativos en las finanzas públicas que nos ha dejado la pandemia. Después de un déficit fiscal de -2,5% en 2019 cerramos con -9% en el año 2020, y con 61,4% del PIB la deuda del Gobierno Nacional Central. A ello se suma el urgente reto de continuar apoyando a las familias más pobres y vulnerables para paliar la pobreza, y el de garantizar una reactivación económica efectiva que contribuya a generar cerca de dos millones de empleos, claves para nuestro país.

Uno de los principales debates en el Congreso de la República el año pasado fue el de la Ley de Presupuesto 2021, y uno de los temas álgidos fue el análisis de las fuentes de financiación y la posibilidad de efectuar enajenación de activos. De hecho, están previsto $12 billones de ingresos por este concepto en el PGN. Nosotros, la bancada del Centro Democrático, propusimos en una constancia leída tanto en la plenaria del Senado como de la Cámara, y difundida en medios, que el Gobierno Nacional ofertara el 8,5% restante, del 20% autorizado por la Ley 1118 de 2006, de las acciones de Ecopetrol, con lo cual podría recaudar el monto estimado en las fuentes de ingresos del PGN 2021.

Por ello no me sorprendió, sino por el contrario me pareció acertada, la propuesta de que fuera Ecopetrol quien adquiriera el 51,4% de las acciones de ISA, manteniendo así el Gobierno Nacional el control mayoritario de ambas compañías, y obteniendo los recursos fiscales necesarios para asumir los retos de gasto público. Sumado a ello la importancia de que Ecopetrol entre al mercado de energía.   

Ecopetrol ha informado que financiará la compra de las acciones de ISA con recursos provenientes de la emisión de acciones, salida de activos no estratégicos y endeudamiento. Como mencioné antes, el gobierno tiene vía libre para efectuar la venta del 8,5%, restante de lo autorizado por ley, de su participación en la empresa, con lo cual se quedaría con el 80% de la misma. Lo cierto es que el monto de recursos por dicha enajenación dependerá de la valoración de las acciones en la bolsa, que actualmente están entre US$12.3 y US$13.1; valor bajo comparado con la cotización de 2019, cuando la cifra fue de US$18.4 por acción. Ello exigirá un esfuerzo adicional de Ecopetrol para conseguir la totalidad de los recursos para dicha transacción.

Es bueno recordar la importancia del sector petrolero para los ingresos del Estado. Según el MFMP 2020, en el año 2019 el gobierno percibió ingresos por conceptos tributario y de dividendos equivalente al 1,5% del PIB, lo que representó cerca de $16.1 billones. Lo anterior, en gran medida, gracias al aporte de Ecopetrol que tuvo un año extraordinario, alcanzando una utilidad neta de $13.3 billones, la más alta en los últimos seis años.

Sin embargo, a pesar de los resultados favorables en el 2019, el sector se enfrentó en el 2020 dos choques inesperados: 1) la caída de los precios del petróleo, que alcanzó niveles históricos de US$16.5 el barril de referencia Brent, y 2) la llegada de la pandemia del coronavirus, lo que afectó significativamente tanto la demanda como la producción de crudo. Estos dos choques habrían significado una caída de casi 0.6 puntos porcentuales en los dividendos del sector.

Sin duda, el 2020 fue un año sin precedentes que, además de ocasionar una fuerte contracción de la actividad económica y generar serias afectaciones en el bolsillo de los hogares colombianos, también nos dejó un concepto claro que aplica en cada uno de los sectores de la economía, “La reinvención”. Este término no ha sido ajeno para Ecopetrol, ya que ha impulsado proyectos para diversificar su portafolio en energías limpias -como solar y biocombustibles-, y que con la compra de ISA, acentuará su transición de ser una empresa de hidrocarburos a una de energía. El símbolo de la iguana de Ecopetrol muestra su compromiso con la sostenibilidad ambiental que lo enriquecerá con una mayor presencia en el mercado de energías limpias al comprar a ISA.

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Espaldarazo contra el narcotráfico

Esta semana, el gobierno de Estados Unidos reconoció no solo el compromiso, sino el esfuerzo del presidente Iván Duque y de nuestras Fuerzas Militares y de Policía en la lucha contra el narcotráfico, un enemigo transnacional. La certificación en la lucha contra las drogas otorgada por ese país es un espaldarazo que reafirma que la hoja de ruta para combatir los cultivos ilícitos, gasolina de la criminalidad, ha sido efectiva; tanto que, en los primeros cuatro meses de esta administración (7 agosto a diciembre 2018), fue revertida la tendencia de crecimiento de cultivos de coca que se mantuvo durante cinco años.

Para este gobierno el narcotráfico es una amenaza contra la seguridad nacional, por ende, las capacidades para combatirlo han sido fortalecidas. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa duplicó la capacidad de erradicación manual, pasando de 23 Grupos Móviles de Erradicación -GME- en 2018 a 196 grupos en marzo de 2020. Un gran logro. En esa línea también destaco el fortalecimiento de los pelotones dedicados a la erradicación. Para 2018 había 23, mientras que para marzo de 2020 eran 302, incremento del 504%.

La ofensiva contra el narcotráfico está desplegada en todo el territorio nacional; sin embargo, Nariño, Putumayo, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Meta, son departamentos de especial atención por ser considerados como enclaves productivos de esta economía ilegal. Son tan importantes los avances de este despliegue operacional que en solo 29 meses de implementada la política del presidente Iván Duque, la erradicación alcanzó las 255.276 hectáreas, lo que representó un incremento del 110%, respecto a lo erradicado entre el 7 de agosto de 2014 y el 6 de agosto de 2018, (gobierno Santos), cuando la cifra fue de 121.573 has.

La certificación de Estados Unidos también puso sobre la mesa la urgencia de retomar la aspersión aérea, una herramienta única en el arsenal del gobierno para luchar contra los cultivos ilícitos. Recordemos que la fumigación fue suspendida en 2014 en Colombia, respaldada por una decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al incluir el glifosato en la lista de herbicidas que podía ocasionar cáncer, sin que fuera una evidencia contundente, y a una decisión de la Corte Constitucional (T-236 de 2017) que condicionó la aspersión por supuestos riesgos para la salud y el medio ambiente.

El crecimiento de los cultivos de coca y la criminalidad asociada al narcotráfico exige acelerar la erradicación de las cerca de 200.000 hectáreas sembradas. Por ello, el Ministerio de Justicia ya expidió un borrador de Decreto sobre cómo funcionaría la aspersión. Tras analizarlo considero importante que sea la Policía Antinarcóticos la encargada de llevar a cabo la operación, de la cual rendirá informes mensuales sobre avances y posibles impactos negativos en la población o el medio ambiente. Las aeronaves serán tripuladas para lograr mayor precisión; la aspersión no será ejecutada en áreas protegidas como Parques Naturales Nacionales, ecosistemas estratégicos como páramos, humedales y manglares, cuerpos de agua y centros poblados; habrá seguimiento estricto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y del Instituto Nacional de Salud (INS). Igualmente, será habilitado un canal de quejas para la comunidad y en caso de presentarse daños en la infraestructura de viviendas, el hogar accederá a un subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento, el cual será asignado por una sola vez, salvo que se comprueben nuevas afectaciones derivadas del mismo programa de aspersión. 

Si queremos cerrarle el grifo a la renta del narcotráfico urge reanudar la aspersión, no podemos esperar más tiempo y menos seguir arriesgando la vida de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, quienes en cumplimiento de la erradicación de cultivos han muerto o resultado gravemente afectados por las trampas mortales sembradas por los criminales para custodiar estas plantaciones ilegales. Solo en 2020 murieron 14 policías y otros 85 resultaron heridos; mientras que en lo que va corrido de 2021, el saldo es de siete uniformados lesionados. Algo que a toda luz se puede evitar.

Colombia tiene una capacidad operacional reconocida internacionalmente y eso se refleja en las cifras de interdicción, pero no es suficiente. Solo para dar un par de cifras: entre 7 de agosto de 2018 y 24 de diciembre de 2020, las Fuerzas Armadas incautaron 1.091 toneladas de cocaína (18% más que en 2020); 546.7 ton de hoja de coca; 63.6 ton de base de cocaína y 534.5 ton de marihuana. A esto se suma la desarticulación de 35 estructuras dedicadas a esta práctica ilegal; captura de 23 cabecillas, 21 extinciones de dominio y 193 neutralizaciones de objetivos de alto valor.

Urge atacar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, combustible de las economías ilegales que financian las organizaciones criminales que generan violencia, se adueñan de territorios y destruyen la naturaleza. Esta certificación de EE. UU. es un buen espaldarazo para reanudar la aspersión aérea y fortalecer la erradicación, ambas serán clave en la lucha contra las drogas.

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Decisión acertada

En un acto generoso y humanitario, el gobierno del presidente Iván Duque tomó medidas, nunca antes vistas, para ofrecer alternativas de protección a la población migrante venezolana que durante los últimos años ha llegado a Colombia en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Según información de Migración Colombia, al 31 de diciembre de 2020, cerca de 1.729.000 venezolanos se encuentran en nuestro territorio, correspondiendo al 34% del total de la población venezolana que ha salido de su país.

El anuncio del gobierno Duque de poner en marcha el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos es histórico y acertado. Es la primera vez que un país le abre la puerta a cientos de personas, para que regulen su situación migratoria, lo cual les permite acceder a importantes beneficios como alcanzar la formalidad laboral e ingresar al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este hecho, sin precedentes, es también el primer paso para que 966.000 venezolanos, que están en condición irregular, puedan tener oportunidades productivas.

Desde 2016, en debates de control político en el Senado y medios de comunicación, cuando habían pasado unos meses del cierre unilateral de la frontera decretado por el gobierno venezolano, insistí en la necesidad de buscar opciones para que los migrantes pudieran trabajar dignamente y no en condiciones precarias, y hasta de abuso en muchos casos, para lo cual pedía que fueran formalizados mediante un mecanismo transitorio migratorio, que hoy será una realidad.

La regularización para los venezolanos que están en Colombia, anunciada esta semana, permitirá no solo tener el control y registro de quiénes son, dónde están, cuáles son sus actividades, sino facilitar su contribución al crecimiento de nuestra economía, en especial en tiempo de reactivación como consecuencia de la pandemia. Este proceso de legalización podría tener un efecto importante en el crecimiento potencial de la economía colombiana de entre 0,1 y 0,5 puntos porcentuales del PIB, de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo de 2017; cifra consistente con lo estimado por el Fondo Monetario Internacional de 0,3 puntos porcentuales.

¿Pero cuáles otros beneficios traerá esta medida gubernamental?… Empecemos por resaltar que esta población será identificada, podrá generar por sí misma condiciones para tener una vida digna; tendrá la posibilidad de solicitar el estatus de residente en Colombia, acceder a la oferta institucional pública y privada, y les será otorgada la condición migratoria regular, lo que les permitirá realizar, de forma legal, cualquier actividad laboral en el país, incluidas aquellas que sean con un contrato laboral. Un gran paso hacia  la formalidad.

Sin duda la responsabilidad del gobierno de atender la crisis migratoria ha sido contundente, por eso la decisión del presidente Duque no solo es acertada, sino que marca un hito en la región y el mundo. Algo muy positivo si tenemos en cuenta que Colombia no tiene responsabilidad alguna en la migración desbordada de venezolanos, pero sí ha vivido sus efectos. Según la ONU, ese éxodo supera los 5.4 millones de personas que han dejado Venezuela, y estima será de 6.2 millones al final de este año.

También hay que ponderar que el gobierno Duque ha asignado importantes recursos  para atender a la población venezolana, destinando cerca de $3.5 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2020 y $4 billones para 2021 -lo que equivale al 0,4% del PIB anual-, siendo salud y educación los ejes de gasto más importante.

Algunos datos sobre la población venezolana que está en el país soportan también la decisión adoptada por el gobierno. Según información de Fedesarrollo, solo el 47% de los migrantes tiene acceso a servicios de salud; 35% pertenecen al régimen contributivo;  5% ha emprendido ideas de negocio; y solo el 17.5% cotiza a un fondo de pensión. Un factor de gran relevancia, y característico de la migración venezolana es el promedio de edad, ya que son principalmente personas jóvenes, cinco años menos que el promedio de edad de la población colombiana; lo que representa una oportunidad para extender el bono demográfico y ofrecer mano de obra más joven en el mercado laboral.

En resumidas cuentas, puedo decir que fue una decisión acertada y positiva para nuestro país y para la protección de los Derechos Humanos. Lo que ocurre hoy honra uno de los compromisos del presidente Iván Duque con el querido pueblo de Venezuela que tanto ha sufrido por el empobrecimiento, la inseguridad, la destrucción del aparato productivo y la falta de garantías políticas que ha promovido el nefasto gobierno -corrupto y soporte de narcotráfico y guerrillas- de Nicolás Maduro. La decisión gubernamental es sin duda una gran apuesta contra la informalidad y la irregularidad, ambos detonantes, en muchos casos, de la criminalidad y la ilegalidad.

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No más cinismo ni impunidad

Colombia revive uno de los capítulos más dolorosos de su historia: el secuestro. Hablar de esa práctica escabrosa y deleznable reabre las heridas de quienes vivieron en carne propia o en la de sus familiares, la crueldad y sevicia de las Farc, grupo narcoterrorista que usó sus vidas como escudo humano y en la mayoría de los casos, como fuente de financiación. La degradación humana en su estado más puro.

Hay un avance, aunque tardío, en la imputación de cargos que anunció con bombos y platillos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de la cúpula de las Farc, máximos responsables de la planeación y ejecución del vil secuestro de 21.396 personas, entre los años 1.990 y 2016 (según información de ese tribunal). Pero eso no es suficiente.  La impunidad y la burla a la que han sido sometidas las víctimas es inaceptable y vergonzosa.  No solo tienen que ver a sus victimarios ostentando curules en el Congreso de la República, sino que además deben escuchar como niegan su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, al tiempo que sin un ápice de dignidad y con cinismo dan cátedra de moral sin haber pagado un solo día de cárcel y mucho menos sin haber reparado a una sola de sus víctimas.

Con profundo dolor recuerdo hoy los relatos de la barbarie que fue engañar a la muerte y sobrevivir al cautiverio de muchos de los secuestrados, a quienes las Farc encerraron con sevicia en jaulas, casi como animales en medio de la espesa selva, donde la inclemencia del terreno y el clima, no dan tregua. Sólo recordar el caso del general (r) Luis Mendieta, quien tuvo que desprender garrapatas de sus partes íntimas, lidiar con graves infecciones por hongos en todo su cuerpo, sobrevivir al paludismo y leishmaniasis , arrastrarse para seguirle el ritmo a sus captores en medio de extensas caminatas, conocidas como “marchas de la muerte”, y hasta hacer sus necesidades delante de los demás cautivos. Tratos inhumanos que de solo recordar causan escozor y repudio.

Por eso, en señal de rechazo a estas conductas, siempre dijimos en el Centro Democrático que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad no podían llegar al Congreso de la República. Entre otras cosas porque la Constitución Política, por sólo citar dos artículos, es clara en que “nadie que haya sido condenado en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio público puede participar en política” (artículo 122) o “no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos” (artículo 179). Así las cosas, muchos de las Farc, por tener condenas y ser responsables de crímenes de lesa humanidad, no pueden ejercer cargos públicos como ser congresistas.

Pero eso no se está cumpliendo. Catatumbo, uno de los cinco senadores de las Farc que hoy está en el Congreso fue condenado por la justicia ordinaria colombiana a 130 años de cárcel, y Lozada, otro de los imputados por la JEP, está sindicado por la Fiscalía por homicidio y secuestro, y por la DEA por narcotráfico. (Lea también: El conejo de las Farc).

Preocupa y sorprende además que ese tribunal de “paz” hiciera referencia a que los ocho cabecillas de las Farc imputados la semana pasada, no solo cometieron crímenes de lesa humanidad, sino crímenes de guerra, lo cual les abre la puerta al estatus político y al reconocimiento de que en Colombia hubo una guerra, cuando lo que existió fue un grupo narcoterrorista -Farc- (uno de los tres mayores carteles de cocaína del mundo) atentando contra la población civil y los funcionarios del Estado. Por ello rechazo que Lozada y Catatumbo, y por supuesto Israel Zuñiga y Victoria Sandino, que tanto le deben a la justicia, y que no han aportado verdad y reparación, estén en el Congreso como ‘honorables senadores’; y con el máximo cinismo, legislan sin tener autoridad moral ni dignidad para ello. Su presencia en el Legislativo es una burla y revictimiza a sus víctimas.

Pero el secuestro es solo una de las tantas conductas ilegales que perpetraron las Farc. No se nos olvidan los abortos, las violaciones, el reclutamiento forzado, las extorsiones, los homicidios y los atentados terroristas, todas graves pero que al sol de hoy siguen siendo solo un renglón más en los cientos de documentos y expedientes que reposan en la JEP, un tribunal que tristemente parece haber sido creado para buscar salidas y exculpar los crímenes atroces de las Farc.

Las cadenas de la selva quedaron en la memoria de todos los colombianos. La máquina del secuestro solo es una página del libro del horror que vivimos por cuenta del narcoterrorismo y la sed de violencia y poder de las Farc. Por eso hoy exigimos que los exguerrilleros imputados con delitos de lesa humanidad como Lozada y Catatumbo, y los otros que también estén condenados por la justicia ordinaria, renuncien o los renuncien del Legislativo.

Esta imputación no solo debe servir para exigir justicia sin impunidad y reparación para las víctimas, sino para que los responsables de la infamia y el horror del secuestro y de otros crímenes atroces, sean condenados con firmeza y que ello se represente en verdaderas penas privativas de la libertad (sin beneficios) y sanción social.

¡Les llegó la hora de responder! Quiero creer que ese viejo adagio que reza: “la justicia llega tarde, cojeando, pero llega”, aplicará en este caso.

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Carlos Holmes…

Con profunda tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo García, gran amigo, compañero de Partido y coequipero de ese gran reto que es trabajar por Colombia y por su gente. Un hombre de actuar intachable que encarnó la decencia y la firmeza en el ejercicio público y el servicio incansable a esta Patria.

Hablar de Carlos Holmes es enumerar un sin fin de cualidades, entre las que pondero su caballerosidad, ética, respeto, inteligencia, elocuencia y firmeza para dar el debate, siempre con respeto y argumentos. Todo un señor, afectuoso y alegre. Con su esposa Alba Lucía, compañera de todas las luchas y momentos, formaron una hermosa pareja. Aún recuerdo esos casi siete meses de recorrido por Colombia, ambos como precandidatos a la Presidencia por nuestro Partido Centro Democrático, como Alba Lucía, que siempre lo acompañaba, estaba atenta al más mínimo detalle.  

En este trasegar de la vida política fuimos compañeros de lucha en la creación del Partido Centro Democrático, en la gesta por la Presidencia de Oscar Iván Zuluaga y él como su fórmula vicepresidencial, en la defensa del NO en el plebiscito para que ese acuerdo de impunidad no se aprobara, y por supuesto en la aspiración por la candidatura del Centro Democrático a la Presidencia de la República.

Tengo que reconocer la altura intelectual, firmeza y sentido político con el que defendió el actuar de las Fuerzas Militares y de Policía, y el suyo propio como Ministro de Defensa, frente a los ataques bajos de la oposición en más de seis debates de control político en las plenarias y comisiones del Senado y de la Cámara de Representantes. Siempre leal y fiel bastión del gobierno del presidente Iván Duque.

Su partida deja un gran vacío en todos aquellos que tuvimos la dicha y el honor de conocerlo y compartir con él gratos momentos, no solo en la vida pública, sino en la personal y familiar, una de sus mejores facetas. En este punto debo decir que extrañaré ese “María del Rosario, ¿cómo está tu mamá?”, frase que nunca dejó de pronunciar cuando nos encontrábamos o hablamos telefónicamente. Con mis padres tuvo una estrecha relación de amistad desde los años 80s. Mi padre fue un gran impulsor de su participación en el proceso de elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, donde Carlos fue elegido. Siempre recordaré sus expresiones de cariño hacia mis padres y su amistad.

Carlos Holmes tuvo una carrera sin tacha ni cuestionamientos. Con gallardía y firmeza defendió sus más profundos ideales, lo cual se reflejó en una impecable hoja de vida que le permitió ejercer diferentes cargos diplomáticos entre los que se destacan cónsul de Colombia en Tokio, embajador de Colombia en Austria, Rusia, Suecia y Noruega, entre otros; así como jefe de la Misión de Colombia ante la Unión Europea. Fue participante activo de la Constituyente del 91, fundador y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, alcalde de Cali, Alto Comisionado para la Paz y ministro de las carteras de Interior, Educación, Relaciones Exteriores y Defensa. Toda una vida dedicada al servicio público.

La muy temprana partida de Carlos Holmes nos duele profundamente; y aún más que sea ese enemigo silencioso, invisible y difícil de combatir, el coronavirus, el que haya terminado con su vida y la de más de cincuenta mil colombianos.

Colombia perdió a un ser humano excepcional, a un gran servidor público, a un esposo y padre amoroso y a un ciudadano que encarnó el ejemplo de la decencia y firmeza en el ejercicio público. Mis plegarias a Dios para que tenga misericordia de su alma y fortalezca a su familia.

Paz en su tumba.

Nuestras historias

Resiliencia y reactivación

Por fin despedimos el 2020, un año terriblemente feroz para toda la humanidad por cuenta de la pandemia desatada por el Covid-19. El confinamiento al que nos vimos obligados para preservar nuestras vidas y frenar la curva de contagio terminaron desencadenando una crisis económica y social incalculable y devastadora, que, en el caso de Colombia, ha sido sorteada con prudencia y acierto por el gobierno del presidente Iván Duque, en especial en momentos donde las decisiones oportunas y responsables fueron determinantes en la batalla que hemos librado por meses contra el Coronavirus.

Es cierto, fue un año difícil que puso a prueba no solo nuestra supervivencia, sino la capacidad de respuesta del Estado ante una emergencia de este calibre. Le hemos puesto el pecho a la situación y hemos enfrentado con gallardía cada nuevo reto que nos ha impuesto la pandemia.  Colombia ha sido resiliente ante la incertidumbre, la pérdida de vidas humanas, el desempleo y la emergencia sanitaria que aún se mantiene y que por lo que se prevé no terminará pronto aunque llegue la vacuna a nuestro país.

El 2020, sin duda, fue el año en que aprendimos a apreciar la vida, y en este punto quiero ponderar el trabajo de nuestros médicos y enfermeras, primera línea de batalla frente al virus, quienes exponiendo su propia integridad honraron el compromiso que adquirieron de dedicar su trabajo y conocimiento a cuidar y salvar vidas, a pesar de que muchos de ellos hayan fallecido en esa lucha. Pero además quiero resaltar la inversión de más de $8.5 billones, con recursos adicionales del fondo de Emergencia FOME, para atender entre otras inversiones el mejoramiento de la infraestructura y dotación hospitalaria y sanear deudas con los profesionales de la salud, muchas de ellas históricas.

El escenario económico fue complejo. Después de un desempeño favorable de la economía colombiana al cierre del 2019, año en donde se alcanzaron importantes logros como la reducción del Déficit Fiscal a 2,5% del PIB, la generación del primer superávit primario en siete años, el crecimiento de la inversión extranjera a US $14.314 millones y un mayor crecimiento económico de 3,3%, superior al de países de la región como Chile, Perú, México, Brasil y Argentina. Sin embargo, nos enfrentamos al impacto de dos choques externos inesperados en 2020: la caída de los precios del petróleo y la pandemia del Covid-19.

En abril de 2020 se registró la caída más fuerte de los precios del petróleo, alcanzando US $16.5 el barril de Brent y superando la caída registrada en 2016, con un precio de US $30.3 el barril. El efecto en la caída de los precios del crudo trajo consigo una reducción abrupta de las exportaciones de petróleo y una fuerte devaluación del peso. 

Sumado al choque del sector petrolero y producto de los efectos asociados a la pandemia del Covid-19, el país vivenció una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Para el mes de noviembre la contracción de la economía fue de -9% y se espera que al cierre del año sea de -7%. Esto se ha traducido en la destrucción de empleo, que para el mes de abril la tasa de desempleo alcanzó 20%, y que ha bajado a 13,3% en noviembre, con mayor afectación en las mujeres y los jóvenes.

Desde el Congreso de la República, con sesiones virtuales y mixtas hicimos control político a las acciones tomadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis y mitigar el impacto negativo que trajo consigo la pandemia y el confinamiento. Sin duda un año atípico, pero que pasará a la historia como uno de los más difíciles, pero que de seguro será la antesala de un escenario positivo para la reactivación económica y la generación de empleos formales. El año 2020 significará un antes y un después tanto para la economía, la salud y la educación como para la vida de los hogares colombianos.

Estoy segura de que este 2021 será el año de la esperanza, esa que no solo llegará con la vacuna, sino con los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional por seguir construyendo país para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Elevo oraciones a Dios para que guíe e ilumine al presidente Iván Duque y a su equipo de trabajo en la lucha contra el coronavirus, y en las decisiones de política pública para la reactivación económica y social de nuestro país.

Avivo a mantener los protocolos personales y familiares de protección para evitar el contagio y a no dejar de ser solidarios con los desfavorecidos.

¡Feliz y bendecido 2021 para todos!

Nuestras historias

El gobierno cumple

Si bien como partido Centro Democrático no compartimos lo orquestado en La Habana entre el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, e hicimos campaña por el No en el plebiscito para que no se pusiera en vigor dicho acuerdo, tengo que reconocer que el gobierno del presidente Iván Duque, de nuestro Partido, en estos dos largos años de mandato, ha cumplido con creces lo contenido en el denominado Acuerdo Final. En mi columna de la semana pasada escribí sobre algunos de los inaceptables incumplimientos de las Farc al acuerdo que entró en vigor hace cuatro años. Las tretas usadas por ellos para no entregar los bienes, las rutas del narcotráfico, las caletas con armas y municiones, los menores reclutados y, lo más importante, la verdad y reparación para las víctimas. En vez de avanzar hacia la “paz” que tanto prometieron, sus disidencias suman al avance de la violencia, criminalidad y narcotráfico.

En esta columna voy a resaltar el gran trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional para materializar el acuerdo y más importante aún, cumplirle a los 13.098 exguerrilleros de las Farc que dejaron las armas para reintegrarse a la vida civil. Desde el 1 de agosto de 2018, pocos días antes de la posesión del presidente Duque, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) asumió la administración de 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se ubicaron la mayoría de desmovilizados inicialmente, y a la fecha ha destinado $54.771 millones para garantizar las condiciones necesarias para su sostenimiento.

Uno de los compromisos del gobierno con los desmovilizados de las Farc era la entrega para su manutención durante dos años, del equivalente al 90% de un salario mínimo mensual, $8 millones por una sola vez para iniciar un proyecto productivo y un único pago por $2 millones para su localización, posterior a la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Estas garantías económicas otorgadas, desde agosto de 2018 a septiembre de 2020, han significado desembolsos por $227.901 millones. Igualmente, al pasado mes de septiembre, el Consejo Nacional de Reincorporación había aprobado 66 proyectos productivos colectivos que vinculan a 2.928 exguerrilleros, destinando $33.404 millones.

Otro de los compromisos que rechazamos, pero quedó en el acuerdo, fue la incorporación de exguerrilleros a los esquemas de seguridad y la creación de una dependencia en la UNP sólo para estos fines. Tristemente hay 763 exguerrilleros vinculados como escoltas en la UNP, otros 369 ingresaron a empresas de seguridad privada, y 58 más como personas de confianza de las Farc. Una decisión judicial de la JEP le ha ordenado a la UNP vincular más desmovilizados, con cuestionamiento sobre su conducta, seguridad de otros protegidos y manejo de información reservada.

También contempla el Acuerdo acceso a salud, pensión, educación y otros servicios para los exguerrilleros. En materia de salud, el 98,1% están afiliados al sistema y el 82,5% afiliados a pensión (11.492 personas). En cuanto a los compromisos en educación para el proceso de reincorporación de los exguerrilleros, mediante alianza con el Sena se vincularon 11.022 personas en programas de formación para el trabajo; y con el modelo Arando la Educación, 1.733 reincorporados fueron atendidos en los antiguos ETCR, en básica primaria y media. Este esfuerzo es importante para que esa base guerrillera que se desmovilizó pueda continuar con éxito el proceso de reincorporación a la vida civil, su compromiso con Colombia y con la legalidad.

No hay duda, el presidente Iván Duque ha gobernado para todos. Emprendió una maratónica labor para cumplir un acuerdo que él NO apoyó. Prueba de ello, han sido los recursos aprobados en el Presupuesto General de Nación y que, a partir del 2020, se incluye en la Ley un Anexo especial de Gasto para la Construcción de Paz. Por ejemplo, para la vigencia 2020, se destinaron $9.8 billones para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Marco de Implementación, y $10.6 billones en el Presupuesto del 2021. Del mismo modo, destaco los $2.7 billones de recursos asignados en el presupuesto de regalías para el bienio 2021 – 2022 a la bolsa ‘paz’, los cuales serán destinados única y exclusivamente para financiar proyectos en los 170 municipios PDET.

En esa línea puede catalogarse como “absurdo” que algunos pretendan culpar al gobierno por la muerte de algunos excombatientes, cuando según la propia Fiscalía, el 61% de estos homicidios son responsabilidad de disidencias de las Farc y de grupos criminales, en su mayoría producto de disputas por las rentas ilegales. De no preocuparse por la seguridad de los desmovilizados, el Estado hubiera retirado de los antiguos ETCR los dispositivos de seguridad, que en la actualidad están compuestos por 3.054 hombres; de ellos, 2.218 corresponden a integrantes del Comando Conjunto Estratégico de Transición y 836 más adscritos a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP). Como dato adicional no se puede olvidar que para 2019 el costo de la seguridad de los excombatientes fue de $129.782 millones y para 2018 de $119.429 millones.

Colombia no puede permitir procesos de ‘paz’ que impliquen impunidad para los jefes de grupos criminales que hayan cometido delitos atroces y de lesa humanidad, y que no haya mecanismos claros para exigir cumplimiento a todas las partes. No puede ser que sólo se exija cumplir al Estado, y que la otra parte exija beneficios jurídicos, económicos y sociales y no cumpla con sus compromisos. Además, muy mal mensaje el de la justicia, algunos medios de comunicación, políticos, garantes del proceso y muchos en la sociedad de no exigir todos los días verdad y reparación para las víctimas, quienes se suponen eran, y deben ser, el eje central del acuerdo que firmaron las Farc con el gobierno anterior.

El gobierno del presidente Duque seguirá cumpliendo con lo pactado, como lo ha manifestado, pero a la vez continuará trabajando para combatir la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, las disidencias, la muerte de líderes sociales y la afectación a los bienes públicos. La legalidad expresada en el respeto por la constitución, la ley y la autoridad es el camino.

Por ahora solo resta seguir preguntando: ¿Cuándo cumplirán las Farc?…

Nuestras historias

Congreso virtual 2020

La gestión legislativa del año 2020 fue atípica. Pese a los retos que nos impuso la virtualidad y las sesiones mixtas fue un tiempo productivo que nos obligó a adaptarnos al uso de las nuevas tecnologías para continuar con el compromiso que adquirimos de trabajar por Colombia y por su gente.

Al terminar este primer período de la tercera legislatura es hora de hacer balances y presentar algunos logros legislativos, en momentos en que libramos una fuerte crisis económica y social, y nos mantenemos alertas por el aumento del contagio, como consecuencia de la pandemia desatada por el Covid-19.

En este tercer período legislativo que inició el pasado 20 de julio, radiqué 15 proyectos de ley de mi autoría y 3 como coautora. De esas iniciativas quiero resaltar el proyecto de ley que incentiva el uso de la guadua y el bambú y su sostenibilidad en el territorio, que abre las posibilidades a que nuestro país pueda aprovechar ese potencial productivo para sembrar un millón de hectáreas de guadua, que hoy se dificulta porque sólo se ve la guadua con fines de protección y preservación ambiental y no para sembrar y desarrollar la agroindustria. Otro proyecto en el que he insistido es el mejoramiento de las condiciones productivas y de vida para los pescadores artesanales, quienes se han visto enfrentados a la fuerte caída de los volúmenes de pesca por la contaminación, la sobreexplotación, la carencia de instrumentos para sus faenas, y los altos índices de pobreza.

De otro lado, está el proyecto de ley que permite el derecho a la objeción de conciencia, ya que busca que trabajadores del sector salud, jueces y notarios puedan invocar ese sagrado derecho constitucional a objetar en conciencia decisiones que atentan contra sus más íntimas convicciones y creencias como practicar el aborto en las causales despenalizadas por la Corte Constitucional, o protocolizar la unión de personas del mismo sexo, o cualquier otra decisión que contraríe sus profundas convicciones.

Así mismo, y con el fin de preservar uno de nuestros patrimonios de la humanidad reconocido por la Unesco, radiqué un proyecto de ley que reconoce al Paisaje Cafetero como patrimonio cultural de la Nación. Este bello paisaje está reconocido como patrimonio mundial pero no nacional. Sumado a esos proyectos, está el que busca proteger los ecosistemas de manglar, fuertemente deteriorados por la indiscriminada construcción, deforestación y deterioro costero, en especial en el Golfo de Morrosquillo. Y un último proyecto para mencionar, es el que regula el transporte terrestre automotor mixto en zonas rurales, para que vehículos, como los jeeps, estén adecuados a las necesidades de movilización de las personas y de sus productos.

Entre otras de mis actividades legislativas durante este período, resalto mi participación como coordinadora ponente del Presupuesto General de la Nación 2021, fijado en $314 billones, 19,2% de incremento respecto al monto aprobado para 2020; y que será uno de los más importantes en la historia reciente debido a su contribución para la reactivación económica. Logramos en el debate en el Congreso el aumento más alto alcanzado para un presupuesto de inversión con $58.5 billones. Igualmente, conseguimos que el Gobierno se comprometiera a no realizar aplazamientos de los montos aprobados, y a la ejecución de los compromisos establecidos en materia de reactivación económica y atención a población vulnerable.

En lo referente a debates de control político realizados, destaco el de la evaluación de los programas sociales del Gobierno, demostrando el impacto positivo que han tenido en la calidad de vida de los hogares más vulnerables las transferencias monetarias no condicionadas y los programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Otro debate realizado fue a la ejecución de los recursos del SENA para infraestructura y la presunta corrupción registrada en el gobierno anterior. Adicionalmente, hice control político al uso de la biodiversidad en el País y la necesidad de tener una normatividad clara frente al uso de esta como recurso genético.

Como miembro de la subcomisión del Senado para evaluar la oportunidad y eficacia de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente a la declaratoria de las dos emergencias económica, social y ecológica, rendí informe de las bondades y pronta respuesta del Gobierno del presidente Duque para frenar el contagio del Covid-19 así como para apoyar a los hogares más afectados, preservar el empleo y ayudar a las empresas. De manera especial, resalté la prioridad dada a la infraestructura y dotación de hospitales públicos y los estímulos económicos para los trabajadores del sector salud, quienes han sido piedra angular para atender a la población afectada por la pandemia. Igualmente, se resaltó el impacto positivo en el ingreso de los hogares y para las empresas de programas novedosos como Ingreso Solidario y la devolución del IVA a los hogares más pobres, y el subsidio del 40% a la nómina de las empresas con trabajadores de uno y dos salarios mínimos – PAEF.

Nuestra bancada en el Congreso radicó una constancia en la que no solo exaltamos el gran trabajo del presidente Iván Duque y su gobierno para aminorar los impactos de la pandemia, sino que elevamos importantes propuestas como extender hasta junio de 2021 el programa Ingreso Solidario, ampliar los beneficiarios de 3 a 4.5 millones de familias e incrementar el subsidio de $160.000 a $320.000. Así mismo, reiteramos la importancia de mantener los giros extraordinarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción; y extender hasta marzo de 2021 el subsidio a la nómina para ayudar a preservar el empleo y la sostenibilidad de las empresas.

El Congreso de la República sesionó virtual y presencialmente cuando se requirió para votar y elegir Procurador General de la Nación y magistrado de la Corte Constitucional; y mantuvo el dinamismo político de los debates y discusiones legislativas. No se frenó su labor de control político y escenario activo de la democracia. Por supuesto que se vibra más participando desde el Capitolio Nacional que desde una plataforma tecnológica, pero gracias a esta herramienta realizamos nuestro trabajo legislativo.

Estoy segura de que el 2021 será el año de la reactivación económica de la gran mayoría de las empresas para recuperar empleos y generar riqueza, y del mejoramiento en el bienestar de las familias colombianas. Familia, solidaridad, tecnología, autocuidado, aislamiento, bioseguridad, desempleo, transparencia y otras tantas expresiones marcaron el 2020. Doy gracias a Dios porque en medio de las dificultades inmensa que Colombia y el mundo han vivido por un virus que no vemos, ni tocamos, ni olemos pero que ha devastado a hogares, economía y comunidades, me permitió superar el Covid y continuar mis actividades familiares y legislativas. En la memoria quedará fijada la experiencia nueva de ejercer la labor congresional virtualmente y de mantener viva la democracia.

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El conejo de las Farc

Sin duda los únicos que ganaron con el “Acuerdo Final” que entró en marcha el primero de diciembre de 2016, y que la mayoría de los colombianos le dijimos NO en el plebiscito fueron las Farc. Hoy no solo viven en la impunidad, no han reparado a una sola víctima con los recursos que dijeron iban a entregar, no han devuelto a los menores reclutados, y sus máximos líderes están con curul en el Congreso, sino que no hay mecanismo alguno ni autoridad competente que les exija cumplir con su parte de lo pactado con el gobierno genuflexo de Juan Manuel Santos.

Tristemente han pasado cuatro años desde que a espaldas de los colombianos se premió a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad; los mismos que hoy dan cátedra de moral, unos desde el Legislativo y otros peor aún desde la clandestinidad, lugar al que volvieron para alzarse en armas y vivir en la ilegalidad. Sin duda aquello de “verdad, justicia, reparación y no repetición” solo fue una frase plasmada en el papel para impulsar un pacto con el que le hicieron conejo a Colombia y a las más de tres millones de víctimas que dejó su actuar criminal.

El incumplimiento de las Farc es lo que ha caracterizado estos 1.460 días desde que el acuerdo entró en vigor. Los líderes de ese grupo solo han buscado excusas para no cumplir con las obligaciones adquiridas. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), las Farc reportaron que entregarían $964 mil millones en activos, de los cuales no entregarán 30 mil bienes, representados en 17.533 semovientes (de los 24. 456 reportados); 15.452 muebles y enseres (de los 51.990 inventariados); 200 inmuebles (de los 722 prometidos); 157 vehículos (de los 319 registrados), 100 joyas de plata y 22.460 gramos de oro granulado y en lingotes. A eso se suman $9.955 millones en efectivo, de los $12.070 millones relacionados en 2017.

Pero el incumplimiento es descarado. Al pasado 15 de noviembre, el valor monetizado de lo poco que han entregado es de $4.069 millones, incluidos rendimientos financieros; esto equivale a un 0,7% del total de bienes que ellos reportaron. Mientras que en materia de oro entregaron 18 lingotes, los cuales fueron avaluados en $34.000 millones. Luego de ser fundidos entraron al proceso de comercialización, el cual se espera, según la Sociedad de Activos especiales (SAE), termine en 2021. Dado los incumplimientos, el gobierno del presidente Duque ha puesto como plazo el próximo 31 de diciembre para que las Farc entreguen los bienes que ofrecieron y poder resarcir a las víctimas.

De otro lado, no entregaron la totalidad de las armas que dijeron tenían, y que el mismo gobierno Santos anunció con bombo. De las 14 mil armas solo llegaron a manos de la ONU 8.994 y no entregaron la totalidad de las caletas. Varias de ellas han ido apareciendo en el transcurso del tiempo gracias a la labor e inteligencia de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. En lo referente a la entrega de los menores de edad, que también han incumplido, solo entregaron 144 de los 6.800 menores reportados por la Fiscalía como reclutados, con el argumento de que se vincularon a sus filas de manera ‘voluntaria’ y que por supuesto muchos de ellos ya eran adultos.

A los anteriores incumplimientos se suma que no entregaron las rutas del narcotráfico ni han contribuido con la erradicación de cultivos ilícitos. Por el contrario, durante los dos años anteriores a la firma del acuerdo promovieron las siembras de coca y, además, sobre la base de que las familias recibirían $36 millones por hectárea erradicada, dispararon las hectáreas sembradas de coca hasta llegar a las 200 mil que hoy nos tienen con aumento de la criminalidad, más violencia en los territorios con presencia de cultivos ilícitos, muerte de líderes, y fortalecido el narcotráfico.

Continuando con los incumplimientos no puedo dejar de mencionar la falta de verdad y reparación con las víctimas, así como el compromiso de hacer tránsito definitivo a la legalidad, lo que varios no cumplieron, incluyendo a los negociadores que firmaron el dañino acuerdo de impunidad como los narcoterroristas Jesús Santrich, Iván Márquez y El Paisa; quienes nuevamente se alzaron en armas y delinquen desde su guarida en Venezuela.

Ahora revisemos el panorama de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), justicia que parece haber sido diseñada a la medida de las Farc, ya que de la 33.410 decisiones judiciales adoptadas al 23 de octubre de 2020, ninguna ha sido para condenar a algunos de los 9.764 exguerrilleros de las Farc sometidos a dicho tribunal, porque los juicios increíblemente no han iniciado, en especial los de los máximos líderes de ese grupo guerrillero, quienes hoy, con descaro, niegan la comisión de graves delitos como reclutamiento forzado, abortos, violaciones, homicidios y secuestros, entre otros. Una burla para las víctimas.

Ahora me pregunto, ¿dónde están los que defendieron con tanto ahínco ese acuerdo sobre la base que las víctimas eran el eje central de esa negociación? y ¿quién le exige cumplimiento a las Farc?, preguntas que difícilmente tendrán una respuesta.

No nos cansaremos de seguir exigiendo que las Farc cumplan y que dejen de señalar al gobierno Duque, que es el único que ha cumplido y con creces lo contenido en un acuerdo al que 6.426.615 colombianos le dijimos NO.

Reitero nuestro apoyo para la base desmovilizada de la guerrilla de las Farc para que materialicen con éxito su proceso de reincorporación social y productiva, pero para sus líderes exigimos que respondan con verdad y reparación a sus víctimas y al pueblo colombiano.

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Referendo por Colombia (1)

El Centro Democrático, en cabeza de nuestro líder el expresidente Álvaro Uribe, presentó al país un borrador de propuesta para discusión de un referendo constitucional compuesto por cinco temas: justicia, medioambiente, programas sociales, educación y austeridad en el Estado.

El objetivo es lograr cambios necesarios de política pública consultando el querer del pueblo colombiano, para avanzar en mayor confianza, eficiencia, oportunidad y despolitización de la justicia; más compromiso con el cuidado de la riqueza natural; mejores oportunidades educativas para nuestros estudiantes; más ingresos que contribuyan al bienestar de los hogares vulnerables, y menos burocracia para que haya más inversión social.

En esta oportunidad abordaré el tema de justicia. Lo primero que se propone eliminar o reformar es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); un tribunal que parece estar diseñado a la medida de los integrantes de las Farc (9.764 acreditados ante la JEP al 23 de octubre), quienes a hoy no han sido juzgados ni condenados por los crímenes de lesa humanidad cometidos, y solo han comparecido para negar cínicamente su responsabilidad en delitos como secuestro, violación, homicidio y reclutamiento de menores, entre muchos otros. Una burla para las víctimas y para el país. Pero irónicamente esa JEP sí parece tener rasero para juzgar a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía que han comparecido. Nuestros héroes han sido tildados, juzgados y muchas veces expuestos, dado que sus audiencias han sido públicas, mientras que las de las Farc han sido reservadas. Parece que para los magistrados de ese tribunal la prioridad no fueran las víctimas, supuestamente eje central del acuerdo Santos – Farc que dio luz verde a la creación de dicha justicia, sino enlodar a los cientos de hombres y mujeres que día a día velan por la seguridad y la soberanía de nuestro país.

Por esto proponemos la creación de una instancia especial para que procese a los 2.730 integrantes de las Fuerzas Armadas (acreditados ante la JEP al 23 de octubre), una que tenga magistrados imparciales y que conozcan los procedimientos, reglas y jerarquías que rigen en cada una de estas instituciones. Pero además contempla la libertad condicional para quienes hayan cometido delitos antes del primero de diciembre de 2016 y hayan cumplido cinco años de condena efectiva. Es importante precisar que en este caso no operarán los delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro o terrorismo, como debió haber sido desde el principio. A la fecha, la JEP ha otorgado 394 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas, a integrantes de la Fuerza Pública y a terceros, y ha negado 194 más.

Pero no es el único cambio en materia de justicia. El referendo también propone modificar las Altas Cortes, dejando una corte única que unifique la jurisprudencia, que no tenga ninguna función de tipo electoral y que esté constituida por magistrados mayores de 55 años que sean elegidos, por mérito, por el Senado de la República para fungir por periodos de 12 años.  El objetivo es lograr una justicia eficaz, no politizada ni sesgada, que solo actúe bajo la premisa de hacer cumplir la ley, velar por los intereses de los ciudadanos y garantizar pronta justicia. A esta propuesta también se suma la creación de un tribunal de aforados que tenga independencia plena en el juzgamiento de congresistas y magistrados.

Estas reformas en la rama judicial no solo son necesarias sino urgentes, más si se tiene en cuenta la percepción del país en la materia, la cual es preocupante. Según el Dane, solo el 16,1% de las personas mayores de 18 años confían en los jueces y magistrados de nuestro país, lo que devela falta de eficacia y transparencia; mientras que según el Índice de Estado de Derecho 2020, del Proyecto Mundial de Justicia, la calidad en la justicia penal en Colombia ocupa el puesto 101, entre 128 países y el puesto 77 en materia de efectividad judicial. Panorama desalentador.

Se requiere una justicia que exija verdad y no impunidad; que sea imparcial y garante de los derechos que le asisten a cada colombiano; que recupere la credibilidad por su apego a la Constitución y a la ley, y se aparte de la corrupción y pasiones políticas.

Este es el primero de varios análisis que haré de esta propuesta de referendo. Invito a los colombianos a que escuchen y analicen cada uno de los puntos que contiene esta iniciativa, que está abierta a comentarios para robustecerla. El objetivo es y seguirá siendo trabajar por el fortalecimiento de las instituciones, en especial de la justicia que es pilar fundamental del estado de derecho.

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Referendo y educación

Una de las banderas del Centro Democrático ha sido asegurar la cobertura y la calidad de la educación para nuestros niños, niñas y jóvenes. Respondiendo a esa necesidad, el referendo constitucional que propone nuestra bancada, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, en uno de sus puntos, busca garantizar el acceso, sin restricción, y la gratuidad de la educación preescolar, básica y media; así como mejorar la calidad del sistema para subir el nivel y las competencias de nuestros estudiantes.

En esa línea quiero explicar la propuesta que presentamos para debate frente a esta materia. Nuestro objetivo es garantizar el acceso a un servicio público esencial como es la educación y poner fin a la brecha de calidad en el sistema educativo que tiene nuestro país. No disponer de recursos económicos no puede ser excusa para limitar el acceso a la educación preescolar, básica y media. Para lograrlo proponemos la gratuidad para estudiantes de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que accedan tanto a instituciones educativas oficiales como privadas, en concesión o del sector solidario. Ello a través de un bono que se le entregaría a la institución educativa que recibe al estudiante. Con lo cual no sólo estamos potenciando la importante decisión que deben adoptar los padres de familia de escoger el colegio que quieren para sus hijos, sino contribuyendo a dar igualdad de oportunidades a nuestros estudiantes.

Otro de los objetivos de la propuesta es mejorar la formación académica y el entorno educativo de los niños y jóvenes que les pueden brindar muchas instituciones educativas privadas o del sector solidario.  A ello se suma la urgencia de frenar los abusos impuestos por Fecode, que tanto daño le ha hecho a la calidad educativa y al ambiente escolar. Muchos de los afiliados a Fecode no sólo abusan llevando sus posiciones políticas al aula de clase, sino que anteponen sus intereses gremiales a las exigencias de mayor dedicación a los alumnos, rigurosidad en las jornadas académicas y planes de estudio, preparación y actualización, y contribución para reafirmar valores cívicos y morales de los educandos.

Pero si bien hay excesos de las directivas y muchos afiliados a Fecode, que se alejaron del fin del buen maestro que es dar ejemplo con su vida y contribuir a generar gusto y pasión por el conocimiento en sus educandos, también es cierto que hay extraordinarios maestros, en especial aquellos ubicados en zonas rurales y apartadas quienes, con muy pocas ayudas, pero gran compromiso, logran lo mejor de sus estudiantes. Para ellos mi reconocimiento.

El grueso de los estudiantes de nuestro país, 7.8 millones que equivale al 78% de la matrícula, está en las instituciones oficiales. En Colombia hay 59.052 sedes educativas, de las cuales 39.446 están en la ruralidad y 19.606 más en la zona urbana. Para 2019, el número de docentes, según el Dane, era de 488.537, de los cuales 321.344 (71%) están vinculados a instituciones públicas y 132.524 (29%) a instituciones privadas.

Una de las maneras como se mide la calidad educativa es a través de las pruebas Saber, que permiten también comparaciones internacionales. Y es motivo de preocupación la gran brecha en los resultados de las pruebas Saber en sus cuatro niveles, donde los resultados de los estudiantes de instituciones educativas oficiales han estado muy por debajo de los de colegios privados.

Para el año 2017, los resultados de las pruebas saber 3°, 5° y 9° son muy reveladores. Mientras que, en la prueba de lenguaje, el 32% de los estudiantes de grado 5° en instituciones privadas obtuvieron un nivel avanzado, tan solo el 11% de los estudiantes de instituciones urbanas y el 7% en instituciones rurales oficiales obtuvieron dicha distinción. En cuanto a los resultados en las pruebas de matemáticas, la situación es más preocupante, ya que solo el 9% de los estudiantes de instituciones urbanas y el 7% de estudiantes en instituciones rurales oficiales se localizaron en el nivel avanzado, mientras que el 27% de los estudiantes de colegios privados obtuvieron dicho nivel. La situación se repite en los resultados de las pruebas Saber para los grados 3° y 9°, en donde sigue siendo evidente la brecha en los resultados obtenidos por estudiantes dependiendo de la institución.

Del mismo modo, vale la pena resaltar los resultados reportados en las pruebas Saber 11 de 2019, donde se reconocen importantes diferencias en la puntuación entre estudiantes de instituciones privadas y oficiales. Por ejemplo, en la categoría de Matemáticas se evidencia una diferencia en el puntaje promedio de 4.7 puntos. El de las instituciones privadas fue de 54.2 mientras que el puntaje promedio para estudiantes en colegios oficiales fue de 49.5, y si comparamos los resultados en inglés, la diferencia es de 8.4 puntos. Finalmente, al comparar el puntaje promedio global se encuentra una diferencia cercana a 25 puntos, reconociendo un desempeño más bajo en estudiantes de instituciones de educación públicas.  

Son los hijos de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad los que más requieren dedicación académica, acceso a la tecnología, oportunidades deportivas y culturales, doble titulación, segunda lengua, en síntesis, la mejor educación. Y el Gobierno Nacional que invierte un presupuesto cercano a los $40 billones al año para educación básica y media debe exigir calidad; pero lamentablemente no lo logra por las barreras que el más importante actor en el proceso de enseñanza que es el profesor no lo permite.

Entonces, ¿cuántos estudiantes se han visto afectados por las recurrentes suspensiones de clase?, ¿cuántos docentes siguen devengando su salario completo, pese a que no cumplen con su labor por estar en manifestaciones y protestas?, ¿quién responde por el atraso académico y las clases perdidas?… Hasta el momento, nadie, porque si bien Fecode es bueno para criticar y entorpecer mucho de lo que se hace para fortalecer el sector, lo que propone es el mejoramiento salarial de sus afiliados y que se le siga respetando su tiempo para dejar de asumir sus responsabilidades académicas y dedicarse al proselitismo político y la presión al gobierno de turno cuando no le da gabelas.

Sería muy bueno que los 270.000 docentes afiliados a Fecode cumplieran con su deber, y no seguir afectando el proceso de enseñanza – aprendizaje de tantos niños, niñas y jóvenes que anhelan estar sin interrupciones en las aulas, así sea como ahora desde la virtualidad.

La educación abre las oportunidades al conocimiento, a ser mejores ciudadanos, a una mayor productividad empresarial, a la movilidad social, en fin, es la llave para el desarrollo económico y social. Apoyemos la opción que planteamos en el referendo para que los padres y estudiantes puedan escoger la institución educativa libremente y el Estado financie esa decisión.

Nuestras historias

Austeridad pospandemia

Colombia no será ajena a los impactos negativos desencadenados por la pandemia del Covid-19 en el mundo. Los retos son muchos en materia de reactivación, pero ninguno imposible para un país que está bien dirigido por el presidente de la República Iván Duque y que tiene metas claras para responder a las necesidades de sus ciudadanos.

Es esa línea quiero referirme en esta columna a la austeridad en el manejo del Estado, contemplado en la propuesta de referendo liderada por el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático. En este punto el objetivo propuesto es promover un Estado austero que priorice los recursos para la inversión social y que reduzca el presupuesto para gastos de personal y generales en el sector público. Según informe del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la eficiencia del gasto público, en 2016 Colombia reportó uno de los Gastos en Compras Públicas más altos de la región, 10% como porcentaje del PIB, mientras que los países de América Latina y el Caribe reportaban en promedio un gasto de 8,6%.

Al igual que muchos de los países del mundo, Colombia enfrenta una de las peores crisis en materia social y económica. Prueba de ello es la contracción que ha vivido la economía durante el 2020, que si bien en las últimas cifras reveladas por el Dane demuestran una contracción de -9% del PIB para el tercer trimestre, que fue inferior al trimestre anterior, la caída del PIB estimada para el año 2020 es del -7%.  Del mismo modo, se reconoce que como consecuencia de la caída en la actividad económica, producto del confinamiento y el cierre del 85% de las actividades por casi tres meses, hubo una importante afectación en el empleo.

Aunque los indicadores de mercado laboral presentaron una recuperación durante el mes de septiembre, con una tasa de desempleo de 15,8% luego de ser – 20,1% en abril, el reto sigue siendo enorme, tomando en consideración que el desempleo ha afectado en mayor medida a las mujeres (20,7%) y jóvenes (25,9%). No puedo dejar de mencionar los efectos negativos en materia de pobreza, donde perdimos el esfuerzo de los últimos 15 años en el país hasta llegar a bajarla al 27%. En estos meses de pandemia se estima un incremento de casi 10 puntos en el porcentaje de personas en condición de pobreza. 5.4 millones quedarían en condición de pobreza. Una tragedia social y familiar. Pero gracias al gran trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque en materia de atención a población vulnerable a través de programas sociales como Ingreso Solidario, Familias y Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y Devolución del IVA, han permitido mitigar parte de la caída en los ingresos de los hogares más vulnerables. 

Es bueno recordar que además de los ingresos tributarios, la segunda fuente importante de recursos para la atención de la emergencia es el endeudamiento. Según información del Banco de la República, para el mes de agosto, el país alcanzó un endeudamiento equivalente al 53,6% del PIB, deuda que ha sido necesaria en la pandemia, pero que debe ser pagada. Se estima que la deuda será cercana al 65% al cierre del año. Lo anterior, implica un gran desafío, para este y próximos Gobiernos que tendrán que pagarla.

Bajo el actual panorama que nos deja la pandemia, resulta fundamental garantizar austeridad en el gasto, por lo que en la propuesta de referendo planteamos dos puntos. Por un lado, garantizar que el incremento en el gasto de funcionamiento y por supuesto de la nómina del Estado que es superior a los $6.5 billones año, no supere la inflación anual esperada. Cabe señalar que en el presupuesto aprobado para 2021, el gasto de personal se programó tomando solamente como base el incremento de la inflación esperada (2,4%) y se redujo en $340 mil millones los gastos de bienes y servicios; esta tendencia tendrá que mantenerse por lo que el compromiso del Gobierno será determinante.

A renglón seguido, la propuesta promueve la reducción del Legislativo en un 30% y congelar durante un periodo de seis años los salarios de los congresistas.

En la actualidad, el Congreso está compuesto por 108 Senadores, de los cuales 100 corresponden a circunscripciones nacionales, 5 curules para las Farc, como parte del Acuerdo Final, y 1 curul para la segunda votación presidencial más alta. 172 curules tiene la Cámara de Representantes, de las cuales 161 corresponden a circunscripciones territoriales, 2 por las comunidades Afro, 1 para representar a colombianos en el exterior, 1 para las comunidades indígenas y 5 para las Farc. Para el 2020, el Congreso contó con un presupuesto de $633 mil millones, y con la Ley de Presupuesto aprobada para 2021 el Congreso contará con un presupuesto de $648 mil millones, 2,3% de incremento respecto al 2020. No es sólo el salario de los congresistas sino los 50 salarios mínimos que cada uno tiene para vincular el equipo de apoyo al trabajo legislativo, más los gastos en seguridad y desplazamiento, los cuales en 2020 fueron de $22.9 mil millones para Senado y $41.8 mil millones para Cámara.

Se estima que con el congelamiento del monto de presupuesto planteado por seis años en gastos de personal y generales del Estado el ahorro anual puede ser superior a los cinco billones de pesos.

Quiero terminar esta columna reiterando la necesidad de establecer una cultura de austeridad en el Estado, lo cual debe ser un compromiso no solo de este, sino de los futuros mandatarios, quienes tendrán que ser responsables con las finanzas públicas, sin descuidar las necesidades de inversión, necesarias en el proceso de reactivación de la economía y la atención a la población más vulnerable.

Nuestras historias

El Consenso de Ginebra

En el embarazo hay dos cuerpos, dos vidas, ambas igual de importantes y con los mismos derechos; por eso no puedo entender cómo algunos se atreven tan siquiera a pensar en quitarle la vida al no nacido, al bebé en gestación. Pero además es inconcebible proponer que privarlo de vivir sea un “derecho” que le asiste a la madre o a terceros. La semana pasada, 32 países liderados por Egipto, Estados Unidos, Brasil, Indonesia y Hungría, entre otros, reafirmaron que “no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”, declaración firmada y conocida como el Consenso de Ginebra.

A renglón seguido indica el documento que “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”, que el aborto es un crimen y al mismo tiempo cuestiona que pueda ser un derecho de los padres matar a su propio hijo en el seno materno. Ratifica también la Declaración que en ningún caso se debe promover la práctica del aborto como método de planificación sexual y reproductiva, ni que exista responsabilidad de los Estados a financiar la repudiable práctica del aborto. Reiteran los países signatarios del Consenso de Ginebra que es la rama legislativa la única instancia para hacer cambios o tomar medidas en este sensible tema. Finalmente, los países firmantes reafirman a la familia como la célula natural y fundamental de la sociedad, e instan para que se adopten medidas de política pública para su protección y fortalecimiento.

Muy apropiado lo exhortado en la declaración del Consenso de Ginebra para nuestro país, en momentos en que la Corte Constitucional estudia una nueva demanda que busca despenalizar totalmente el aborto en Colombia, para dejarlo libre, abriendo así la puerta completamente a esa cultura de muerte. (Lea también: En defensa de la vida del no nacido).

Esta declaración es contundente para poner un tatequieto al denominado ‘grupo de expertos’ de Naciones Unidas (ONU), que están promoviendo el aborto voluntario y que los Estados no apliquen sanciones penales a las mujeres que cometan este delito, ni a las personas o clínicas que llevan a cabo esta aberrante práctica. Es inaceptable que una entidad que se creó, entre otras, para promover el respeto por los derechos humanos, busque negárselo al no nacido, al más indefenso de todos. Hay que recordar que lo que es un derecho internacional es la vida, no el aborto.

El aborto en ninguna circunstancia puede ser bueno para la madre. De un lado, por el riesgo sobre su vida, ese al que se ve abocada con esta práctica; y por otro, por las secuelas sicológicas, afectivas y familiares que deja para la mujer abortar a su hijo en gestación. El aborto es un homicidio, la única diferencia es que uno ocurre en el útero de la madre, y el otro fuera.  Bien lo dijo la Madre Teresa de Calcuta: “el país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a aplicar la violencia para lograr lo que se quiere”.   

Si bien es motivo de preocupación el número de casos de abortos en Colombia, en especial entre menores de edad y en zonas rurales, la salida a los embarazos no deseados no puede ser el aborto. Debe fortalecerse la red de apoyo a la mujer y a su familia, como se plantea en un proyecto de ley que está en discusión en el Congreso, y considerar la adopción como una alternativa real para que viva el bebé en gestación y encuentre una familia que lo acoja con alegría y cariño.

El bebé en gestación no es una cosa, es un ser sintiente con su propio código genético, que debe recibir, como su madre, toda la atención en salud, así como el cuidado y afecto que permita su desarrollo.  Reafirmo como mujer, madre y ahora abuela que la vida debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural.

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Se apagó Electricaribe

El Caribe colombiano le dijo adiós a más de 10 años de calvario vivido por el mal servicio de energía. Espero que queden atrás las miles de quejas de los usuarios de Electricaribe que colapsaban las líneas de atención al ciudadano en busca de una solución, que muchas veces, o eran momentáneas o nunca llegaban. Esta vez, gracias a la apuesta decidida, y promesa de campaña, del presidente Iván Duque de poner fin a un problema que envejeció mal, se escribe una nueva historia que beneficiará a los más de 10 millones de habitantes de siete departamentos, quienes espero cuenten con un servicio confiable, pero ante todo, de calidad.

Renace la esperanza en el servicio de energía en la Costa Caribe por cuenta de la entrada en operación de Caribe Mar y Caribe Sol, los nuevos operadores del servicio. Ambos llegaron para garantizar calidad, continuidad en el servicio, así como la ejecución de proyectos de inversión por $8,7 billones, en un plazo de 10 años, todos destinados al mejoramiento de estaciones y subestaciones, cambio de transformadores, redes eléctricas y modernización de equipos; tarea obligada, pero que por años fue aplazada e incluso evadida.

En esa línea Caribe Mar, que incluye los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar asumirá el servicio de energía de 1.5 millones de usuarios, mientras que Caribe Sol, que agrupa a los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira, lo hará con 1.2 millones.

Pero esto apenas comienza. Ambos operadores tienen enormes desafíos, pero quizá uno de los más importantes, es recuperar la confianza de los usuarios históricamente afectados por la deficiencia en el servicio, el deterioro de la infraestructura, los cobros excesivos, muchas veces injustificados, así como los problemas financieros que llevaron a Electricaribe al borde del abismo y finalmente, a su intervención por la Superintendencia de Servicios Públicos y el cese de la operación. Pero todo ello será de manera gradual; este no será el fin mediato de los problemas, muchos de los que se intensificaron con el paso de los años en el Caribe, región que representa el 23% del consumo total de energía en Colombia.

No puedo dejar de ponderar el anuncio del presidente Duque de que la Nación asumirá el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, el cual supera los $2 billones y que busca proteger los derechos de los más de 3.100 pensionados. Así mismo se garantizará la sustitución patronal, lo que permitirá la estabilidad laboral y protección de los más de tres mil trabajadores actualmente vinculados a la compañía.

Es importante decir que los montos de inversión exigidos a cinco años ascienden a $3.2 billones para Caribe Mar, y a $2.6 billones para Caribe Sol. Mientras que la proyección a 10 años es de $5 billones y $3.7 billones, respectivamente. Todo un reto que permitirá mejorar los indicadores del servicio de energía, la calidad del servicio a los sectores productivos y la vida de los ciudadanos con la terminación definitiva de los racionamientos de energía, apagones, cobros sin registro y malversación de recursos.

Como sincelejana celebro este nuevo capítulo que se escribe para el sector energético de la región Caribe. Pasamos de Corelca y Electrocosta a Electricaribe, y ahora a Caribe Mar y Caribe Sol. Estoy convencida que el seguimiento del Gobierno Nacional a la operación, la vigilancia que ejercerá la Superintendencia de Servicios Públicos a los avances de las obras, así como de los indicadores en materia de servicio, deben asegurar los compromisos adquiridos, en especial con el mejoramiento de la calidad del servicio.

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Seguridad alimentaria y pandemia

El Covid-19 no solo ha provocado graves efectos sociales y económicos en el mundo entero, sino que ha sido una amenaza para la seguridad alimentaria de muchos países en vías de desarrollo. Colombia no ha sido la excepción. Entre otras cosas porque cuando hablamos de seguridad alimentaria consideramos tanto la oportuna y suficiente oferta de alimentos, como la capacidad de adquisición de la canasta nutricional mínima por parte de los ciudadanos para su desarrollo. Esto no es otra cosa que disponer de los ingresos necesarios para acceder a esos alimentos que se requieren.

Durante la pandemia el país no ha tenido problemas de oferta de alimentos ni de su distribución, ello gracias al trabajo dedicado y constante de nuestros productores agropecuarios, en especial de los campesinos; y a las oportunas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para dar prioridad al transporte intermunicipal de alimentos en condiciones favorables. Pero donde sí hemos tenido inmensos riesgos es en el otro componente fundamental para la seguridad alimentaria: que los hogares cuenten con ingresos que les permita adquirir la canasta nutricional mínima para vivir.

Para enfrentar este panorama han sido claves y oportunas las medidas implementadas por el gobierno del presidente Iván Duque. En esa línea quiero destacar el decreto 471 de 2020, con el cual el Ministerio de Agricultura asumió el control de la política de precios de los insumos agropecuarios, poniendo fin a la especulación y apoyando a nuestros campesinos para que pudieran acceder a los suministros necesarios para continuar con su trabajo. Cabe señalar que, dentro de las decisiones y esfuerzos impulsados por el Ministerio de Agricultura para mantener la oferta de alimentos, está la línea de crédito “Colombia Agro Produce”. Se entregaron más de $311.000 millones en créditos: 55% para pequeños, 28% para medianos y 17% para grandes productores.

Igualmente hay que hablar del decreto 470 de 2020, el cual ordenó a las entidades territoriales garantizar que los estudiantes matriculados en colegios públicos, más de seis millones de estudiantes, recibieran en su casa los alimentos contemplados en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Sin duda, este gran esfuerzo logístico ha sido fundamental para minimizar los riesgos de una mala alimentación y de desnutrición infantil.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el principal efecto negativo de la pandemia fue el confinamiento obligatorio al que nos vimos abocados para evitar la propagación del Coronavirus, así como la pérdida de empleos o primera actividad fuente de ingresos en gran parte de la población, lo que disminuyó ampliamente el acceso al suministro regular y adecuado de los alimentos en muchos hogares.

En materia de ingreso de los hogares en condición de pobreza y de vulnerabilidad, las mejores decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para la seguridad alimentaria han sido la transferencia monetaria no condicionada del Ingreso Solidario, con un giro mensual de $160 mil para tres millones de hogares; y los giros extraordinarios de los programas con transferencias monetarias condicionadas como ‘Familias en Acción’, que ha beneficiado a 2.6 millones de familias, ‘Jóvenes en Acción’ que ha llegado a más de 300 mil jóvenes, y ‘Adulto Mayor’ con 1.7 millones de adultos cubiertos. Se estima que, gracias a estos programas, el ingreso del 10% más pobre de la población se ha incrementado en cerca de un 30%, permitiéndoles disponer de capacidad de gasto.

En paralelo, y para preservar el empleo formal y el ingreso, y apoyar a las empresas y personas independientes con tres o más trabajadores a cargo, se ha beneficiado a 3.1 millones de trabajadores de salario mínimo con el 40% del salario, desde mayo del presente año, y se ha extendido hasta marzo de 2021, y con el 50% de la prima de junio que se ha extendido también a la de diciembre. Cerca de $7 billones será el valor de este programa desde su inicio.

Todas estas estrategias han evitado una emergencia alimentaria en nuestro país, lo cual es positivo si se tiene en cuenta que la ONU advierte que como consecuencia del Covid-19, el número de personas en situación de hambruna crítica en el mundo aumentaría a 270 millones antes de terminar el 2020, lo que ocasionaría un aumento del 82%, comparado con 2019. En Colombia según el DANE, antes de la cuarentena, el 88,9% de las familias podían consumir tres comidas al día, pero tristemente hoy sólo lo pueden hacer el 68%. Impacto dramático que afecta la buena nutrición y por lo tanto la dignidad del hogar.

El mejor antídoto contra la inseguridad alimentaria por la carencia de ingresos suficientes y permanentes es el trabajo formal. Por ello, todos estamos llamados a contribuir con los esfuerzos públicos nacionales y locales para reactivar la economía, en especial a los sectores más intensivos en mano de obra como los sectores: textil, confecciones, calzado, agroindustrial, turismo y servicios ampliados (que será lenta su reactivación), y los servicios TIC. Reactivar la infraestructura y la vivienda son fundamentales como medidas de choque para rápidas oportunidades de empleo.

La pandemia ha servido no sólo para adoptar medidas audaces en materia de salud y de atención a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, sino para incrementar la solidaridad ciudadana. La pobreza monetaria para este año puede estar rondando el 40% de los hogares, lo cual es una tragedia social y una responsabilidad moral su atención. Por ello el retroceso social en bienestar y seguridad alimentaria exige no sólo que el gobierno mantenga en el 2021 estos programas, sino que apostemos a menos paros y marchas y más actividades productivas operando.

Nuestras historias

Emprender, tarea titánica

La crisis desatada por la llegada de la pandemia no solo puso a prueba el talante de los gobernantes, sino el de los ciudadanos para hacerle frente a la crisis y no dejarse amilanar ante la adversidad. En esa línea cobró especial relevancia la palabra emprendimiento. Aventura en la que hoy muchos se embarcan, pero pocos logran alcanzar y mantener en el tiempo.

Colombia no es ajena a ese escenario. Somos un país de gente pujante, trabajadora y proactiva que le gusta crear, generar empleo y ser parte del motor de la economía de nuestro país. Por lo anterior es tan importante el proyecto de ley, autoría del gobierno del presidente Iván Duque, que busca facilitar el Emprendimiento; y que contempla reducción de cargas y trámites para incentivar la creación de unidades productivas; así como un marco regulatorio que estimule la creación de empresa y la sostenibilidad en el tiempo de las mismas.

Adicionalmente, el proyecto de ley está orientado a facilitar el acceso de los emprendedores al mercado de compras públicas, con condiciones que les permitan una participación activa, al tiempo que abre oportunidades para acceder a recursos que ayuden no solo a materializar sus ideas de negocio, sino a incentivar su crecimiento en el mercado. Todo lo anterior es clave para quienes adoptan la decisión de emprender, bien sea de forma colectiva o individual. Es importante destacar iniciativas legislativas como esta porque generan impacto en la economía y desarrollo social, en especial en un momento en que Colombia libra una dura batalla contra los efectos económicos adversos derivados de la pandemia del Covid-19 y los innumerables impactos en salud y bienestar ciudadano que se han dado.

Según The Global Entrepreneurship Index, el cual cuantifica el nivel de percepción y oportunidades del ecosistema de emprendimiento de un país, Colombia se posicionó en el puesto 52 entre 137 países en 2019, con una puntuación de 34,1 que corresponde a una reducción de 4 puntos frente al puntaje obtenido en 2018. Dicha reducción se presentó principalmente en dos de los tres enfoques evaluados: el bajo nivel en las habilidades emprendedoras de la población, relacionadas con la percepción de oportunidades, capital humano e incorporación de nuevas tecnologías; al igual que el bajo nivel de innovación en el proceso de producción y en el producto final.  

Así mismo quiero destacar la falta de financiación para estas unidades de negocio, cuya evaluación fue de 2,2 sobre 5, indicando que el emprendedor cuenta con pocas alternativas de acceso a capital de riesgo, créditos bancarios o subsidios para llevar a la realidad su proyecto o idea, frenando el desarrollo productivo del país.

Esta iniciativa legislativa es relevante para que cualquier colombiano que decida emprender no sólo encuentre un favorable entorno para su creación y sostenimiento sino herramientas concretas tributarias, financieras y de mercado que contribuyan a su realización.

En Colombia los emprendimientos son muchos, y sí que lo hemos podido ver en tiempos de pandemia, donde cientos de personas se vieron obligadas a reinventarse para garantizar un flujo mínimo de ingresos para su vida diaria. Pero esto no es nuevo. Ya en 2019, y según el Informe de Dinámica de Creación de Empresas de Confecámaras, entre enero y marzo de ese año se crearon 96.914 unidades productivas, 9,7% más que en el mismo periodo de 2018. A renglón seguido, el informe muestra que la mayor concentración de nuevas empresas está en microempresas (99,6%) y pequeñas empresas (0,3%). Lo triste es que, si bien las nuevas unidades de negocio han venido aumentando considerablemente, la tasa de supervivencia de ellas es considerablemente baja. Según estudio de Confecámaras, al cabo de 5 años de creada una empresa en Colombia solo el 42,5% sobrevive; este porcentaje varía según el tamaño de la firma, afectando en mayor medida a las empresas más pequeñas. 

Emprender es permitir materializar sueños y estimular la capacidad de innovar y estructurar negocios. Por eso este proyecto de ley que pasa a la Plenaria del Senado y de la Cámara es tan importante, dado que contribuye a jalonar crecimiento económico, y a que, sin distingo de edad, pero con ganas, se potencie la generación de riqueza, empleo y la reactivación económica.

Colombia no sólo tiene oportunidades y capacidades para emprender proyectos productivos sino emprendimientos sociales. Por ello propuse, y se acogió por las comisiones económicas conjuntas durante el primer debate, que hubiese una línea de trabajo alrededor de los emprendimientos sociales que benefician a zonas rurales y aquellas con elevados índices de pobreza. Igualmente propuse que se disponga de una red de empresarios solidarios, dispuestos a ser tutores de nuevos emprendimientos. Que mejor que aprender de las experiencias de otros.

Dicen que el que quiere subir inventa la escalera; por ello la cultura del emprendimiento, que también promueve el proyecto de ley, contribuye a construir los peldaños para subir y fortalecer el emprendimiento en el país.

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¿A qué juegan los indígenas?

Una minga inoportuna e irresponsable, así puedo definir la movilización que protagonizaron los cerca de siete mil indígenas que llegaron en caravana hasta Bogotá para hacerle un ‘juicio político’ al presidente Iván Duque. Un despropósito, más si se tiene en cuenta que no sólo estuvieron en el Cauca siete ministros en diálogo con ellos, sino que el gobierno ha cumplido con más del 80% de los compromisos que había adquirido.

La protesta es válida, y es un derecho constitucional que le asiste a todos los colombianos; lo que no se puede validar ni aplaudir es que esas manifestaciones deriven en limitación al transporte y la movilidad, y en vandalismo e incumplimiento de protocolos de bioseguridad ahora en pandemia. Además, que algunos con su afán político electoral sumerjan al país en una agitación social permanente.

Revisemos la situación actual de los pueblos indígenas. Según el Dane, el País tiene 1.905.617 indígenas, los cuales representan el 4% de la población colombiana. Están asentados en 767 resguardos, que cubren 28.9 millones de hectáreas, equivalentes al 25,3% del territorio nacional.

Con relación a los recursos que han sido asignados a las comunidades indígenas, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre 2019 y 2020 se han invertido $5.4 billones; un 54% de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, 2018 –2022, así: PGN ($1.4 billones); SGP ($3.9 billones) y SGR ($119 mil millones). En esa línea no puedo dejar de mencionar la inclusión del 96% de las propuestas (320) hechas por los indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en materia de economía, salud, educación, mujer, territorios ancestrales e infraestructura, entre otros.

Lo que duele es que, con esa extensión territorial y las asignaciones presupuestales del Gobierno, la pobreza monetaria sea 59,6%, incluso llegando en algunas zonas al 72,8%. Y en materia de cobertura de servicios públicos, tanto en energía (66%) como en acueducto (41,4%) las comunidades indígenas estén muy por debajo del promedio nacional.

Puntualmente hablemos de los compromisos adquiridos con la minga indígena del Suroccidente. Las inversiones en materia de vivienda superaron los $91 mil millones para la compra de 1.650 viviendas nuevas y 832 mejoramientos; en salud más de $5 mil millones, que permitieron sanear financieramente la EPS indígena del Cauca; y para seguridad se asignaron $198 millones para el fortalecimiento de las guardias indígenas. Otros $580 millones fueron para el empoderamiento de la mujer; $270 millones para la formación en arte y cultura; y más de $25 mil millones para el desarrollo rural, con lo cual se han beneficiado 400 productores en el Cauca. A esto se suman inversiones en educación por $42 mil millones y en ambiente por $5.150 millones para conservación y preservación.

Las problemáticas de los indígenas no son ajenas al gobierno, ni el enemigo es el presidente Duque. El narcotráfico y los cultivos ilícitos, a los que muchos de ellos les abrieron la puerta sin dimensionar que quedarían en medio de las disputas entre grupos armados por la producción y tráfico de droga, así como por la explotación ilegal de recursos, son su mayor problema. La situación es tan grave que, de acuerdo con el último informe de la ONU sobre cultivos ilícitos en Colombia, en los resguardos indígenas reposan 14 mil de las 154 mil hectáreas de coca.

Los indígenas tienen el gran reto de mejorar tanto sus condiciones de vida como las de producción lícita en su territorio. Igualmente, de invertir bien y de manera abierta y transparente los recursos que reciben del Estado. Y no olvidar que son varios los departamentos con población indígena trabajadora, deseosa de preservar su cultura, mejorar su bienestar y trabajar coordinadamente con las autoridades. Como bien dijo el presidente Duque, es mejor proponer que protestar.

Hacerle el juego algunos de los líderes indígenas al caos, narcotráfico, violencia e irrespeto a la Fuerza Pública no logra la solidaridad de los colombianos ni el respaldo gubernamental. Hay que construir con el Estado, no destruir con fines electorales.

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Un acuerdo de impunidad

Hace cuatro años Colombia alzó su voz y le dijo no a un plebiscito que buscaba aprobar todo lo que Juan Manuel Santos le concedió a la guerrilla de las Farc en las negociaciones de La Habana, sin importar las trampas para la institucionalidad, la democracia y la esperanza que se le vendió a los ciudadanos. El mandato del pueblo (6.426.615 votos) fue desconocido por el gobierno Santos. ¡Le hicieron conejo a la democracia! Con esa decisión, avalada por la Corte Constitucional y por el Congreso de la República, sin el voto del Centro Democrático, permitieron que los culpables de crímenes atroces como el secuestro, el reclutamiento de menores o la violación de niñas, entre muchos otros, no pagaran un solo día de cárcel y a cambio se les premiara a algunos de ellos con curules en el Congreso. 

No se equivocó el presidente Álvaro Uribe cuando dijo: “Con la impunidad no muere el odio, sino que nacen más violencias”, y así fue. Esos alivios judiciales que Santos le otorgó a las Farc solo sirvieron para premiar sus delitos y para abrirle paso al resurgimiento de otros grupos armados como las mal llamadas disidencias, esas que hoy ya superan los 4.000 hombres alzados en armas, organizados en 18 frentes, y distribuidos en 13 departamentos. Una amenaza para la seguridad y el orden público, dado que su principal fuente de financiamiento es el narcotráfico.

Pero hablemos del ‘conejo’ que las Farc le hicieron a su acuerdo. El inventario de incumplimientos es bastante amplio. Por ejemplo, a la fecha no hay reparación efectiva de las víctimas, quienes se suponía eran el eje central de la negociación; tampoco cumplieron con la entrega de los bienes ni las armas que reportaron, y peor aún, no hay verdad ni arrepentimiento real y genuino de su parte, una burla para quienes vivieron en carne propia la inclemencia de sus acciones.

Revisemos las cifras. De los 15.007 guerrilleros reportados por las Farc, solo 12.767 confirmaron su participación en el proceso de reincorporación a la vida civil. Los demás, incluyendo a tres de sus máximos líderes y negociadores del acuerdo: Jesús Santrich, El Paisa e Iván Márquez volvieron a las armas.

En cuanto al armamento, y según el expresidente Santos, las Farc entregarían 14.000 armas, entre ellas 11.000 fusiles, pero al final solo llegaron a manos de la ONU 8.894. Y el restante, es decir lo reportado pero no entregado, muy seguramente es lo que desempolvaron quienes se declararon en desacuerdo con el proceso para rearmarse y volver a la criminalidad.

Uno de los temas más sensibles es la entrega de los menores de edad que estaban en la guerrillerada. Para agosto de 2016, la Fiscalía reportaba 6.800, pero entre 2016 y 2017 solo fueron entregados 144. Sobre los 6.656 restantes argumentaron que ya habían alcanzado la mayoría de edad y que no estaban bajo su poder. Pese a ese argumento absurdo, hoy algunos de sus excomandantes como Carlos Antonio Lozada o Timochenko no reconocen ante la JEP, tribunal especialmente creado para garantizarles impunidad, que sí reclutaban menores de edad para sus filas. Increíblemente olvidaron a los 3.906 menores que llevaron a las filas del Bloque Oriental del Mono Jojoy, a los 819 del Bloque Caribe, los 814 del Bloque Sur y los 732 del Bloque Nororiental, entre otros, que reposan en los expedientes de la Fiscalía.  Pero además parece que los líderes de las Farc, que hoy posan de adalides de la moral en el Congreso de la República y ante la opinión pública, también olvidaron a las niñas y jóvenes que abusaron sexualmente, esas que además de ser ultrajadas físicamente también fueron obligadas a abortar. Tenían todo un manifiesto para usar y degradar a la mujer, en especial cuando quedaban en embarazo. Hoy tienen el descaro de negarlo pese a que sus víctimas los han confrontado. Testimonio de ello son las mujeres ultrajadas y que hoy están organizadas en la fundación Rosa Blanca.

Siguiendo con los incumplimientos, no puedo dejar de lado los bienes que, según las Farc, estaban valorados en $964.000 millones; sin embargo, a la fecha se han recibido bienes por cerca de $30 mil millones, de los cuales solo se han monetizado $3.842 millones. Esta es la hora que ni una sola víctima ha sido reparada con recursos de las Farc.

¿Quién le exige cumplimiento a las Farc?… La veeduría internacional no puede ser solo para uno de los firmantes, en este caso para el Gobierno Nacional. Si bien el presidente Duque como senador y candidato presidencial no apoyó el acuerdo de La Habana, al llegar a la Presidencia ha respetado lo pactado, y ha trabajado para cumplirle a esa base guerrillera que sigue haciendo tránsito a la vida civil y a la legalidad. Contrario a lo que hacen las Farc, que no solo no cumplen, sino que hoy no hay quién le exija cumplir. Se burlan del país al negar la comisión de delitos atroces y no entregar los bienes con sus coordenadas de ubicación y condiciones apropiadas para que la Sociedad de Activos Especiales, responsable de su administración, pueda monetizar y contribuir a reparar a las víctimas.

Difícil pedir a las víctimas y a la sociedad en general abrirle espacio al perdón en sus corazones a punta de señalamientos al gobierno y discursos vacíos de los congresistas de las Farc y algunos líderes pro-acuerdo, sin apuntarse con el mismo dedo acusador. En el marco de implementación del Acuerdo quedaron claros indicadores de compromisos del Gobierno, pero no de las Farc. Este es un acuerdo de una sola vía: que cumplan los próximos tres gobiernos de Colombia que las Farc lo harán si les provoca y no porque les toca. ¡Absurdo! A los negociadores increíblemente se les olvido ese simple detalle, que son dos las partes.

Desde el Centro Democrático seguiremos denunciando los incumplimientos de las Farc, y pidiendo a quienes fueron designados como garantes que aparezcan para exigirles cumplir. Lo mínimo es resarcir a sus víctimas. Recordemos que no hay paz sin justicia ni verdad.

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¿Cómo se financiará el Presupuesto 2021?

Uno de los temas álgidos en torno al debate del Presupuesto General de la Nación, es la discusión sobre las fuentes de financiamiento como garantía del cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional. Frente a este punto, el presupuesto planteado por el Gobierno para la vigencia 2021, y que a la fecha ha sido aprobado por $313.9 billones, por las comisiones conjuntas terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes, no ha sido la excepción.

Antes de mencionar los supuestos macroeconómicos y el balance del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, que el Gobierno tomó en consideración en la estimación del Presupuesto General de la Nación, es necesario señalar el escenario en el que nos encontramos.

Este es sin duda uno de los momentos más complicados por los que ha atravesado la economía colombiana en su historia reciente. Es un escenario de incertidumbre, enmarcado en una contracción de la economía que se estima para este año en -5,5%; proyecciones sobre el incremento de la pobreza al pasar de 30% a 33% de hogares pobres; efectos negativos sobre la estabilidad financiera de las empresas y, como consecuencia, una tasa de desempleo cercana al 20%. Toda una tragedia social y empresarial. En este sentido, es fundamental reconocer los grandes retos que tiene el Gobierno para garantizar un presupuesto que permita una reactivación económica efectiva, a través del impulso de sectores estratégicos en la generación del empleo formal, y protección de las personas más vulnerables y afectadas por los efectos de la pandemia por el Covid-19.

Ahora bien, cabe señalar que el presupuesto que está en discusión en el Congreso se fundamenta en estimaciones confiables y coherentes con la realidad del país. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se proyecta una tasa de crecimiento de alrededor de 6,6% para 2021, producto del efecto rebote esperado a través de la reactivación económica, y una meta de déficit fiscal de 5,1% del PIB.

El Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2021, tiene como gran foco la reactivación económica. Por ello las prioridades del gasto público están en la generación y defensa de empleo formal y el apoyo a los hogares vulnerables, dado que se busca no sólo mejorar su bienestar sino dinamizar la demanda.  

Las Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación, tienen dos grandes fuentes de recursos: los ingresos corrientes de la Nación y los recursos de capital, los cuales representan el 89% del financiamiento del Presupuesto. Se estiman en $154.2 billones los ingresos corrientes para 2021, $18.6 billones más que en 2020. Se espera recuperar el volumen de ingresos por impuesto a la renta y por IVA el próximo año, dado que este año, como consecuencia de los alivios tributarios otorgados por la pandemia, los recursos administrados por la DIAN caerán cerca de $23 billones.

En cuanto a los recursos de capital para financiar el Presupuesto 2021, se estiman en $124.4 billones, $16.2 billones más que en 2020, siendo los recursos de crédito la principal fuente de estos. Otras importantes fuentes de financiamiento del Presupuesto serán las utilidades del Banco de la República que se estiman en $5.2 billones, las de Ecopetrol que caen a $638 mil millones y la disposición de activos por $12 billones. Este último genera dudas porque no es claro cuáles son las operaciones que el Gobierno tiene planeadas. Sin embargo, veo dos opciones que tienen autorización legal y pueden ser fuente importante de ingresos. De un lado, la autorización dada al Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo para vender activos donde su participación sea minoritaria (105 empresas), pero a la fecha muy poco se ha logrado. De otro, el Gobierno puede capitalizar a Ecopetrol por el faltante de 8,5%, dada la autorización de la Ley 1118 de 2006 para capitalizar hasta el 20%, lo cual equivaldría a cerca de $8 billones.

Lo cierto es que el Ministerio de Hacienda y la DIAN tendrán que hacer una buena gestión de manejo de activos, de recaudo tributario y de la deuda. 

No quiero terminar esta columna sin resaltar los logros de las comisiones económicas para aumentar el presupuesto de inversión pública y garantizar que no haya aplazamiento de montos sectoriales del PGN. El reto será ejecutar, ejecutar y ejecutar los recursos de manera eficiente, focalizada y honesta del PGN para la vigencia 2021. Antes del 19 de octubre próximo las Plenarias de Senado y Cámara darán luz verde a este proyecto de ley, clave en la reactivación y recuperación económica de nuestro país en la pospandemia.

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Presupuesto 2021

Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes dimos luz verde al monto propuesto por el Gobierno Nacional para el Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, fijado en $314 billones, el cual representa un incremento del 19,2% respecto al presupuesto aprobado para 2020, y 27,7% del PIB.

Sin duda este presupuesto es de los más importantes en la historia reciente del país, debido a que iniciará su ejecución en medio de la urgente reactivación económica, luego de los negativos efectos de la pandemia por el Covid-19. Son muchos los retos que deja la pandemia, y por ello considero que el monto no solo es ajustado a la realidad económica, social y fiscal del país, sino que ayudará al financiamiento de sectores que han sido fuertemente afectados.

Dentro de los elementos a destacar del Presupuesto para la vigencia 2021, es el incremento del 22% en el presupuesto de inversión, lo que corresponde a un aumento de $10 billones respecto al aprobado para 2020, al pasar de $43.1 a $53 billones. Ello demuestra el compromiso del Gobierno Nacional, entre otros, de garantizar la continuidad y cobertura de los programas sociales, que, en medio de una de las peores crisis económicas, serán una fuente importante de ingresos para los hogares más vulnerables. Del mismo modo, se reconoce la destinación de $4.3 billones para el Plan de Reactivación de la Economía, el cual estará enfocado principalmente en los sectores de Transporte, Vivienda e Inclusión Social.

El otro gran rubro del PGN 2021 es el servicio de la deuda, que aumenta 41,6% y alcanza $75.8 billones. A nuestro juicio ese monto puede reducirse en $4 billones para destinar mayor inversión a sectores estratégicos para la reactivación.

Hablemos de los sectores con mayor incremento en las partidas del presupuesto 2021. Dentro de este grupo, se encuentra el sector Educación, el cual tiene asignado $47 billones, $3 billones más que el aprobado para la vigencia 2020. De igual manera, se destaca el sector Defensa, con una asignación presupuestal de $37.9 billones, lo que representa un incremento de 12,4% respecto al presupuesto asignado para 2020. En ese grupo también tengo que mencionar el sector hacienda, que quedó con una partida de $19.7 billones, $8.6 billones de aumento, para atender proyectos de reactivación, subsidios y compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, en medio de la actual coyuntura es fundamental mencionar al sector Salud, el cual se consolida como un sector prioritario del presupuesto 2021. El presupuesto es de $35.8 billones, $3 billones más que en 2020, incluidos los recursos asignados por la emergencia. No obstante, el incremento, todavía requiere $2.8 billones más para atender el aseguramiento y a las zonas marginadas.

A pesar de las bondades descritas y el esfuerzo del gobierno del presidente Iván Duque por focalizar y optimizar los recursos, hay desfinanciación de algunos sectores. Por ejemplo, al sector agropecuario, clave para el proceso de reactivación económica, se le asignaron $1.8 billones, pero está requiriendo al menos $800 mil millones más para fortalecer la compra de tierras para entregar a pequeños productores, más bienes públicos como riego y conocimiento, y apoyo a proyectos productivos. Similar ocurre con el sector de cultura y entretenimiento, uno de los más afectados por la suspensión de actividades durante la emergencia sanitaria. Por tal razón, para reactivar su economía y el espíritu de los colombianos, sería clave incrementar los recursos en $100 mil millones, y así apoyar la reapertura de las 5.600 infraestructuras culturales cerradas y volver a generar los 596.000 empleos. 

Otro sector fundamental para reactivar la economía es el deportivo. La asignación es de $436.145 millones, la mitad de su requerimiento. Por ello creemos que se debe aumentar en al menos $300 mil millones para que pueda responder a la generación de empleo con pequeñas obras en todos los municipios del país, apoyar los juegos intercolegiados, y los compromisos de importantes gestas deportivas, ya que seremos sede en los próximos años, como el Mundial de Atletismo, los Juegos Panamericanos y Bolivarianos, y la Copa América.

No puedo dejar de lado sectores estratégicos como medio ambiente y ciencia, tecnología e innovación; los cuales en medio de la pandemia nos recordaron su importancia. El primero, por la urgencia que existe de fortalecer el cuidado y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro país; y el segundo, porque no podemos dejar de formar el talento humano para generar conocimiento, ni de incentivar proyectos de investigación y transferencia de conocimientos, ni de contribuir al desarrollo de nuevos sectores como la bioeconomía.

El monto del presupuesto aprobado para la vigencia 2021 se ajusta a la realidad fiscal y a la urgencia de reactivar sectores y focalizar los recursos. Es evidente el compromiso con la austeridad en los gastos de personal y en la adquisición de bienes y servicios, los cuales disminuyen. Pero frente a la nueva realidad de una fuerte caída en el crecimiento de la economía estimada este año entre -5,5% y -7,5%, los recursos serán insuficientes. Por ello hay que buscar que los escasos recursos sean multiplicadores de la inversión, se focalicen a generar empleo e ingresos a los colombianos más vulnerables, se ejecuten de manera eficiente y honesta, y aseguren los compromisos del gobierno Duque en el Plan Nacional de Desarrollo.

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Caos y vandalismo

Horror y barbarie fue lo que vivió Bogotá por cuenta del vandalismo. El craso error cometido por dos patrulleros de la Policía Nacional, que terminó en la muerte de un ciudadano, fue la chispa que detonó la furia de cientos de personas que salieron a las calles a manifestar su rechazo frente a esta grave y reprochable conducta. Pero al mismo tiempo que hubo legítima insatisfacción de muchos por el repudiable hecho, otros lo aprovecharon para obtener réditos políticos y para ambientar la sensación de caos y desgobierno.

Fueron horas difíciles para la Fuerza Pública, en especial para los Centros de Atención Inmediata que fueron cobardemente violentados, vandalizados e incinerados. La turba olvidó que en los CAI había personas y animales en estado de indefensión, todos atacados vil y cobardemente con piedras, palos, gasolina y hasta bombas incendiarias. Estos hechos lamentables dejaron un saldo de 315 uniformados lesionados, un perro y un gato incinerados y otros 30 animales heridos, varios de gravedad.

Pero el vandalismo fue en escalada. Según el Ministerio de Defensa, los brotes de violencia dejaron como resultado 79 CAI vandalizados, de los cuales 40 fueron incinerados y 39 más quedaron destruidos; y 5 estaciones y un comando con afectaciones en su infraestructura. A la par y no menos grave, la jornada también desencadenó en la muerte de 11 personas y 258 heridos, de ellos varios menores de edad. 

Entiendo y respeto la indignación por la gravedad de lo ocurrido. Comparto el rechazo frente a las actuaciones de los dos patrulleros, que se apartaron del respeto por la Constitución y la ley, y deshonraron a la Institución. Pero no es aceptable que una minoría, unos delincuentes, atizados por quienes aprovechan estas situaciones para sacar provecho y protagonismo político, ataquen de esa forma a nuestra Policía Nacional. Institución compuesta por 160.000 hombres y mujeres, que, en su inmensa mayoría, sirven con respeto, humildad y responsabilidad a nuestra Patria. 

En nuestro Estado de Derecho es legítimo y permitido protestar; lo que está mal y es condenable es que algunos conviertan la protesta en la chispa para desatar el pánico, afectar el orden público y atacar la integridad física de los ciudadanos. No podemos permitir más desafueros, hay que poner autoridad sobre el caos y los violentos. Bien aplica para esta situación los dicho por Margaret Thatcher: “No puedes construir una gran Nación esparciendo odio”. 

Hablemos con claridad. Algunos, afortunadamente muy pocos, integrantes de la Policía Nacional son responsables de conductas graves y reprochables, y es deber del Estado, no de la ciudadanía, que reciban las sanciones que dicta la Ley. Aplaudo que no se toleren conductas equivocadas, pero rechazo que el país pierda el orden y la tranquilidad por anarquistas politizados, por ‘líderes’ nefastos, que sabotean la normalidad y el orden público, y peor aún, que afectan el mobiliario y la infraestructura construida para garantizar seguridad a los ciudadanos, como los CAI.

Es triste e indignante ver cómo algunos políticos acostumbrados a criticar y destruir, reivindican el vandalismo, aplauden el caos, y llaman “resistencia” a incendiar las calles. No sólo violentan los derechos de otros ciudadanos a la tranquilidad y seguridad, sino que evaden el deber de respetar a la autoridad y canalizar sus insatisfacciones por vías institucionales. Como reza en nuestro escudo: libertad y orden, tan valiosa la libertad como el orden para la convivencia ciudadana, y a ambos los protege y defiende nuestra policía. Valoro y respeto a tantos miles de miles de policías honestos, amables, serviciales y entregados al servicio de esa querida institución y de la Patria. Entiendo la necesidad de contar con más uniformados para combatir la delincuencia y asegurar la convivencia, pero urge ser más cuidadosos en el proceso de incorporación y no relajar los tiempos ni contenidos de la formación. No puede permitirse afectar la confianza ciudadana en su Policía. A diferencia de muchos delincuentes, incluidos unos que están en el Congreso, que no han pagado, y seguro no pagarán por sus fechorías, no dudo que en este caso de los dos policías como en otros que involucran a miembros de la Fuerza Pública con hechos delictivos, no habrá impunidad.

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El rasero para Uribe

Una decisión politizada alejó del Congreso de la República al mejor senador de Colombia. Un hombre con visión sobre el futuro del país y sus retos, así como con capacidad para leer y comprender los anhelos y preocupaciones ciudadanos. Siempre firme ha enfrentado los golpes de sus adversarios, y de frente y con argumentos los ha confrontado.  

Álvaro Uribe está hoy cobijado con una medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, sin duda un golpe bien asestado por sus detractores, esos que hoy ya no solo están en las filas guerrilleras, paramilitares y en las tribunas de la izquierda en el Congreso, sino tristemente en la Justicia. Ella que es la llamada a actuar con rectitud y verdad, sin sesgos políticos, se ha visto degradada desde hace varios años por un grupo de sus miembros, hasta poner en riesgo el respeto por los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho.

Para los magistrados de la sala de Instrucción parece haber quedado atrás el artículo 29 de la Constitución, que garantiza a todo ciudadano el debido proceso y la presunción de inocencia; y peor aún, parece que los magistrados perdieron el sentido de la objetividad, pasando de tomar decisiones con base en argumentos sólidos y material probatorio contundente, a hacerlo orientados por sus intereses. Se marginaron de ese principio fundamental de la imparcialidad que exige actuar sin apasionamientos políticos.

Tristemente la pérdida de la ética de muchos en el ejercicio de un poder tan importante para la democracia como la justicia, lleva a que en la actualidad el sistema judicial colombiano tenga una desfavorabilidad del 84%, y que solo el 16.1% de los mayores de 18 años confíe en los jueces y magistrados. Un panorama desalentador para quienes exigimos justicia, verdad y no impunidad.

La pérdida de confianza en nuestro sistema de justicia no solo se ha visto afectado por el alto índice de impunidad superior al 90% y los sesgos políticos de algunos de sus miembros, sino tristemente por la corrupción. Ejemplo de ello es el tan sonado ‘Cartel de la Toga’, mediante el cual algunos magistrados cobraban por sus providencias, o el ‘Cartel de los Falsos Testigos’, en el que se le da mayor credibilidad a bandidos, criminales y terroristas, que a quienes han actuado bajo la Constitución y la ley. Esa mafia que, a cambio de prebendas, ofrecimiento de rebajas de penas en el sistema de Justicia y Paz o en la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), beneficios carcelarios, pago de viáticos y hasta traslado de familiares al exterior, ha logrado con mentiras que la justicia no sólo juzgue sino tenga con detención domiciliaria, a personas como Álvaro Uribe, la voz más firme, persistente y clara para decirle no al narcotráfico, la criminalidad y la izquierda aliada con guerrillas.

Si bien la persecución contra el expresidente Uribe no es nueva, sí sorprendió la falta de coherencia en la aplicación de las normas bajo las que actúan algunos en la justicia colombiana. Parte de las ‘pruebas’ en contra de Uribe son las más de 21 mil interceptaciones ilegales, autorizadas sin orden judicial por el exmagistrado José Luis Barceló, muchas de ellas conversaciones propias de abogado – cliente, relación que también fue violada al vincularla al expediente. Pero además la filtración del expediente ha sido parcial y amañada. A ello se suma el haber existido relación laboral del magistrado del caso, César Reyes, con la esposa del senador Iván Cepeda, principal artífice de este entramado de mentiras y ataques contra Uribe, y su principal detractor. Y para rematar, dicho magistrado no informó que tuvo un contrato de $575 millones con el gobierno anterior para asesorar en unos temas relacionados con el acuerdo FARC-Santos.

Es indignante ver que el que está encerrado como si fuera el peor de los criminales sea Álvaro Uribe; la voz que advirtió la impunidad de la que gozarían las Farc con el ‘acuerdo’, el principal detractor de la alianza Santos- Farc, el que advirtió que la JEP sería un tribunal montado para exculpar a guerrilleros y atacar a nuestros policías y militares, y el líder del NO en el plebiscito. Mientras que el narcoterrorista Jesús Santrich, obtuvo del alto tribunal el pasaporte directo para fugarse del país y burlar descaradamente a la justicia. Esto es lo absurdo y reprochable, y muestra con preocupación el camino que viene recorriendo nuestra justicia, de acabar con aquellos que defendemos las instituciones democráticas y no nos arrodillamos a los cantos de sirena de la izquierda y sus secuaces.

Con Uribe preso ganaron un round en la justicia, pero no en la ciudadanía, que conoce la verdadera intención de la decisión, que es aniquilar moral y políticamente al presidente Uribe. Su caso, sin duda, es un campanazo de alerta para tantos líderes que nos oponemos a las alianzas maquiavélicas entre algunos de la izquierda y los criminales. (Lea también: La cabeza de Uribe).

Colombia necesita con urgencia una reforma a la justicia, una que nos lleve a todos los colombianos a recuperar la confianza en el sistema, que garantice efectividad y celeridad en el acceso y resultados, que respete el debido proceso y la presunción de inocencia, y que no sea ni fortín ni trampolín político para sus miembros. Estoy convencida que la mejor propuesta es la de tener una Corte única, con magistrados íntegros que provengan de la academia, la rama y el ejercicio profesional, y que accedan a ella luego de un proceso serio y reglado de oposición. Bien afirmaba el Libertador Simón Bolívar: ‘El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad’, pero en Colombia estamos perdiendo ambas.

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Duque, dos años en el poder (1)

Hablar de Iván Duque es sinónimo de tenacidad, compromiso y trabajo incansable. En la mitad de su mandato presidencial llega la hora de hacer un corte de cuentas que permita resaltar algunos de los muchos logros que ha tenido su gobierno, los cuales han estado enmarcados en la legalidad, el emprendimiento y la equidad; siempre con el objetivo de construir un mejor país para todos.

Colombia se enfrenta a una situación realmente difícil, una que sin duda ha puesto a prueba no solo el talante del jefe de Estado, sino la experticia de su equipo de gobierno para mitigar los impactos negativos de la pandemia, y proteger la vida y la salud de los colombianos. Enormes desafíos.

A la mitad del camino el presidente Iván Duque ha entregado importantes resultados en materia de seguridad: reducción del 9% en el área sembrada de cultivos ilícitos, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019; decomiso de 823 toneladas de clorhidrato de cocaína; 115 cabecillas de grupos armados neutralizados (capturas y muertes); disminución del 19% en casos de secuestro; y una reducción del 14% en el índice de homicidios en todo el país, lo que constituyó la tercera tasa más baja registrada desde 1.976. Esto solo por mencionar algunos indicadores.

En materia económica los resultados saltan a la vista. Las acciones del Gobierno Nacional permitieron acelerar el crecimiento económico de 1,8% en 2017 a 3,3% en 2019; además, para el mismo periodo el recaudo tributario aumentó 6% superando la meta fijada por la DIAN. Previo a la llegada del Covid-19, nuestra economía venía a buen ritmo durante el primer bimestre de 2020; con el 4,1% de crecimiento.  En materia legislativa se aprobaron en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, el cual contiene inversiones por $1.026 billones; la reforma al Sistema General de Regalías que aumenta los recursos a las regiones productoras del 11% al 25%, y a los municipios con mayores índices de pobreza, y la ley de Crecimiento y Generación de empleo.

Otro logro importante fue conseguir más recursos del presupuesto general de la nación para la educación de nuestros niños y jóvenes: pasando de $38.5 billones en 2018 a $44.1 billones en 2020, siendo este el más alto de la historia. En esa línea también han sido entregadas 123 infraestructuras educativas, de los 541 proyectos que espera entregar el Gobierno Nacional. En educación superior se logró el mayor presupuesto de más de $4.5 billones y aumentar la base presupuestal para las universidades públicas. Así mismo ya 116.787 jóvenes en condición de vulnerabilidad, están beneficiados con el programa Generación E, que les da gratuidad en el acceso a la educación superior. No podemos olvidar que una sociedad educada, es sinónimo de un país desarrollado.

No puedo dejar de lado el gran trabajo social que ha hecho el gobierno. Uno de los mayores aciertos fue el aumento por dos años consecutivos del 6% en el salario mínimo, casi el doble de la inflación, beneficiando a más de 2 millones de trabajadores. Igualmente, el incremento de cobertura y transferencia monetaria de programas como Adulto Mayor que registró 185 mil nuevos cupos y aumentó el valor del subsidio a $80.000, beneficiando a más de 1.7 millones de adultos mayores. En Familias en Acción han sido atendidas 2.6 millones de familias; y en Jóvenes en Acción se han beneficiado más de 300 mil jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En materia social también destaco que, por primera vez, más de 1.3 millones de personas tuvieron acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico. Pero además, mediante el programa ‘Mi Casa Ya’ han sido entregados 66.568 subsidios a la cuota inicial y a la tasa de interés para la compra de vivienda de interés social, con una inversión de $2.1 billones.

Esta es la primera de varias columnas de opinión que haré para ponderar con cifras el trabajo que ha hecho el presidente Iván Duque y su gobierno en estos dos años. Es cierto que han tenido tropiezos y errores, pero ha sido un gobierno austero, honesto y comprometido con esta Patria y más importante aún, que ha dado resultados.

Si bien nos golpea la incertidumbre y el temor por la pandemia, hemos encontrado cierta tranquilidad al saber el manejo serio y oportuno del gobierno para proteger la vida, preservar el empleo y la seguridad alimentaria, y atender a los más vulnerables.  

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Duque, dos años en el poder (2)

Responder a las necesidades del pueblo colombiano ha sido la consigna del gobierno del presidente Iván Duque desde el día en que llegó a la Casa de Nariño. La primera mitad de su gobierno ha estado marcada por cumplir sus promesas de campaña y lo contenido en el plan nacional de desarrollo; hacer presencia en todo el territorio nacional con los exitosos talleres Construyendo País; frenar la criminalidad del narcotráfico y guerrilla, y la muerte de líderes y mujeres; y, lidiar con la rabia de la oposición que le anunciaron desde el día en que ganó que se mantendrían en las calles, y lo han cumplido con una marcha cada dos días hasta que llegó el aislamiento obligatorio. Más recientemente, en estos últimos cinco meses, el presidente y su gobierno han orientado todas las energías y horas de trabajo al manejo de la pandemia por el COVID-19, para frenar el contagio y dar soluciones a sus inesperados y adversos efectos sobre la salud, el empleo, las condiciones de vida de los ciudadanos y la actividad productiva.

Dando continuidad a la columna de la semana pasada, hoy quiero resaltar tres logros legislativos como la aprobación de la prisión perpetua para violadores, propuesta de campaña del jefe de Estado, con la que se asegura justicia para las víctimas y no impunidad para quienes asesinaron o violaron menores de edad. Así mismo, destaco la sanción de la Ley de Pliegos Tipo, que puso fin a la contratación a dedo, regulando los procesos de contratación pública, lo que ayudará a combatir el flagelo de la corrupción. A las anteriores se suma una muy especial, la Ley del Veterano, la cual rinde homenaje a esos héroes de nuestras Fuerzas Militares y de Policía que dejaron todo en el campo de batalla por defender a esta Patria. Entre los beneficios estará el aumento en la pensión para aquellos que quedaron en situación de invalidez por acciones directas de la violencia y la defensa de la soberanía de nuestro país.

Para contribuir al desarrollo regional y la focalización de los recursos de regalías, se aprobó otra de sus propuestas de campaña: la reforma al Sistema de Regalías. Con ella se permite aumentar los recursos para las regiones productoras del 11% al 25%, e incrementar los recursos para los municipios más vulnerables. Igualmente, en 2018 se aprobó el Presupuesto Bienal de Regalías 2019 -2020, por $24.2 billones, 67% superior al anterior.

En materia ambiental hay importantes resultados. Desde agosto de 2018 a la fecha, han sido sembrados 34.7 millones de árboles en el país, de una meta del gobierno de 180 millones de árboles nativos sembrados a 2022, restaurando cerca de 300.000 hectáreas. En esa línea resalto la reducción del 10% en la deforestación y el incremento del 30% en el número de áreas naturales protegidas.

No puedo dejar de mencionar algunos logros en el sector salud. En este gobierno se puso en marcha el Acuerdo de Punto Final, el cual ya está saneando deudas históricas que existen entre los agentes del sector para garantizar el financiamiento del sistema y generar mayor liquidez. Así mismo, las autoridades regularon el precio de 770 medicamentos, lo que permitió un ahorro estimado de $340 mil millones al sistema se salud. Y, finalmente, debo ponderar el mejoramiento en la infraestructura, dotación y saneamiento financiero de hospitales públicos del país, maratónica labor en la que han sido invertidos $348 mil millones, y $340.000 millones para saldar deudas de hospitales públicos con sus trabajadores. Sin duda son muchos los retos en esta materia, pero hay avances positivos que pueden medirse en la atención y respuesta a la emergencia que vive actualmente nuestro país, como consecuencia del Covid-19.

En este escenario de pandemia también hemos podido visibilizar la gran importancia de la ciencia. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido clave para estudiar el comportamiento del coronavirus, avanzar en investigaciones que permitan acercarnos a una vacuna, e incluso, apoyar proyectos orientados a dar soluciones en torno al diagnóstico, tratamiento y monitoreo del virus. Sin duda, un gran y necesario aporte.

No puedo terminar esta columna sin hablar de esa disciplina que tantas alegrías nos da y que logra unir de forma única y sana a todo un país: el deporte. En esa materia quiero destacar no solo la creación del ministerio, sino el importante incremento en el presupuesto para el sector de 35%, alcanzando a $676 mil millones en 2020.

Es cierto que falta mucho y que quizás sin la intempestiva llegada de un virus que cambió abruptamente las prioridades de trabajo del Gobierno Nacional, los logros serían muchos más. Pero el mejor indicador del buen trabajo del gobierno es el manejo serio, oportuno y eficaz que ha hecho de la pandemia. Gracias a ello se ha podido mejorar la infraestructura y atención del sistema de salud; orientar recursos y ayudas directas a los más vulnerables; financiar un porcentaje de las nóminas para retener el empleo; apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, e interiorizar la cultura de la prevención y el autocuidado.

Reitero que tener un presidente trabajador, sensible a la realidad de los colombianos, honesto y con la brillantez para abordar los retos inmediatos como anticipar los mediatos, da tranquilidad y confianza de que, para el segundo tiempo de su mandato, los resultados serán aún mejores.

¡Adelante presidente!

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Procuradora

Uno de los cargos más importantes en Colombia es el de Procurador General de la Nación. A este órgano de control llega por primera vez en la historia del país una mujer: Margarita Cabello Blanco, oriunda del Caribe. Abogada, con una larga trayectoria en la rama judicial, donde ha escalado uno a uno todos los peldaños de la carrera, desde juez Penal Municipal de Sabanalarga, juez de Menores y Civil del Circuito de Barranquilla, magistrada del Tribunal Superior de la capital del Atlántico, y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la cual presidió en el 2016.

En los últimos 15 meses estuvo al frente del Ministerio de Justicia, logrando impulsar seis proyectos de ley en el Congreso de la República. Vale la pena destacar la reforma a los consultorios jurídicos, para fortalecer su función social; el de digitalización de expedientes y otras decisiones de la justicia, y un proyecto para avanzar en la lucha contra las drogas denominado ‘Ruta Futuro’, buscando frenar la gasolina del crimen y la violencia en nuestro país.

EL Covid-19 golpeó duramente al sector carcelario. Ella, como ministra, para minimizar el foco de contagio y hacinamiento en los establecimientos de reclusión, impulsó la excarcelación de presos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años, y reclusos con enfermedades crónicas, durante máximo seis meses y bajo medida de detención domiciliaria. Igualmente trabajó para ofrecer la mejor atención a los contagiados en los diferentes centros penitenciarios.

El Ministerio Público es fundamental no sólo para la lucha contra la corrupción sino para asegurar la eficacia en el cumplimiento de las políticas públicas en las instancias estatales.  Quiero resaltar tres desafíos que tendrá la nueva procuradora cuando asuma el cargo. Primero persuadir, desincentivar y sancionar la corrupción en las entidades oficiales, en especial a nivel local, que se estima le cuesta al país cerca de $50 billones al año, y que golpea con dureza a sectores estratégicos para el bienestar ciudadano como la salud y la educación. Duele como se roban la plata para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) o que continúen los carteles de sobrecostos de medicamentos y de servicios de salud.  Pero duele más cuando por vencimiento de términos o dilación en la toma de decisiones de las procuradurías regionales, no sancionan o quedan libres los ‘peces gordos’ de la corrupción.

El segundo reto que enfrentará será lograr una mayor eficiencia en el respeto por las normas ambientales y la generación de conciencia en los funcionarios públicos de la preservación y conservación de los ecosistemas. Igualmente, ser más efectivos en vigilar las acciones y decisiones de dichos funcionarios. Con la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de frenar el alcance de la Procuraduría para investigar y sancionar a aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, enfrentará la urgencia de proponer reformas al quehacer de la institución, para que los elegidos no terminen sin quien los ronde, abriendo la posibilidad a la corrupción y al autoritarismo.  

Colombia tiene diferentes problemáticas que la nueva procuradora tendrá que manejar con guante blanco. Homicidios de líderes sociales, desplazamientos y asesinatos colectivos que deben estar en su radar. Pero a eso también se sumará el promover y consolidar el acceso oportuno de los ciudadanos a un sistema de justicia que no solo de garantías, sino que resuelva de manera efectiva sus requerimientos, sin dar tregua a la impunidad.

La pandemia tampoco será ajena a su administración. Si bien para la fecha de su posesión esperamos haber librado la batalla contra el Covid-19, llegará la hora de hacer un balance para evaluar el manejo de la emergencia, por ejemplo, en la compra de bienes o servicios con supuestos “sobrecostos” en los entes territoriales, así como la distribución adecuada de los recursos que destinó el Estado para la atención y prevención del virus.  Pero sin duda, será también la gran oportunidad para que desde la Procuraduría se atienda de cerca el cierre de brechas laborales, sociales y productivas para las mujeres.

Margarita Cabello tiene todas las cualidades personales y profesionales para dirigir la Procuraduría General de la Nación; su trayectoria y posturas en materia de justicia, son garantía de que su gestión será honorable, apegada a la Ley, y sin ambiciones políticas posteriores. Ya era hora de tener una mujer Procuradora como la hubo en la Contraloría y en la Fiscalía General. Estoy segura de que dejará huella. Que Dios la ilumine y mantenga atenta y firme para defender la institucionalidad colombiana. 

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Fe sin restricciones

Parecería que para algunos jueces la Fe y la espiritualidad no pueden ser ejercidas por sus líderes de manera pública, en un país donde la mayoría no sólo nos confesamos creyentes sino católicos. Se le quiere cercenar al presidente Iván Duque su derecho a vivir su fe y expresarla de manera respetuosa, apegado a la Constitución, y teniendo claro que esta consagra la libertad religiosa y de culto.

La religión no es de izquierda ni de derecha. Es la expresión más íntima, profunda y sincera de la creencia de la persona. Y por supuesto que es tan respetable quién se reconoce ateo como los que nos reconocemos creyentes. Y ese derecho a creer y vivir la fe está protegido por la Constitución y hay que defenderlo.

En esa línea, sorprende la decisión absurda que emitió una juez del Tribunal Superior de Cali, en la que le ordena al Jefe de Estado eliminar, en menos de 48 horas, un mensaje publicado el 9 de julio a través de su cuenta personal de Twitter, en el que hizo alusión a la conmemoración de los 101 años de la coronación y reconocimiento de la Virgen de Chiquinquirá, como patrona de Colombia. Un fallo abiertamente inconstitucional.

Cada persona, en ejercicio de su libertad, puede vivir su fe y expresar en privado o en público sus creencias religiosas. No se puede atentar contra ese derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.

La juez que emitió ese fallo parece haber olvidado que la libertad de culto es vital para la salud de una sociedad diversa y que, en un país con manifestaciones religiosas tan fuertes como el nuestro, esa celebración de Nuestra Señora de Chiquinquirá tiene un gran significado. Qué bueno sería poder preguntarle si es que acaso Iván Duque, por ser el presidente tiene prohibido creer en la Virgen, o si es que él dejó de ser un hombre con derechos cuando llegó a la Casa de Nariño.

Colombia es un Estado laico donde el sentimiento religioso no es indiferente. Decisiones como esa dejan ver la discriminación contra las creencias del presidente Duque, quien como cualquier ciudadano según la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa – artículo 12, libertad de Conciencia y Religión): “Tiene derecho a la libertad de conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias; así como la libertad de profesarlas o divulgarlas en público, como en privado”.

 Y agrega: “Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias”. Sin duda, desconocer la primacía de los derechos inalienables de los ciudadanos es discriminación. Es un absurdo que algunos jueces pierdan tiempo valioso en la emisión de fallos como este, que en vez de aportar para que haya justicia y no impunidad, sólo generan rechazo por querer prohibir a los ciudadanos expresar su Fe.

Que este fallo no sea una alerta de lo que algunos de nuestros jueces quisieran transitar en la línea de lo que ha sido en países como Cuba y China, donde se ha perseguido la religión. En China la censura a los cristianos ha llevado a que palabras como Dios o Biblia fueran prohibidas; donde piden cambiar la foto de Jesús por la del expresidente Mao Tse-Tung porque de no hacerlo el gobierno retira los subsidios a los más vulnerables; o donde ordenaron a las iglesias eliminar los 10 mandamientos y reemplazarlos por frases del presidente Xi Jinping.

Es bueno recordar que para Carlos Marx y los comunistas, hay que acabar todo vestigio de religión. Viene a la memoria la triste frase la religión es el opio del pueblo; como si el estado pudiera llenar esa esperanza y alegría que da la Fe. Nada más contrario a la riqueza del ser humano que no solo es mente y cuerpo, sino espíritu.

Gracias a Dios en Colombia no sólo somos la mayoría creyentes, sino que podemos vivir la fe. Por ello exigimos respeto para que el derecho consagrado en la Constitución no se viole, incluso para el presidente Iván Duque.

Nuestro país, al igual que el mundo entero, sortea la crisis y los impactos negativos desatados por la pandemia. Hemos sufrido mucho por el cierre de las iglesias y lugares de culto, y esperamos que pronto, con los protocolos de bioseguridad, se puedan reabrir en todo el país y permitir que los colombianos de fe, disfrutemos de ese maravilloso derecho a profesar nuestra religión.

La oración nos ha ayudado mucho en estos momentos de incertidumbre y miedo, en los que no hemos podido acompañar presencialmente a tantos seres queridos, ni a los familiares y amigos difuntos. Por eso ruego a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia, que proteja la Patria, ilumine a los jueces para actuar en derecho y guíe al presidente Iván Duque en sus decisiones.

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La cabeza de Uribe

Indignación y desconcierto son los sentimientos propios para describir lo que yo, al igual que muchos colombianos sentimos al conocer el fallo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que privó de la libertad a mi mentor, amigo, fundador y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Aunque parezca mentira, ese mismo tribunal que hoy cercena los derechos que le asisten al presidente Uribe como a cualquier otro ciudadano de a pie, fue el que premió al narcoterrorista Jesús Santrich para que se defendiera en libertad, dejando de lado pruebas como la información de los computadores de Raúl Reyes, los videos en los que se le ve pactando millonarios envíos de droga; así como el testimonio de Marlon Marín, quien lo señaló de ser el jefe narco de las Farc. Este que sí es un criminal confeso, que hizo el papel de su vida actuando como negociador en La Habana obtuvo de los magistrados el pasaporte para burlar a las autoridades y convertirse en prófugo de la justicia.

Pero Uribe, el presidente que combatió no solo a Santrich, sino a toda la guerrilla de las Farc hasta el punto de doblegarlas y recuperar la seguridad del país; ese que en su proceder no se le puede demostrar una sola inasistencia a los muchos llamados que le ha hecho la justicia; ese que ha defendido esta Patria con amor y con un compromiso inquebrantable, es quien hoy está cobijado con una medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención domiciliaria. Decisión que no solo lo acongoja como ser humano, sino que lo golpea en los más profundo de su alma al obligarlo a alejarse de la gente, de su trabajo constante y dedicado buscando el bienestar de los colombianos, la inversión productiva para generar empleo y crecimiento de la economía, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, la defensa de la democracia y de sus instituciones. Una decisión que no tiene explicación.

El proceso en contra de Uribe tuvo y muy probablemente seguirá teniendo todo tipo de inconsistencias e injusticias. Por ejemplo, siendo él mismo quien acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar las actuaciones ilegales de Iván Cepeda, visitando cárceles y pagando para manipular a testigos que enlodaran su nombre y el de su hermano, sucedió lo impensable: el victimario pasó a ser la víctima, por lo que el alto tribunal se abstuvo de investigar a Cepeda, pero si inició un proceso en contra del expresidente Uribe. Y ni qué decir de las más de 21.000 interceptaciones ilegales hechas al celular personal del presidente Uribe, realizadas supuestamente por “error, pero muchas usadas para alimentar el expediente en su contra. Una bajeza de nuestro sistema judicial.

A eso tenemos que sumar que lo llamaron directamente a indagatoria sin permitirle oírlo en versión libre. Adicionalmente se volvieron comunes las filtraciones del proceso; información de suma importancia era conocida primero por la prensa que por el mismo investigado. Esas filtraciones fueron usadas por detractores, quienes publicaban grabaciones y apartes de los folios con el fin de armar tormentas mediáticas y mancillar el nombre de Uribe. Actuaciones por fuera de todas las garantías mínimas que un ciudadano debe tener para el debido proceso y la presunción de inocencia, en un Estado de derecho. Y muy a pesar de las denuncias de los hechos por los abogados del presidente Uribe, los magistrados no le pusieron freno.

Nadie dice que investigar a Álvaro Uribe esté prohibido o esté mal, si lo fuera él nunca habría respondido y acudido respetuosamente a cada uno de los llamados que le ha elevado la justicia. Lo que se exige es que se le respete su derecho a una legítima defensa, con todas las garantías procesales. Que la justicia actúe por supuesto es su responsabilidad, pero siempre garantizando el respeto por los derechos del investigado o procesado. Uribe no ha autorizado ni pagado para que se manipulen testigos. Su respeto por la ley siempre ha sido constante en su vida pública. Sabemos que extraditó a más de 1.200 personas durante su gobierno, algunos de ellos capos del narcotráfico, del paramilitarismo y de la guerrilla, quienes han expresado su deseo de venganza. Así que no es de extrañar la alianza entre esos extraditados y sus antiguos enemigos, y luego aliados de las Farc, Eln y algunos dirigentes de izquierda.

Hoy admito que los enemigos de Uribe asestaron un duro golpe contra nuestro Partido. Saben de lo difícil que ha sido ganarle en las urnas a un hombre que hace política decente todos los días, así que se enfocaron en derrotarlo moral y jurídicamente. En ambos han avanzado, pero no vencido. La inocencia de Uribe brillará, porque ningún otro colombiano ha sido tan investigado como él, sin que se encuentre algún acto o decisión al margen de la ley.  El Centro Democrático es un partido con firmes principios, organizado, con una bancada cohesionada, resiliente y con unas bases sólidas que permitirán a la colectividad salir avante de este difícil momento. En esa línea, Colombia tiene que saber que aquí estamos y que, aunque golpeados por la situación de nuestro líder, seguimos con más firmeza que nunca trabajando en una intensa agenda económica, social y política en pro del bienestar del país.

A Álvaro Uribe, nuestro líder, hombre de familia, creyente y con profundos valores éticos y democráticos todo mi respeto, admiración y apoyo incondicional. Elevo mis oraciones a María Auxiliadora, a quien él se encomienda a diario, para que lo fortalezca y acompañe en este momento de dificultad, del cual estoy completamente segura, saldrá avante y más fortalecido. Pedimos: Uribe en libertad. (Lea también: El legado de Uribe). 

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Balance positivo de la primera emergencia

Han sido múltiples los desafíos que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Iván Duque de cara a la pandemia por el Covid-19. Uno de los capítulos más complejo fue, sin duda, decretar el primer Estado de Emergencia social, económica y ecológica, decisión que permitió reaccionar y enfrentar de forma oportuna y acertada los efectos económicos y sociales desatados por la pandemia.

Fue ese Estado de Excepción, contenido en el decreto 417 de 2020, el que dio luz verde al Gobierno Nacional para expedir 92 decretos en el marco de la primera declaratoria de emergencia. En esta columna en particular quiero hacer un balance de algunos de los temas de la primera emergencia, cuyos objetivos principales fueron: preservar la salud y la vida de los colombianos evitando la propagación del Covid-19; ayudar a la población más vulnerable para que no pasara hambre, y apoyar al sector productivo para preservar el empleo.

Pero nada de esto habría sido posible sin recursos, razón por la cual el gobierno nacional creó el FOME (Fondo de mitigación de emergencias), el cual a mayo había apropiado $25.1 billones. Cerca del 70% de esos recursos se han destinado para responder rápidamente a las necesidades sociales de los colombianos más vulnerables. Sin embargo, la totalidad de acciones emprendidas para atender programas sociales, de salud, de empleo, tributarios, crediticios y otros ascienden a cerca del 11% de PIB ($117 billones).

$7.2 billones se han orientado al fortalecimiento del sector salud. Aumentar la oferta de infraestructura y dotación de hospitales públicos para atender a los contagiados por el Covid-19 ha sido prioritario.  En mayo el país contaba con 6.660 UCI, 1.270 más que en febrero; además se estaban realizando cerca de 11.228 pruebas diarias, y se habilitaron 76 laboratorios para las pruebas. Para ese momento se habían realizado 332.000 pruebas en el país. Además, se destinaron más de $380.000 millones para pagar las nóminas atrasadas a los trabajadores de la salud de hospitales públicos, y $450.000 millones de bonificación para cerca de 43.000 profesionales de la salud vinculados directamente con la atención de la pandemia.

Esta maratónica labor ha estado acompañada por equipos de expertos nacionales e internacionales que, con su conocimiento, han guiado al presidente Duque en la toma de decisiones, todas oportunas y convenientes, para mitigar el crecimiento de la curva de contagio. 

A ello se ha sumado un gran desafío: garantizar un aislamiento obligatorio sin hambre. Para lograrlo, el gobierno del presidente Duque asignó recursos por $5.2 billones para la puesta en marcha de programas sociales. De esta manera se entregaron durante la primera emergencia dos giros extraordinarios por $334.000 a los 2.6 millones de beneficiarios de Familias en Acción; y dos giros extraordinarios que suman $712.000 a 274.342 jóvenes en acción. Para el programa Adulto Mayor que beneficia a 1.7 millones de personas, cada adulto mayor recibió dos giros adicionales de $80.000 cada uno.

Pero además se puso en marcha un programa sin precedentes en la historia de nuestro país: Ingreso Solidario, el cual ha beneficiado a 2.5 millones de hogares vulnerables, de una meta de 3 millones, con una ayuda monetaria mensual de $160.000, hasta el mes de diciembre. Debo agregar otro hit que se anotó este gobierno: la Devolución del IVA, iniciativa del Centro Democrático, que ha permitido realizar dos giros, cada uno por $75.000 bimensuales y que beneficia a 1 millón de hogares.

Por último, siendo conscientes de las dificultades por las que atraviesan los empresarios, el gobierno nacional capitalizó el Fondo Nacional de Garantías con $3.25 billones con el fin de entregar créditos hasta por $60 billones. El gobierno ha concedido garantías de hasta el 90% para las pequeñas empresas que requieran recursos para pagar sus nóminas y así preservar el empleo. Igualmente asumió el pago del 40% del salario de trabajadores de salario mínimo y el 50% de la prima del mes de julio. A lo anterior se suman decisiones como ampliación de plazos para pagar obligaciones tributarias y las devoluciones expeditas de saldos de impuestos de renta e IVA, entre otras decisiones.

No basta una columna de opinión para resumir el gran trabajo que hizo y sigue haciendo el Gobierno Nacional para garantizar la supervivencia de los empleos, del agro, la educación, el transporte; y en general la estructura productiva y social del país. Las afugias siguen siendo muchas, pero el esfuerzo no cesa para salvaguardar el bienestar y la protección de la vida de los colombianos. Es importante entender que construir esperanza en medio de las dificultades que afrontamos nos exige como sociedad tener disciplina social, respetar y acatar las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para enfrentar una pandemia que llegó sin avisar y que golpeó con voracidad nuestras vidas y nuestra cotidianidad.

Las decisiones del gobierno del presidente Iván Duque para enfrentar la pandemia han sido convenientes y oportunas. Se ha hecho mucho y de manera rápida, pero necesitamos que se haga más sobre todo para ampliar la cobertura de programas sociales como Ingreso Solidario y su aporte mensual. El bien común ha movido al Gobierno Nacional, pero también nosotros debemos contribuir a él con nuestra solidaridad y disciplina social.

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Agenda legislativa

El Congreso de la República tiene enormes desafíos en este nuevo periodo de sesiones ordinarias. Uno de ellos, sin duda, será seguir trabajando desde la virtualidad con toda la dedicación y dinamismo para cumplir a cabalidad con la agenda legislativa, en especial el control político que demanda las decisiones adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar la emergencia por la pandemia del Covid-19.

Fiel a mi compromiso de trabajar por Colombia, su gente y sus regiones, llevaré a estudio del Legislativo 14 proyectos de ley durante este tercer período de sesiones. En esta columna presento un resumen de las primeras ocho iniciativas que radiqué el 20 de julio para su respectivo trámite en el Congreso de la República.

Con el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas y terminales, se hace necesario disponer de profesionales de la salud preparados para atender con cuidados paliativos a los ciudadanos. Por ello, un primer proyecto de ley busca fortalecer la educación en cuidados paliativos en las facultades de medicina y demás áreas de la salud. Así mismo se radicó un proyecto de ley que busca implementar el Sistema Braille en empaques de productos alimenticios y de medicamentos, y en servicios turísticos y sitios de carácter público. Esta iniciativa también contempla que haya textos y guías escolares definidos por el Ministerio de Educación, impresos en braille; método de lectura y escritura táctil que elimina barreras para las personas con discapacidad visual. En el país hay cerca de dos millones de personas ciegas o con baja visión.

En esa línea de inclusión social y equidad también se llevó al Congreso una iniciativa de transporte mixto rural, que busca facilitar al sector rural, así como al turismo y pequeños productores, un transporte público adecuado a sus necesidades de movilización y la de sus productos, teniendo en cuenta además particularidades culturales de transporte en varias zonas como las cafeteras donde el Jeep, el bus escalera y otros especiales deben preservarse con todas las garantías de seguridad.

Con el fin de impulsar otras áreas de desarrollo productivo para el campo, radiqué un proyecto de ley que busca incentivar el uso productivo de la guadua y el bambú, y su sostenibilidad ambiental. Esta iniciativa responde a la necesidad de explotar ese potencial de más de un millón de hectáreas de guadua que puede sembrar el país e impulsar su uso en industrias como la construcción y la carpintería. 

A renglón seguido quiero hablar de la pesca y la acuicultura, campo en el que nuestro país se destaca ampliamente debido a su ubicación geográfica, diversidad de clima y cuencas hidrográficas, lo que además permite que sea la fuente principal de ingresos y alimentación para cerca de 400.000 familias colombianas. Sin embargo, esta labor se ha visto afectada por la sobreexplotación, el uso inapropiado de herramientas para pescar, así como por la contaminación ambiental. Es por esto que, pensando en más y mejores beneficios para esta población, presenté una iniciativa que garantice beneficios económicos durante los periodos de veda, un seguro de vida por el riesgo que implica desarrollar esta actividad en alta mar, así como mejorar las condiciones de vida de los pescadores y sus familias.

De otro lado, radiqué un proyecto de ley que garantiza a otros servidores públicos el derecho consagrado en la Constitución de la objeción de conciencia para que puedan abstenerse de cumplir con el deber u obligación de realizar procedimientos como la eutanasia, el aborto o la unión de parejas del mismo sexo, si estas van en contra de sus más profundos e íntimos principios.

Frente al aumento de vejámenes contra nuestros niños y mujeres, otra iniciativa radicada es la eliminación de beneficios penales para violadores y abusadores de niños y mujeres; el cual tiene como objetivo evitar la reducción de penas por estudio, enseñanza o trabajo. Se acabaron las contemplaciones, las víctimas necesitan justicia, no impunidad.

Para terminar, está el proyecto de ley que permite que Popayán sea distrito especial histórico y cultural. Ello debido a que la ciudad blanca, con su imponente arquitectura, aporte a la historia política de la Nación y tradicionales celebraciones religiosas como la Semana Santa, declarada por la Unesco Patrimonio Histórico, Cultural e Inmaterial de la Humanidad en 2009, tiene las condiciones para acceder a esa categoría.

A estas iniciativas de mi autoría se suman otras también de mi Partido Centro Democrático que estamos apoyando, como volver permanente el Ingreso Solidario, aumentando su cobertura y la transferencia monetaria para ayudar a los más vulnerables. Seguiremos escuchando a los colombianos y contribuyendo a buscar salidas a muchas de las preocupaciones que los aquejan, intensificadas hoy por los efectos adversos del Covid-19.

Lo más importante es que estamos trabajando con la esperanza de que pronto esta querida Patria supere la tristeza y el aislamiento social, y reactive la confianza en que disponemos de mejor infraestructura y servicios de salud, y más compromiso con el desarrollo productivo que genere empleo.

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Internet en tiempos de coronavirus

La pandemia lo ha transformado todo. Mientras peleamos una dura batalla contra el Covid-19, el acceso y uso de la internet aparecen como necesarios en medio del confinamiento al que nos hemos visto obligados para proteger nuestra salud; aislamiento que nos ha alejado de nuestra vida normal y privado del contacto con nuestros seres queridos y con la vida social.  Sí, el internet dejó de ser un servicio para tomar un rol diferente en nuestra sociedad: convertirse en el vehículo de contacto con el mundo exterior, una relación ser humano – tecnología, cada vez más estrecha.

El país y el mundo venía hablando en los últimos años de la cuarta revolución industrial, y avanzando en mejorar la cobertura y calidad del acceso a la internet y sus aplicaciones. Igualmente sabíamos que esta herramienta de comunicaciones no sólo era importante sino necesaria para incrementar la productividad y mejorar la calidad de muchos procesos académicos, de investigación, productivos, de servicios financieros y gubernamentales. El Covid-19 aceleró mucho de esos procesos y usos.

Nuestros escenarios cambiaron. Tuvimos una reconversión obligada del trabajo, al “home office” o trabajo en casa para unos y teletrabajo para otros. De las clases presenciales de colegios y universidades, a las aulas virtuales y, para mi caso, de sesionar, debatir y aprobar proyectos de ley en el Capitolio Nacional, a hacerlo a través de una plataforma tecnológica que nos ha permitido continuar con el deber constitucional que nos asiste. Un reto enorme que afrontamos con la responsabilidad y el compromiso de seguir trabajando por Colombia.

Adaptarnos a nuevas modalidades y reinventarnos es clave para mantener un entorno conectado y un sector productivo desarrollado. En aras de esa premisa es que el Gobierno Nacional le puso el acelerador a la maratónica tarea de garantizar conectividad en todo el territorio nacional, meta que hoy alcanza el 53%, del 70% fijado para este cuatrienio. Internet centraliza, en tiempos de pandemia, casi el 100% de la interacción social. Por ello el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puso en marcha el programa ‘Nuevos Hogares Conectados’, que busca garantizar internet fijo a 500 mil hogares de estratos 1 y 2, con tarifas mensuales desde los $8.613 hasta los $19.074. Con esto se han beneficiado dos millones de colombianos que no contaban con el servicio.

En ese mismo orden inició ‘Prevenir Conectados’, otro programa social que ha beneficiado a cinco millones de usuarios prepago, a quienes se les entregó, de forma gratuita 1GB de navegación y 100 minutos para llamadas nacionales solo por descargar CoronAPP (aplicación gratuita en la que los usuarios pueden informarse del coronavirus en el país). A lo anterior se suma el proyecto de ‘Centros Digitales’ que busca llevar conectividad rural a 10 mil comunidades de 32 departamentos.

Para el caso de Sucre, un departamento con 885.000 habitantes, el Mintic ha habilitado zonas digitales rurales que han beneficiado a 31.557 personas. En diciembre de 2019 fueron entregadas 42 zonas, ubicadas en áreas rurales de 15 municipios, las cuales, con una inversión de $1.134 millones garantizaron internet gratuito las 24 horas del día, a más de 41 mil sucreños.

El internet juega un papel fundamental en este momento de crisis. Por ejemplo, la medicina es un campo que ha trabajado sin descanso. La telemedicina ha comprobado la utilidad y funcionalidad de la virtualidad para seguir atendiendo pacientes con o sin Covid-19. El sistema educativo tuvo que volcarse del todo a la virtualidad. Desde jardines y colegios, hasta instituciones de educación superior, se vieron obligados a replantear el sistema de aprendizaje para evitar que la pandemia desatara un posible rezago académico de los estudiantes y abriera una brecha de inequidad en la calidad de la educación. Frente a este panorama, un internet de alta velocidad se convierte en requisito indispensable para mantener contacto con el mundo exterior.

Si bien en 2019 el Mintic instaló 1.000 zonas digitales rurales en 381 municipios del país, para garantizar internet, se requiere seguir avanzando en cobertura en estas zonas y programas especiales para los estudiantes.

La pandemia hizo visibles las falencias del país en materia de conectividad, a pesar de los avances alcanzados. Valoro el trabajo juicioso y comprometido del Gobierno Nacional, pero tenemos el gran reto de llevar internet a las veredas, corregimientos y zonas más apartadas del país para cerrar la brecha digital y garantizar conectividad.

En un contexto como el actual, sectores como la salud, la educación y la economía dependerán en gran medida de la internet para seguir funcionando. Así que una mayor alianza entre la inversión pública y privada en este sector debe ser prioridad en los programas de reactivación.

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La legislatura virtual

Las sesiones ordinarias del Congreso de la República que culminaron hace dos semanas tuvieron un reto histórico: dar un salto a la virtualidad. Por primera vez, la corporación tuvo que adaptarse a una nueva realidad para continuar ejerciendo el estudio de los proyectos de ley y el control político, desarrollando una función legislativa eficiente y abierta al seguimiento ciudadano; puntos claves en el desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia. Sin duda, un desafío ignoto para todo el Congreso.

El Legislativo tuvo que reinventarse y enfrentarse diariamente a los altos y bajos de la virtualidad y del trabajo en casa. Sin embargo, nada fue impedimento para que pudiéramos seguir trabajando por Colombia, por su gente y sus territorios, pese a las limitaciones propias en tiempos de pandemia. Durante este tiempo nuestra Bancada realizó más de 45 reuniones virtuales para escuchar a los diferentes sectores del país afectados por las decisiones adoptadas para frenar el contagio del coronavirus, y proponer al gobierno nacional acciones que contribuyeran a mitigar los efectos adversos. Muchas de nuestras propuestas fueron acogidas, como aquella que impuso un impuesto solidario por tres meses a los altos salarios de funcionarios públicos.

Este periodo legislativo que culminó fue intenso, fructífero y enriquecedor. En mi balance personal tengo que resaltar el trabajo realizado como vocera de mi partido, el Centro Democrático, en el Senado de la República. Entre plenarias y comisiones hubo más de 140 citaciones a debates a funcionarios del gobierno nacional para explicar las medidas adoptadas en los decretos de emergencia.

Desde el 20 de julio de 2019, radiqué 15 proyectos de ley, entre los que destaco el de tres días al año sin IVA, iniciativa que fue recogida en la Ley de Crecimiento y generación de Empleo de diciembre 2019, y que hoy además de ser una realidad, es un gran alivio para el bolsillo de los colombianos frente a la crisis económica desatada por el Covid- 19.

Lo social también tuvo su parte. Por eso trabajé en iniciativas como establecer parámetros de calidad habitacional para las viviendas de interés social y de interés prioritario; exención en el pago de las pruebas Saber 11 por parte de jóvenes víctimas de la violencia, y el que buscar apoyar a los pescadores artesanales no sólo para que mejoren sus condiciones productivas sino su calidad de vida. Uno de mis proyectos de ley fue aprobado y pasa a sanción presidencial, y es el que promueve más espacios públicos para niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.

A este importante trabajo de proyectos de ley también se sumó el control político. Fue así como, en compañía de la senadora Paloma Valencia, en la plenaria del Senado, hicimos un debate documentado sobre los incumplimientos de las Farc al Acuerdo firmado en diciembre de 2016. Debate que mostró, entre otras cosas, que ni una sola víctima ha sido reparada con dineros de ese grupo armado; además del incumplimiento en la entrega de los menores de edad reclutados, de los hombres a reincorporarse a la vida civil, de los bienes que dijeron tener para entregar y de las armas en su poder.

En la Comisión Tercera de asuntos económicos, realicé debates de control político sobre los efectos de la caída de los precios del petróleo y de la demanda de crudo en las finanzas públicas, y sobre las decisiones de las instancias económicas, como el Banco de la República, para mitigar los efectos adversos del Covid-19 sobre la actividad productiva. En la Comisión de Ordenamiento Territorial realicé control político a la situación financiera de los sistemas de transporte masivo en las ciudades capitales, así como las medidas adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente frente a la pandemia.

Adicionalmente, hice parte de la Comisión Accidental del Senado para estudiar la oportunidad y pertinencia de los decretos de emergencia económica, social y ecológica expedidos por el gobierno del presidente Iván Duque desde marzo de 2020.

Sin duda, fue un trabajo legislativo exigente e intenso, que demostró la importancia del uso de las tecnologías de la información, a través de las sesiones virtuales, como mecanismo alternativo válido para sesionar el Congreso de la República de manera no presencial.  La Corporación pudo cumplir con sus funciones ordinarias, de trámite de proyectos de ley y de debates de control político, así como permitir que los ciudadanos siguieran nuestro trabajo legislativo. Por supuesto que estar presente en el Capitolio es una experiencia única, pero el Congreso tuvo que ajustarse a la realidad que nos impuso el aislamiento obligatorio para proteger la salud de los colombianos, incluida la de los congresistas.

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El legado de Uribe

Hoy quiero dedicar mi columna semanal al legado del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, un hombre de familia y con profundos valores cristianos que ha enfrentado con gallardía uno a uno los ataques e infamias que detractores de su incansable trabajo por Colombia han lanzado en su contra a lo largo de los años.

Es inteligente, sencillo, honesto y frentero; le canta la tabla al que le toque, no tiene rabo de paja y tampoco tiene que esconderse de ningún colombiano. Un hombre que, aunque con defectos, ha sabido mantenerse firme y con la frente en alto, pese a la intención maquiavélica de algunos de mancillar su buen nombre.

Su amor por Colombia ha sido el motor que impulsó su carrera política, intachable y llena de reconocimientos, y su trasegar lo ha llevado a ostentar cargos como el de gobernador de Antioquia, senador y presidente de la República, este último por un periodo de ocho años.

En este duro camino de la política, Álvaro Uribe ha tenido que sortear duras batallas, enfrentándose a enemigos cobardes que, armados de falacias y montajes, han buscado no solo verlo en la cárcel, sino manchar su honra y la de su familia; todo por mantenerse en la lucha diaria y decidida de lograr una Colombia con seguridad democrática, que enfrente al terrorismo, la delincuencia, la corrupción y la inseguridad.

Trabajé en sus dos campañas a la Presidencia, fui directora de Colciencias y ministra de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, durante su gobierno. Desde enero de 2011 lo he acompañado a recorrer el país, escuchar a los ciudadanos y proponer soluciones a muchas de las preocupaciones de los colombianos. Desde 2014 estamos en el Senado de la República defendiendo nuestros valores democráticos, las instituciones, la creación de empleo digno y mejores condiciones de vida para toda la población.

Bajo su liderazgo se logró desde el ministerio, dar cobertura de servicio de telefonía celular a los principales corredores viales del país, una herramienta fundamental para la seguridad. Igualmente, garantizar el acceso a computadores y conexión a internet para más de 20.000 instituciones educativas oficiales, así como para bibliotecas, alcaldías, juzgados, hospitales y centros de salud.

En esa línea, 90 hospitales quedaron adaptados para prestar el servicio de telemedicina. Así mismo y después de 10 años, se entregaron cerca de 250 emisoras comunitarias y comerciales en procesos licitatorios objetivos y transparentes. Se reestructuró el ministerio y se liquidaron empresas como Telecom, Adpostal, Inravisión y Audiovisuales, y se crearon Colombia Telecomunicaciones, RTVC y 4-72. Igualmente se duplicó la asignación de espectro radioeléctrico para la masificación de Internet y el servicio de comunicaciones móviles. Se modernizó el marco normativo con la Ley 1341 de 2009, Ley TIC y la Ley 1369 del mismo año para los temas postales. Estos son solo algunos de los muchos logros que vienen en este momento a mi memoria.

Los tres huevitos: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social, quedaron grabados en la mente y el corazón de muchos colombianos como sus pilares de gobierno. Hoy ampliado a cinco, sumando el diálogo ciudadano y el estado austero.

Uribe es el fundador de nuestro partido Centro Democrático y líder de nuestra bancada en el Congreso. Seguiremos defendiendo su legado como un gran aporte a la Patria, a sus instituciones, al desarrollo socio económico del país. Trabajar, trabajar y trabajar es su mejor ejemplo, siendo fuerte para debatir las ideas y suave para tratar a las personas.

Siempre con mano firme y corazón grande.

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Hipoteca inversa, un hit

El gobierno del presidente Iván Duque se anotó un súper hit con un nuevo mecanismo para proteger la vejez de los colombianos: la hipoteca inversa. Una iniciativa excepcional que busca hacer frente a la pobreza oculta, otorgar liquidez y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 65 años que tengan vivienda propia y quieran tener un ingreso adicional hipotecando su inmueble, a cambio de una renta mensual. Una excelente opción financiera para los 4,3 millones de ciudadanos mayores de 65 años que sean propietarios de vivienda; 9,1%  de la población según el Dane.

Según el Ministerio de Vivienda, solo el 28% de la población mayor de 65 años cuenta con una pensión, mientras que 67% cuenta con vivienda propia, lo que demuestra que el mecanismo de hipoteca inversa es una estrategia para que los más vulnerables reciban ingresos gracias al activo más importante de las familias: la vivienda. (Lea también: Reactivación)

La hipoteca inversa es otro de los caminos para alcanzar un flujo de ingreso con tres diferentes tipos de renta: vitalicia, que consiste en un pago mensual hasta que la persona muera; temporal, es decir, un pago mensual por un periodo de tiempo previamente establecido; y única, que consiste en recibir la totalidad del valor del inmueble (previamente establecido por un avalúo) en una sola entrega.

Este mecanismo abre la posibilidad para aquellos que tienen vivienda propia, pero no tienen ingresos suficientes para su diario vivir, o que quieren aumentar su nivel de vida o simplemente no tienen herederos y quieren disfrutar de su patrimonio familiar, puedan acceder a ingresos al tiempo que continuar viviendo en su casa o apartamento hasta el último día de su vida, sin que lo desalojen.

Es claro, este mecanismo no va solucionar el déficit de cobertura en materia pensional que tiene nuestro país, pero si genera nuevas opciones para la recepción de un flujo de ingresos, en especial para la población más vulnerable. Es algo diferente, una herramienta fabulosa y bien pensada, que desde los años 80 ha sido implementada en otros países del mundo, como Estados Unidos, donde se estima que el incremento en el ingreso promedio de los hogares fue del 20%. También ha sido implementado en España, México, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, Italia y perú; donde los resultados han sido excepcionales.

Con toda certeza puedo decir que la pandemia le está permitiendo a nuestro país disponer de mecanismos que apuntan a mejorar la calidad de vida en muchos aspectos, en especial el económico, uno de los más golpeados en nuestro país. Es hora de abrirle la puerta a nuevos alivios, esos que para cerca de 1,7 millones de hogares colombianos, con padres mayores de 65 años, son un salvavidas en medio de la crisis.

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/ Responsabilidad y disciplina individual

El país ha reiniciado actividades productivas durante las últimas 3 semanas del mes de mayo, permitiendo que el 83% de la producción nacional esté operando. Ese dilema que algunos quisieron plantear entre salud y economía no sólo no existe, sino que haber caído en él hubiera sido más catastrófico para el empleo y los ingresos de las familias, que lo que hoy muestra la muy alta cifra de desempleo de 19,8% para el mes de abril.  Tanto la salud como la economía buscan promover el bienestar de las personas; sin salud los ciudadanos no pueden suplir sus medios de subsistencia, pero sin estos últimos también se pone en riesgo la salud y vida de las personas.

Las cifras de los primeros meses del año ya dejan entrever que el golpe que recibió nuestra economía por cuenta de Covid-19 y del choque petrolero fue bastante fuerte. El PIB del primer trimestre del año, con solo 15 días de confinamiento creció el 1,1%. En el mes de abril cerca de 1,5 millones de personas salieron del mercado laboral, las remesas del exterior llegaron a US$353 millones, 38% menos que el año anterior, y cerca de US$634 millones salieron del país como flujo de capitales de portafolio.

La economía colombiana en 2020 va a vivir, además de los fuertes efectos adversos de la pandemia y de la caída de los precios del petróleo, una caída en el PIB de los socios comerciales del país, que se estima entre -4% y -9%; la volatilidad de los mercados financieros internacionales; la reducción de las remesas de colombianos en el exterior y la salida de recursos de portafolio.  Todo ello lleva a los expertos, como el área técnica del Banco de la República, a que nuestro crecimiento de la economía este año será negativo entre -2% y -7%, con unos indeseados efectos sobre el desempleo con una tasa cercana al 20%, y sobre la población en condición de pobreza que puede aumentar del 27% al 33%. Aquello que empezó como una emergencia sanitaria va a traer profundas consecuencias económicas este año. La esperanza es que nuestra economía se recupere y retome la senda de crecimiento cercana al 3,6% para el 2021.

Todas las acciones y costos asumidos han tenido el único fin de proteger la vida de los colombianos y por eso ahora que estamos mejor preparados, por lo menos en términos de camas, unidades de cuidados intensivos y respiradores, nuestro país debe seguir sus actividades productivas con estrictos protocolos de bioseguridad y disciplina social. No es sostenible pensar una cuarentena indefinida. (Lea también: Reactivación).

El esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno no ha sido menor. De hecho, según cifras del Ministerio de Hacienda si se suman todas las ayudas, garantías, exenciones tributarias y acciones del Banco de la República para otorgar liquidez, estas pueden sumar más de $117 billones (11% del PIB). Vale la pena recordar que dentro de este total se encuentran cerca de $7 billones destinados para el sector salud, $4,8 billones para la entrega de ayudas a los más vulnerables, y $6 billones para el subsidio de nómina, entre otros. Sin embargo, los recursos del gobierno son escasos y aunque se han intentado focalizar de la mejor manera, es evidente que las necesidades de los ciudadanos superan los recursos disponibles, de ahí la necesidad no sólo de reactivar la economía sino de ser solidarios.

Otra reflexión importante para reactivar las actividades productivas es la seguridad alimentaria. El país no ha tenido problemas de oferta de alimentos, gracias a nuestro sector agropecuario, y de manera especial a nuestros campesinos que producen el 80% de los mismos; pero si ha tenido problemas de capacidad adquisitiva por la falta de ingresos dado la alta informalidad laboral que asciende al 47% y las restricciones para el teletrabajo de gran parte de la población ocupada. El gobierno del presidente Duque, con los giros extraordinarios a los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción, y los nuevos programas de transferencias monetarias como Ingreso Solidario y devolución de IVA, ha alcanzado a cerca de 21 millones de colombianos en condición de pobreza y vulnerabilidad para que esta crisis sea sin hambre.

Nos enfrentamos a una situación de mucha incertidumbre, si bien el gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo enorme para sobrellevar la situación, que además ha sido reconocido internacionalmente, los recursos no son infinitos. Lo cierto es que hacia adelante la responsabilidad y disciplina individual serán decisivas para no perder lo que con tanto esfuerzo hemos ganado.

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Alivio ambiental

El confinamiento al que nos hemos visto obligados con la sorpresiva llegada de la pandemia por el Covid-19 permitió por primera vez en mucho tiempo, que nuestro planeta tuviera un respiro gracias a la disminución de las actividades productivas y de movilización de las personas, reduciendo los niveles de contaminación. Este desahogo provocado por la suspensión, casi en su totalidad, de las operaciones aéreas; la ausencia de aglomeraciones de personas; el cese de actividades en las grandes industrias; y la disminución del tráfico de vehículos en las calles del mundo entero es momentáneo, pero necesario, para un planeta en el que la mayoría de sus ecosistemas son frágiles y están en peligro constante como consecuencia de la actividad humana.

La realidad es que a la ansiedad colectiva de volver a la normalidad se suma la urgencia de reactivar las economías del mundo que se vieron gravemente afectadas por la emergencia económica y social desatada por el Covid-19. Es en este punto donde nos urge, como sociedad, garantizar que ese reinicio de actividades sea prudente y disciplinado, pero sobre todo sostenible ambientalmente. Nada hacemos con volver al frenetismo económico sin conciencia y compromiso con nuestra naturaleza.

En Colombia los efectos del aislamiento obligatorio y el cese de la mayoría de las actividades productivas sobre nuestro ecosistema han sido excepcionales. El avistamiento de aves aumentó en zonas rurales y urbanas, la fauna recuperó espacios que le fueron arrebatados, incluso en algunos casos especies como una osa andina y sus oseznos (Nariño), osos hormigueros (Yopal), zorros (Bogotá), comadrejas y zarigüeyas (Cali), entre otros, se hicieron visibles ante la sorpresiva mirada de los pobladores de esas zonas.

Los parques naturales se oxigenaron. Prueba de ello fue el avistamiento del lagarto más pequeño del mundo y la llegada de tres especies de tortugas marinas, para anidar, al Parque Tayrona, área protegida del Caribe colombiano. Las playas también se han renovado y están limpias, y muchas de las aguas turbadas recuperaron su color cristalino e incluso gran parte de la vida animal que en ellas existe; como ocurrió en Santa Marta, donde fue avistada una manada de delfines muy cerca de la bahía.  Lo que nos muestra que tenemos que dejar el egoísmo al aprovechar nuestros recursos naturales sin pensar en su conservación y cuidado.

La atmósfera también tuvo un respiro. Según los reportes de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire de las principales ciudades del país, la mejora fue significativa en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. Incluso, según Greenpeace, en los dos primeros meses de la cuarentena, las emisiones de dióxido de nitrógeno en la capital colombiana disminuyeron en un 27 % respecto al año 2019.

Revisemos el panorama internacional. Para el caso de China, epicentro de la pandemia, según cálculos del centro de Investigación en Energía y Aire Limpio de Estados Unidos, el cierre de fábricas y comercios ha producido una disminución de las emisiones de CO2 de al menos 25%. Entre tanto, en España, desde el 14 de marzo los niveles de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno en sus principales ciudades tuvieron una reducción del 55%, una mejora sin precedentes en la calidad del aire, según la Organización Ecologistas en Acción.

Pero, además, en los países con mayor emisión de gases de efecto invernadero como Estados Unidos, India y China, la producción de COha disminuido en 17 millones de toneladas durante los primeros meses de pandemia. Esto es algo realmente significativo. Para América Latina, según el estudio de la Universidad East Anglia, Colombia redujo en un 36%, Brasil 25%, Argentina 27% y Chile 20%

Sin duda, esta es una gran oportunidad para que la reapertura de la economía esté pensada también en preservar la salud de nuestra ´casa común´ como dice el Papa Francisco. Estos alivios, aunque muy positivos, son temporales, por eso no podemos olvidar que no tendremos una buena salud física si vivimos en un mundo enfermo por la contaminación. (Lea también: Reafirmando la política ambiental). 

No puedo terminar esta columna sin ponderar el gran trabajo del presidente Iván Duque en materia ambiental. Los avances logrados en temas como la lucha contra la deforestación, el impulso a la siembra de árboles, la implementación de la economía circular y el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, así como las metas para contener los efectos del cambio climático, hizo que fuéramos el país anfitrión en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, organizado por la ONU. Grato reconocimiento que nos demuestra una vez más que vamos por la senda correcta.

Bien aplica para esta columna la frase de la novelista india, Arundhati Roy: “Históricamente las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e imaginar un mundo nuevo. Esta no va a ser diferente”. Confío en Dios y la decisión de los colombianos que sea así.

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Conejo al Acuerdo

Impunidad e incumplimiento, en esas dos palabras resumo el resultado de lo pactado en el acuerdo que Juan Manuel Santos firmó con las Farc, el primero de diciembre de 2016. Han pasado tres años, y a la fecha, ni una de las más de dos millones de víctimas de las FARC ha sido reparada con dineros de ese grupo. Y eso que el centro del acuerdo se suponía era resarcir a las víctimas, aquellas que vivieron en carne propia los deleznables actos de terror, muchos incluso catalogados como crímenes de lesa humanidad, como el secuestro, reclutamiento de menores, vejámenes sexuales, actos terroristas, entre otros.

El primer conejo está en los bienes. En ese punto, las Farc ofreció entregar bienes por $964 mil millones, de los cuales $542 mil millones correspondían a tierras, oro y semovientes, que permiten su monetización. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, por su lado, registra 1.837 bienes de la Farc sujetos a extinción de dominio por valor de $2.5 billones. Claramente, no sólo lo reportado por las Farc es muy inferior a lo identificado por la Fiscalía, sino que, además, el 73% de los bienes que ellos informaron no han podido ser ubicados porque las coordenadas no coinciden o no existen; por lo tanto, tampoco han sido monetizados para reparar a las víctimas. Otra falacia plasmada en el papel.

Otro de los puntos que a simple vista también se pasaron por la faja fue el de la entrega de armas. Tampoco fueron entregadas en su totalidad, sólo se recibieron 8.994 armas. Pero el gobierno Santos habló de 14 mil armas, incluidos 11 mil fusiles, pero sólo entregaron 6.177 fusiles, 1.817 pistolas, 12 lanzacohetes, 6 escopetas, 268 morteros y 274 ametralladoras, entre otras. El resto de las armas que no entregaron es muy posible que las hoy mal llamadas disidencias de las Farc las estén usando para sus actividades delictivas, como muchos de los bienes que no se entregaron.

Duele mucho que no hayan entregado la totalidad de los menores reclutados. Para agosto de 2016, la Fiscalía reportó 6.800 menores reclutados, pero tristemente hasta la fecha sólo 144 entregados.  Qué curioso que hoy, desde una curul en el Congreso, se rasguen las vestiduras por los niños que son secuestrados, violados o asesinados; pero se les olvida que algunos de ellos propiciaron delitos atroces como el reclutamiento forzado, las violaciones y los abortos de los menores que tenían en sus filas empuñando armas, y que ninguno ha respondido por esos delitos.

Pasemos a otro capítulo de incumplimientos. De los 15.007 excombatientes reportados en 2016 por las Farc para beneficiarse del proceso de desmovilización, solo 12.767 se reincorporaron a la vida civil; los más de 2.300 restantes continúan en armas y en la ilegalidad con negocios como el narcotráfico y la minería ilegal, y el reclutamiento de menores.  En ese grupo están los jefes guerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa; quienes fungieron como negociadores de las Farc en el acuerdo de la Habana, al que el 50.2% de los colombianos le dijimos No en el plebiscito, que luego el presidente Santos desconoció.

Hablemos de la seguridad de excombatientes. En repetidas ocasiones el Gobierno Nacional ha sido increpado por la supuesta falta de garantías para los excombatientes, líderes y congresistas de las Farc; acusaciones infundadas si se tiene en cuenta que los 248 esquemas conformados por 1.186 escoltas de la Unidad Nacional de Protección, de los cuales 823 son excombatientes y personas de confianza de las Farc, le cuestan anualmente al Estado colombiano más de $129 mil millones, de los cuales más de $27 mil millones son asignados a viáticos y $7.500 millones a combustible, algo irrisorio.

Tristemente el acuerdo no incluyó un mecanismo que exija a las Farc cumplir con lo pactado. Los compromisos con sus indicadores quedaron para el gobierno, ni uno sólo para las Farc. Es tiempo de que los llamados “garantes” del proceso se pronuncien sobre el tema, y que la comunidad internacional le exija a las Farc no sólo cumplir entregando a los menores reclutados, ayudando a ubicar los bienes para monetizar y resarcir a las víctimas, apoyar en la ubicación de las caletas que faltan y las minas antipersonas, que sólo 7 han ubicado, sino que colaboren para desmantelar las disidencias y el negocio del narcotráfico y la minería ilegal.

Parece que aquellos que participaron en el acuerdo olvidaron que la prueba de fuego era su implementación y cumplimiento, pero cumplimiento de ambas partes, no de una sola como sucede en este caso.

En paralelo a este escenario de burla por las Farc, está el de un gobierno que, si bien no apoyó el acuerdo, si ha cumplido generosamente con lo allí establecido. Por ejemplo, 98% de los excombatientes han recibido una renta básica mensual de 90% de un salario mínimo y están afiliados a salud y 82% a pensión; en el fondo de tierras ha incorporado 774.153 hectáreas y adjudicado 90.097 hectáreas a 8.561 familias campesinas; 16 PDETs listos para beneficiar a 170 municipios con una inversión de $3,4 billones; y 2 emisoras entregadas y 3 en proceso, entre otros avances.

Se estima que el acuerdo nos va a costar $129 billones en 15 años, y lo peor es que a este paso, las Farc no están ni cerca de aportar un solo peso. Las Farc ya están en el Congreso ocupando curul y con beneficios del Estado, pero sin haber reparado a una sola víctima.  No hay duda, aquí lo que hay es un conejazo.

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Choque petrolero

La llegada del Covid-19 a Colombia y la abrupta caída en los precios del petróleo sumieron a nuestra economía en una crisis que no se esperaba, más cuando en 2019 el país logró un crecimiento de 3,3%, el más alto desde 2014, una evidencia clara de que el país retomó su rumbo y logró una economía sólida, ejemplo para la región.

Pero hablemos de la industria petrolera, la cual se ha visto duramente afectada, no solo por la caída en los precios internacionales del crudo, que en marzo llegó el Brent a US$17 el barril cuando el pasado mes de enero llegó a los US$68, sino por la caída drástica de 30% en la demanda mundial de petróleo. Solo en el primer trimestre del año, las exportaciones del sector petrolero cayeron a US$582 millones, cuando un año atrás fueron de US$1.116 millones. A eso se suma que la demanda de energía en el país ha caído 6%.

La situación mundial y nacional del sector petrolero ha sido en las últimas décadas motivo de seguimiento por su impacto en la economía nacional y regional. El sector representa el 7% del PIB, el 34% de la Inversión Extranjera Directa y el 56% de las exportaciones. Además de ello, el aporte del sector a las cuentas fiscales de la nación y de muchas regiones es fundamental. Por impuestos, regalías y utilidades sólo Ecopetrol aporta $16 billones, y toda la industria cerca de $20 billones en 2019. Adicionalmente, esta industria genera cerca de 43.000 empleos directos formales.

De otro lado, esta incertidumbre de mercado genera disminución en la producción, con lo cual Ecopetrol, que tenía estimado producir entre 745 mil y 760 mil barriles de petróleo por día, será difícil de cumplir, más cuando solo están activas 8 de las 52 plantas principales. Según la ACP, de continuar este panorama, a diciembre la caída del empleo directo que genera el sector puede ser de 8%.

Para 2020, se estimaba que Ecopetrol aportaría algo más de $4.3 billones, pero frente a esta nueva realidad de mercado ya se prevé que serán sólo de $2 a $3 billones. Con lo cual tanto las regiones productoras, como el resto del país, sentirán la reducción de sus ingresos por regalías directas, por las del fondo de inversión regional y el de ciencia y tecnología.

Si bien Ecopetrol está mejor preparado que en la crisis de 2014 -2015, porque ha reducido costos, ha aumentado eficiencia y producción; lo que le permite que más del 90% de su producción sea rentable cuando los precios sean igual o superior a US$30 el barril, la situación hoy es más compleja por la caída en la demanda mundial de combustible para transporte terrestre y aéreo.  Sólo en los últimos tres meses la demanda para la empresa bajó de 290 mil barriles día a 106 mil barriles.

Este panorama de incertidumbre ha llevado a reducir drásticamente las proyecciones para este año, con una caída del 60% en el presupuesto de exploración y del 55% en el de producción. Es bueno recordar que el país tiene 2.036 millones de barriles, que equivalen a 6,3 años de reservas. Si los precios internacionales del crudo bajan de US$45 por barril, las reservas pueden bajar en más de 300 mil barriles.

Si bien el Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos para mitigar los actuales impactos en el sector, entre ellos la devolución de los saldos pagados de IVA, flexibilización del calendario de impuestos y el diferimiento del pago de derechos económicos contractuales; aún hay por revisar los costos de transporte por oleoducto y mejorar el almacenamiento estratégico.

Me entristece ver otra crisis más en la industria petrolera, y que cuando hubo mayores ingresos de regalías no se hayan aprovechado para avanzar en transformar la estructura productiva de las regiones productoras, y dar prioridad a la inversión en agua potable y saneamiento básico. Pero mantenemos la esperanza.

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Virus intramural

La pandemia no solo desató la emergencia económica y social, sino que hizo más visibles algunas problemáticas, entre ellas, la grave situación de hacinamiento carcelario que alcanza el 46,6% en nuestro país. Sin duda alguna, la combinación de virus y apilamiento de presos es una bomba de tiempo que debe ser contenida para evitar que afecte a las 118.070 personas privadas de la libertad que hay en los 132 penales del país.

En Colombia la cárcel es espacio propicio para que se propague el Covid-19, no solo por la precariedad de la infraestructura, condiciones de higiene y salubridad de la gran mayoría de ellas, sino por la sobrepoblación de 36.067 personas; cuando el sistema carcelario nacional solo cuenta con capacidad para albergar 80.928 reclusos, y hay hoy 108.888 hombres y 8.107 mujeres.

El panorama es alarmante. El caso más grave ocurre en la cárcel de Villavicencio, donde según el Inpec la cifra de contagiados es de 772 entre reclusos y guardias; una hecatombe si se tiene en cuenta que allí el hacinamiento es del 97%, dado que tiene capacidad para 873 reclusos, y en la actualidad hay 1.773. Sin duda la población carcelaria es una prioridad atender para mitigar el riesgo de contagio.

Consciente de la urgencia de la situación de este penal, el gobierno nacional ordenó practicar la prueba del Covid-19 a la totalidad de los reclusos, así como la adaptación y disposición de un ala de la cárcel para aislar a los presos que no estén contagiados y corran mayor riesgo de contraer el virus. Como resultado, el Inpec ha practicado 1.379 pruebas, de las cuales 629 dieron positivo y 228 más negativas. Está pendiente el resultado de otras 522.

Para el caso de otros ERON (Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional) como La Picota en Bogotá, el número de pruebas realizadas es de 1.175, de las cuales 7 salieron positivas y 1104 negativas. Mientras que para Las Heliconias (Florencia, Caquetá), se han realizado 41 pruebas, y 1 salió positiva, 21 negativas.

Aunque con demora, el Inpec ha entregado distintos suministros de protección a los internos, entre ellos: tapabocas quirúrgicos (55.452), tapabocas N95 (20.434), guantes (49.982), gel antibacterial (45.337 litros), alcohol antiséptico (3.580 litros) e hipoclorito de sodio (3.160 litros), entre otros. Adicionalmente han implementado medidas como la desinfección y limpieza diaria de objetos personales, zonas comunes y establecimiento carcelario, suspender las visitas externas y adecuación de espacios temporales de aislamiento para casos de posible contagio, entre otros.  Para todas estas acciones de prevención del contagio y atención de sus efectos en el sistema carcelario, el Ministerio de Justicia destinó $25.431 millones, distribuidos entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) con $20.371 millones y el Inpec con $5.060 millones.

Las medidas adoptadas eran urgentes, pero lo es más decretar la emergencia carcelaria. Los derechos de los reclusos, para evitar el contagio y recibir atención en salud si tienen el virus, hay que garantizarlos.

La expedición del decreto de emergencia para la excarcelación de cerca de cuatro mil reclusos, para reducir la población carcelaria y sacar de los penales a la población más vulnerable al Covid-19, y que no cobija a personas condenadas por delitos graves, sexuales, de lesa humanidad, relaciones con narcotráfico, grupos delincuenciales o acogidos a algún régimen de justicia transicional, era necesario. Pero preocupa la lentitud de su puesta en marcha. No más del 10% de los posibles beneficiarios han salido de las cárceles.

Tristemente la problemática de hacinamiento carcelario no sólo toca a Colombia, sino a 125 países, según el Informe Mundial de Prisiones y el Instituto de Política Criminal de la Universidad de Londres. El anterior gobierno lamentablemente fue insensible, en sus ocho años, a esa realidad de tener condiciones dignas para los presos en sus sitios de reclusión. Sólo una cárcel, la de El Espinal (Tolima) tuvo obras de ampliación del cupo de internos, y esto solo al final de ese gobierno. Fue en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe cuando se impulsaron complejos carcelarios de tercera generación en Jamundí (Valle del Cauca), Pedregal (Medellín), Heliconias (Florencia), la Picota (Bogotá), Yopal y Cúcuta.

Pero el presidente Iván Duque no por la pandemia, sino por lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ha previsto la construcción de 5.000 nuevos cupos carcelarios y penitenciarios, 3.400 de ellos se espera estén listos este año. Lo cierto es que apremian las medidas de prevención y atención a reclusos, y la excarcelación contemplada en el decreto de emergencia

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Reactivación

Colombia ha surtido con entereza una crisis que no esperaba. La llegada del Covid-19 no solo ha traído consigo la emergencia en salud y social, sino que ha golpeado duramente nuestra economía, una que a pesar de su resiliencia y de haber mostrado unos mejores indicadores en el crecimiento, la inversión extranjera directa, el consumo de hogares, la confianza de consumidores y empresarios en el último año vuelve a estar en el momento más difícil de su historia, desde que se tienen registros.

Las decisiones no son fáciles. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha sido prudente y asertivo en las medidas que ha implementado para responder a la crisis originada por la pandemia. Es muy fácil para quienes no tienen la gran y maratónica responsabilidad de dirigir un país, criticar y tratar de destruir lo que con tanto esfuerzo se planea y ejecuta para mantener a salvo a los ciudadanos, quienes en este momento crítico necesitan garantías básicas de atención en salud, empleo digno y alivios económicos para asegurar el sustento para sus familias.

Colombia completó 37 días bajo medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio, y en este punto urge un desconfinamiento gradual con disciplina, que permita, con los respectivos protocolos de bioseguridad, ir reactivando poco a poco la actividad productiva. No sólo le preocupa, a los hogares evitar el contagio sino reactivar sus actividades para disponer de ingresos, sabiendo que todo no será como antes, pero si conscientes que hay que arrancar, porque la parálisis en la que está la economía no aguanta indefinidamente.

Lo que vivimos es nuevo para Colombia y para el mundo entero. No hay un manual para mitigar la crisis y garantizar que todas las decisiones serán acertadas, así como tampoco existe una vacuna contra el virus; pero de algo puedo dar fe, y es que el Gobierno Nacional ha trabajado, y seguirá haciéndolo sin descanso para enfrentar de la mejor forma esta gravísima crisis. (Lea también: Nuestra economía es resiliente, en el pasado lo ha demostrado). 

Con la decisión acertada del presidente Iván Duque de ordenar la apertura gradual de los sectores manufactura y construcción. El sector manufacturero, sin refinación de hidrocarburos, participa con el 6.7% del PIB y genera cerca de 2.5 millones de empleos. La construcción genera 1,5 millones de empleos directos, y 1.7 millones en actividades relacionadas, como venta de vivienda y actividades inmobiliarias; y participa con el 6.3% del PIB.

Según datos de la Cámara de Comercio, en sólo Bogotá hay 91.400 empresas manufactureras y 47.885 del sector construcción, de las cuales, el 97% son pequeñas y tienen entre 3 y 15 trabajadores. Este proceso laboral que se inicia exige responsabilidad y disciplina social para trabajar en medio de riesgo de contagio, y cuidar el entorno laboral y a nosotros mismos.

Revisemos algunas experiencias internacionales. Para el caso de Italia, donde hay 172.434 personas contagiadas con Covid-19, y más de 22 mil muertos, el Gobierno decidió reabrir algunos negocios como ferreterías, papelerías y librerías; mientras que en España lo hicieron con el sector manufactura, servicios y construcción. Alemania, por su parte, permitió la reapertura gradual de colegios, guarderías y algunos establecimientos de comercio. Y gran parte de los países comienzan ya a permitir actividades productivas, vida deportiva al aire libre y algunas actividades académicas, todas con restricciones.

La reactivación en nuestro país no será masiva; y como bien lo reiteró el presidente Duque y su equipo de gobierno, la prioridad es y seguirá siendo la salud de los colombianos. Pero no podemos olvidar que ningún país puede sostenerse sin actividad económica y sin ingresos. Hay que organizarnos como sociedad, ya que el virus probablemente tarde meses o años en desaparecer, por eso urge hallar caminos que permitan salir con disciplina, y apegados a las directrices de las autoridades en materia de autoprotección y uso de espacios públicos. Los empresarios deben ser estrictos en facilitar la dotación de bioseguridad y exigir a sus trabajadores normas de comportamiento que minimicen los riesgos.

Lo que no puede pasar es la actitud protagónica, soberbia y con ínfulas de dictador de la alcaldesa de Bogotá. Aquí no salimos de esta cada uno solo, ni con sesgos políticos o ideológicos. Salimos si hay coordinación, respeto por las normas y disciplina social. El virus y sus efectos toca a todos.

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La cuarentena del bolsillo

La llegada del coronavirus nos obligó como país a evaluar qué tan preparados estamos para afrontar una emergencia sanitaria de alto impacto. No ha sido fácil responder a una situación que, además de tener en riesgo latente la salud de los colombianos, también pone a tambalear nuestra economía.

No podemos ignorar que la inesperada llegada del COVID-19 desató la incertidumbre global al no saber cómo seguirá evolucionando y qué nuevas medidas serán implementadas para intentar contener el daño no sólo en la salud, sino en la economía que ha dejado a su paso: 213 mil contagiados y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo, según la Organización Mundial para la Salud (OMS).

De unos pocos contagios, el mundo pasó en solo cuestión de días a registrar una emergencia sanitaria jamás imaginada, decretada como pandemia por la rapidez con la que se propagó a nivel mundial, lo que sin duda desató el miedo en los ciudadanos y en las economías.

Colombia no ha sido ajena a esta emergencia sanitaria. El virus finalmente aterrizó en nuestro territorio, dejando a la fecha 196 casos confirmados de personas contagiadas, de los cuales 82 están situados en Bogotá. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), del total de los registros, 99 corresponde a hombres, y 94 a mujeres; siendo la población entre los 20 y 29 años, y los 50 y 59 años de edad, los más afectados.

La mayor preocupación para la economía colombiana es el impacto sobre el sector productivo, los trabajadores formales que pierdan su empleo, y sobre los trabajadores informales que representan el 47% de la fuerza laboral.  Muchos de ellos dependen del “rebusque” diario, actividad que desaparece con las medidas de aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio y la propagación del virus en el país.

A esto se suma el déficit presupuestal que tiene el sector salud, el de camas hospitalarias y de buena infraestructura y dotación de centros de salud, y además, el impacto negativo en los ingresos del gobierno que ha significado la abrupta caída en los precios del petróleo.

En respuesta a la emergencia sanitaria que se ha convertido en emergencia socioeconómica, el presidente Iván Duque decretó el Estado de Emergencia y anunció un paquete de medidas económicas que buscan aliviar el impacto sobre los ingresos, el empleo de los ciudadanos y la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas. Quiero destacar algunas de ellas como: las modificaciones en el calendario tributario, plazos especiales para el pago de la declaración de renta del año 2019, para el pago de la declaración de IVA del primer semestre de 2020 en el sector turismo y aviación, y también plazos para la declaración y el pago de la de la contribución parafiscal en el sector turismo.

Adicionalmente, se redujeron a cero los aranceles para la importación de equipos de salud, se aprobó la consecución de recursos adicionales para atender la crisis desatada por el virus que según la estimación del Ministerio de Hacienda podrían ser cercanos a los $14,8 billones, destinados principalmente a fortalecer la red hospitalaria, adquirir equipos médicos para redoblar la capacidad de testeo, comprar insumos para atender la emergencia sanitaria y mantener el funcionamiento de todo el sistema económico. Además, se tomó la decisión de acelerar la ejecución de la Ley de Punto Final, con la que se inyecta liquidez al sistema y se saldan las millonarias deudas.

Lo social también tiene su parte. El presidente Duque anunció la entrega de un giro adicional para los 2.6 millones de hogares que hacen parte del programa ‘Familias en Acción’, así como para los 204 mil jóvenes de bajos recursos que son beneficiarios del programa ‘Jóvenes en Acción’. Nuestros abuelos, los adultos mayores de 70 años, recibirán dos giros de dinero adicional durante la emergencia sanitaria, para asegurar que no tengan limitaciones en materia de alimentación, medicamentos y necesidades básicas.

Otra de las medidas adoptadas es la reconexión del servicio de agua de forma gratuita, con lo que se espera beneficiar a un millón de personas que no tenían este servicio por falta de pago. Además, se aplicará el congelamiento de la tarifa del agua durante la emergencia. No puedo dejar de lado la decisión de acelerar la devolución del IVA para la población más vulnerable, así como la ayuda a pago de créditos a empresas y personas para lograr un alivio financiero.

Todas estas medidas ayudarán a paliar estos momentos difíciles para los hogares, las empresas y la economía. Pero debe haber un plan de choque para que lleguen alimentos a los más pobres, a los mayores que viven solos y están aislados en casa por prevención. Los entes territoriales que tienen recursos de regalías sin ejecutar, deben en coordinación con el Gobierno Nacional, destinarlo prioritariamente al sector salud, a programas alimentarios, a monitorear a los viejitos y proveer agua potable.

El momento exige medidas responsables si, pero que contrarresten los efectos negativos que ponen en riesgo el empleo, la sostenibilidad financiera de las empresas y el ingreso de los hogares. Así mismo, es momento para que seamos solidarios y prudentes en nuestro actuar. Apoyemos a algunas familias vulnerables con mercados y evitemos el acaparamiento de productos.

No es una exageración. Es el momento de actuar y de apelar a la solidaridad que nos caracteriza como colombianos para proteger la mayor cantidad de vidas humanas. Es cierto que ante los imprevistos puede surgir frustración o temor, pero también podemos adaptarnos en pro del bienestar de todos como sociedad, en especial de los más vulnerables.

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Convalidación de títulos en tiempos de coronavirus

La sorpresiva llegada del Coronavirus a Colombia y el grave déficit de recurso humano en salud, puso nuevamente en el radar del Gobierno Nacional la urgencia de agilizar el proceso de convalidación de títulos de pregrado y posgrado obtenidos en el exterior; un proceso que durante años ha sido tortuoso para quienes han regresado al país luego de realizar sus estudios.

De acuerdo con la OMS, los países de ingresos medios deberían tener cerca de 25 profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes, pero en Colombia hay cerca de 19. Además, en el país hay cerca de 80.000 médicos, mientras que, en un país como España, con un número de habitantes similar a Colombia pueden haber cerca de 160.000.

Sumado a esto, y según lo manifiestan varios médicos, hay profesionales que llevan más de 8 meses y otros años, esperando a que se les convalide el título de especialista. Esto es inaudito si se tiene en cuenta (1) el déficit descrito, las pocas posibilidades que ofrecen los hospitales y clínicas para que sus profesionales hagan su residencia, ya que sólo hay 2000 cupos para cerca de 4000 profesionales graduados en medicina anualmente; (2) los altos costos en matrículas que pagan quienes hacen su residencia en el país, situación que busca ser superada gracias a la Ley 1917 de 2018, que obliga a otorgar una remuneración mensual y a reducir precios de las matrículas; y (3) los largos tiempos de espera que deben enfrentar los pacientes para acceder a una cita con un especialista.

Frente a esta situación, y quejas de profesionales de otras áreas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ fue incluido el artículo 191 de mi autoría, el cual tiene por objeto que el Ministerio de Educación implemente un procedimiento ágil para convalidar títulos extranjeros en un tiempo no mayor a seis meses, con mejoría en los procesos administrativos y entrega de información a los ciudadanos sobre instituciones y programas acreditados.

Sin embargo, de cara a la emergencia sanitaria por el COVID-19 la semana pasada nuevamente apoyé la iniciativa de varios médicos e hice un llamado al Gobierno Nacional para que el trámite de títulos en áreas relacionadas con la salud se agilice, y el país pueda contar con los conocimientos de estos profesionales, que hasta el momento no han podido ejercer su profesión o especialidad. Esta petición fue escuchada. Ayer el presidente Iván Duque anunció que expedirá un Decreto para agilizar el trámite de la convalidación de títulos de los médicos, lo que permitirá a profesionales y especialistas unirse lo más pronto posible a la atención de la emergencia sanitaria.

Esta es una excelente noticia para cerca de 3.000 profesionales de la salud que no han podido ejercer su especialidad por inaceptables demoras en el proceso requerido por los Ministerios de Salud y Educación, así como por la actuación de la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior- CONACES. Actualmente, el 89% de los trámites que maneja el Ministerio de Educación, relacionados con servicio público, tienen que ver con la legalización de títulos; en promedio para este proceso son radicadas 660 solicitudes diarios, 3.300 semanales y 13.200 al mes.

Sabemos que, a nivel global, el sistema de salud colombiano es reconocido por su solidaridad, la calidad de sus profesionales y por garantizar el acceso a todos los ciudadanos sin tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas. Sin embargo, es evidente que existen graves trabas para mejorar su eficiencia, empezando por la convalidación de títulos que merece ser cambiada. Por supuesto que hay que evitar que se cuelen profesionales mal formados, pero la gran mayoría estoy segura son idóneos y han adquirido conocimiento, competencias y habilidades necesarias para ejercer su profesión.

Estos problemas burocráticos terminan repercutiendo en la salud y atención de miles de colombianos. Hoy más que nunca necesitamos de los conocimientos de estos profesionales de la salud, quienes seguramente aportarán todo su saber en la lucha contra el COVID-19.

Nuestras historias

Nuestra economía es resiliente, en el pasado lo ha demostrado

Al hacer un análisis de algunas de las crisis económicas más impactantes por las que ha atravesado Colombia en los últimos 25 años, es posible evidenciar que, a pesar de las dificultades, el país ha sabido sobrellevarlas. Hoy nos enfrentamos a una nueva crisis, por cuenta del Coronavirus y la fuerte caída en los precios del petróleo. En este artículo quiero hacer algunas reflexiones sobre la capacidad que ha demostrado nuestra economía para sobreponerse y salir fortalecida.

En 1999, Colombia experimentó la crisis económica y fiscal más profunda y costosa de su historia, con un decrecimiento de -4,2% del PIB. Este duro desequilibrio tuvo sus orígenes en 1991, cuando el país empezó a experimentar un incremento importante en el gasto público por cuenta de la descentralización fiscal; a esto se sumó la apertura económica que aumentó el número de entidades financieras, y con ello el afán de colocación de créditos sumado a una demanda creciente de los mismos.

Gran parte del gasto privado se financió con mayores flujos de capital externos, alcanzando casi 10 puntos del PIB la deuda externa privada. Esta vulnerabilidad de la economía a nivel externo y fiscal se hizo evidente ante el grave choque desatado por la crisis de los países asiáticos a finales de 1997. Ante la amenaza que representaba la rápida salida de capitales y con el ánimo de defender la banda cambiaria, se registró una fuerte alza de la tasa de interés generando la desaparición de centenares de empresas, moras de deudores hipotecarios y una tasa de desempleo del 18%.

Para enfrentar esta crisis se tuvo que eliminar la banda cambiaria, se obligó a los bancos a bajar las tasas de interés, se solicitó un crédito al Fondo Monetario Internacional y se congelaron los salarios de empleados públicos. Sin embargo, gracias a esta situación se transformó y fortaleció el sector financiero, su regulación, así como la exigencia de solvencia.

En 2008 el mundo experimentó la denominada “Gran recesión”, que tuvo sus orígenes en el estallido de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos. Afortunadamente Colombia ya había aprendido de la crisis anterior, y tuvo un acertado manejo macroeconómico. ¿Pero qué pasó?

Entre 2002 y 2006, el país había entrado en un ciclo expansivo de la economía con tasas de crecimiento del PIB hasta del 7%. Pero la prudencia y oportunidad del Banco de la República, que lo llevó a aumentar las tasas de interés para evitar efectos inflacionarios, y del gobierno nacional entre 2008-2010, que implementó un buen manejo fiscal, a partir de estabilizadores automáticos, evitaron que la economía colombiana tuviera un crecimiento negativo. Si bien el país tuvo que enfrentar algunas dificultades con su financiamiento externo, no tuvo que vivir una recesión económica; mientras que el PIB global se contrajo a -1,6% en 2009, el de Colombia creció al 1,5%.

Seis años después, en el año 2014, enfrentamos un desplome de los precios del petróleo, que significó un duro golpe a las finanzas públicas. En junio de ese año el precio había alcanzado los $115 dólares el barril, pero para octubre cayó a $30 dólares por barril. En años anteriores el país había vivido una bonanza importante en la que las exportaciones de este recurso significaban cerca del 70% de los ingresos; por tanto, ante esta caída, la ausencia de ahorros significativos del Gobierno del momento, y su derroche en el gasto, nos llevó a atravesar una nueva tormenta.

De un año a otro se dejaron de percibir cerca de $23 billones por ingresos del sector petrolero. Los ingresos del Gobierno Central no sólo se vieron afectados, sino también los ingresos de las regiones productoras. Además, estás sufrieron la dura crisis de tener cerca de 12.500 trabajadores cesantes. Adicionalmente a ello, el peso sufrió una dura devaluación frente al dólar, pasando de $1.850 en julio de 2014 a $3.430 en febrero de 2016. A pesar de una leve recuperación del crecimiento de la economía en los años siguiente, en 2019 el país retomó nuevamente su senda de crecimiento.

Hoy nuestro país tiene que enfrentar un choque dual en su economía como lo describe Fedesarrollo. El primero, se relaciona con la crisis desatada por el Covid-19 que ha generado efectos en la oferta al interrumpir las cadenas de valor y en la demanda por efectos del aislamiento obligatorio; y el segundo, por cuenta en la caída, otra vez, de los precios del petróleo, desatado por la guerra entre Arabia Saudita y Rusia. (Vea también: Colombia frente a la incertidumbre global). 

Estas situaciones infortunadamente son externas y han sido ajenas al excelente manejo económico que el equipo del Presidente Duque hizo en el último año y medio, al lograr un crecimiento del 3,3% del PIB en 2019 y de 4,8% en el índice de seguimiento a la economía en febrero, aumentar la IED en 25% (US$14.493 millones) y reducir el déficit fiscal a 2,5% del PIB. La prioridad del Gobierno en este momento es proteger la vida de los colombianos, sin caer en falsos dilemas entre economía y salud, pero tomando las decisiones responsables para resguardar también la supervivencia de los colombianos.

Seguramente todas las proyecciones económicas deberán ser modificadas para este año. Mientras Fedesarrollo pronostica que el crecimiento del PIB será del -2.7%, otros aseguran que podrá disminuir hasta -2%, dependiendo de la duración del aislamiento y la reactivación económica.

Nuevamente quiero recordar que nuestro país ha enfrentado enormes desafíos internos y externos, y que, gracias al excelente manejo de política monetaria y fiscal, siempre ha salido bien librado. Esta vez no será la excepción. Tenemos un excelente equipo de profesionales tanto en el Gobierno como en el Banco de la República, que ha demostrado adoptar las decisiones de manera prudente, oportuna y audaz. Necesitamos que otros actores, como el sector financiero también apoye con solucione en esta crisis.

Luego de un mes de confinamiento Colombia brilla en la región, una vez más gracias al acierto en las decisiones de un Gobierno serio como el que lidera el presidente Iván Duque, y por supuesto a la tenacidad del pueblo colombiano.

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Los retos para el agro

Son muchos los desafíos que tiene por delante el recién posesionado ministro de Agricultura, Rodolfo Zea. El país tiene una deuda histórica con este sector, que, aunque ha sido fundamental en su historia económica, se encuentra notoriamente rezagado; prueba de ello es que el país solo usa 7,5 millones de hectáreas de una frontera agrícola de 40 millones de has. Además, el sector viene creciendo por debajo del crecimiento de la economía. En el 2019, por ejemplo, la economía creció 3,3% y el sector agropecuario solo 2%.

En esta columna voy a hacer énfasis en algunos de los retos que afronta este ministerio.

El primer reto es aportar soluciones a la muy baja formalización laboral y predial. Aunque en el campo colombiano se encuentran cerca del 16% de los ocupados, el 80% de estos trabajadores son informales. Esta cifra obedece a que el trabajador rural, en su mayoría, labora por horas o por días, depende de los ciclos de la cosecha, y, porque no decirlo, del Sisbén; todo esto dificulta su integración al régimen laboral. Es urgente pensar en una estrategia diferencial para su adecuada formalización, e incluso en un salario rural integral.

En la misma línea, es necesario llevar a cabo la actualización catastral rural; actualmente en el 63% de los predios el catastro está desactualizado. Esta herramienta no solo facilita la localización de los predios, su situación legal y su vocación productiva, sino que permite tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y las finanzas públicas territoriales. Además, cerca del 60% de los predios rurales no tienen títulos, imposibilitando a sus ocupantes acceder a servicios crediticios, asistencia técnica o a incentivos para proyectos productivos en esos predios.

El segundo reto para el despegue del sector agropecuario es mejorar la provisión de bienes públicos; hoy cerca del 75% de la red vial terciaria se encuentra deteriorada, más del 40% de los productores agropecuarios no han podido acceder a créditos en los últimos tres años, y solo cerca de 50 distritos de riego, de un total de 716, se encuentran en buen funcionamiento. A ello se suma la importancia de tener acceso a la Internet para disponer no sólo de agricultura de precisión sino de información sobre precios y mercados en tiempo real. Así que lo que permite mejorar la productividad y la competitividad no está funcionando bien para el campo.

El tercer reto del sector es la promoción de las exportaciones; a pesar de que en el año 2019 se rompió el récord en exportaciones agrícolas, el último reporte entregado por el DANE reveló que los productos agrícolas ocuparon el 18,6% del total de exportaciones, lo que deja al sector en el último lugar de esta actividad. El país requiere consolidar una nueva estrategia de comercio exterior integrada a la tendencia mundial, que permita promover la competitividad e inmersión de más productos en los mercados mundiales, hoy cerca del 86% de las exportaciones agrícolas del país se concentran en 9 productos.

El cuarto reto del sector es la tecnificación, la inversión en ciencia y tecnología para mejorar procesos productivos, y problemas logísticos y de intermediación. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, solo el 17% de los productores afirmaron haber tenido asistencia técnica, además menos del 1% del PIB agrícola se invierte en CTi, y todavía persisten serios problemas con los intermediadores y comercializadores. Colombia como país tropical requiere más conocimiento en sus productos estratégicos.

Gracias a los Cenis – Cenicafé, Cenipalma, Cenicaña, Cenibanano, Ceniacua, Ceniflores, Conif – nuestro país ha podido defender la producción y comercialización de dichos productos. Ese esfuerzo de I+D lo ha hecho principalmente el sector privado. Muy bueno sería mayor case público y que Agrosavia tenga más impacto en la investigación y transferencia de tecnología en cultivos huérfanos que queremos impulsar.

Además de promover la asistencia técnica y buscar apoyo de la academia para generar procesos productivos innovadores, se requiere ampliar la participación en el programa ‘Coseche y venda a la fija’ para disminuir los costos de intermediación; actualmente hay 45.280 productores vinculados, y la meta a 2022 es lograr la vinculación de 300.000.

Y finalmente, el gran reto es no sólo mantener el talento humano joven en el campo sino capacitarlo y darle condiciones de vida digna, para que continúen sus proyectos productivos. El campo tiene hoy una edad promedio mayor a la de la ciudad, siendo más viejos aún en zonas como la cafetera. Hay que reconocer que, gracias a la inmigración venezolana en algunas zonas, se ha contado con trabajadores para recoger las cosechas.

Aunque los desafíos son muchos, no puedo dejar de mencionar los logros que ha tenido el Gobierno del presidente Iván Duque en el sector, entre ellos: los planes de titulación de tierras que han permitido la formalización y adjudicación de 380.000 hectáreas (incluyendo campesinos y grupos étnicos); la búsqueda de financiación y puesta en marcha del catastro multipropósito; mejoras en la política sanitaria y recuperación del status como país libre de aftosa; admisibilidad de 11 nuevos productos en mercados como Japón y China; y la cofinanciación de 1.367 proyectos de emprendimiento rurales, entre otros.

Para lograr dinamismo y crecimiento del agro el ministro Zea tendrá que trabajar con los gremios en la búsqueda de soluciones innovadoras para la tecnificación del campo, promover esquemas asociativos, incentivar la cultura de la legalidad, el espíritu empresarial y las alianzas productivas.

La esperanza de Colombia para la inserción internacional, reducción de la pobreza, mayor seguridad, sostenibilidad ambiental, y desarrollo regional pasa por la rentabilidad y sostenibilidad del campo.

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Mujer, equidad y empoderamiento

El papel de la mujer es invaluable. Ser madre, esposa, hija, amiga y trabajadora son solo algunos de los muchos roles que con compromiso y entrega desempeñamos en la sociedad. Pese a que Colombia muestra señales importantes en el cierre de brechas entre mujeres y hombres, aún hay mucho por hacer.

El liderazgo que hemos logrado en los últimos años, gracias a la Ley de Cuota y a la paridad en el gabinete del presidente Duque, ha permitido a nuestro país aumento de la participación femenina en esferas como la política y la economía.

La Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer -ONU Colombia- revela que la participación política de la mujer ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21% en las de Congreso, esto en los últimos 10 años; avances significativos y fundamentales para fortalecer la democracia y la gobernabilidad.

Por su parte, información revelada por el Banco de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo indica que las mujeres ganan entre un 10% y 20% menos que los hombres, muchas veces estando igual o mejor preparadas para el cargo.  No muy lejos de este preocupante panorama está el que entrega la Federación Colombiana de Gestión Humana – Acrip- quienes aseguran que sólo el 38% de los puestos de primer nivel o de alta gerencia son ocupados por mujeres.

En esta misma línea, la ONU ha revelado que si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el Producto Interno Bruto -PIB- mundial podría aumentar en 26%, lo que equivale a 12 billones de dólares más para el año 2025.

En este punto quiero resaltar el compromiso del presidente Iván Duque con una mayor equidad en la participación de la mujer en el ejecutivo. Fiel a esa convicción, por primera vez tenemos un gabinete paritario y más del 40% de los viceministerios están en cabeza de mujeres, lo que nos llevó a ocupar el primer lugar del ranking del Foro Económico Mundial. Además, el Gobierno va a crear la Agencia Pública de Empleo para la Mujer y fortalecer el liderazgo de la mujer rural y cabeza de hogar; lo que incentivará el empoderamiento económico femenino, fundamental para romper con los ciclos de pobreza y violencia.

Pero estos no son los únicos objetivos que persigue el Gobierno Nacional para impulsar el papel de la mujer en la sociedad, también le apuesta a tener en los próximos dos años, un millón de mujeres empresarias, reto fijado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual contiene un capítulo especial diseñado para impulsar el empoderamiento femenino en todas las áreas del mercado laboral y de la vida económica.

No puedo dejar de mencionar la importancia que tienen la formación para el trabajo y la educación universitaria en este proceso de abrir mayores oportunidades femeninas en la vida nacional, ambas fundamentales para aumentar la empleabilidad de la mujer y el acceso a más y mejores oportunidades en el mercado laboral. Uno de los mayores retos es que la mujer se prepare para responder a los rápidos  cambios tecnológicos que se enfrentan, y para lo cual ella debe poder participar de la economía digital, del conocimiento, de servicios especializados, de la creatividad. Y por supuesto, balancear su vida laboral con su vida personal y familiar. De ahí que tenemos que valorar nuestro trascendental papel en la economía del cuidado y del hogar, donde somos pilar fundamental para fortalecer la familia y el desarrollo afectivo y social de nuestros hijos.

Termino esta columna deseándole un feliz día a todas las mujeres colombianas. Mi compromiso seguirá siendo trabajar desde el Legislativo para que existan más oportunidades de desarrollo laboral y personal para las mujeres. Igualmente que la inversión pública del gobierno nacional destinada a programas para las mujeres, priorice el desarrollo productivo de la mujer rural y la buena atención en salud, educación y acceso a la justicia para frenar el maltrato, violaciones y afectaciones a la dignidad personal de la mujer.

La mujer es como el brillo del sol en el amanecer: esperanza de amor y trabajo arduo para superar la dificultad.

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Colombia frente a la incertidumbre global

Difícil e incierta es la situación de la economía global en este momento. De acuerdo con las proyecciones de la OECD, la epidemia desatada por el Coronavirus (Covid-19), el cual ha reducido la demanda y afectado muchas cadenas de producción mundial, modificó a la baja las proyecciones del crecimiento del PIB mundial de 2,9% a 2,4%; además, más de 500 millones de personas han visto restringida su movilidad.

Sumado a ello, el aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos, la fuerte disminución en la demanda de crudo por parte de China y las dificultades de Rusia y Arabia Saudita para llegar a un acuerdo sobre los recortes en la producción, generaron un abrupto desplome de los precios internacionales del crudo. El pasado lunes llegó a US$31 dólares el barril de Brent, precio no registrado desde la guerra del Golfo en 1991. Todas estas presiones han impactado la tasa de cambio colombiana, generando una fuerte depreciación del peso que alcanzó los $3.800  por dólar a comienzos de la semana.

Aunque el panorama internacional resulta complejo para Colombia, hay que decir que nuestra economía cuenta con un grado de solidez importante, lo que le da margen de manejo al gobierno en estos eventos complicados; de hecho, nuestra seriedad en las decisiones macroeconómicas ha sido ejemplo en la región y esta vez esperamos no sea la excepción. Dentro de las principales preocupaciones sobre la economía nacional se encuentran: el acceso a liquidez, la volatilidad del tipo de cambio, y las iniciativas de tipo fiscal para reducir el impacto.

En relación con la fuerte caída de los precios del petróleo, preocupa las implicaciones que el muy bajo precio puede tener sobre la meta de crecimiento del 3,7% para 2020, las presiones inflacionarias, el impacto en la cuenta corriente que cerró con un déficit de 4,5% del PIB en 2019, la caída en los ingresos del gobierno, y por consiguiente en el aumento de la deuda pública, ya que la deuda neta del Gobierno Nacional Central alcanza el 50% del PIB, y del Sector Público no Financiero el 47% del PIB.

A pesar de que Colombia no es un país petrolero, cerca del 50% de las exportaciones del país dependen de este sector, y los recursos que genera son fuente principal en sus ingresos. Estimaciones del Ministerio de Hacienda, muestran como una caída en $1 dólar en el precio del petróleo genera una pérdida en los ingresos del Gobierno cercana a $330.000 millones, cifra que es preocupante, pero que puede en algo compensarse con la depreciación del peso. (Lea también: Buenas noticias económicas). 

De acuerdo con información del Ministerio de Minas, Ecopetrol cuenta con recursos líquidos por encima de los $12 billones, con lo cual se da un parte de tranquilidad a los accionistas, ya que pagará dividendos por cerca de $7,2 billones, y los impuestos a pagar no se afectan para este año. Pero de continuar los bajos precios, inferiores a los US$64 por barril previstos en el Plan Financiero, debe revisarse el Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2021.

Frente a la depreciación del peso, preocupan el encarecimiento de las importaciones y el endeudamiento externo que asciende a US$138.175 millones de dólares de los cuales el 53.4% es endeudamiento público. No obstante, es importante recordar que el Banco de la República tiene las suficientes reservas internacionales, US$53.000 millones, para que de ser necesario entre a intervenir el mercado cambiario.

El Gobierno del Presidente Duque ha sido responsable con su manejo fiscal; de hecho, el año pasado logró un déficit fiscal de 2,5% frente al 2,7% autorizado por el Comité de la Regla fiscal. Si bien esta incertidumbre global exige seguimiento permanente al comportamiento de los mercados, también exige un estrecho seguimiento a la ejecución del gasto público para asegurar focalización, eficiencia en la inversión y un apretón fuerte en el gasto de personal y general del gobierno. Este año los recursos deben priorizar la ejecución de los programas de inversión contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Me preocupa que aumente el desempleo y que haya sectores que se queden en esta coyuntura sin flujo de caja, con riesgos de sostenibilidad para muchas empresas. De ahí que ofrecer alivio de caja, asociados a modificar el calendario tributario, así como ofrecer fuentes de crédito, ayudarían mucho a los sectores.

Serenidad, sensatez, reacción oportuna y propuestas audaces para mantener la confianza es lo que se requiere de las autoridades económicas.

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El agro en medio del coronavirus

Quienes labran la tierra para garantizar la producción de alimentos a los colombianos, han sido parte fundamental en la continuidad de la cadena de abastecimiento durante la emergencia sanitaria que vive nuestro país, por cuenta del coronavirus. Sí, son esas manos campesinas las que pese al inminente riesgo que enfrentan al no entrar en cuarentena, siguen en el campo trabajando para todo un país.

Gracias a esos 2,7 millones de productores agropecuarios, en Colombia tenemos la bendición que más del 83% de los alimentos que consumimos provienen de nuestros agricultores, lo cual muestra un buen nivel de autosuficiencia alimentaria. No obstante, el alto volumen de toneladas importadas cercana a los 14 millones, principalmente materias primas para la agroindustria como el maíz.

Además, según datos del Censo Nacional Agropecuario, más del 65% de las unidades de producción tienen menos de 4 Has, es decir son pequeñas, en ellas el trabajo familiar representa el 80% de la mano de obra, con cerca de 735.860 adultos mayores de 70 años. A todos ellos mi admiración.

En respuesta al esfuerzo de estas familias campesinas, el Gobierno del presidente Iván Duque ha tenido entre sus prioridades la entrega de ayudas para sostener su producción y procurar su cuidado. Por esta razón, el Ministerio de Agricultura expidió el Decreto 486 del 27 de marzo de 2020, que autoriza un subsidio de $80.000 al mes, por dos meses, para 500 mil trabajadores del agro; con una inversión de $80 mil millones, este incentivo busca reconocer su esfuerzo en la provisión de alimentos, durante el tiempo que continúe la emergencia desatada por el Covid -19.

Pero este no es el único alivio financiero para el sector, también fue creada la línea de crédito ‘Colombia Agro Produce’ por $1.5 billones para el financiamiento de los pequeños y medianos productores en condiciones favorables. Además, se garantizará el cumplimiento de los protocolos de salubridad y protección emitidos por el Ministerio de Salud, para que los campesinos puedan sacar sus productos de las zonas rurales para su posterior consumo. (Vea también: La cuarentena del bolsillo). 

A lo anterior, se suma el interés del Gobierno por proteger a los productores y evitar que tengan que pagar altos precios por insumos y fertilizantes, como consecuencia de la depreciación del peso colombiano frente al dólar; es importante recordar que en algunos subsectores agrícolas el costo de estos, puede representar cerca del 30%-40% del costo total de producción. Por ello, se expidió el Decreto 471 del 25 de marzo 2020, el cual fija una política de vigilancia a los precios de los insumos agropecuarios, esenciales para dar continuidad a la producción.

Estas ayudas por supuesto son muy positivas en momentos en los cuales la demanda de alimentos tuvo un fuerte crecimiento. De hecho, solo en Bogotá en días previos al inicio de la cuarentena, la demanda aumentó 45%.

Sin embargo, a medida que los días de la cuarentena avanzan también se han registrado graves efectos sobre los productores, en particular, subsectores pecuarios como la porcicultura y la avicultura que han visto disminuida su producción en cerca del 30% por cuenta de la caída en la demanda de restaurantes, principalmente.

Muchos productores próximamente deben tomar sus decisiones de siembra, las cuales se verán influenciadas por las perspectivas del crecimiento de la demanda. Según el DANE los alimentos pesan en 15,9% del gasto mensual de los hogares. Si bien el país cuenta con capacidad productiva para no caer en desabastecimiento, es necesario seguir apoyando al sector, para que en estos momentos de crisis no sólo no caiga la demanda de alimentos frescos y procesados sino que se desincentive la oferta nacional.

Es urgente también que las compras públicas le den prioridad a adquirir la producción nacional, e incluso que apalanquen la demanda alimentaria, siendo parte de ese gran programa ‘Coseche y venda a la fija’, comprando directamente a los pequeños agricultores y sus asociaciones o cooperativas.

Sin duda, hoy más que nunca se abre la gran oportunidad para que el agro vuelva a ser uno de los sectores estratégicos de la economía colombiana. Por eso aplaudo que el Gobierno Nacional entregue esta serie de incentivos al sector; ojalá estos también se pudieran orientar a la promoción de las exportaciones, la cuales tuvieron un incremento del 4,5% en el mes de febrero y que merecen ser impulsadas a propósito de la actual tasa de cambio.

Finalmente, es necesario analizar el estado actual y las proyecciones del sector, en el cual se necesita invertir en bienes públicos como vías terciarias, semillas mejoradas, asistencia técnica, riego y drenaje, investigación y transferencia tecnológica, para que el campo no sólo sea productivo sino competitivo. Nuestro país tiene una deuda histórica con el sector, que en estos momentos es clave para jalonar nuestra economía.

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Calidad en el sistema, pero déficit en talento humano

Impactantes han sido las noticias que hemos visto en países como España, Italia y Estados Unidos sobre el rápido avance del Covid-19, países con buena oferta de servicios de salud y tecnología, pero que se han demorado y quedado cortos para atender a los pacientes infectados. Para el caso de Colombia, nuestro sistema de salud que tiene cobertura universal y gran calidad de sus profesionales, ha respondido gracias a las oportunas y prudentes decisiones del Gobierno del Presidente Duque para frenar el contagio del virus. Lo primero fue la adopción rápida de campañas de aislamiento social y lavada permanente de manos, seguido por la adquisición y realización de pruebas para identificar las personas contagiadas, compra y entrega de respiradores certificados, kits de bioseguridad, y giro de recursos a hospitales y clínicas, entre otras medidas.

Todas las decisiones adoptadas a la fecha han sido oportunas y necesarias para atender la pandemia, y así lo muestran las cifras. Pero hay un tema que me ha preocupado hace varios años y que durante estas semanas de manejo de la crisis ha quedado en evidencia, y es el déficit que tenemos de médicos especialistas, y que aquellos que trabajan en su área de especialidad se concentran en pocas ciudades del país. Ese es el tema que quiero abordar en esta columna.

De acuerdo con la Política de Talento Humano en Salud del año 2018, el indicador de densidad de talento humano de Colombia (que incluye técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas) se ubicó en 32 profesionales por cada 10.000 habitante. Lo ideal es contar con 44,5. De ahí que el aumento en la densidad de personal de salud es deseable para garantizar el acceso a servicios de salud, durante y después de la emergencia

Se estima que en el país hay cerca de 115.000 médicos, de los cuales 27.000 son especialistas. De acuerdo con datos del Banco Mundial esto representa una tasa de 2,7 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que en países como España esta proporción es de 3,9 y en Italia de 4 médicos por cada 1.000 habitantes, cuando tenemos una población muy parecida: Colombia con 50 millones de habitantes, España con 47 millones e Italia con 60 millones.  A pesar de que el número de especialistas es superior al de Colombia, estos países han tenido que solicitar ayuda internacional, dado que su personal médico no ha alcanzado a atender el crecimiento exponencial de infectados. Se conjuga entonces, para enfrentar el coronavirus, la importancia de la oportunidad de las decisiones tomadas como el aislamiento, con la oferta e infraestructura disponible de médicos especialistas y dotación de equipos e insumos para atender a los pacientes.

En un estudio del año 2017 de Antonio Restrepo y Luis Carlos Ortiz, en Colombia hay un déficit cercano a los 16.000 especialistas, de los cuales 4.743 serían médicos especialistas en las diferentes ramas de la cirugía, 10.552 en especializaciones médicas y 266 en las diagnósticas. Aunque esta situación puede tener varias causas, preocupa las dificultades que enfrentan los graduados en medicina para conseguir un cupo de especialización en el país. Las cifras muestran que la tasa de crecimiento de cupos para especializaciones es mucho menor que la tasa de egreso de médicos generales.

Según el Ministerio de Educación en 2018 se graduaron de pregrado en medicina 6.429 estudiantes, mientras que el número de estudiantes matriculados en especializaciones médico-quirúrgicas fue de 4.775, lo cual evidencia que hay un grupo importante de médicos que no alcanzan a realizar su especialización.

Frente a esta realidad, muchos médicos han optado por salir del país para poder realizar sus estudios de especialidad; sin embargo, a su regreso han tenido que enfrentar trabas burocráticas en el proceso de convalidación del título, hecho que les ha impedido aplicar su conocimiento en beneficio de la salud de los colombianos. (Lea también: Convalidación de títulos en tiempos de Coronavirus). 

A propósito de esta situación, hace unas semanas manifesté mi apoyo para que el Gobierno Nacional, manteniendo los estándares, pudiera agilizar la convalidación de títulos de especialistas que a la fecha no han podido ejercer en el país. Esta situación desató comentarios en contra por parte de varias asociaciones de médicos, principalmente por la preocupación sobre la calidad de la formación de esos profesionales especializados que va a recibir el sistema. Por supuesto que estoy de acuerdo con que hay que preservar la calidad de los profesionales de la salud, y que la convalidación no puede ser a ciegas. Sin embargo, frente al déficit de especialistas y la realidad de tener ya en el país profesionales formados en el exterior con el lleno de los requisitos, no encuentro excusa para no convalidar los títulos o para poner trabas a dicho proceso.

Pero además del déficit de especialistas, la otra realidad es que el 58% de los médicos del país se concentran en Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca. Es entendible que esta concentración responda a que en esas regiones hay mayor cantidad de ofertas laborales, así como mayor y mejor infraestructura, y dotación para la atención en salud. Pero, es responsabilidad también de los gobiernos incentivar la presencia y atención de especialistas en todo el territorio. Municipios como Contratación-Santander y La Celia-Risaralda no cuentan con ningún especialista; La Guadalupe-Guainía no cuenta con médico general ni enfermera jefe; en el Valle del Cauca solo hay especialistas en 5 de los 42 municipios; varios en Sucre tampoco cuentan con especialistas en ningún campo, y así como estos muchos en el país.

¿Cuánto añorarían los municipios de categoría 5 y 6 poder disponer de un especialista en ginecobstetricia, ortopedia o en medicina general, al menos una vez a la semana, para evitar tener que pedir cita y desplazarse entre 1 y 3 horas hasta la capital para poder ser atendido después de un mes o más de espera para la cita?

Además, frente a la escasez de especialistas se hace necesario y urgente que aquellos vinculados de tiempo completo con los hospitales públicos en las regiones, dediquen el tiempo a la atención de pacientes en dichos hospitales, y no distribuir su tiempo en clínicas privadas. Pero por supuesto, no debe haber más demoras en el pago por sus servicios.

Nuevamente quisiera llamar la atención, sobre la necesidad que tiene el país de agilizar sus procesos de convalidación. Se debe aprovechar el conocimiento de quienes se han esforzado y cumplen con los requisitos para poder ejercer su especialidad en Colombia. Lo que más requiere el país es poder atender oportunamente y con calidad las demandas ciudadanas en salud, y más ahora que con la pandemia del Covid-19 se van a requerir especialistas en disciplinas afines para responder en la crisis y posteriormente.

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Violencia en cuarentena

Si bien la violencia intrafamiliar no es nueva, si se ha recrudecido con la llegada del coronavirus a nuestro país. Sí, la tensión familiar ha aumentado notablemente debido a la convivencia diaria y al estar sometidos a una medida de aislamiento preventivo obligatorio, necesario para frenar el contagio.

Es cierto. El confinamiento genera estrés y violencia y así lo demuestran las cifras del Observatorio Colombiano para la Mujer. Desde el 25 de marzo, día en que fue decretada la cuarentena en Colombia, al 11 de abril, la línea 155 atendió 1.674 reportes de violencia intrafamiliar; lo que significa cerca de 982 casos más que los 692 registrados en el mismo periodo del año anterior.

¿Violencia en el hogar?… sí, solo que se oculta detrás del confinamiento al que estamos sometidos para frenar el contagio y aplanar la curva de comportamiento del coronavirus en nuestro país. Amenazas, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, delitos sexuales, inasistencia alimentaria y lesiones personales, hacen parte de la lista de conductas denunciadas, en las 2.209 llamadas recibidas a través de la línea 155.

Es una realidad que preocupa, más si te tiene en cuenta que durante esta situación atípica de confinamiento, las mujeres deben permanecer aisladas con sus agresores y muchas veces sin posibilidad de denunciar. En Colombia, el grueso de las llamadas de auxilio estuvo situado en Bogotá (42%), seguido de Antioquia (11%), Valle del Cauca (9%), Cundinamarca (6%) y Santander (4%).

El panorama no es alentador para la mujer. Revisemos el caso de Francia, donde las denuncias por violencia doméstica han aumentado 30% durante el aislamiento; mientras que, en Argentina, solo en el primer día de cuarentena (22 de marzo), 41 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia. Y, un dato más cruento: de los 96 feminicidios ocurridos en lo que va del año, 21 han ocurrido durante el confinamiento obligatorio.

La realidad actual es que el propio hogar no es un lugar seguro para muchas mujeres. Un informe de la Fiscalía General de la Nación revela que durante la medida de aislamiento preventivo obligatorio han ocurrido 19 casos de feminicidio en Colombia, al tiempo que han recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales, 1.407 están relacionadas con agresiones sexuales. Aterrador que, para salvar vidas, mujeres y niños en estado de vulnerabilidad se vean obligados a vivir bajo el mismo techo con su agresor, un enemigo silencioso ante la sociedad. En esos casos debe haber investigación express por parte de la Fiscalía y actuación inmediata del ICBF en el caso de maltrato a menores. De comprobarse que existieron conductas violentas, el Estado, en coordinación con la Policía Nacional, debería facilitar sacar al agresor de la vivienda y que, si no tiene recursos, sea direccionado a uno de los centros de acogida que tengan las autoridades locales para personas sin techo durante la cuarentena. Si tiene recursos que asuma el pago de una habitación de hotel. Pero no esperar a que continúe la agresión. Las mujeres que sean víctimas de agresión pueden denunciar a su victimario en la línea 155, habilitada por el Gobierno Nacional para atender esta problemática durante la emergencia. También, estoy segura, que muchos psicólogos voluntarios, vía telefónica o virtual, estarán dispuestos a brindar su ayuda para buscar solucionar problemas de convivencia de las familias colombianas.

Este panorama solo demuestra que a la tensión que soportan las familias por el Covid-19, el encierro y las dificultades económicas que puedan estar pasando, se suma una grave realidad: la violencia intrafamiliar, que recrudece en medio de la emergencia sanitaria.

No hay duda, si queremos una Colombia libre de violencia debemos empezar a trabajar desde el seno de nuestros hogares en afianzar el diálogo y el respeto mutuo para superar las adversidades. Lamentablemente el mundo está siendo sacudido por un enemigo invisible que está poniendo a prueba todo en nosotros. Esto nos lleva a que como sociedad cultivemos la no violencia en nuestro entorno.

Bien lo dijo su Santidad: el papa Francisco “Hay que bajar el tono, hablar menos y escuchar más. Antes de discutir, dialogar… El diálogo acerca, no solo a las personas, sino los corazones”.

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Toda vida vale

Soy fiel testigo del milagro de la vida. Tengo la dicha de ser madre de tres hijos varones, concebidos en el seno de un hogar que valora y respeta ese maravilloso regalo de Dios que es la vida.

Cada momento vivido durante el tiempo de gestación creó una conexión especial de mi esposo y mía con cada uno de los hijos en el vientre, que se ha acrecentado, con mucha más fuerza, con el correr de los años. Si bien ser madre no es tarea fácil, si son más las alegrías que se tienen por el afecto, las caricias y los logros de los hijos, que las preocupaciones y tristezas que vivimos por las dificultades de los procesos de crecimiento y desarrollo de ellos.

Con la entrada de la mujer a la vida laboral, en hora buena, y la rápida urbanización, con sus implicaciones en el cambio de condiciones de vida, nos ha exigido a las mujeres, en especial aquellas que somos madres, aprender a conciliar la vida familiar con la profesional. Pero algunas mujeres para no sacrificar su vida profesional o para lograr mejores condiciones socioeconómicas familiares han decidido posponer la maternidad. Unas retrasando la conformación de la familia; otras, que han formado su hogar, demorando la concepción; y otras, muy tristemente, abortando.

Haber concebido un hijo no puede ser un problema u obstáculo en la vida de una mujer. Y la salida que planteen las instituciones del Estado cuando una mujer no desea continuar con la gestación, no puede ser acabar con la vida que hay en el vientre de la madre; porque la adopción siempre será una opción.

Revisemos el caso de Gianna Jessen, una mujer de 34 años que sobrevivió al procedimiento de aborto al que la sometieron sus jóvenes padres cuando tenía siete meses de gestación. Ella, milagrosamente sobrevivió al procedimiento de inyección con solución salina, un fluido que se inyecta en el vientre de la madre para terminar con la vida del bebé.

Ella está viva. La parálisis cerebral que padece, provocada por la falta de oxígeno a su cerebro, mientras trataba de sobrevivir a los efectos del aborto salino al que fue sometida, no ha sido impedimento para que hoy sea feliz y pueda decir: “viví en vez de morir”.

Esta misma suerte no la corrió Juan Sebastián, un bebé de siete meses de gestación que fue abortado porque según su madre “psicológicamente no se encontraba bien”; que es precisamente una de las causales despenalizadas por la Corte Constitucional para abortar en Colombia.

Este feticidio sacudió al país y nos movió a levantar nuestra voz a todos aquellos que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No entendemos cómo un embarazo que fue planeado y acordado entre dos personas adultas y conscientes de lo que ello implicaba, terminó en un homicidio. 

Entiendo que la mujer pueda decidir sobre su vida sexual, pero esa libertad no es absoluta y entra a ser cuestionada cuando sus decisiones afectan la dignidad de otro ser vivo, en este caso, el bebé en gestación. Desde esa perspectiva me pregunto: ¿por qué debemos privilegiar los derechos de una persona que puede hablar y defenderse (la madre), a aquel que está en el vientre, el que se supone debería ser su lugar más seguro, que está en riesgo de ser asesinado?…

La mujer embarazada necesita ser apoyada, acompañada y comprendida, porque es cierto que durante el período de gestación se viven momentos de incertidumbre y preocupación, pero también muchos de alegría. Es una nueva vida y responsabilidad. Por ello, el Estado a través del sistema de salud, y la familia y organizaciones de la sociedad que trabajan por la vida, deben hacer el mayor esfuerzo para no dejar sola  a aquellas mujeres con dudas sobre su embarazo. Una vida que se permita vivir es un gran logro y bendición de Dios.

El aborto no es la solución; no solo destruye una vida inocente sino que deja en los padres y en la sociedad un enorme vacío. 

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Buenas noticias económicas

La economía global se encuentra sumergida en un escenario incierto como consecuencia de la guerra comercial entre Estado Unidos y China, y el pésimo crecimiento de 2.9% que registró en 2019, el peor desde la crisis financiera internacional de 2009. El Banco Mundial prevé que para el año 2020 el crecimiento de las economías avanzadas disminuirá de 1,6% a 1,4%.

Sin embargo, Colombia es una buena excepción dentro del escenario descrito. De hecho, y como lo muestran las cifras, el país atraviesa por un momento de gran estabilidad económica, gracias a las acertadas decisiones del Gobierno del Presidente Duque en la materia.

El pasado viernes, el DANE publicó las cifras de crecimiento del PIB para el año 2019; con entusiasmo informó que la tasa de crecimiento fue de 3,3%, la mayor desde el año 2014. Aunque no se cumplió con la meta del 3,6% y todavía se aleja del 4% como mínimo que se aspira, si resulta muy superior a la proyectada para América Latina; de hecho, fue el único país en la región que creció por encima del 3%.

De este resultado, se destaca el importante aporte que tuvo el consumo, en especial el de los hogares. La firma Raddar mostró que en términos reales el crecimiento del gasto de los hogares fue del 6%, el más alto desde al año 2005, y que se explica principalmente por mayores ingresos de los hogares, gracias a la decisión de haber aumentado un 6% el salario mínimo; la llegada de remesas que registraron US$8.247 millones, un 17,2% más que en 2018; la entrega de $211 billones en créditos para los hogares, y la migración venezolana.

El segundo componente que incentivó el crecimiento de la economía fue la nueva dinámica que adquirió la inversión en el país. La formación bruta de capital fijo creció al 4,6% en 2019, muy superior al 1,5% registrado en el año 2018, gracias a la reducción de los costos de capital contemplados en la Ley de Financiamiento, y que fueron nuevamente aprobados en la reciente ley de Crecimiento y generación de empleo.

En relación con la inversión extranjera directa, el año pasado cerró en US$10.366 millones, la mayor desde el año 2015, con un crecimiento cercano al 20%. Gran labor ha hecho el gobierno al atraer inversión en sectores diferentes al minero-energético, prueba de ello es que la IED en otros sectores llegó al 63% del total en 2019.

Entre los sectores que más crecieron en 2019 se destacan el de comercio, transporte y alojamiento con un 4,9%. Este además aportó cerca de la cuarta parte del crecimiento del PIB y muestra el clima favorable que se ha generado para los negocios. En el sector servicios, el turismo ha tenido un excepcional desempeño aportando cerca de US$6.500 millones y una gran entrada de visitantes no residentes y alta ocupación hotelera. El sector público también registró una variación positiva del 4,9% y el sector financiero y de seguros lo hizo al 5,7%.

No obstante, los buenos y optimistas resultados del 2019, para 2020 hay dos grandes retos: lograr un mayor crecimiento del sector agropecuario y un crecimiento positivo del sector construcción, ya que el primero solo creció 2%, y el segundo decreció -1,3%. Para la economía colombiana resulta fundamental apoyar el crecimiento del agro, no sólo para superar la pobreza rural sino para proteger el empleo, ya que este sector genera el 16% de los empleos del país, lo cual exige aumentar el gran potencial productivo de contar con una frontera agrícola de 40 millones de has. y sólo 7.5 millones en producción, y lograr mayor formalización empresarial y laboral.

Aunque las exportaciones no lograron aportar mucho al crecimiento económico, y el déficit comercial aumentó; el año 2019 deberá ser recordado como el año en el cual se rompió el récord en las exportaciones agrícolas y de servicios, como bien lo afirmó el Presidente Duque. El Gobierno Nacional debe seguir trabajando en la promoción y facilidad para la compra de nuevos productos colombianos en el extranjero, por ejemplo, a través del programa Fábricas de Internacionalización, lanzado recientemente por Procolombia.

Finalmente, es importante resaltar que este crecimiento no sería sostenible y eficiente sin un adecuado manejo fiscal. En 2019, el déficit se redujo al 2,5% del PIB, el más bajo desde 2014. De hecho, el superávit primario, que representa la diferencia entre ingresos tributarios y gastos corrientes, registró 0,5% del PIB, el primero desde 2012 y el más alto desde 2008. Adicionalmente, el recaudo tributario del Gobierno aumentó en un 9,3% frente al año anterior y logró superar la meta llegando a los $157,8 billones. Estas cifras son prueba de la forma responsable cómo se está financiando el Estado, con austeridad, gestión contra la evasión y el contrabando, y priorizando los recursos hacia la inversión social.

Resulta sorprendente que en solo 18 meses de trabajo varios de los indicadores macroeconómicos hayan mejorado sustancialmente y otros inclusive hayan llegado a niveles históricos. Esta es la evidencia más clara de que el país ha retomado su rumbo y que los colombianos cuentan con una economía y un Gobierno que son ejemplo en la región.

El gobierno, de la mano del Congreso y el sector productivo, debe seguir trabajando para alcanzar un crecimiento de al menos el 4%, y consolidar mejoras sustanciales en la calidad de vida de los ciudadanos.

Genera optimismo estas buenas noticias de la economía.

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El pacto por el Golfo de Morrosquillo es una realidad

El Gobierno del presidente Iván Duque es un Gobierno que no para de trabajar y que cumple lo prometido en aras de construir un país con legalidad, emprendimiento y equidad. En la región Caribe ya hemos visto varios ejemplos del compromiso del presidente Duque para llevar soluciones al territorio, en especial a los más afectados por la pobreza, la violencia, el narcotráfico, y en general por la ausencia del Estado.

Este es el caso del Golfo de Morrosquillo, integrado por los municipios de Moñitos, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y San  Antero en el departamento de Córdoba; y Coveñas, Santiago de Tolú, San Onofre, TolúViejo y San Antonio de Palmito, en Sucre. Una región que además de acoger parte del Oleoducto Caño Limón Coveñas, cuenta con un gran potencial turístico, capaz de convertirse en destino de primer nivel.

Sin embargo, este hermoso lugar, que acoge a cerca de 40.000 visitantes cada fin de año gracias a sus maravillas naturales, ha sufrido a lo largo de los años problemáticas como inseguridad, ausencia de servicios públicos de calidad, afectaciones en la malla vial, contaminación en playas, daños a ecosistemas como el manglar, y en general, ausencia de un plan estratégico que permita su crecimiento de manera sostenible.

Frente a esta situación, y gracias a la labor del Gobierno Nacional y de nosotros los congresistas del Caribe, en el Plan Nacional de Desarrollo, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ quedó consignada la hoja de ruta para el cuatrienio 2018-2022 que permitirá superar las trampas que la corrupción, la pobreza y debilidad en los gobiernos locales le han puesto al desarrollo y productividad de los departamentos de Sucre y Córdoba, puntualmente al Golfo de Morrosquillo.

En el Plan Plurianual de Inversiones, el presupuesto asignado para la región Caribe fue de $182,2 billones, de los cuales $18,3 billones son para el departamento de Sucre. En este, logramos incluir iniciativas puntuales para apoyar el desarrollo del Golfo, tales como: la construcción del acueducto de Coveñas, la recuperación del ecosistema y de las playas, y la construcción de un Centro de Convenciones, entre otras iniciativas.

Como parte de la materialización de estos compromisos, el presidente Iván Duque firmó el Pacto por la equidad, la legalidad y el emprendimiento del Golfo de Morrosquillo; el cual, por primera vez en la historia permitirá un acercamiento real entre el Gobierno Nacional, departamental, municipal y el sector privado en pro de gestionar y dar vía libre a proyectos que beneficien a la región.

Este pacto trae consigo un plan de inversión de $347.944 millones que serán distribuidos en el fortalecimiento del desarrollo económico y ambiental, así como en la consolidación del Golfo de Morrosquillo, como destino turístico estratégico para Colombia. A esto se sumará el trabajo para mejorar la conectividad, la adecuación de vías, la construcción del acueducto regional, el malecón de Tolú, vías terciarias, dotación de las estaciones de Bomberos, la construcción del parque lineal; entre otros.

Celebro que empiece un nuevo capítulo en la historia del Golfo de Morrosquillo, una región con mucho potencial, con gran patrimonio natural y cultural que merece ser protegido y promovido. Hoy nuevamente se demuestra que este Gobierno no para de trabajar en favor de quienes más lo necesitan, y que le sigue cumpliendo a la región Caribe y al país.

Recuperar la confianza en el trabajo diligente y honesto de las instituciones públicas en pro del bienestar de los ciudadanos de la región es un anhelo, que confío se logre.

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Reafirmando la política ambiental

Los cultivos de coca, la extracción ilícita de madera, siembra de pastos para ganadería en zonas boscosas, los grupos armados ilegales y el uso indiscriminado de leña para actividades de familias y negocios son detonantes de la deforestación en Colombia.

El ritmo de destrucción de nuestros bosques y ecosistemas ha avanzado a pasos agigantados. Si bien el crecimiento de la deforestación se redujo en el último año, aún hay mucho por hacer, en especial en departamentos como Guaviare, Caquetá y Amazonia, donde históricamente los alcances de este crimen ambiental han sido devastadores. Según el Ideam, solo en 2018 la deforestación consumió 197.159 hectáreas de bosque nativo.

El último boletín emitido por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, para el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019, indica que Norte de Santander, Putumayo y el sur de Bolívar son núcleos de la criminalidad y mafias que depredan los ecosistemas del país, concentrando en esas zonas el mayor daño ambiental.

Este panorama no ha sido ajeno al presidente Iván Duque; por eso desde que estaba en campaña se fijó un compromiso con la protección y defensa de la naturaleza y sus ecosistemas; y de manera especial con la conservación de los bosques. Su máxima ha sido que hay que producir, conservando y protegiendo los ecosistemas.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, hace una semana, no solo reafirmó su compromiso de luchar contra este crimen ambiental que es la deforestación, sino con la meta de sembrar 180 millones de árboles durante su Gobierno, de los cuales ya han sido plantados 24,7 millones. La maratónica tarea para este 2020 será plantar otros 60 millones, por lo que pidió a todas las entidades ambientales y autoridades locales colaborar con esta iniciativa.

Siguiendo esa línea, el Ministerio de Ambiente anunció la ‘Gran Sembratón’, dos días – 21 y 22 de marzo próximo- en los que se espera lograr la siembra de más de cinco millones de árboles en todo el territorio nacional. Esta será la primera de tres jornadas que se realizarán este año, con el fin de recuperar zonas degradadas por la deforestación y el uso inadecuado de los ecosistemas.

Cabe resaltar que para frenar este ecocidio ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ también incluyó una serie de acciones urgentes, entre ellas, y de mi autoría, la reforestación con árboles nativos monitoreada con esquemas de georreferenciación, lo que permitirá asegurar no sólo la localización de cada especie sembrada sino la inversión. (Lea también: Sembrar para restaurar nuestros bosques). 

Muy importante fortalecer el otrora programa de Familias Guardabosques, así como involucrar a los jóvenes más en su preservación. También las Corporaciones Regionales deben impulsar proyectos de siembra y mantenimiento de plantaciones agroforestales como la guadua, robles, Ceibas y otros, con comunidades organizadas para que reciban beneficios por pagos ambientales.

Gremios de la producción agropecuaria también están comprometidos con la preservación de los ecosistemas. Algunos de ellos para resaltar: Fedegan, que está trabajando en ganadería sostenible con silvicultura; Fedepalma, que busca que todo crecimiento de siembras se haga en tierras disponibles que no requieren tumbar ni un árbol, y hay en el país más de cinco millones de hectáreas aptas; y Fedecafé, que trabaja en la protección de guadales y sombríos. Pero por supuesto que no faltan los depredadores e ilegales que frente al lucro acaban con todo.

Definitivamente lo más urgente es frenar la siembra de coca y erradicar las 200 mil hectáreas, y recuperar muchas de ellas con un gran proyecto de reforestación. Igual de importante es continuar con el programa del gobierno Duque de proveer gas combustible en zonas rurales para frenar el uso de leña, pero que requiere precios asequibles para que sea sostenible por los hogares. Esto porque un cilindro de gas de 40 libras, que sólo les dura 15 días, le cuesta a una familia alrededor de 60 a 70 mil pesos. Su alto valor genera la tentación de volver a cocinar con leña.

La tarea avanza, pero los retos no se detienen. Es mucho lo que hay  que hacer para proteger nuestros ecosistemas que significan biodiversidad y vida. Un aliado fundamental de esta lucha es la justicia y sus prontos y ejemplarizantes resultados. El ecocidio debe ser tan importante y urgente de investigar y sancionar como otros delitos.

Sembrar árboles es la mejor inversión para la salud, el agua, el aire, la agricultura y, por supuesto, el bolsillo. A sembrar y cuidar el bosque.

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Plataformas tecnológicas, si con regulación

La revolución digital llegó para quedarse. El objetivo es claro: sacudir procesos obsoletos con innovación, agilidad y precios bajos, y simplificar actividades de la vida diaria como tomar transporte, hacer mercado, alquilar una habitación de hotel o un sitio para pasar la noche.

Ese es el caso de algunas de las plataformas tecnológicas como Uber, Rappi o Airbnb, que son parte fundamental de los nuevos modelos de economía colaborativa, y que, además, están permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio. La manera convencional para la adquisición de bienes y servicios en muchas ocasiones ya no resulta atractiva para los compradores, quienes están buscando facilidad y rapidez en sus actividades diarias.

Recientes cifras del Foro Económico Mundial revelan que en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), entre el 0,5% y 2% de la fuerza laboral se encuentra vinculada a esquemas de economía colaborativa, y en España, por ejemplo, los negocios de este tipo aportan cerca del 1,4% al PIB. Para el caso de Colombia, la economía digital aporta menos del 3% al PIB, cifra bastante inferior al 6% en la OECD.

Esos nuevos actores de provisión de bienes y servicios en el mercado, han incrementado notoriamente la competencia con sus pares tradicionales, e indudablemente se han posicionado con fuerza entre sus usuarios. De allí que el debate acerca del uso de plataformas tecnológicas en el proceso de prestación de servicios debería centrarse en cómo aprovechar las oportunidades que brindan y no en las fallas que puedan tener, que por supuesto hay que corregir.

La solución a nuevos desarrollos y modelos de negocio basados en innovaciones tecnológicas, que no atentan contra la vida o la ética, no es su prohibición, pero si su regulación. Una que permita seguridad para los usuarios en el acceso y uso del bien o servicio, y respeto al marco legal que protege a los trabajadores vinculados a dicho servicio. Por supuesto que en muchos casos exige revisión de esas normas existentes para que puedan responder también a la nueva realidad tecnológica.

Las plataformas como Uber, Airbnb, Rappi o Merqueo hacen parte de la cuarta revolución industrial. Sería un grave error para el país evitar su avance, entre otras cosas, porque se han convertido en fuente importante de trabajo e ingresos para muchos hogares. Sólo en el caso de Uber, están vinculados cerca de 88.000 conductores, y 2.000.000 de usuarios afiliados desde 2014. Para el caso de Arbnb, actualmente la plataforma cuenta con cerca de 21.600 anfitriones activos; y en Rappi hay 33.000 tenderos.

El anunciado cierre de la operación de Uber en Colombia es una alerta para que el Gobierno Nacional y el Congreso, revisen la normatividad actual y propongan un marco regulatorio que responda con garantías de seguridad para usuarios y prestadores del servicio, respete normas de tránsito y de espacio público, de competencia y tributarias. Es posible hacerlo como lo han demostrado Estados Unidos, México y Bolivia.

Por ejemplo, como parte de la regulación en Mexico, se creó una nueva categoría de transporte: “Servicios de transporte privado, solicitados a través de plataformas tecnológicas”, además, se estableció  que los operadores aporten el 1,5% de cada viaje, a un fondo especial destinado a la mejora del servicio de taxis, arreglos en la malla vial y adecuaciones del espacio público de la ciudad. Más recientemente, el regulador impuso la necesidad de llevar un registro público y la verificación permanente de conductores y unidades que prestan este tipo de servicio.

Por supuesto que estas nuevas realidades de mercado que está redibujando la tecnología, llevan no sólo a que los incumbentes prestadores de servicios revisen su modelo de negocio, sino que el Estado actualice sus marcos normativos no sólo para poder prestar el servicio con plataformas tecnológicas, sino para cambiar, entre otras cosas, esa política de cupos para nuevos vehículos de taxis que tanta corrupción generó; y la del pago de ciertas tasas o contribuciones en el servicio hotelero tradicional.

Para cada servicio como transporte, hotelería o domicilios, por mencionar algunos, que se enfrenta hoy a innovaciones en la forma de buscar, reservar y entregar el bien o servicio, debe revisarse su regulación no sólo para que continúen esos nuevos modelos de negocio que han dinamizado la economía y beneficiado a tantos ciudadanos, sino para que a los prestadores tradicionales se les alivien las cargas y se les abra la posibilidad de competir en condiciones similares.

La nueva realidad tecnológica es difícil atajar, pero se puede regular.

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En defensa de la vida del no nacido

Interrumpir una vida en gestación no es otra cosa que un aborto. Sin embargo, pareciera que para el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, esta conducta cruel debería ser despenalizada en su totalidad, permitiendo a las mujeres asesinar arbitrariamente y sin límite al que está por nacer durante los primeros tres meses de embarazo.

Ya la Corte Constitucional había despenalizado, en 2006, el aborto en tres casos: cuando la vida de la madre estaba en riesgo de muerte, cuando el feto tuviera malformación que hiciera inviable su vida y cuando el bebé fuera el resultado de una violación declarada. Ahora proponen decretar quitarle la vida al bebé en el vientre por simple decisión de la madre. La Corte ha desdibujado cada vez más los límites para acabar con las vidas humanas, desconociendo que tiene como principal deber tutelar lo contenido en la Carta Magna, y el derecho a la vida en todas sus formas es el más importante. Pero parece que no aplicara para los indefensos y para los más vulnerables.

Nuevamente el alto tribunal se extralimita al fijar posturas y tomar decisiones que solo le competen al Congreso de la República, único llamado a legislar sobre derechos fundamentales como preservar o no la vida, y definir si se crean o eliminan delitos y sus penas.  La Corte tiene que entender que la vida es un derecho protegido por la Constitución colombiana y los tratados internacionales, por lo que debe ser defendido, y no trasgredido.

En Colombia la pena de muerte para los violadores, asesinos, terroristas y criminales está prohibida, pero ahora resulta que un inocente, un no nacido, un ser vivo que no puede defenderse, estará en peligro en el propio vientre de su madre, único lugar que se supone debería ser el más seguro para él. Esto es inconcebible.

Muchos exigen la protección de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y exguerrilleros, pero no se rasgan las vestiduras por el nasciturus o el que está por nacer, el más vulnerable de todos; en especial cuando el aborto sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal colombiano. Se ignoran los hechos biológicos de la existencia de una vida desde el momento de la concepción se le llama “proyecto de vida”, desconociendo que la criatura ya se encuentra con todas sus características humanas.

La mujer no necesita abortar cuando su embarazo es no deseado o presenta complicaciones. Necesita políticas públicas y acompañamiento social que la protejan y le garanticen una maternidad segura y saludable. Las colombianas necesitan opciones de vida, y no que les ofrezcan el aborto como primera y única salida. Se requiere que el Estado, incluida la Corte, respete la dignidad humana tanto del nasciturus como de la madre. Se necesitan profesionales que valoren y defiendan la vida, y que promuevan la adopción como una opción para aquellas madres y parejas que han pensado abortar.  No se puede hablar de apoyo a la mujer y respeto por la vida humana cuando se buscan salidas fáciles, lucrativas y moralmente inaceptables como el aborto.

Pareciera que al togado no solo se le olvidó que en la Constitución colombiana no existe el derecho a matar, sino que perdió la concepción de lo que significa respeto por la vida, algo inviolable.

Como bien lo dijo el actor provida, Eduardo Verástegui: “El verdadero hombre es un guardián, esa es su naturaleza, ser protector de la vida. Si no es capaz de proteger y defender a los humanos más pequeños, los que no se pueden defender, los más vulnerables; los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados, entonces se comporta como un cobarde”.

La vida es sagrada porque es un maravilloso don de Dios, nadie tiene el derecho a decidir sobre ella, en este caso, ni siquiera la madre, porque ambos -madre y nasciturus- son seres diferentes, con su propio código genético. Nuestras leyes reconocen y protegen a los que están por nacer, y no tiene la madre el derecho a quitarle la vida.

Como bien lo dijo su santidad el papa Francisco en una de sus reflexiones sobre el tema: ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?, ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema?, no, el aborto no es un problema religioso, es un problema humano por eliminar una vida humana, punto”.

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Los retos para este 2020

Inicia un nuevo año, uno sin duda, cargado de importantes desafíos para Colombia, para el Congreso de la República y para el gobierno del presidente Iván Duque. Por eso, en este primer mensaje del 2020 quiero destacar las cosas positivas, los hechos esperanzadores que dejó el 2019, así mismo compartir los retos y desafíos que he trazado para ejecutar mi labor en el Legislativo, como Senadora de la República por el Partido Centro Democrático.

Entre las cosas positivas del 2019 debo destacar los avances en seguridad; punto en el que resalto la reducción de la tasa de homicidios y haber sido el año con menos casos de secuestro desde 1984. Igualmente, un mejor comportamiento de la economía y un buen marco tributario que contribuye a estimular el crecimiento del empleo, la formalización empresarial y la equidad con la reforma tributaria aprobada el pasado mes de diciembre.  En materia de lucha contra la corrupción resalto la aprobación de la ley que elimina la casa por cárcel para los corruptos, lo que pone un `tate quieto´ a la pésima costumbre de dar tratamiento especial y no cárcel a los que se han llenado los bolsillos con el dinero de la salud, la educación y la alimentación escolar de los niños colombianos.

Igualmente hay que resaltar el aumento del 6% por segundo año consecutivo en el salario mínimo, lo que representa el mayor incremento real obtenido por los trabajadores en los últimos 30 años. A ello se suma que la inversión extranjera directa superó el 20%, el recaudo de impuestos aumentó más de un 10%, las remesas de colombianos en el exterior a sus familias llegaron a cerca de $22 billones; y sin duda, el 2019 ha sido el mejor año para el turismo con 4,5 millones de visitantes no residentes.

Pero si bien son muchos los resultados positivos en todos los frentes de la vida nacional, hay que buscar más y mejores resultados que sigan aportando a la construcción de una Colombia mejor para todos, con más oportunidades, con una economía creciente, incluyente y diversificada; con una educación y salud de calidad, y mayor acceso en zonas rurales que permita cerrar las brechas tanto sectoriales como regionales; aumentar el compromiso y las acciones para proteger la naturaleza y preservar la buena calidad del agua y el aire; y por supuesto para mantener la alegría y la convivencia ciudadana, y el cuidado de los más vulnerables.

Hablemos ahora del 2020. Este inicio de la tercera década del segundo milenio será un año muy importante para reafirmar desde el Congreso de la República y desde mi partido el Centro Democrático nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad y la independencia de poderes; la despolitización y eficiencia de la justicia; el manejo pulcro de los recursos del Estado; incentivar la inversión privada; mayor eficiencia y focalización en la inversión pública; defensa del sector rural y la modernización y formalización productiva del Agro; preparar a nuestros jóvenes para los permanentes cambios tecnológicos y trabajar en la revisión de los marcos normativos frente a sus implicaciones en el mercado laboral; mantener el diálogo con los ciudadanos y el acompañamiento a los nuevos mandatarios regionales para el cumplimiento de sus promesas de campaña y la buena gestión; luchar para la erradicar los cultivos ilícitos y combatir la criminalidad; y por supuesto, seguir defendiendo los principios democráticos.

En materia de agenda legislativa seguiré impulsando los proyectos de ley, de mi autoría y que hacen trámite en el Congreso, como: prohibir la maternidad subrogada con fines de lucro, apoyar el bastón blanco para una mayor inclusión de personas ciegas; etiquetas braille en medicamentos y alimentos; promoción de la guadua como producto agroforestal; apoyo a la pesca artesanal; y la protección y conservación del patrimonio arqueológico de La Mojana sucreña; entre otros.

Otro de mis compromisos será el de promover debates de control político de gran interés para el país, como el del Incumplimiento de las Farc a las obligaciones derivadas del Acuerdo Final; una revisión a los impactos sobre las finanzas territoriales y el consumo de la ley de licores aprobada en 2017; una reflexión sobre el estado actual del Sena y qué pasó con las irregularidades que se denunciaron en 2017; y  en el tema ambiental revisaremos los usos de la biodiversidad y su marco normativo en nuestro país.

Mi invitación a los colombianos de bien, a los que amamos y nos duele la Patria, a que demos ejemplo de trabajo honesto y solidario; de buenas costumbres en el respeto a las normas y el buen trato ciudadano; de ayudar a niños, personas en condiciones de discapacidad y a adultos mayores; de gratitud y respeto a nuestros soldados y policías; y a no perder la esperanza de que cada uno sí puede ser motor de ejemplo y de cambio. Colombia es de todos y la construimos entre todos.

A los que anuncian marchas y paros, los invito a que sean consecuentes y que asuman también sus deberes. En especial a los maestros, quienes deben dar ejemplo de que en cualquier sociedad no puede haber derechos sin deberes, y ellos tiene uno de los más importantes, orientar bien el proceso de aprendizaje de sus alumnos para que enfrenten la sociedad del conocimiento. A los niños y jóvenes los invito a estudiar y aprender, y a los maestros a trabajar y enseñar. A los que hacen politiquería con las marchas que esperen a las elecciones del 2022 para que sea el pueblo con su voto los que decidan qué persona y propuestas quieren favorecer. Confío que triunfe la defensa de las libertades y el estado de derecho.

Ruego a Dios bendiga la Patria y a todos los hogares. A la Patrona Nuestra Señora de Chiquinquirá que siempre nos cuide.

¡Bienvenido 2020!

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Contra los corruptos no habrá tregua

El Congreso de la República se anotó un nuevo hit con la aprobación de la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos en Colombia. Sí, quienes han actuado a espaldas de la Ley para llenarse los bolsillos con el dinero de la salud, la educación, la infraestructura, la alimentación escolar y el desarrollo social del país, no serán tratados con más condescendencias.

La iniciativa aprobada en el Legislativo prohíbe la casa por cárcel cuando: “haya acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio en los delitos que afecten el patrimonio del estado”. 

Esto pone un ‘tate quieto’ a los que han burlado a la justicia con acuerdos judiciales que al final terminan en penas irrisorias y, peor aún, con el privilegio de pagarlas en sus casas y no en la cárcel como es debido.

Pero además, el proyecto aprobado introduce la inhabilidad para aquellos contratistas condenados por corrupción de volver a contratar con el Estado, y en caso de estar ejecutando algún contrato tendrán que cederlo. Si es condenado por actos de corrupción no recibirán indemnización por dicha cesión.

De otro lado, es importante resaltar que durante la discusión del proyecto de ley radiqué una proposición, aprobada por unanimidad, en la que los condenados por corrupción también sean inhabilitados para ser docentes en escuelas o instituciones de educación superior.

Este proyecto de lucha contra la corrupción, a un paso de ser Ley de la República, presentada por el Gobierno Nacional en septiembre del año pasado, se suma al interés que ha mantenido el Partido Centro Democrático de combatir este flagelo. Fue así como este año y por tercera vez, radicamos con el expresidente y senador Álvaro Uribe, un proyecto de ley que contempla la sanción social a los corruptos, incentivos para delatar, y la eliminación de beneficios como la casa por cárcel y la rebaja de penas.

Vamos a las cifras. La Contraloría General de la Nación estima en $50 billones al año las pérdidas de recursos del Estado por la corrupción. Y de acuerdo con los resultados de la 10.º edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, en Colombia el 94% de los encuestados considera que este flagelo es uno los problemas más graves del país. A renglón seguido, la encuesta indica que la percepción de los colombianos frente a la corrupción en las Instituciones colombianas deja mal parados a los congresistas, considerados, con un 64%, como las personas más salpicadas por esta conducta ilegal.

Si bien la percepción del 52% de los encuestados es que los casos de corrupción han aumentado, también un 40% destacó la mano firme con la que está actuando el Gobierno Nacional para combatir este delito.

Ante este panorama, el mensaje al país no puede seguir ser siendo que ser corrupto paga y que reina la impunidad. Es cierto, no hay una varita mágica para resolver los problemas de corrupción, pero sí debe existir una cultura de cero tolerancia con este delito.  Es por eso que seguiremos articulando esfuerzos que promuevan la ética, las buenas costumbres y las rectas actuaciones  tanto en la política como en la administración pública.

La corrupción es una “plaga” que a lo largo de los años no solo ha desgastado al sistema judicial, sino que ha enlodado la imagen de un país aguerrido y trabajador con entramados como los carteles de la alimentación escolar, de los enfermos mentales y la hemofilia, de la infraestructura vial, y de las regalías.

Por eso como bien lo dijo el presidente Iván Duque: “Colombia tiene tres grandes ismos que hay que combatir con toda la contundencia: el clientelismo, el populismo y el amiguismo”, y así lo seguiremos haciendo.

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Tiempo de Navidad

El mundo celebra la fiesta más esperada del año: la Navidad, tiempo para compartir en familia y disfrutar con alegría y espiritualidad el nacimiento del Niño Dios y la llegada de un nuevo año.

Esta época de esperanza y regocijo es la excusa perfecta para reunir a las familias, los amigos, las parejas y los compañeros de trabajo en torno a las tradiciones cristianas. Pero también es importante decir que la Navidad no solo es tiempo de regalos, sino de agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas, de hacer un balance del año, y por supuesto el momento para fijarse las metas del año venidero.

Quiero aprovechar este último mensaje del año 2019 para dar gracias a mi familia, amigos, colegas y equipo de trabajo, porque gracias a su contribución es que mi gestión como Senadora de la República por el Partido Centro Democrático ha sido fructífera. 

 A este saludo de agradecimiento debo sumar uno muy especial, el que elevo a cada uno de los integrantes de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, hombres y mujeres valientes que vigilan con entereza y valor cada rincón de nuestro territorio pese a las condiciones adversas o a estar lejos de sus familias, todo para garantizar la seguridad de esta Patria.  A ellos mi respeto y reconocimiento.

Queridos colombianos: que esta época sea de alegría y esperanza, y de vivir los valores cristianos de solidaridad y humildad. Elevo plegarias al cielo para que la unión familiar y el respeto no falten en sus hogares.

 ¡Feliz Navidad, y un próspero año 2020!

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¡Gracias Colombia!

Termina un nuevo periodo de sesiones legislativas en el Congreso. Es la hora de hacer un balance de mi actividad como Senadora de la República, por el partido de Gobierno, el Centro Democrático.

Debo decir, sin duda alguna, que fue un tiempo fructífero y de mucho trabajo puesto que a las tareas legislativas de rigor se sumó una intensa agenda política con motivo de las elecciones regionales, tarea que emprendí con dedicación, compromiso y amor por Colombia.

Fue así como asumí la enriquecedora labor de acompañar a nuestros candidatos a las diferentes corporaciones, en más de 100 recorridos por las ciudades, municipios y zonas rurales de departamentos como Risaralda, Quindío, Sucre, Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Santander, Caquetá, Cundinamarca y Bolívar, y Bogotá.

Ese trabajo de recorrer el país para escuchar a los ciudadanos, acompañar y promover las propuestas de nuestros candidatos y ponderar los avances del gobierno del presidente Iván Duque, se vio reflejado en las urnas. Aquí quiero destacar lo logrado en Sucre con excelentes candidatos. De ocho alcaldías avaladas por el Centro Democrático, ganamos seis: Tolú, Coveñas, Majagual, Sucre Sucre, Chalán y San Marcos; victoria a la que sumamos el triunfo, con coaval, de la alcaldía de Sincelejo. A renglón seguido alcanzamos 20 curules en concejos y un escaño en la Asamblea.  Es así como el Centro Democrático reafirmó su compromiso de seguir trabajando por Colombia, su gente y sus regiones. Destaco Sucre porque en el periodo anterior no habíamos logrado que nuestros candidatos llegarán a alguna de las corporaciones.

Ahora hagamos el balance de mi actividad legislativa. Radiqué 17 proyectos de ley, todos encaminados a la construcción de un mejor país, donde prime la equidad, los valores de familia y el respeto por la Constitución y la ley.

De las iniciativas radicadas quiero destacar las de tres días al año sin IVA, que luego fue recogida en el proyecto de ley de reforma tributaria; prohibir la maternidad Subrogada con fines de lucro; etiquetas brille en medicamentos y alimentos y sobre el bastón blanco para una mayor inclusión de personas ciegas; destacar la gastronomía local con un sello de calidad; promoción de la guadua como producto Agro forestal; más espacios públicos y zonas recreativas para niños y adolescentes; apoyo a la pesca artesanal, y la protección y conservación del patrimonio arqueológico de La Mojana sucreñas, entre otros.

Quiero destacar mi participación en los debates del Presupuesto General de la Nación 2020 y en la reforma tributaria para el crecimiento, el empleo y la equidad que está en trámite. (Lea también: El final de la legislatura). 

En este tiempo he llevado la vocería de la bancada de mi Partido en el Senado, y por supuesto en varios debates de control político tanto en plenaria, como en las comisiones tercera y de Ordenamiento Territorial del Senado. Destaco en la de Ordenamiento el debate sobre la situación financiera de los sistemas de transporte masivos en las ciudades capitales. En plenaria los riesgos de seguridad a candidatos dado el proceso electoral, y la defensa de la gestión de los ministros de hacienda y transporte. Dos debates más, uno sobre la situación actual del Sena y otro sobre los incumplimientos de las Farc al Acuerdo Final fueron aplazados por las mesas directivas para la siguiente legislatura.

Se cumplieron las metas propuestas en una legislatura exigente tanto por el proceso electoral de octubre como por las mociones de censura a dos ministros, y las convocatorias a las permanentes marchas de diferentes grupos sociales, permeadas por intereses políticos para desestabilizar el gobierno del presidente Iván Duque.

Puedo decir que se avanzó con los objetivos propuestos para esta legislatura. Pará el próximo período son muchos los desafíos, entre otros, el fortalecimiento institucional del Centro Democrático, mayor articulación legislativa con el gobierno, apoyar el afianzamiento de los programas y proyectos del gobierno en las regiones, y por supuesto acompañar a nuestros mandatarios locales para que inicien con éxito su gestión.

Seguiremos siendo una bancada propositiva y cumplidora a las expectativas de los ciudadanos, y bajo la guía del expresidente Álvaro Uribe Vélez, defendiendo nuestros principios fundantes para consolidar la democracia y avanzar en mayor bienestar de los ciudadanos con: seguridad, generación de empleo digno, justicia social, manejo honesto de los recursos públicos, defensa de nuestros ecosistemas y de la vida y la familia.

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Campanazo de alerta

Colombia no solo se rajó en las pruebas PISA, realizadas en abril de 2018, sino que dejó al descubierto graves falencias en algunas áreas de la educación básica, comparado con los resultados de 2015.

Según el informe, en lectura nuestro país obtuvo 412 puntos, 75 puntos por debajo del promedio, obteniendo 13 puntos menos que en la prueba de 2015. Por el lado de ciencias, el puntaje alcanzado fue de 413, tres menos que en la prueba anterior y 76 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE).

En matemáticas prácticamente se mantuvo el puntaje que fue de 391, frente a los 390 alcanzados en 2015, pero aún lejos del promedio que tienen otros países de la OCDE, que es de 489, cifra a la que no solo tenemos que apuntar, sino sobrepasar.

Estos resultados dejan muchas reflexiones. Gran esfuerzo ha venido haciendo el país en cobertura educativa de educación básica, alcanzando más del 90%, pero aún es grande la brecha en educación media donde sólo el 45% de los jóvenes en edad de estudiar están en el sistema. Pero los mayores retos de la educación básica y media en instituciones oficiales es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la motivación para aprender de los estudiantes.

Excelentes maestros, acceso a nuevas tecnologías, mejor infraestructura educativa y deportiva, más y mejor acceso a transporte y alimentación escolar, y mayor compromiso y participación de los padres de familia en la vida escolar, hacen parte de los ingredientes necesarios para una buena motivación a aprender y calidad en la formación.

Pero, ¿cómo estamos en algunos de esas variables?  El país cuenta con cerca de 320.000 maestros para atender cerca de 7,9 millones de estudiantes, ubicados en cerca de 44.000 instituciones oficiales. Quiero resaltar que muy a pesar de los esfuerzos presupuestales y logísticos del Ministerio de Educación Nacional para capacitar y evaluar constantemente a los maestros, lamentablemente siguen muchos sin lograr ser ejes transformadores de la calidad educativa. Y además, el gremio que agrupa a muchos tampoco ayuda; porque en vez de que su prioridad sea la buena educación de niños y jóvenes, parece ser que la política, y la partidista, es para muchos su principal objetivo. Por ello, si bien es legítimo que quieran defender sus intereses, no puede ser que utilicen su importante labor educativa para hacer proselitismo y afectar la calidad educativa.

En materia de calidad de la infraestructura, son cerca de 30.000 instituciones que requieren intervención tanto para mejorar salones, baterías de baños y comedores, como infraestructura deportiva y dotación. Hace unos años se estimaba en $15 billones la inversión requerida para esa tarea titánica. Lamentablemente en el gobierno Santos realizaron un proceso irregular de contratación que dejaron a muchos municipios y estudiantes de Colombia sin aulas y sin dotación. La corrupción se enmochiló la plata.

Ni que hablar de la alimentación escolar. 280 días al año es el calendario escolar que debe asegurar igual número de días de alimentación. Pero tristemente muchos gobernadores y alcaldes en los últimos años no sólo terminaron contratando 3 y 4 meses después de iniciar el año escolar el servicio de alimentación, sino que la calidad de los alimentos no llenaba los mínimos para asegurar los nutrientes necesarios para los estudiantes. Nuevamente la corrupción hizo aguas una buena alimentación. En hora buena el gobierno del Presidente Iván Duque, el Ministerio de Educación y el Congreso, en el Plan Nacional de Desarrollo, ha cambiado el manejo del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Y en materia de transporte escolar, en especial en zonas rurales, ha sido uno de los rubros donde más deficiencias tanto en cobertura como calidad se ha tenido. Por ello asegurar gratuidad para que los estudiantes lleguen y lo hagan a tiempo y sin cansancio es prioritario.

Hablemos del presupuesto para el sector. El rubro de funcionamiento e inversión del Presupuesto General de la Nación para educación preescolar, básica y media es cercano a los $28 billones, sin incluir las pensiones del magisterio que es de $10 billones, para 2020.

Este año 2019, con un presupuesto de $25.5 billones se ha avanzado en la ejecución de 1.362 nuevas aulas se han construido con los $582,2 mil millones  contemplados en el presupuesto para infraestructura educativa. De los cuales $275,3 mil millones se destinaron para zonas rurales, incluidos comedores escolares.

Para 2020, el presupuesto para la educación será el más alto de la historia con $44,1 billones. Se han previsto $343 mil millones para construcción y mejoramiento de aulas y 540 nuevos colegios. Otros $230 mm serán dispuestos para mejorar la educación preescolar, básica y media, lo que incluye estrategias de calidad, pruebas Saber, bilingüismo, plan de lectura y primera infancia; entre otros.

$25,7 billones del Sistema General de Participaciones para educación se girarán a los entes territoriales para la cobertura educativa, así como el pago de primas y salarios a 320 mil docentes del país.

Por supuesto que se requieren muchos más recursos para atender los retos de infraestructura, transporte, alimentación y dotación con nuevas tecnologías. Pero como esas brechas vienen acumuladas de muchos años, no puede pretenderse cerrar en un solo gobierno, como el actual, que ha mostrado todo su compromiso con la educación. Pero a pesar de esas falencias, maestros y padres de familia si deben trabajar para motivar el proceso de aprendizaje, reafirmar valores en los estudiantes, contribuir a elevar la autoestima y defender el mejor patrimonio para la movilidad social y el crecimiento como es el aprendizaje.

Si pedimos mayor compromiso a un gobierno, a los padres y por supuesto a los estudiantes, mucho más lo pedimos y deben tener los maestros. Así que Fecode, a pesar que evade la responsabilidad, es tan o igual de responsable por el mal resultado de las pruebas Pisa.

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Crecimiento, empleo y equidad

Esta semana se radicó la ponencia consensuada de la Ley de crecimiento y generación de empleo. El arduo y acucioso trabajo de los ponentes de las comisiones terceras de senado y cámara enriquecieron el proyecto de ley del gobierno, que mantenía lo contenido en la otrora Ley de Financiamiento, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por vicios de trámite.

La denominada Ley de Financiamiento fue muy positiva para las finanzas públicas y para la formalización empresarial. Prueba de ello es que hasta el mes de octubre de este año se han recaudado 13.2 billones de pesos más que en igual período del año anterior. En formalización empresarial destaco esas cerca de 8.200 empresas medianas y pequeñas que se han afiliado al régimen Simple de tributación; las 178.844 empresas que se crearon durante el primer semestre de 2019, 4,8% más que en 2018; la inversión extranjera directa que aumentó en 24,4% en el primer semestre del año, y por supuesto la economía que está creciendo por encima del 3%, muy superior al promedio de América Latina.

Quiero destacar algunos de los temas nuevos incluidos en la ponencia, avalados por el gobierno del presidente Duque, y que son iniciativa de mi Partido el Centro Democrático. Primero, la propuesta de devolver el IVA al 20% de la población con más bajos ingresos, con lo cual cada mes se les estaría girando alrededor de 30 a 40 mil pesos, contribuyendo a una mayor capacidad de gasto de los hogares. La otra importante propuesta es contar en el país con tres días sin IVA al año para productos como ropa, calzado, útiles escolares, algunos elementos de tecnología y juguetes, mediante el descuento del 19% del IVA al momento de la compra, liberando un monto importante de dinero para que se pueda destinar a un mayor consumo.

De otro lado, y con el ánimo de abrir oportunidades laborales para los jóvenes sin experiencia de trabajo, y contribuir a reducir el desempleo juvenil, se incluyó en la ponencia el incentivo de la deducción de renta del 120% del salario pagado por el empleador cuando contrate personas menores de 28 años y ese sea su primer empleo.

Los pensionados con un salario mínimo siempre han añorado que se le reduzca el aporte que hacen para la salud. En esta ponencia se reduce del 12% en 2020, al 8% en 2021 y al 4% a partir de 2022. Esto será un gran alivio para los pensionados.

Uno de los mayores cuellos de botella para la competitividad del sector agropecuario es el muy mal estado de casi el 90% de los 142 mil kilómetros de vías terciarias del país, y que, lamentablemente por restricción presupuestal ha sido muy lenta la inversión en esta importante infraestructura. Por ello, en la ponencia para debate se propone que la sobretasa al impuesto de renta que deben pagar las entidades financieras se destine en su totalidad a financiar las vías rurales, para cerrar la brecha de infraestructura y mejorar las condiciones de vida de los habitantes y productores del campo.

El crecimiento económico y la generación de empleo son dos de los principales objetivos de esta Ley. Por ello, buscando incentivar la inversión y mantener la dinámica empresarial, el proyecto de ley propone la disminución de la tasa efectiva de tributación de las empresas de 71,9% al 54,6% de las utilidades. Colombia está dentro de los cinco países a nivel mundial con mayor carga impositiva para las empresas, afectando su competitividad.

Igualmente, las estimaciones resaltan que esta ley generará un crecimiento económico mayor en 2,6pp para 2020 y de 2,4pp para 2021, redundando en un mayor recaudo tributario de entre el 0,9% y el 1,9% del PIB hasta 2030.

El Congreso tiene la oportunidad de debatir y aprobar una ley que definitivamente contribuirá al crecimiento de la economía; a la generación de empleo; a la competitividad y formalización empresarial; a la equidad por las mayores contribuciones de las personas naturales de más altos ingresos y el pago del impuesto al patrimonio; a la lucha contra la evasión tributaria y el fortalecimiento de la DIAN, y en fin, a que Colombia con legalidad y emprendimiento productivo avance en equidad social.

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Abanico de falacias

El llamado violento y el lenguaje intimidante fueron las armas usadas por algunos para generar zozobra en los colombianos frente a la jornada de marchas que ha vivido el país. Debo admitir que su estrategia produjo tensión, pero nunca miedo.

Colombia no es un país ajeno a la protesta y las manifestaciones. Esta no es la primera vez que algunos de la izquierda se valen del descontento de los ciudadanos para desestabilizar e incendiar al país basados en mentiras y engaños, con el único objetivo de cambiar la naturaleza pacífica de la protesta, por brotes de violencia que afecten el orden público y la seguridad nacional.

El paro le cayó como anillo al dedo a los detractores del Gobierno, quienes a punta de falacias trabajaron por sembrar el odio y, por supuesto, el riesgo de desorden y desmanes. Pero también han buscado mantener una agitación permanente con miras a desestabilizar al gobierno del presidente Iván Duque, quien de manera firme y permanente ha venido trabajando durante estos 15 meses en el cumplimiento de las propuestas programáticas que hizo en su campaña y las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El gran desafío que tuvo este Gobierno desde que anunciaron el paro, fue desmentir las supuestas razones divulgadas para llamar a la marcha. La mentira sobre supuestas decisiones que había o iba a tomar el Gobierno ha sido la herramienta utilizada para mantener la convocatoria de ir a las calles. Porque en Colombia no ha habido un hecho del gobierno Duque que motive mantener una marcha cada dos días, como se ha registrado en estos 15 meses. Muy diferente a lo que ha pasado en Bolivia, Ecuador o Chile donde decisiones gubernamentales motivaron la protesta.

Lo que sí ha habido en el país es la frustración y no aceptación de la derrota electoral a la presidencia del ex candidato Petro y sus seguidores, que acostumbrados a desestabilizar y marchar con violencia quieren tumbar a Duque. (Lea también: Estudiantes: no dejen que los sigan usando).

Revisemos el caso de Chile. El estallido  social se dio en respuesta a la decisión del Gobierno del presidente Sebastián Piñera de hacer un alza en el precio del pasaje del metro. Al caos en las calles se sumó la presencia de encapuchados, quienes caldearon los ánimos de los manifestantes, al punto dejar un cruento balance, a la fecha, de 22 muertos y más de dos mil heridos.

Pero Bolivia no se queda atrás. El reconocido fraude electoral del expresidente Evo Morales para mantenerse en el poder y el aumento en el precio de la gasolina desataron manifestaciones violentas que terminaron en grescas permeadas por ciudadanos extranjeros, cubanos, venezolanos y hasta afectos a las Farc, quienes incitaron al vandalismo y llamaron a las vías de hecho para reversar el alza y exigir la salida de Evo Morales de la Presidencia.

Sin duda hay un común denominador en Chile y Bolivia: la infiltración de extranjeros para avivar el caos; vil trampa de la anarquía que proviene desde el Foro de Sao Paulo, maquinaria que utiliza el miedo y el desorden para desestabilizar la democracia.

Como bien lo dice el periodista español, Ramón Pérez Maura: “este auge de populismo neochavista es una gran amenaza para América Latina, que en la última década había conseguido restablecer los valores y principios democráticos”.

Es increíble, pero es la realidad. Este no fue un paro que buscara satisfacer demandas individuales, fue uno usado e impulsado para atacar al Gobierno,  a las Instituciones y a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, algo que no van a lograr.

Colombianos, hay que ejercer el legítimo derecho a la protesta de forma pacífica, lejos de la violencia y las agresiones. El amor por esta Patria exige cuidar y respetar  las Instituciones y los bienes públicos. No desviemos la expresión democrática hacia el vandalismo y el caos.

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No más cinismo

Usar a niños, niñas y adolescentes como escudos humanos es un hecho atroz y deleznable. Los derechos de los niños no son negociables, son sagrados, y no deberían ser vulnerados en ningún escenario.

Con el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país, el rearme de los excombatientes de las Farc y el narcotráfico volvió al ruedo la escabrosa y reprochable práctica del reclutamiento forzado de menores. Privados de su libertad y en alto estado de indefensión, las víctimas son sometidas a maltratos físicos y sicológicos, obligados a realizar entrenamientos de combate, y en la mayoría de los casos, sometidos  a todo tipo de vejámenes sexuales.

El informe ‘Una Guerra Sin Edad’ del Centro de Memoria Histórica revela que entre 1960 y 2016, 16.879 menores fueron reclutados por grupos armados. 54% de ellos fueron privados de la libertad por las Farc, 27% por paramilitares, y 10% por el Eln. 

Estos casos, ocurridos en su mayoría en el Sur del Tolima, Norte del Cauca, Urabá Antioqueño, Alto Sinú y Valle de Aburrá alcanzaron en su mayoría a menores entre los 10 y 14 años de edad, de los cuales 70% fueron hombres y 30% mujeres.

Entre tanto, el último informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas -ONU- al Consejo de Seguridad advierte que el reclutamiento de menores en nuestro país aumentó con la firma del Acuerdo Final entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, al pasar de 169 niños privados de la libertad en 2017 a 293 en 2018.

Miremos casos específicos. Antioquia es un departamento que históricamente ha registrado, y de manera continuada, las cifras más altas en materia de reclutamiento de menores. Información revelada por el Ejército da cuenta de que en 2019 aumentó este flagelo en un 30%, periodo en el que fueron recuperados 152 menores que estaban enfilados, de los cuales 22 salieron huyendo de las garras del crimen, por los maltratos y abusos a los que fueron sometidos.

Para el caso del Meta, la Fiscalía confirma, en lo que va del año, cuatro casos de reclutamiento de menores; hechos que fueron reportados en Granada, La Macarena, Fuente de Oro y Villavicencio. Para 2018, la cifra fue de tres.

Por su parte, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -Coalico- alerta que esta práctica, en vez de disminuir, está aumentando en otros departamentos como Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Putumayo, Arauca y Cauca.  Tristemente estos departamentos coinciden con las zonas donde tenían presencia las Farc, ahora están las disidencias de ese grupo y por supuesto el narcotráfico.

El panorama es doloroso. Por eso indigna que algunos ex guerrilleros de las Farc que han cometido esos delitos y que están en el Congreso, crean tener la autoridad moral para opinar o juzgar sobre el proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República para que a futuro, los delitos sexuales en contra de menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria y no en tribunales de justicia transicional como la JEP, para así garantizar justicia y no impunidad a los perpetradores de este delito abominable.

Olvidan que ellos fueron autores intelectuales y materiales del reclutamiento de cientos de menores de edad que fueron incorporados a sus filas y llevados, en contra de su voluntad, por el camino de la violencia. Esas personas deberían declararse impedidas para hablar y mejor, en un acto de vergüenza y de humildad si la tienen, pedir perdón a las víctimas, a cada uno de esos inocentes a los que obligaron a vivir una vida que no pidieron: cargando un fusil y huyendo de las balas.

Hay que rechazar el cinismo de quienes hoy ocupan una curul en el Congreso y gozan de impunidad, entre otros por delitos de reclutamiento de menores, abuso sexual e inducir abortos. Si tanto sienten lo que ocurre con el reclutamiento de niños deberían hacer un acto de contricción contando toda la verdad, pidiendo perdón de corazón y rechazar el reclutamiento de menores, los abusos sexuales, y usar menores como señuelo para protección de criminales.

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Buscaban tumbar un ministro

Un ataque injusto y fraguado cobardemente golpeó uno de los eslabones más fuertes del engranaje del Gobierno del presidente Iván Duque, el sector defensa. Un error de comunicación, no premeditado, fue usado para crear un manto de duda sobre el trabajo que realizan cada día nuestras Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la seguridad y soberanía de nuestro país.

Hagamos memoria. El Gobierno Duque recibió una herencia fatal en materia de narcotráfico y cultivos de coca con 209.000 has. Sembradas y algo más de mil toneladas de cocaína; minería ilegal; 200 mil hectáreas al año de bosques deforestados, y criminalidad creciente con ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, Caparros, Puntilleros y otras bandas, todos generadores de inseguridad y violencia. Para contrarrestarlos fue arreciada la ofensiva militar y táctica en contra de quienes persisten en crear zozobra y delinquir a sus anchas en el territorio colombiano, en especial de los criminales de mayor peligrosidad declarados objetivo de alto valor militar.

Ese fue el caso del disidente alias ´Gildardo Cucho’, responsable no solo de reorganizar y rearmar a los frentes 7, 40 y 62 de las extintas Farc, sino de fraguar emboscadas en contra de la Fuerza Pública, así como atentados y secuestros en contra de la ciudadanía.

Tras varios meses de seguimiento, interceptación de comunicaciones y uso de agentes infiltrados fue ubicado el escondite de este criminal en zona rural de San Vicente del Caguán, (Caquetá) hasta donde llegó un equipo especial de la Fuerza Aérea Colombiana a desplegar un bombardeo focalizado que dejó 15 personas muertas. Lo que no sabía el país, ni las fuerzas militares al momento del operativo, era que entre los neutralizados había ocho menores de edad.

Si bien hubo error del Ministerio de Defensa al no comunicar toda la información a la opinión pública y hacerlo de manera oportuna una vez se supo que había menores de edad, debo reafirmar que el Gobierno procedió bien al ejecutar una acción legítima en contra de un criminal como alias ´Gildardo Cucho´, quien tenía en su guarida menores reclutados y presuntamente al servicio de la violencia.

Rechazo los ataques a los que fue sometido el ministro Botero y sus coequiperos, las Fuerzas Militares y de Policía, quienes hoy están siendo tildadas como “criminales”, por aquellos que sí lo fueron y por otros que permitieron la impunidad, incluso frente al reclutamiento de menores de las FARC, con el acuerdo firmado por el anterior gobierno.

Nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y de la ley, y no actuarían en contra de la integridad de ningún colombiano que no represente una amenaza para el país. “Tumbar” al ministro Botero, por una operación que cumplió con las labores previas de inteligencia y que estuvo apegada a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) desde el primer momento, es más un acto político para afectar al gobierno, que no se ha dejado ni manosear ni chantajear por algunos congresistas. Definitivamente la unión de los partidos de oposición, con unos congresistas ávidos de poder y contratos de otras bancadas, llevan dos meses buscando tumbar a un ministro del Gobierno Duque. Ya lo intentaron con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y ahora, con triste desenlace, con el ministro de Defensa.

Guillermo Botero es un ministro honorable, patriótico y ejecutivo como lo muestran los buenos resultados de estos 15 meses de gestión, que respetó y admiró a sus soldados y policías hasta el último día.

El enemigo no era Guillermo Botero, era y sigue siendo el narcotráfico, la ilegalidad y la criminalidad. Lamento la decisión del Ministro de renunciar, pero con gallardía da un paso al costado para no afectar en este momento difícil al Gobierno. Esos son los avatares de la política.

Nuestras historias

Crecimos pero nos hizo falta

No todo fue victoria en estas elecciones regionales. Los resultados de la jornada del pasado domingo sorprendieron a un partido juicioso, que hizo la tarea recorriendo el país escuchando a los ciudadanos, presentando propuestas y promoviendo los avances importantes del gobierno del presidente Iván Duque. Si bien avanzamos bastante en el número de curules obtenidas, no logramos ganar departamentos y ciudades que han sido afectas a nuestras tesis como Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle; y capitales como Medellín, Manizales, Armenia y Pereira, entre otras.

Lo anterior lo confirman ser el partido con mayor votación a gobernación con 1.157.067 votos y 4 gobernadores propios y 3 en coalición; la segunda votación en alcaldías con 1.171.560 votos para 120 alcaldes propios y 72 en coalición, y por supuesto el importante aumento en el número de diputados y concejales.

Quiero resaltar los resultados obtenidos en el departamento de Sucre. De ocho alcaldías avaladas por el Centro Democrático ganamos seis: Coveñas con Rafael Ospina, Tolú con José Chadid, Chalán con Ivonne Fernández, Sucre Sucre con Elvira Julia Mercado, Majagual con Ramiro Rada y San Marcos con Anuar Arabia; victoria a la que sumamos el triunfo, con coaval, de Andrés Gómez, alcalde electo del municipio de Sincelejo y Guaranda donde respaldamos al candidato Roviro Diaz.

Alcanzamos 20 curules en concejos y un escaño en la Asamblea con Luis Alfonso Álvarez. Este resultado demuestra que Sucre, un departamento duramente golpeado por la corrupción se cansó de las falsas promesas y el derroche de dinero en el proceso electoral y decidió cambiar en las urnas el futuro en algunas regiones.

Pero no puedo dejar pasar por alto a Risaralda. Un departamento de gente pujante y trabajadora donde hay gran afecto por el Centro Democrático y su fundador el presidente Álvaro Uribe, pero en estas elecciones hubo un gran revés en gobernación y alcaldías. Se mantuvo la curul en la asamblea con un gran diputado como es Durguez Espinosa y 16 curules en el concejo, 2 de ellas en Pereira.

El trabajo continúa, no solo por los resultados obtenidos, sino por el compromiso que nuestra bancada adquirió con el país desde que el Partido fue fundado por un gran líder como el presidente Álvaro Uribe Vélez. Sí crecimos y no estamos derrotados, pero no ganamos muchas ciudades y departamentos que trabajamos. Por supuesto que fallamos en perfiles de candidatos, proceso de selección de los mismos, falta de disciplina de Partido y mejor organización, divisiones locales y poco conocimiento en las regiones de los logros del gobierno del presidente Duque. Por eso ahora, además de la autocrítica y corregir los errores, trabajaremos para que los elegidos hagan bien su trabajo, con honestidad, eficiencia y participación ciudadana.

Colombia necesita nuestro Partido, por ello seguimos con mano firme y corazón grande trabajando por defender la democracia y mejorar el bienestar de los colombianos.

¡Gracias Colombia!

Nuestras historias

Crecimos pero nos hizo falta

No todo fue victoria en estas elecciones regionales. Los resultados de la jornada del pasado domingo sorprendieron a un partido juicioso, que hizo la tarea recorriendo el país escuchando a los ciudadanos, presentando propuestas y promoviendo los avances importantes del gobierno del presidente Iván Duque. Si bien avanzamos bastante en el número de curules obtenidas, no logramos ganar departamentos y ciudades que han sido afectas a nuestras tesis como Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle; y capitales como Medellín, Manizales, Armenia y Pereira, entre otras.

Lo anterior lo confirman ser el partido con mayor votación a gobernación con 1.157.067 votos y 4 gobernadores propios y 3 en coalición; la segunda votación en alcaldías con 1.171.560 votos para 120 alcaldes propios y 72 en coalición, y por supuesto el importante aumento en el número de diputados y concejales.

Quiero resaltar los resultados obtenidos en el departamento de Sucre. De ocho alcaldías avaladas por el Centro Democrático ganamos seis: Coveñas con Rafael Ospina, Tolú con José Chadid, Chalán con Ivonne Fernández, Sucre Sucre con Elvira Julia Mercado, Majagual con Ramiro Rada y San Marcos con Anuar Arabia; victoria a la que sumamos el triunfo, con coaval, de Andrés Gómez, alcalde electo del municipio de Sincelejo y Guaranda donde respaldamos al candidato Roviro Diaz.

Alcanzamos 20 curules en concejos y un escaño en la Asamblea con Luis Alfonso Álvarez. Este resultado demuestra que Sucre, un departamento duramente golpeado por la corrupción se cansó de las falsas promesas y el derroche de dinero en el proceso electoral y decidió cambiar en las urnas el futuro en algunas regiones.

Pero no puedo dejar pasar por alto a Risaralda. Un departamento de gente pujante y trabajadora donde hay gran afecto por el Centro Democrático y su fundador el presidente Álvaro Uribe, pero en estas elecciones hubo un gran revés en gobernación y alcaldías. Se mantuvo la curul en la asamblea con un gran diputado como es Durguez Espinosa y 16 curules en el concejo, 2 de ellas en Pereira.

El trabajo continúa, no solo por los resultados obtenidos, sino por el compromiso que nuestra bancada adquirió con el país desde que el Partido fue fundado por un gran líder como el presidente Álvaro Uribe Vélez. Sí crecimos y no estamos derrotados, pero no ganamos muchas ciudades y departamentos que trabajamos. Por supuesto que fallamos en perfiles de candidatos, proceso de selección de los mismos, falta de disciplina de Partido y mejor organización, divisiones locales y poco conocimiento en las regiones de los logros del gobierno del presidente Duque. Por eso ahora, además de la autocrítica y corregir los errores, trabajaremos para que los elegidos hagan bien su trabajo, con honestidad, eficiencia y participación ciudadana.

Colombia necesita nuestro Partido, por ello seguimos con mano firme y corazón grande trabajando por defender la democracia y mejorar el bienestar de los colombianos.

¡Gracias Colombia!

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Voto a conciencia

Llegó la hora. Colombia vive hoy una nueva jornada electoral en la que 37´136.581 de ciudadanos elegirán a los 3.306 nuevos dirigentes regionales de todo el país.

El voto es decisivo, solo acudiendo a los 11.590 puestos de votación dispuestos por la Registraduría en todo el territorio colombiano, podremos decidir en manos de quiénes estarán las diferentes corporaciones públicas regionales durante los próximos cuatro años.

Esta contienda electoral estuvo marcada por algunos hechos de violencia política y agresiones en contra de candidatos, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

El último reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE) indica que, durante este proceso político, 108 aspirantes fueron víctimas de violencia; siendo el Centro Democrático el partido que más ataques sufrió con 14 amenazas, un atentado terrorista y un homicidio.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar el óptimo desarrollo de los comicios, el Ministerio de Defensa dispuso de 120 mil uniformados que garantizarán la seguridad y orden público de la jornada, siendo priorizadas ocho regiones por cuenta de las amenazas de grupos armados y alto riesgo de delitos electorales: Catatumbo, Arauca, Guaviare, Caquetá, Chocó y Bajo Cauca.

Como colombianos tenemos el legítimo derecho de elegir y ser elegido; por eso quiero invitarlos a salir a las urnas este domingo para apoyar a los candidatos que con honestidad, eficiencia y amor quieren servir a sus regiones. Votar en conciencia fortalece la democracia. Rechacemos la compra y venta del voto, las tramoyas en la Registraduría, y la coacción de las administraciones para orientar el voto.

La baraja amplia de excelentes candidatos del Centro Democrático, que han contado con el acompañamiento de nuestro líder el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se caracterizan por ser personas conocedoras de la problemática de su región, quienes con propuestas y no agresiones están comprometidas con luchar por recuperar la seguridad, generar empleos dignos, mejorar la infraestructura de servicios públicos, avanzar en más y mejor educación, salud, deporte y cultura, estar en permanente diálogo con los ciudadanos, manejar con austeridad y honestidad los recursos públicos, y trabajar, trabajar y trabajar por el bienestar ciudadano.

En ese grupo de candidatos que apoyamos en el Centro Democrático están, entre otros: Miguel Uribe Turbay, aspirante a la alcaldía de Bogotá. Joven abogado que conoce y ha recorrido la ciudad en su paso por el Concejo y la Secretaría de Gobierno. Este hombre, con valores de familia, tiene la experiencia y firmeza para gobernar a los capitalinos.

Si hay alguna ciudad que requiere recuperar la confianza ciudadana y ser manejada con gerencia y honestidad es Armenia. Nuestro candidato Luis Fernando Jaramillo, empresario con amplia experiencia en el sector privado, es el mejor candidato. Él será el primer soldado y policía para recuperar la seguridad, el líder para generar empleo,  y la mano firme para desmantelar la corrupción y dar ejemplo de civismo y ética en el ejercicio público.

A nivel departamental, como candidatos a la asamblea que quieren repetir resalto a Durguez Espinosa en Risaralda, Milton Restrepo en el Tolima y Wilder López en Caquetá. Nuevos candidatos a la asamblea como Carlos Núñez en el Atlántico, Luis Alfonso Álvarez y Juan Serpa en Sucre, Ramón Donato en el Magdalena y Didier Rodríguez en Santander, entre otros.

A la gobernación quiero destacar algunos candidatos como Nohora Tovar en el Meta con sus propuestas para generar empleo. Andrés Guerra en Antioquia con su gran proyecto de sembrar desarrollo y equidad social. Francisco Lourido en el Valle con su apuesta por la Agroindustria. Ángela Hernández para Santander, una mujer de principios inquebrantables. Luis Emilio Tovar en Arauca para recuperar la seguridad.

No puedo dejar pasar a la tierra en la que nací, el departamento de Sucre, donde tenemos aspirantes a las alcaldías de manos limpias y con propuestas viables para la región; entre los que están Ivonne Fernández en Chalán, abogada joven comprometida con la niñez y los adultos mayores, Rafael Ospina en Coveñas, médico trabajador que quiere mejorar el acceso y servicio de la salud en el municipio. José Chadid en Tolú, quien recuperará la dignidad en el ejercicio público y la inversión en las zonas más vulnerables. Estos son algunos de los perfiles elegidos cuidadosamente por el Centro Democrático.

Reconozco la gran labor de la Dirección Nacional del Centro Democrático en el proceso de definición de 10.645 avales y acompañamiento para el éxito electoral. Invito a que voten por los candidatos de nuestro Partido Centro Democrático, el de la mano firme y el corazón grande con los colombianos.

No debemos olvidar que cada una de las personas elegidas tendrá en sus manos la responsabilidad de defender el bien común y esos principios, programas y proyectos que propusieron en sus campañas.

Nuestras historias

Sacudón económico

Una inesperada sorpresa ocasionó la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento por trámites de forma, la cual solo tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

Si bien no comparto la decisión del alto tribunal, porque, como lo muestran los salvamentos de voto de dos de sus magistrados, los argumentos que esgrimieron la mayoría de los magistrados que votaron a favor de la inexequibilidad son refutables, ya que sí hubo publicidad, posibilidades de participación ciudadana, y conocimiento de los congresistas del articulado. Pero hay que acatar la decisión y es una realidad que toca tramitar una nueva reforma. Y en buena hora el presidente Iván Duque propone radicar un proyecto similar al que fue aprobado por el Congreso y declarado inexequible, que estudiaremos y defenderemos para que la Ley entre a regir a partir de enero de 2020.

A pesar de varias críticas que recibió la Ley en su momento, medidas como la reducción del impuesto de renta a las empresas, la normalización tributaria, el IVA plurifásico para gaseosas y cervezas, el fortalecimiento de la DIAN y la   creación del régimen simple, hoy están dando resultados positivos en la economía y las cifras lo demuestran.

En primer lugar, es la primera vez desde el 2015 que nuestra tasa de crecimiento del PIB es superior al 3%. En segundo lugar, la inversión en maquinaria y equipo ha alcanzado un incremento promedio del 15,2% en lo corrido de 2019, muy por encima del  2,4% en 2018; y en tercer lugar, el recaudo bruto de la DIAN a septiembre llegó a los $123 billones, cifra 11,6% superior a la de 2018. Además más de 8.500 pequeñas empresas se han formalizado a través del impuesto Simple, y se ha generado un importante repunte de la confianza en la economía y en el gobierno, que ha permitido que en el primer semestre del año, la inversión extranjera directa llegara a los $7.239 millones de dólares frente a los $5.847 millones del 2018.

Por lo anterior, confiamos en que el trabajo conjunto entre el Gobierno y el Congreso permitirá no sólo afinar la ley sino que esta sea aprobada antes del 31 de diciembre, para que pueda seguir contribuyendo a la reactivación económica del país, a la generación de empleo formal, a la equidad y a reducir la evasión tributaria.

Pero es paradójico que el mismo día vivimos dos importantes noticias económicas: una negativa como fue la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, y la otra positiva, al aprobar el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para 2020 por $271,7 billones.

De este presupuesto quisiera resaltar su énfasis en la austeridad y su enfoque social. Frente a lo primero es preciso anotar que los gastos de personal aumentan únicamente la inflación esperada (3,25%) y lo acordado en la negociación con los sindicatos de 1,2%. Con excepción de lo aprobado por leyes anteriores de aumentar el número de cargos de la DIAN para su fortalecimiento y del INPEC en cerca de 3200 cargos entre las dos, la nómina de la rama ejecutiva se reduce en 714 cargos frente a 2019. Además, la adquisición de bienes y servicios cae de 0,9% del PIB al 0,8%.

Con relación al gasto social, el presupuesto es de $148 billones, representando el 69% del PGN sin deuda; con lo cual se dará cumplimiento a  las metas del Plan Nacional de Desarrollo y cubrir los principales programas sociales para beneficiar a los más vulnerables, entre ellos: $1,2 billones para atender 5,6 millones de raciones del plan de alimentación escolar; $1,69 billones para beneficiar a 1,5 millones de adultos mayores; $1,8 billones para beneficiar a 2,4 millones de familias y 320.000 jóvenes con el programa familias en acción, y $1.6 billones para financiar programas de acceso a la educación superior como Generación E con sus 80.000 becas año y cumplirle a los 30.000  jóvenes de Ser Pilo Paga

En esa misma línea debo rescatar que, durante el trámite en el Congreso, los gastos de funcionamiento y del servicio de la deuda se lograron reducir para que cerca de $7 billones se incluyeran en el presupuesto de inversión, lo cual permite que los recursos para las regiones aumenten en cerca de 18% frente al año anterior.

Esperamos que en los próximos días el Congreso reciba el proyecto de la Ley de Financiamiento y que pueda surtir su trámite en el tiempo estipulado. Esta Ley es fundamental para nuestra economía, no solo para cumplir la meta de crecer por encima del 4%, sino porque permitirá la formalización empresarial y generación de empleo, reducir la inequidad tributaria y la evasión, aumentar el recaudo y la inversión social y regional, y se cumplan los compromisos de campaña del presidente Duque y las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Nuestras historias

El suicidio no es un juego

El amor y el respeto por la vida es algo que debe inculcarse desde que los seres humanos nacemos. Ese regalo maravilloso de Dios para nosotros es algo que debemos atesorar y cuidar, no atacar ni transgredir.

Es estremecedor observar el grado de vulnerabilidad en el que están nuestros niños y jóvenes frente a la práctica del suicidio, una mal tildada “escapatoria” a los problemas o dificultades, situación propia de los seres humanos, pero mal manejada por algunos.

La tendencia a quitarse la vida parece ir en aumento, situación que preocupa aún más si se tiene en cuenta que parecen no existir programas suficientes ni estructurados de prevención, y tampoco compromiso de las autoridades de salud para mitigar esta grave problemática.

Las alertas están encendidas y así lo demuestran las cifras. Entre enero y agosto de 2019 el país registró 1.669 casos de suicidio, de los cuales, 185 fueron menores de edad.  El rango de edad que más casos registró fue el de 15 a 17 años con 111 hechos, y de 10 a 14 años 71 suicidios.

Los departamentos que mayor número de suicidios registraron en este periodo de tiempo, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fueron Antioquia con 289 y Valle del Cauca con 140, y Bogotá con 246. En todos los hechos, las causas que determinaron la conducta suicida estuvieron ligadas a enfermedad física o metal, conflicto con la pareja, desamor, depresión y dificultades económicas.

Pero vamos más allá. Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), el mundo registra cerca de tres mil suicidios diarios, lo que equivale a uno cada 30 segundos; lo que ha convertido este problema en la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y 34 años.

Situaciones como la registrada en el mes de marzo en el Instituto Técnico Superior de Pereira, en la que dos estudiantes, menores de edad y del mismo grado se suicidaron en menos de 48 horas, o la ocurrida con el estudiante de ingeniería de sistemas que se quitó la vida en la Universidad Javeriana el pasado 19 de septiembre, nos cuestionan sobre nuestra responsabilidad como sociedad en este asunto.

Lo anterior demuestra que hablar de suicidio no puede seguir siendo un secreto a voces, es un problema de salud pública serio que debe ser abordado por las autoridades y por todos los sectores de la sociedad para generar impacto y prevenirlo.

Todo este proceso debe ser acompañado del ingrediente más importante, el de la familia, quien juega un rol clave en la prevención de la conducta suicida. Fortalecer los valores, aumentar el afecto y cuidado, evitar la agresión física y verbal que pisotee la autoestima, y mayor cercanía con Dios, con la vida espiritual, son elementos también muy importantes para combatir este flagelo.

Mi invitación a las directivas de colegios e instituciones de educación superior, a las asociaciones de padres de familia, a las secretarias y ministerios de educación y salud es a que intensifiquen campañas que eleven la autoestima de niños y jóvenes, que abran espacios de diálogo sobre el tema y faciliten su acompañamiento. Pertenecer a grupos de cultura, deporte, servicio a la comunidad, religiosos, entre otros, ayudan a generar sentido de pertenencia y motivación a nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

No seamos indiferente frente al suicidio de nuestros jóvenes.

Nuestras historias

Más Seguridad para el Debate electoral

El riesgo de cara a las elecciones regionales de octubre es alto para muchos candidatos de diferentes partidos políticos.

Pareciera que el debate electoral del próximo mes de octubre se hubiera convertido para algunos aspirantes y regiones en un escenario de violencia y miedo, pese a las medidas de protección del gobierno y el compromiso de asegurar la vida de los candidatos y el ejercicio libre de campaña. Pero la criminalidad de las disidencias de las Farc, el Eln, y los otros clanes asociados al narcotráfico, microtráfico y minería ilegal, quieren enturbiar el ambiente electoral, intimidar y sacar de la contienda a aquellos que levantan su voz para rechazar sus actuaciones.

Uno de los casos reciente y doloroso es el de Karina García, candidata liberal a la alcaldía del municipio de Suárez, Cauca. Ella, su madre y cuatro integrantes de su equipo de campaña, fueron emboscados y vilmente asesinados en una vía rural, luego de un evento político.

La masacre fue atribuida a alias ‘Mayimbú’, el temido jefe de las disidencias del sexto frente de las Farc que opera en el departamento del Cauca, objetivo de alto valor militar por el que el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de $100 millones.

A estos hechos se suma el asesinato del aspirante del Centro Democrático al concejo de Versalles en el Valle del Cauca, Alonso Álvarez, y el secuestro de Tulio Mosquera, candidato a la alcaldía del municipio de Alto Baudó, Chocó.

El ataque más reciente fue el atentado con granadas de fragmentación contra la vivienda de Betsaida Montejo, candidata a la alcaldía de San Calixto, Norte de Santander

Estas acciones intimidatorias y violentas solo demuestran el afán que tienen los criminales, narcotraficantes y terroristas, para acallar las exigencias de la ciudadanía, representadas en cada uno de los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular.

Pero estos reprochables hechos no son los únicos que preocupan en el desarrollo de esta contienda electoral. De acuerdo con el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 27 de julio y el 2 de septiembre pasado, el país registró 24 hechos violentos en contra de candidatos políticos, es decir un ataque o agresión cada día y medio.

Los partidos políticos que revisten mayor grado de amenaza son el partido Liberal, el partido de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, y el Centro Democrático; y los departamentos con mayores riesgos para realizar el libre ejercicio democrático son Antioquia, Chocó, Bolívar y Sucre.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el riesgo electoral está presente en 402 de los 1.122 municipios del país.

La seguridad de los candidatos y regiones la están liderando las Fuerzas Militares y de Policía; quienes, al ser los encargados de garantizar el libre desplazamiento de los candidatos, deben fortalecer la inteligencia y la cooperación ciudadana. Además deben trabajar con los partidos y movimientos políticos para que haya también una mayor conciencia de autoprotección.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha recibido 400 solicitudes de medidas de protección para salvaguardar la vida de candidatos políticos a nivel nacional; y a la fecha 76 cuentan con un esquema asignado.

Confío en que la zozobra y la intimidación que criminales y narcoterroristas quieren imprimir al proceso democrático será frenada por la entrega, despliegue y firmeza de nuestros valerosos hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía.

Para no dar cabida a los violentos, el ejercicio electoral debe continuar de la mano del seguimiento permanente en los comités departamentales de seguridad, y de los de mecanismos expeditos para reportar amenazas y valorar el riesgo de los candidatos y las regiones, esto contribuirá a proteger la democracia.

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Una oportunidad al fracking

Colombia tiene una oportunidad única de ser autosuficiente en materia energética aumentando los niveles de reserva a través de la técnica de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, es decir fracking. 

El petróleo, esa materia prima que se esconde celosamente bajo la tierra no puede perderse por la resistencia de algunos a explorar alternativas que permitan su extracción, proceso clave para el sostenimiento de la economía y el fortalecimiento de las regiones. 

Fue muy importante que el Consejo de Estado modulara su mensaje aclarando que la suspensión de las normas que regulan el fracking  no impedía el inicio de proyectos piloto, eso sí bajo un estricto seguimiento y monitoreo ambiental, que permita evaluar esta técnica de exploración.  

Según el Ministerio de Minas y Energía, por primera vez en más de dos décadas, Colombia tiene reservas de gas inferiores a 10 años. Adicionalmente, el incremento de la demanda en 2018 fue de cerca del 5%, lo que genera varias preocupaciones, entre ellas la pérdida de autosuficiencia, la importación de gas para consumo residencial y comercial que supone un incremento de 5 o hasta 6 dólares por millón de BTUs a entre $9 o 10 dólares, más el incremento en el costo de la energía eléctrica con generación térmica.  

La exploración de yacimientos no convencionales es  una oportunidad que no puede ser ignorada. Con el fracking las reservas de petróleo y gas podrían triplicarse y volver a Colombia autosuficiente en materia energética, algo que urge si tenemos en cuenta que las provisiones de petróleo solo ascienden a 1.956 millones de barriles y con el ritmo actual de producción, solo alcanzaría para los próximos 6,2 años. 

Revisemos las cifras. Las exportaciones de crudo y sus derivados han representado entre el 34% y el 40,9% de las exportaciones totales del país en los últimos años. La producción minero energética genera recursos de regalías de $24 billones para el bienio 2019-2020, de los cuales $15 billones los aporta el sector de hidrocarburos.  

Las reservas potenciales de crudo se estiman entre 2.500 y 7.500 millones de barriles, y en gas podrían ser entre 10 –20 Tera pies cúbicos. Esto equivaldría a un aumento de entre 8 y 23 años de las provisiones de crudo, y de por lo menos 35 años para el caso del gas.  

Un claro ejemplo de la importancia de desarrollar yacimientos no convencionales está en la región del Magdalena Medio, donde la explotación podría aportar US$ 34.300 millones al PIB, cifra que equivale a aproximadamente el 10% del PIB de 2017. De desarrollar esta técnica, se estima que podrían generarse 35 mil nuevos empleos.  

No podemos caer en el falso dilema de escoger entre explotar hidrocarburos o defender el agua. No hay duda de que hay que proteger las cuencas, ríos, paramos, y racionalizar el uso del agua. Pero hoy hay claros ejemplos de países como Canadá, donde se hace desarrollo de yacimientos no convencionales con los más altos estándares ambientales. Y el país debe exigir igual rigurosidad de manejo ambiental en todos los proyectos. Pero no podemos perder esta oportunidad de hacer pilotos y evaluar los resultados. No cerremos la ventana de nuevas oportunidades para el país y las regiones de sembrar bien los réditos de los hidrocarburos. 

Decidir usar el fracking no puede ser ninguna arenga política ni una decisión jurídica; debe ser ante todo el resultado de una evaluación técnica que le permita al gobierno tomar las mejores decisiones considerando temas ambientales, de autosuficiencia energética, ingresos fiscales y desarrollo regional.

Respaldo la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de realizar unos pilotos exploratorios del fracking, así como lo han hecho 22 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina.

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Libertad y Orden, el equilibrio

En nuestro Estado de Derecho es legítimo y permitido no estar de acuerdo con decisiones o manejos de las instituciones públicas, querer llamar la atención de las autoridades, y por supuesto buscar la forma de manifestarlo. Lo que está mal y sí es condenable es que algunos conviertan la protesta en un arma para intimidar, generar pánico y alterar el orden público, sin dimensionar las consecuencias de estas actuaciones irresponsables.

Nuestro país no ha sido ajeno a todo tipo de manifestaciones, desde las más tranquilas y pacíficas, hasta las más desordenadas y violentas; tanto que en algunos casos no solo se ha visto atacada la infraestructura de las instituciones sino la integridad física de los ciudadanos.

Prueba de lo anterior fueron las jornadas violentas que azotaron esta semana a la capital colombiana. La primera protagonizada por un grupo de transportadores que protestó en contra de la norma que suspende la licencia de conducción a quienes sean reincidentes en la comisión de infracciones de tránsito. En vez de haberse debatido las implicaciones de la ley con el Gobierno y el Congreso, en su momento, sorprende que se convoque a una manifestación, y que la persona que la convoca tenga su licencia de conducir vencida y cuatro multas vigentes que superan los 7 millones de pesos. Pero lo más curioso y preocupante es que en el país se protesté por hacer cumplir la ley.

A la afectación de la movilidad ciudadana por la falta de transporte, el bloqueo de vías y los ataques vandálicos a vehículos, se sumaron las protestas protagonizadas, durante cuatro días, por los estudiantes de las universidades Distrital y Pedagógica por la presunta corrupción en sus instituciones. Aplaudo por supuesto que no se tolere y se denuncie la corrupción en las instituciones educativas, ya que ellas deben ser ejemplo no sólo de calidad académica sino se referente ético y de pulcritud en el manejo de los recursos.

Pero es necesario mantener el equilibrio entre la libertad para protestar y el orden para hacerlo. Pero las cifras preocupan. En una semana el balance fue de 10 personas heridas, una de ellas de gravedad, 151 buses vandalizados, 55 con vidrios rotos y 40 con llantas pinchadas, un cajero destruido con explosivos, locales comerciales y edificaciones con daños en vidrios y puertas (aún por cuantificar), y la destrucción parcial del primer piso de las instalaciones del Icetex. Este último además fue saqueado por encapuchados.

Las imágenes del caos propiciado por algunos estudiantes son impactantes y en algunos casos difíciles de asimilar. Jóvenes armados con hachas, palos, piedras y explosivos improvisados atacando a la Policía y a las unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que intentaban repeler los ataques y agresiones en contra de los bienes públicos y de los ciudadanos.

No existe justificación para sabotear la normalidad y tranquilidad de toda una ciudad, ni para acabar con la infraestructura que con los impuestos de todos se ha construido para prestar un buen servicio. A los vándalos hay que judicializarlos y sancionarlos.

Defiendo el legítimo derecho a la protesta, el mismo que está consagrado en el artículo 37 de la Constitución, pero rechazo y condeno las vías de hecho para evadir la ley, en el caso de algunos transportadores, y para atentar contra la fuerza pública, los ciudadanos y las instituciones, como lo hicieron un puñado de estudiantes incitados por ideologías que promueven todas las formas de lucha para acabar con la democracia, el estado de derecho, por supuesto el orden.

Hago un llamado a los rectores de las universidades y a la comunidad educativa para abrir espacios de reflexión al interior de sus claustros sobre los temas que los inquietan, pero también para reafirmar los principios que rigen una sociedad civilizada, con derechos y deberes que cumplir. Con libertad y con orden.

Pido también al Gobierno del presidente Iván Duque no cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo con todos estos movimientos en las universidades que buscan instigar a la violencia, generar animadversión en contra de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, y generar sensación de desgobierno y de caos.

El país está cansado de verse afectado por estas protestas y preocupado de que los jóvenes pierdan su capacidad de reflexión y valoración del impacto de sus actuaciones.

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En defensa de Uribe

Todo ciudadano tiene el derecho a la presunción de inocencia y a que sus jueces sean objetivos en sus decisiones, apegados a la Ley y no sesgados por afectos políticos. Todo ciudadano además tiene el derecho por Constitución y por ley a que se le escuche en versión libre, se le valoren las pruebas, y por supuesto se mantenga la reserva del proceso. Sin embargo, lo anterior parece no aplicar para Álvaro Uribe Vélez.

Un montaje construido sobre mentiras llevó a que el expresidente Uribe sea llamado a indagatoria para rendir cuentas de hechos sustentados por testigos falsos comprados por sus enemigos.

Sí, se valieron de artimañas para construir un entramado de mentiras con el único objetivo de manchar su imagen y alejarlo de lo que hace mejor que nadie, la política decente, cercana al ciudadano, escuchando y craneando soluciones a muchas preocupaciones de los colombianos.

Álvaro Uribe Vélez no le huye al debate, ni a la crítica, ni a que se le investigue, pero como cualquier otro ciudadano si exige se le respete su legítimo derecho de defender su honra, sus actuaciones y de defenderse de los montajes de sus enemigos. Tiene que desenmascarar las infamias en su contra, las mismas que defenderá desde la libertad o desde la cárcel, como él afirmó.

Más de 21.000 interceptaciones ilegales hechas a su teléfono celular, (sin una sola palabra que pueda comprometerlo en alguna actividad ilegal), oferta de beneficios a presos para que lo inculpen de hechos no cometidos y una repentina llamada a indagatoria 20 días antes de las elecciones regionales son algunas de las irregularidades de su proceso.

No siendo suficiente lo anterior, la información del proceso ha sido filtrada a los periodistas que están en contra del Uribismo, muchas veces tergiversada y en otros mal contada, con el único fin de afectar su imagen.

Es triste ver como el hombre que ha dedicado su vida a servirle a la Patria es juzgado por testimonios de delincuentes manipulados por sus malquerientes.

Un  presidente que recuperó la esperanza de los colombianos reduciendo el secuestro, las tomas guerrilleras, los atentados terroristas y combatiendo a guerrillas y paramilitares; que generó confianza para que volviera la inversión nacional y extranjera; que tocó el corazón de los más vulnerables con sus programas sociales; que logró que Colombia pasara de ser un estado fallido a uno con crecimiento económico y gobernabilidad, y que cambió la manera de hacer política mediante su permanente presencia en el territorio, como bien él dice, que estará donde le duela una muela a un colombiano; y con los consejos comunitarios que lideró su gobierno esté hoy investigado por los hechos que denunció en su contra. Si bien durante su gobierno hubo algunos errores y faltantes, lo que nunca hubo fue falta de amor y trabajo por la Patria.

A quienes me preguntan por Álvaro Uribe Vélez, ese hombre probo, de mente brillante, frentero, argumentado, trabajador incansable y afectuoso con todos, que hoy está en la palestra pública injustamente, les reitero que creo en él, que lo defiendo porque en tantos años de trabajo por este país lo que he visto es servicio, entrega, principios y visión de futuro para Colombia.

Ya es el gran colombiano. Ya ha hecho historia y está dentro de los primeros y más importantes líderes nacionales y de América Latina. Difícilmente Colombia volverá a tener un presidente de esa altura. No lo dejemos solo en este momento que necesita las oraciones y apoyo de los que creemos en él y lo apreciamos.

Siempre hay una esperanza y es la que tenemos sus amigos y seguidores de que ese pilar fundamental de la democracia que es el sistema judicial actúe en derecho y libre de pasiones políticas en la toma de sus decisiones.

La verdad es la mejor arma para que brille la inocencia, y esperamos que la justicia no la calle.

Estaremos el ocho de octubre en el Parque Nacional de Bogotá, a las 11:00. am., para rechazar las infamias contra Uribe.

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Presupuesto 2020, fiscalmente responsable

Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara aprobamos el monto del presupuesto general de la Nación por $271,7 billones. Primer paso en el trámite legislativo para la aprobación de la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 2020. 

La aprobación del monto dio luz verde para la elaboración de la ponencia que será presentada para el primer debate, tiempo que servirá para hacer los ajustes a que haya lugar.  

El monto aprobado, 9% superior al apropiado en la vigencia actual, se financiará con recursos de la Nación en $254 billones, y recursos de los establecimientos públicos por $17,3 billones. Los cuales son posibles, entre otros, gracias a lo aprobado en la Ley de financiamiento de la implementación de la factura electrónica y el fortalecimiento de la DIAN, que permitirán mejorar el recaudo y disminuir la evasión tributaria.  

Prueba de lo anterior, es que para agosto de 2019 el recaudo de la DIAN fue de $105,6 billones, un 10,5% por encima frente al año 2018, cuando ingresaron $95,5 billones.  

Por el lado de los gastos, el PGN 2020 prioriza el gasto social. La distribución entre grandes rubros asegura los estipulado por ley para el Sistema General de Participaciones y pensiones. Se prevén $172 billones para funcionamiento, $40,3 para inversión y $59,2 para servicio de la deuda. Frente al gasto de funcionamiento se van a garantizar las mesadas pensionales de 2,2 millones de personas y además se cumplen los compromisos con el magisterio. En cuanto a la inversión los sectores con mayor aumento fueron educación ($3,9 billones), trabajo ($5,5 billones) e inclusión social ($9 billones). 

Debo agregar, que este presupuesto tiene un fuerte componente de austeridad. Por un lado, la adquisición de bienes y servicios pasa del 0,9% del PIB al 0,8% y por el otro, la nómina de la rama ejecutiva solo aumenta la inflación + 1,32% que fue lo acordado con los sindicatos. 

El Gobierno focaliza el presupuesto en programas como: Colombia Mayor, Jóvenes en acción, Programa de Alimentación Escolar (PAE) y subsidios para vivienda rural, que entre otras atiende los compromisos de campaña del Presidente Iván Duque. 

Se propone destinar $1,6 billones para beneficiar a 1,5 millones de adultos mayores; $1,23 billones para familias y jóvenes en acción; $1,2 billones para entregar 5,6 millones de raciones para el PAE y $609 mil millones para el programa Mi casa ya. 

No obstante, considero que programas como los subsidios para vivienda rural y mejoramiento de vías terciarias, fundamentales para el desarrollo del campo, requieren mayor presupuesto. Para el primero fueron aprobados $228 mil millones en 2019, pero para la próxima vigencia solo hay previstos $207 mil millones; mientras que, para el segundo, fueron avalados $522 mil millones en 2019, pero para 2020 solo habrá $180 mil millones. 

Finalmente, debo decir que este presupuesto se encuentra orientado a resultados, lo cual permitirá focalizar adecuadamente los recursos públicos y que además incluye una serie de trazadores presupuestales como el de la equidad para la mujer que facilitaran la identificación de las asignaciones presupuestales para tal fin.  

Espero que bajo un ambiente democrático y participativo podamos seguir adelante con el debate de la Ley, que logra materializar las prioridades del Gobierno, y que sigue demostrando su compromiso con optimizar el uso de recursos públicos para traducirlo en acciones que mejoren la calidad de vida de los colombianos. 

Nuestras historias

Más Seguridad para el Debate electoral

El riesgo de cara a las elecciones regionales de octubre es alto para muchos candidatos de diferentes partidos políticos.

Pareciera que el debate electoral del próximo mes de octubre se hubiera convertido para algunos aspirantes y regiones en un escenario de violencia y miedo, pese a las medidas de protección del gobierno y el compromiso de asegurar la vida de los candidatos y el ejercicio libre de campaña. Pero la criminalidad de las disidencias de las Farc, el Eln, y los otros clanes asociados al narcotráfico, microtráfico y minería ilegal, quieren enturbiar el ambiente electoral, intimidar y sacar de la contienda a aquellos que levantan su voz para rechazar sus actuaciones.

Uno de los casos reciente y doloroso es el de Karina García, candidata liberal a la alcaldía del municipio de Suárez, Cauca. Ella, su madre y cuatro integrantes de su equipo de campaña, fueron emboscados y vilmente asesinados en una vía rural, luego de un evento político.

La masacre fue atribuida a alias ‘Mayimbú’, el temido jefe de las disidencias del sexto frente de las Farc que opera en el departamento del Cauca, objetivo de alto valor militar por el que el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de $100 millones.

A estos hechos se suma el asesinato del aspirante del Centro Democrático al concejo de Versalles en el Valle del Cauca, Alonso Álvarez, y el secuestro de Tulio Mosquera, candidato a la alcaldía del municipio de Alto Baudó, Chocó.

El ataque más reciente fue el atentado con granadas de fragmentación contra la vivienda de Betsaida Montejo, candidata a la alcaldía de San Calixto, Norte de Santander

Estas acciones intimidatorias y violentas solo demuestran el afán que tienen los criminales, narcotraficantes y terroristas, para acallar las exigencias de la ciudadanía, representadas en cada uno de los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular.

Pero estos reprochables hechos no son los únicos que preocupan en el desarrollo de esta contienda electoral. De acuerdo con el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 27 de julio y el 2 de septiembre pasado, el país registró 24 hechos violentos en contra de candidatos políticos, es decir un ataque o agresión cada día y medio.

Los partidos políticos que revisten mayor grado de amenaza son el partido Liberal, el partido de la U, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, y el Centro Democrático; y los departamentos con mayores riesgos para realizar el libre ejercicio democrático son Antioquia, Chocó, Bolívar y Sucre.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el riesgo electoral está presente en 402 de los 1.122 municipios del país.

La seguridad de los candidatos y regiones la están liderando las Fuerzas Militares y de Policía; quienes, al ser los encargados de garantizar el libre desplazamiento de los candidatos, deben fortalecer la inteligencia y la cooperación ciudadana. Además deben trabajar con los partidos y movimientos políticos para que haya también una mayor conciencia de autoprotección.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha recibido 400 solicitudes de medidas de protección para salvaguardar la vida de candidatos políticos a nivel nacional; y a la fecha 76 cuentan con un esquema asignado.

Confío en que la zozobra y la intimidación que criminales y narcoterroristas quieren imprimir al proceso democrático será frenada por la entrega, despliegue y firmeza de nuestros valerosos hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía.

Para no dar cabida a los violentos, el ejercicio electoral debe continuar de la mano del seguimiento permanente en los comités departamentales de seguridad, y de los de mecanismos expeditos para reportar amenazas y valorar el riesgo de los candidatos y las regiones, esto contribuirá a proteger la democracia.

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El fenómeno de la delincuencia juvenil

El crecimiento de la delincuencia juvenil es alarmante. Muchos de las nuevas generaciones desde muy temprana edad son protagonistas, casi a diario, de los titulares de noticias criminales. 

Esta situación no solo es grave y preocupante, sino que devela la urgencia de una mayor responsabilidad de padres y familiares en el acompañamiento de los jóvenes, y por supuesto del Estado de impulsar más decididamente estrategias para que se involucren en actividades deportivas, culturales, de investigación y de tecnología, entre otras.  Pero frente a la realidad del aumento del número de jóvenes en actividades delictivas y la captura de muchos de ellos por redes delincuenciales, las autoridades deben endurecer el tratamiento y las sanciones para combatir la criminalidad juvenil y la reincidencia, las cuales son laxas, y se aprovechan para burlar la justicia. 

Me encontré con un caso preocupante de reincidencia criminal registrado en Bucaramanga. Un menor de edad fue enviado 10 veces a un reformatorio por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales. No contento con ello, desde que cumplió la mayoría de edad ha estado recluido otras cuatro veces en un centro penitenciario. Las redes criminales saben de la protección especial que tienen los menores de edad frente a la justicia, y se aprovechan de ello. 

Ahora veamos las cifras… 

Entre el primero de enero y el 28 de agosto de 2019 la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional detuvo a 9.659 menores de edad, de ellos 7.114 estaban entre los 16 y 17 años, y los 2.481 restantes, entre los 14 y 15 años. 

Los departamentos que registran mayor número de aprehensiones son Cundinamarca (2.238), Antioquia (1.870), Valle (918), Santander (669) y Atlántico (510). 

De los 9.659 detenidos, 2.273 fueron detenidos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 2.439 por hurto a personas; 738 por fabricación, porte y tráfico de armas; 711 por receptación, y 605 más por lesiones personales.  

Revisando los antecedentes se observa que en 2018, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) registró el ingreso de 9.156 menores de edad por la comisión de algún delito, de los cuales 7.960 fueron hombres y 1.197 mujeres. El rango de edad que predominó en este registro fue el de 17 años con 3.575 casos, seguido de 16 años (2.719), 15 años (1.690), y 14 años (872).

Pero más allá de las preocupantes y dolorosas cifras, urge implementar medidas que permitan castigar a quienes, en ocasiones, aprovechan su condición de menor de edad para atentar contra la sana convivencia, el respeto por la vida y por el orden público del país. 

En aras de contribuir con una legislación más exigente para combatir esta problemática, radiqué el proyecto de ley 67 de 2019 Cámara que busca habilitar a las autoridades para consultar los registros de antecedentes penales de los menores de edad que sean reincidentes, y endurecer las sanciones para quienes estén entre los 16 y 18 años de edad que incurran en conductas delictivas.

Contempla además que el adolescente entre los 16 y 18 años de edad que incumpla el compromiso de no volver a infringir la ley penal sean juzgados por la justicia ordinaria y privados de la libertad en establecimiento carcelario en recinto separado de los adultos. 

El cariño, respeto y buena atención de la familia, los programas de apoyo escolar, la seguridad y disposición de espacios públicos para actividades juveniles en el barrio, y la preocupación de las autoridades locales por oportunidades laborales para los jóvenes deben ser parte de una política integral para prevenir la delincuencia juvenil.

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La fortaleza técnica del DNP

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido una de las más fuertes herramientas del presidente Iván Duque para materializar sus compromisos de campaña.

El DNP, bajo la dirección de una mujer serena, inteligente y capaz como Gloria Alonso, ha superado las expectativas en poco tiempo, y, más aún, ha demostrado con resultados tangibles, y gracias a su fortaleza técnica y comprensión del país, por qué es el responsable no sólo de estructurar la hoja de ruta del cuatrienio sino liderar varias de las reformas del gobierno para avanzar en tener un país más equitativo, con justicia social.

Este primer año de Gobierno no fue fácil; sin embargo, el DNP puso a trabajar a todos los sectores del país y las regiones en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’. Plan que se enriqueció con los debates en el Congreso y que hoy está en marcha.

Esta hoja de ruta, para el cuatrenio 2018-2022, contempla entre otras metas, llegar a la tasa de desempleo más baja de los últimos 30 años, sacar de la pobreza extrema a 1,5 millones de personas, llegar a 7 millones de niños con alimentación escolar y 1,8 millones de jóvenes con jornada escolar completa. 

Otro logro para destacar del DNP fue desentrabar la ejecución de cerca de $8 billones de recursos de regalías y comenzar a ejecutar recursos del presupuesto bienal 2019-2020. El acelerador que le puso la entidad le permitió tramitar 2.737 proyectos para el desarrollo de las regiones por más de $9,1 billones, aprobados a julio de 2019.

Una de las más importantes apuestas lideradas por el DNP en coordinación con la Vicepresidencia y el Ministerio de Cultura es el Pacto Bicentenario, que contempla inversiones por $3,6 billones para obras de infraestructura y desarrollo turístico en Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Santander y Arauca.

En lo institucional, y para combatir la politiquería y corrupción de una de sus entidades adscritas, inició Planeación Nacional la transformación de Fonade en ENTerritorio, entidad que se focalizará en estructurar proyectos de alto impacto social, con una contratación transparente que garantice la ejecución eficiente de los recursos.

Uno de los grandes retos del país es la actualización de su catastro de acuerdo con la vocación productiva de los suelos y el ordenamiento del territorio. El DNP en articulación con Igac y el Dane diseñaron el alcance del catastro multipropósito. Hoy solo el 5,68% del área del país cuenta con un catastro actualizado, lo que equivale a 5,4 millones de predios en 88 municipios. La meta en 2022 es el 60% de actualización (650 municipios) y en 2025 el 100%.

Pero no puedo dejar de mencionar otra gran apuesta del gobierno Duque, liderada por el DNP y los ministerios de Hacienda y de Industria, Comercio y Turismo, que es la formalización empresarial, que incluye una agenda integral de 65 acciones e inversiones por cerca de $460 mil millones en los próximos 10 años. El objetivo es reducir los costos para que una empresa informal se formalice.

En la actualidad, pasar de ser informal a formal le cuesta a una microempresa cerca del 34% de su utilidad bruta, a una pequeña empresa el 35%, y a una mediana el 46%.

A los avances antes mencionados en este primer año, también  hay que resaltar: la reforma a las regalías para que más recursos lleguen a los departamentos productores; un nuevo modelo de focalizar y hacer más eficientes los subsidios; la revisión al Sistema General de Participación; el fortalecimiento del proceso de descentralización, entre otros.

Queda claro que Planeación Nacional volvió a ser el brazo técnico del Gobierno y el líder para priorizar la inversión pública. Las apuestas de mediano y largo plazo para reducir las brechas socioeconómicas, las disparidades territoriales y contribuir a la modernización y crecimiento económico continúa siendo su norte.

Construir el futuro del país para que beneficie a todos los colombianos, en especial a los más vulnerables exige contar con entidades con fortaleza técnica, sin manejo politiquero, capaz de sumar los esfuerzos sectoriales y regionales, públicos y privados.

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Braille, lectoescritura de inclusión

Desde que inicié mi camino en la política tuve claro que una de las apuestas más importantes sería impulsar iniciativas que generaran inclusión social y equidad, bases primordiales para la construcción de un mejor país. 

Fue así como luego de recibir una caja de té que un amigo me trajo de Europa, y que tenía escrito el nombre del producto en sistema Braille, pensé en tantos colombianos con discapacidad visual que sin la ayuda de un lazarillo no saben qué están comprando o consumiendo. Por ello estructuré, con el apoyo del Instituto Nacional para Ciegos –INCI-, un proyecto de ley que beneficiara a la población con discapacidad visual.

Según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud, a junio de 2018, 1.404.108 colombianos declararon discapacidad visual; el 50% de ellas mayores de 50 años. 

La concentración más alta de esta población está ubicada en Bogotá (285.392), seguida de Antioquia (177.992), Valle del Cauca (124.541) y Santander (81.879). 

El proyecto de ley, de mi autoría, que esta semana surtió trámite en la plenaria del Senado de la República, y que inició su tránsito a la Cámara de Representantes, busca implementar el sistema braille en empaques de productos alimenticios, médicos, servicios turísticos, y en sitios de carácter público. 

También contempla que haya textos y guías escolares definidos por el Ministerio de Educación impresos en braille, de acuerdo con el número de estudiantes con discapacidad visual.

El articulado incluye también la declaración del cuatro de enero como Día Nacional del Braille, siendo los Ministerios de Cultura e Industria y Comercio, los encargados de realizar las actividades necesarias para exaltar no solo la fecha, sino a la población con discapacidad visual.

El braille es un método de lectura y escritura táctil que elimina barreras y que permite a la persona invidente no solo comunicarse en un idioma especial, sino obtener información básica como la descripción de un medicamento o de un alimento.

Es importante entender que esta herramienta es algo más que una forma de comunicación. Es acceder al mundo con la punta de los dedos para guiarse, aprender, comunicar y obtener cualquier información que requiera.

Puedo atreverme a asegurar que la vida de quien usa este lenguaje, que mezcla el tacto con las letras en relieve, tendrá sin duda un mayor grado de autonomía y una conexión especial con el mundo que lo rodea.

De surtir todo el trámite legislativo, esta ley marcará la pauta para que empresas y entidades públicas se concienticen que existe una Colombia invidente o con baja visión, a la que también hay que mirar.

Como dijo el hombre que hizo leer a quienes no podían ver, Louis Braille: “No necesitamos lástima, del mismo modo que no necesitamos que nos recuerden que somos vulnerables. Debemos ser tratados como iguales, y la comunicación es la que puede traernos esto”.

 

Nuestras historias

Un año de retos y desafíos

Han pasado 365 días desde que Iván Duque se convirtió en el nuevo huésped de la Casa de Nariño. 

Su primer año de Gobierno no ha sido fácil. La herencia que recibió le ha dificultado el camino, pero no ha sido impedimento para que hoy presente al país un paquete de buenos resultados que está beneficiando a los sectores más vulnerables, y que ha contribuido notablemente a la recuperación de la esperanza y la confianza en el país. 

Nuestro presidente es un hombre de convicciones firmes, preocupado por materializar sus compromisos de campaña y plan de gobierno. Es un hombre sereno, inteligente, sensible a las dolencias de los colombianos y creativo para buscar soluciones a los problemas. Cualidades fundamentales para rescatar a Colombia de problemáticas tan graves como la corrupción, la ilegalidad, el narcotráfico, el lento crecimiento de la economía, la inequidad, entre otras, heredadas del pasado. 

El aire de la era Duque es de cambio y esperanza, y los resultados de su primer año de gestión son la mejor carta de presentación para decirle a los colombianos que hoy, 365 días después de convertirse en presidente, está cumpliendo. 

Aprovecho este espacio para resaltar algunos de los más importantes resultados que ha tenido el gobierno del presidente Duque en este primer año.

16 leyes de iniciativa gubernamental fueron aprobadas en el Congreso. Una de las más importantes es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-22 (PND) cuyo propósito es construir un país más equitativo, emprendedor y con cultura de legalidad. Reforma a las regalías, ley de TIC, ley de Financiamiento, Presupuesto General de la Nación 2019, Ley del Veterano, la no conexidad del narcotráfico y secuestro con el delito político, fueron algunas de ellas.

En materia laboral destaco el histórico aumento del salario mínimo para 2019, el más alto en 25 años, que fue concertado y no por decreto. Igualmente resalto el incremento en 10% del subsidio que reciben los beneficiarios del programa ‘Colombia Mayor’ y el pago mensual del mismo, beneficiando a 1,54 millones de adultos mayores pobres en todo el país. 

Una de las quejas permanente ha sido la falta de pago a los trabajadores de la salud y a los hospitales y clínicas. El Gobierno lideró el Acuerdo de Punto Final para sanear las finanzas del sector salud, y pagar las deudas que existen entre los agentes, iniciando el pago por más de medio billón de pesos de las deudas de Caprecom hasta llegar a algo más de 7 billones de pesos en estos años. Además cerca de $300 mil millones destinados para el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales públicos. 

El sector educación ha tenido avances importantes. En acceso a la educación superior 47.000 jóvenes de 82.000 previstos en 2019 se han beneficiado para estudiar de manera gratuita en universidades públicas. Adicionalmente, hay que celebrar el acuerdo para aumentar en más de $4,5 billones los recursos para las universidades públicas durante el cuatrienio. 

La alimentación de nuestros niños es una prioridad para el gobierno del presidente Duque; razón por la cual se aumentó en 45% los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para 2019, lo que permite llegar a 5,6 millones de niños atendidos los 180 días del año escolar. 

En materia de regalías encontró cerca de $8 billones sin ejecutar y ha logrado desembolsar más de $5,6 billones para proyectos que impulsen el desarrollo económico y social de las regiones. 

La solución de la provisión del servicio de energía con calidad para el Caribe colombiano ha sido una prioridad del gobierno. Comprometió $800 mil millones para inversión en este año de transición mientras se selecciona el nuevo operador para cada una de las dos regiones en que se subdividió la prestación del servicio, lo que permitirá asegurar inversiones por cerca de $8 billones en los próximos 10 años.

La reactivación de los denominados proyectos  de infraestructura 4G también está en marcha con 21 de los 29 proyectos en funcionamiento, y cuatro nuevos cierres financieros. Al término de 2019 se espera llegar a siete. 

Un flagelo que golpea a la niñez y juventud, y por tanto a los hogares colombianos, es el consumo y adicción a las drogas sicoactivas y el crecimiento del microtráfico. El Presidente Duque con firmeza expidió el decreto para liberar de este flagelo aquellos espacios donde los niños se educan y recrean. Fueron recuperados 59.715 entornos educativos y 46.676 parques. Esta debe ser una tarea permanente para proteger a niños y adolescentes.

No puedo dejar de hablar de lo que ha sido este año de Gobierno sin resaltar el tema de la seguridad, un punto clave para el presidente Duque, y en el cual han trabajado sin descanso nuestras Fuerzas Militares y de Policía. 

Por primera vez, en siete años, Colombia logró frenar el crecimiento de cultivos ilícitos y estabilizarlos en 208 mil hectáreas; muchas aún y hay que erradicarlas pero es un paso más en el compromiso de acabar la coca que tanto daño hace al ambiente, la economía, la seguridad y por supuesto a las instituciones. A ello se suma que las autoridades incautaron 332 toneladas de cocaína pura y 303 toneladas de marihuana. 

Se redujeron en 4% los homicidios, y se le ha asestado duros golpes al crimen organizado como la muerte de alias Guacho. El hurto a personas y residencias que ha crecido es el lunar de la gestión y exige un esfuerzo especial, sobretodo en áreas urbanas.

Son muchos los avances que ha tenido el gobierno Duque en un año; pero por supuesto no son suficientes para responder a las expectativas y necesidades de tantos colombianos, sectores y regiones. Confianza y esperanza en el presidente Duque y su equipo para seguir construyendo un buen rumbo para el país.

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Cero beneficios para el violador

María del Rosario Guerra

@charoguerra

La crueldad y maldad en contra de nuestros niños parece no tener fin. Los relatos de la prensa sobre los hechos acontecidos en el último mes son escabrosos, por lo que además de producir un inminente rechazo, nos llevan como colombianos a exigir contundencia en la captura y sanción social.

Tres niñas, todas menores de 14 años de edad, fueron objeto de la barbarie y la sevicia de sus victimarios, siendo sometidas a todo tipo de vejámenes sexuales y torturas que terminaron llevándolas a la muerte.

En cada uno de estos execrables casos, ocurridos en Guaviare, Nariño y Meta, respetivamente, existió un común denominador: el ataque sexual. Sí, Zharik Buitrago, Karen García y Ángeles Daniela Parra padecieron la frialdad de sus verdugos sin tener oportunidad de defenderse.

¡Colombia no puede seguir permitiendo estas horribles manifestaciones de maldad!…

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec-, el delito sexual con menor de 14 años es una de las conductas por la que hay más personas purgando condenas en las cárceles del país. 

Según la entidad, con corte al pasado mes de mayo, la cifra llegó a 8.042 reclusos; mientras que el delito de acceso carnal, también con menor de 14 años, registra un total de 6.600 presos.

Las cifras son alarmantes. Entre enero y mayo de 2019, el Instituto de Medicina Legal ha practicado 9.242 exámenes médico legales a menores de edad por presunto delito sexual, 7.856 de ellos en niñas, y otros 1.386 en niños.

El panorama en materia de homicidios no es menos preocupante. En el mismo periodo la cifra de menores de edad asesinados fue de 288, de los cuales 61 fueron niñas y 64 niños. En este punto la edad que predomina es de 15 a 17 años con 231 muertes, seguido de 10 a 14 años con 33 muertes.

Estas evidencias demuestran que los ataques contra los niños se han multiplicado, y peor aún, cada vez son más crueles. Esto me llevó a presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República que termina de eliminar todos los beneficios y subrogados penales para los violadores. Ejemplo de ello es la libertad condicional, que actualmente, y en virtud del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia, sólo se encuentra excluido cuando las víctimas son menores de edad y no cuando se trata de personas adultas. Este es el proyecto de ley 29 de 2019 Senado.

La iniciativa también contempla que los violadores, no solo de niños sino de cualquier persona, no puedan acceder a redenciones por trabajo, estudio y enseñanza de ninguna índole durante el cumplimiento de la pena que debe ser en centro carcelario.

Si bien endurecer las penas y eliminar los beneficios para los perpetradores del abuso sexual a niños y mujeres no es garantía de que el problema se resuelva, sí asegura justicia para las víctimas de este infame delito. Aquí no podemos ser condescendientes con los que maltratan y abusan de nuestros niños y mujeres.

Solo de esa manera podremos garantizar el derecho que tienen los más pequeños a la vida, a la integridad física, a vivir seguros, a tener buen trato y afecto, y a disfrutar de una familia sin riesgo para su vida.

El artículo 44 de la Constitución es claro al establecer que los derechos de los niños priman por encima de los demás como consecuencia del especial grado de protección que requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión:

“Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

Pero ni lo anterior, ni lo previsto en el Código de Infancia y Adolescencia, ni lo contenido en los derechos de los niños a nivel internacional es respetado.

Para los niños, cariño, respeto y cuidado.

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La corrupción tiene ‘en jaque’ al país

No podemos aceptar la corrupción venga de donde venga, sea de familiares o copartidarios políticos. Hay que rechazarla y combatirla, y ese ha sido mi férreo compromiso desde que inicié este camino en la vida pública.

Siempre he pensado que el corrupto no puede pavonearse en la calle como si no hubiese cometido una conducta ilegal. Por esa razón, en el año 2017, cuando fui precandidata presidencial por el partido Centro Democrático propuse crear el ‘muro de la corrupción’ para todos aquellos condenados por este delito. 

Esa iniciativa, entre otras cosas, buscaba la sanción social para quienes abusaron del poder otorgado, cayendo en la deshonestidad y haciéndole un gran daño al país y a la institucionalidad. 

Duele profundamente ver a familiares involucrados en hechos de corrupción; entre otras cosas porque no es lo que uno como ciudadano quisiera; por el contrario, se espera que en el ejercicio de lo público haya transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos del Estado para que estos lleguen a las comunidades. 

En pro de garantizar y exigir compromiso con el manejo honesto en la administración pública, y para que la Fiscalía General de la Nación actuara, denuncié en su momento algunas irregularidades por presuntos malos manejos, e incluso solicité la renuncia del exgobernador de Sucre, mi tío; con quien nunca he hecho política. Son situaciones vergonzosasy reprochables.  

La lucha indeclinable contra la corrupción para recuperar la dignidad de la política y el buen manejo de los recursos públicos exige independencia y firmeza para tomar decisiones. Como decía el exprimer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, “si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. 

Según una encuesta efectuada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, por primera vez en la historia, la corrupción con 19% superó a la violencia con  16.2% como la mayor preocupación de los colombianos. 

Entre tanto, el último informe del Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia publicado el siete de mayo de 2019, indica que entre los años 2016 a 2018 la prensa registró 327 hechos de corrupción, los cuales tuvieron mayor injerencia en los departamentos de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. 

En el año 2010, Colombia ocupaba el puesto número 78 en el ranking mundial de corrupción gubernamental. Para 2018, el país pasó a ocupar el vergonzoso escaño 99. Se habían trepado los índices de corrupción.

Esto muestra que generalmente donde están los recursos económicos, están los intereses de la ilegalidad, y que la debilidad de la justicia por la alta tasa de impunidad, demora para investigar y fallar, y la corrupción a su interior permite que la corrupción siga viva.

Casos rampantes como el de Odebrecht, Reficar, el robo en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), los despilfarros en los sistemas de salud y pensiones; son algunos de los graves ejemplos que en los últimos años le ha costado a Colombia casi un $1 billón por semana, es decir unos $50 billones al año, según la Contraloría General de la Nación. 

Lo anterior demuestra que la corrupción es un cáncer que no puede aceptarse no importa su origen ni quién la realiza. Necesitamos con urgencia que quienes actúan por fuera de la Constitución y la ley estén en cárceles y no en sus casas, y que se les quite hasta el último peso que robaron a los colombianos.

Lamentablemente el proyecto de ley 119 de 2018 Senado, de mi autoría, que radiqué con el expresidente Álvaro Uribe y que contemplaba la sanción social a los corruptos con un ´muro de la corrupción´, y la eliminación de beneficios como la casa por cárcel, entre otras; no se debatió en la Comisión Primera de Senado. 

Pero nuevamente lo voy a presentar en esta legislatura para crear beneficios económicos a quienes denuncien delitos contra la administración pública; eliminar los beneficios penales para los corruptos y promover la sanción social a través de inhabilidades para ejercer labores de docencia o de cualquier otra índole académica durante el tiempo de la pena; entre otras propuestas. 

El mensaje no puede seguir siendo: ‘ser corrupto paga’. Por eso, se necesita justicia y firmeza para denunciar y capturar a implicados, y un gran esfuerzo pedagógico para promover la ética, la moral y las buenas costumbres en la administración pública. Urge recuperar la confianza en las instituciones, incentivar a los ciudadanos a denunciar y efectuar una sanción social ejemplarizante que sirva para erradicar de una vez por todas con esta epidemia, la corrupción. 

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El derecho a la objeción de conciencia

Las creencias religiosas, ideologías políticas y culturas son propias de cada ser humano y hacen parte de su intimidad y su esencia.

Por ende, existe la potestad para que toda persona se oponga, en determinado momento, a un deber jurídico si su cumplimiento entra en conflicto con sus más íntimas convicciones y creencias. 

La objeción de conciencia es un derecho que causa tensión entre la responsabilidad pública y las convicciones de los ciudadanos, pero urge una regulación para evitar casos en los que, por desconocimiento, muchos colombianos se han visto obligados a realizar procedimientos que van en contra de sus profundas creencias y convicciones; tales como la unión de parejas del mismo sexo, la práctica del aborto o de la eutanasia. 

Toda persona es libre de decidir cómo actuar, y de hacerlo conforme a su conciencia, a su moral, a sus principios políticos y valores religiosos, sin que ello derive en sanciones sociales o disciplinarias de ninguna índole. 

Lo anterior soportado en el artículo 18 de la Constitución que prevé la libertad de conciencia como una garantía y un derecho constitucional fundamental, derivado de la libertad en general, y de la autonomía de los ciudadanos. 

Para garantizar a los colombianos el derecho fundamental de invocar objeción de conciencia, en aquellos aspectos que hoy no lo pueden ejercer, radiqué en la Secretaría del Senado de la República un proyecto de ley que busca que todas las personas sin importar su condición de particulares o servidores públicos puedan invocarlo. 

Igualmente la posibilidad que las personas naturales puedan objetar conciencia a través de las personas jurídicas que hayan conformado o de las que sean representantes en los casos en que el cumplimiento del deber jurídico determinado resulte contrario a los valores de la institución, debidamente reconocidos en sus estatutos, objeto o razón social, normas internas, o lo que haga sus veces

Contempla también el proyecto de ley disposiciones especiales para su procedencia en el área de la salud; cumplimiento de obligaciones civiles, legales y laborales; actividades de investigación científica; en el ámbito educativo; en el ejercicio de lo público; y en los servicios de notariado y registro. 

Propongo en el proyecto que este trámite no tenga ningún costo y que ni las entidades públicas ni privadas puedan tener listas con los objetores de conciencia, información que podría condicionar las vinculaciones laborales por alegar este derecho. 

Siempre he abogado por mi derecho y el de todos los ciudadanos a la libertad de culto, a vivir la religión que profesan, a actuar conforme a sus principios éticos y morales, y a objetar en conciencia. Se y entiendo que estos principios no son compartidos ni aceptados por algunos, posición que si bien respeto, no me impide a mí ni a tantos otros colombianos defender. 

El Estado tiene la responsabilidad y el deber de garantizar que cuando haya objeción de conciencia, ese servicio lo pueda prestar otra persona, de tal manera que no haya desprotección de ningún derecho fundamental. 

Ampliar el derecho a invocar la objeción de conciencia en temas de salud, civil y educativo es el objetivo. 

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Zonas Francas, una apuesta en materia productiva

Tuve la grata oportunidad de conocer parte de los cerca de 500 mil metros cuadrados que componen la Zona Franca de Tocancipá, una de las más competitivas en América Latina. 

Pude apreciar el gran potencial para atraer inversión, crear empleo y desarrollo que tienen cada una de las empresas (66% pequeñas y medianas) asentadas en esta zona franca, la cual genera actualmente 2.800 empleos; de los cuales el 55% son personas locales, y el otro 45% provenientes de Bogotá. 

Todos los empleados son de nacionalidad colombiana, pero capacitados por personas provenientes de países como Polonia, Estados Unidos e Italia. 

Me encontré con equipos de personas altamente preparados y con amplia experiencia en el manejo del régimen franco, que impulsan la promoción de productos 100% colombianos, con el único objetivo de aumentar la producción nacional y para exportación. 

Colombia tiene el 18% de las zonas francas de América Latina (111 declaradas a la fecha) con inversiones que ascienden a los 45,5 billones de pesos. Estos espacios industriales generan 171 mil empleos y albergan a 10.500 empresas de diferentes sectores. 

Es importante destacar que el Gobierno del presidente Duque apoya las zonas francas porque además de atraer inversión, generan empleos directos de calidad y son innovadoras, lo que contribuye con dos de los mayores retos del presidente Duque, reducir la informalidad laboral y aumentar la productividad. Por ello, la meta de esta administración, es que las zonas francas vinculen laboralmente, a 2022, 400 mil personas en todo el territorio nacional. 

En los primeros 10 meses de este gobierno, la Comisión Intersectorial de zonas francas ha aprobado otras cuatro zonas francas con inversiones cercanas a los $658 mil millones, que han tenido impacto directo en los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima y Bolívar. 

Reconociendo la importancia que tiene el régimen franco para impulsar la competitividad y el desarrollo económico regional, el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, propuso la repotenciación del instrumento de zonas francas “con el objetivo de promover proyectos empresariales ambiciosos de inserción en cadenas globales de valor, inversión en tecnología e innovación, generación de empleo altamente calificado, cumplimientos de estándares internacionales de calidad, sofisticación de los bienes y servicios ofrecidos y agregación de valor”. 

Me parece fundamental que el país conozca el impacto social y económico de estas zonas empresariales con régimen de inversión y tributario especial, por lo cual convocaré a una audiencia pública en el Congreso sobre el régimen franco. Creo que la labor que se hace en estos espacios productivos es muy importante, tanto para el desarrollo de las regiones que las albergan como para la formalización tributaria, empresarial y laboral. 

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El “salvavidas” de los paneleros

El Gobierno no ha olvidado a los paneleros y trapiches de Colombia. Prueba de ello fue el apoyo que se dio en el Senado y la Cámara de Representantes para sacar adelante el proyecto de ley que impulsará la los pequeños y medianos productores de uno de los productos más tradicionales de la canasta familiar, la panela.  

El tránsito de esta iniciativa, autoría de la senadora Paloma Valencia y de la cual yo fui ponente, está a un solo paso de convertirse en Ley de la República para beneficiar a más de 350 mil familias paneleras: la rúbrica del presidente Iván Duque para sancionar la ley. 

Este, sin duda, será el “salvavidas” para esta agroindustria rural, la segunda después del café, que hoy está en crisis por el bajo costo de este producto en el mercado, frente a sus costos de producción, lo que ha desencadenado cuantiosas pérdidas para los productores. 

El paro que adelanta un importante grupo de productores paneleros en los departamentos de Boyacá y Santander confirma la urgencia de promulgar esta ley para aliviar la economía de este sector, garantizando no solo la producción con mejores estándares de calidad y esquemas de comercialización, sino los más de 300 mil empleos directos e indirectos que genera esta industria.  

Quienes protestan argumentan que hace dos años vendían un kilo de panela entre $2.800 y $3.000; hoy la comercialización ha bajado a los $1.300, con costos de $2.000 por kilo.   

Como consecuencia de esta situación, los paneleros aseguran que no han podido atender las obligaciones crediticias con los bancos ni mejorar los trapiches o cultivos, lo que los ha sumergido en serios problemas económicos. 

Pese a esto, debe quedar claro que no será a través de las vías de hecho y de protestas que este sector recupere su rentabilidad. La única manera de lograrlo será revisando el modelo productivo, asociándose con procesos como la comercialización, y por supuesto acompañados del Gobierno para que con lo previsto en la ley en materia sanitaria, de calidad, formalización empresarial y laboral, freno a la competencia ilegal, compras públicas para programas de los gobiernos nacional y local e incentivos tributarios, definan una hoja de ruta para hacer de la producción de panela una alternativa sostenible, ambiental, social y económica.   

El pequeño productor panelero será el más beneficiado con la expedición de la ley en mención, la cual reiteró deberá permitirles fortalecer su actividad económica, entrar a nuevos mercados nacionales e internacionales y formalizar el sector. 

La panela refleja la identidad cultural de muchas zonas del campo colombiano ya que está presente en 28 departamentos del país, e históricamente se ha convertido en uno de los productos más queridos y consumidos en los hogares.  

Su sostenibilidad y fortalecimiento será de beneficio para los productores y sus familias, pero también para regiones como Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, Nariño y Cundinamarca, por mencionar algunas.  

Espero que pronto podamos disfrutar de la “ruta dulce de la panela”, un programa turístico que permitirá conocer y vivir la experiencia de la producción papelera.  

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No más cacería de brujas

La dantesca campaña de desprestigio emprendida en contra de las Fuerzas Militares parece no tener fin. Hay quienes persisten en enlodar el buen nombre de cientos de hombres y mujeres que con sacrificio portan el uniforme militar respetuosos de la Constitución y la Ley.   

Desde el pasado 18 de mayo, inició la ‘cacería de brujas’. Ese día el diario estadounidense The New York Times publicó, en primera página, un reportaje en el cual denunció el presunto regreso de la exigencia de bajas en combate u “órdenes letales” lo que para muchos significó la posibilidad de revivir la escabrosa práctica de los llamados ‘falsos positivos’.  

Desde ese día los enemigos del Gobierno, esos que apoyaron el acuerdo Santos-Farc se han dedicado a cuestionar a nuestro Ejército Nacional, buscando no solo atacar y afectar la imagen de quienes portan con honor el uniforme, sino de sembrar duda en los colombianos que confiamos en el profesionalismo de nuestros héroes. 

Pero el ensañamiento no termina. Supuestas nuevas revelaciones y pruebas vuelven a tejer un manto de duda sobre dicha institución castrense.  

Amenazas, seguimientos e interceptaciones telefónicas están en el ramillete de acusaciones, ninguna sostenible ni probada, que hacen presuntos militares sobre el buen actuar de los cerca de 210 mil hombres y mujeres que componen, en la actualidad, el Ejército Nacional.  

Desde que estaba el proceso de negociación con las Farc ya se vislumbraba un deseo de diezmar la capacidad táctica y operacional del Ejército, algo que no pasará en este Gobierno comprometido con la legalidad.  

Prueba del profesionalismo y capacidad en terreno de nuestros uniformados son las más de 1.800 capturas de integrantes de grupos armados, el decomiso de 124.210 kilos de cocaína y 126.857 de marihuana, así como la erradicación de 23.823 hectáreas de cultivos ilícitos; todo esto solo en el primer trimestre de 2019.   

Sin embargo, los enemigos del Gobierno tienen una nueva excusa, basada en un entramado de mentiras, para deslegitimar y cuestionar, sin argumentos, este arduo trabajo de nuestras Fuerzas Armadas.   

Entonces me pregunto: ¿Existe en realidad un cerco de amenazas y presiones sobre los militares que están supuestamente denunciando el regreso de los ‘falsos positivos’ y actos de corrupción en el Ejército?, ¿Dónde están los testigos y las pruebas que demuestran la veracidad de esas graves acusaciones?, ¿si existen amenazas en contra de uniformados y periodistas que han revelado supuestas malas acciones, dónde están las denuncias ante la Fiscalía?  

No puedo negar la comisión de errores y malas conductas por parte de un minúsculo grupo de  integrantes de la institución y así lo demuestran los registros de la Fiscalía, según los cuales  5.626 personas han sido procesadas por ‘falsos positivos’, de los cuales 3.826 eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Por esta misma conducta ilegal también fueron vinculados 992 suboficiales y 514  oficiales.   

Aún así, no podemos seguir juzgando a priori a toda una institución. Hoy se hace necesario defender el honor y la entrega de nuestros militares, quienes tienen una instrucción clara: priorizar la vida de cualquier ser humano a lo largo y ancho del territorio nacional. 

El presidente Iván Duque no ha exigido ni exigirá nunca cadáveres, como tampoco lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, para demostrarle al país que está cumpliendo en su férrea lucha contra la ilegalidad y la criminalidad para devolverle al país la seguridad y la confianza en las instituciones que perdió durante la mala y sesgada administración Santos contra nuestras Fuerzas Militares y de Policía.  

No existe tal orden de ejecuciones extrajudiciales a cambio de permisos o de plata, y tampoco hay encubrimientos. Lo que sí existe, y es visible, es el trabajo y compromiso inquebrantable de un Ejército disciplinado y vestido de honor que protege a su Patria con valor y entereza.  No más cacería de brujas. 

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El final de la legislatura

Terminaron las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Llegó el momento de hacer un balance de esta primera legislatura del cuatrenio 2018 – 2022.

Con el orgullo de haber representado a los colombianos y la satisfacción de haber sacado adelante importantes iniciativas para la construcción de un mejor país, hoy puedo decir que este tiempo fue productivo y que es la antesala de lo que vendrá para el siguiente periodo.

En junio de 2018 me comprometí a trabajar, con el Gobierno del presidente Iván Duque y mi bancada, el Centro Democrático, sobre las bases de la legalidad, emprendimiento y equidad, esas que hoy le han permitido a Colombia cambiar y recuperarse poco a poco de una mala administración que tuvo al país al borde del precipicio durante ocho años.

De mi gestión como congresista en esta legislatura (2018 II – 2019 I) destaco la radicación de 11 proyectos de ley: judicialización de menores de edad infractores, eliminación del beneficio de rebaja de penas a violadores y abusadores de mujeres, formación en cuidados paliativos, etiquetas braille, sello de gastronomía local, lucha contra la corrupción, maternidad subrogada, promoción de la guadua, más espacios para niños y adolescentes, política de televisión y apoyo a la pesca artesanal.

También subrayo mi papel como coordinadora ponente del Plan Nacional de Desarrollo, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, hoja de ruta que estableció las metas del Gobierno para estos cuatro años.

Fui coordinadora ponente de la Ley de Presupuesto General de la Nación 2019, y participé activamente del análisis y discusión de la Ley de Financiamiento, legislación que servirá para reactivar la economía y la inversión del país.

Adicionalmente fui ponente del proyecto de ley que genera incentivos a la calidad, promoción y comercialización de panela, así como la reconversión y formalización de los trapiches en Colombia.

Esta iniciativa, autoría de la senadora Paloma Valencia, beneficiará a 350 mil familias paneleras ubicadas en 27 departamentos del país, una vez sea sancionada por el presidente Iván Duque.

En este tiempo también realicé cinco debates de control político que permitieron hacer veeduría a temas de alta relevancia como la problemática alrededor del Censo Nacional Agropecuario 2014 y del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018; el estado de avance de los proyectos que fueron previstos a raíz de la ola invernal 2010- 2011 y que ejecuta el Fondo Adaptación; el futuro de Electricaribe; el aumento desmedido en los avalúos catastrales e impuestos prediales, y las problemáticas del complejo cenagoso del departamento de Sucre.

Uno de los compromisos más importantes que adquirí como senadora fue con las regiones y sus habitantes, por ello realicé mesas de trabajo y diálogos con comunidades, lo que me permitió desde el Congreso liderar y apoyar iniciativas en pro de mejorar la situación económica y social.

Estos meses de trabajo congresional estuvieron enmarcados por maratónicas jornadas de estudio, análisis de proyectos de ley y debates de control político que nos permitieron tener un panorama claro de las necesidades más urgentes y de las posibles soluciones a varias problemáticas que aquejan a nuestro país.

Ser bancada de gobierno y defender los programas y proyectos propuestos por el presidente Duque fue un gran reto, cuando para muchos temas no fue fácil armar las mayorías. Además el nuevo modo de relacionarse el ejecutivo con el legislativo de respeto y primacía del argumento y la persuasión fue exigente pero necesario y positivo.

Puedo decir que cumplí y seguiré cumpliendo el compromiso que adquirí con los colombianos de fortalecer la institucionalidad, la democracia y la economía, así como mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente en las regiones, como el Caribe.

De la mano de Dios, de mi familia y de mi equipo legislativo seguiré trabajando sin descanso en una gestión legislativa dedicada y transparente que contribuya en la construcción de un país mejor, y con futuro para todos.

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No más malas decisiones judiciales

Con profunda decepción recibo, al igual que cientos de colombianos, la desacertada decisión de la Corte Constitucional de permitir el consumo de drogas adictivas y alcohol en espacios públicos.  

El espacio público, por definición, es el lugar donde se permite que niños, jóvenes y adultos tengan un sano esparcimiento y el derecho a circular en paz y armonía como lo perseguía el Código de Policía.  

El fallo de la Corte, permite ahora que no haya ni tranquilidad para nuestros niños ni una sana convivencia, porque personas en estado de embriaguez o bajo sustancias psicoactivas van a estar a la par en los mismos espacios.  

El alto tribunal se equivoca al argumentar que la ingesta de sustancias psicoactivas o embriagantes no alteran el comportamiento del ser humano y no son el detonante, muchas veces, de hechos abominables.  

En Colombia hay una epidemia de tragedias y violencia inducida, en buena parte, por la ingesta de bebidas embriagantes y de drogas adictivas.  

Un claro ejemplo de ello es el aberrante caso de Rafael Uribe Noguera, el hombre que bajo los efectos de las drogas y el licor secuestró, violó y asesinó a Yuliana Samboní el 4 de diciembre de 2016 en Bogotá.   

En hechos más recientes, pero esta vez en Buenaventura, lo vivió Diana Tatiana Rodríguez, de solo 11 años de edad, torturada, violada y asesinada por su propio tío; quien argumentó ante la justicia no recordar lo ocurrido porque estaba en alto estado de alicoramiento.  

Esta sentencia de la Corte no solo no le ayuda a la seguridad ciudadana, sino que se convierte en un instrumento para promover el consumo de drogas y bebidas embriagantes en calles y parques; ignorando de tajo el artículo 49 de la Constitución que establece que la ingesta de sustancias psicoactivas o psicotrópicas está prohibido.  

El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. 

La Corte Constitucional está para dar garantías y protección a los derechos de los colombianos, pero en este caso no es así. Con esta jurisprudencia se termina protegiendo a los adictos con una decisión absurda.  

Entonces me pregunto, ¿dónde queda el artículo 44 de la Constitución en el que se garantiza la protección de los niños, el desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos?, ¿no tienen ellos derecho a tener un esparcimiento sano en sitios públicos?, cuestionamientos que les dejo a los magistrados de la Corte.  

Pero además, también desconoce el artículo 83 de la Constitución, en el que es deber del Estado proteger el espacio público y la primacía del interés general sobre el particular, en su uso. 

La justicia no puede ser irresponsable. La ponderación de derechos de la Corte es equivocada porque prevalecen los del consumidor sobre los de los no consumidores.  

Razón tiene el presidente Iván Duque en reiterar que, si bien acata y respeta los fallos, no descansará un solo minuto en cerrar las ollas de microtráfico y liberar los parques y entornos escolares del consumo indiscriminado de estupefacientes.  

Esta, como otras decisiones de la Corte Constitucional son una bofetada a la sociedad colombiana.  

El aval a la adopción sin restricciones de niños por parejas del mismo sexo, argumentando que la orientación sexual de una persona o de una pareja no es un indicador de falta de idoneidad, moral, física o mental es una decisión que atropella los derechos de los infantes y degrada el concepto de familia. 

Además, la afrenta del alto tribunal parece no tener límites al actuar por encima del querer de los colombianos al permitir la escabrosa práctica del aborto, conducta que no debería siquiera ser concebida porque no puede ser un derecho abortar, sino el derecho a nacer y a que se les proteja.  

Señores magistrados de la Corte, si bien ustedes no son elegidos por el pueblo colombiano, se deben a él. Los invito a escuchar a los padres de familia que piden la primacía del derecho de sus hijos a tener una vida con sana recreación y esparcimiento, en el que no haya ejemplo de consumo y drogas psicoactivas.  

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¿Justicia para unos o para todos?

Razón tenía el presidente Iván Duque en objetar algunos artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para defender la legalidad y la extradición, y evitar que campeara la impunidad.

Las decisiones judiciales que han sorprendido al país en las últimas horas nos llevan a preguntarnos por qué la justicia no ve lo que muchos en Colombia sí.

Hay pruebas que demuestran que Jesús Santrich es un narcotraficante, a quien no solo le ratifican una curul en el Congreso y exigen su libertad, sino que muy probablemente logrará salvarse de la extradición.

Así las cosas, es válido preguntarnos si los guardianes de que se respete la Constitución y la ley, se sancione a los criminales y se fortalezca uno de los más importantes pilares del Estado de derecho no lo hacen, ¿cómo pedir entonces justicia y que sea para todos?

Por investigaciones preliminares y muchas menos pruebas que las qué hay en el caso Santrich varios ciudadanos están en la cárcel; pero aquí hay decisiones políticas y tratos especiales que mancillan el buen nombre de la justicia.

Es absolutamente indignante ver cómo la justicia termina, por cuenta de interpretaciones jurídicas que van y vienen, librando a los delincuentes como Santrich de responder ante la justicia.

Como país queremos que a Santrich como a todo narcotraficante le sea aplicada la justicia con contundencia y rigor. Haber participado en la negociación del acuerdo Santos – Farc,  rechazado por la mayoría de colombianos, no le da el derecho ni a Santrich ni a ningún excombatiente a seguir cometiendo delitos y seguir impune.

Parece que algunos hubieran olvidado lo que implica una amenaza como el narcotráfico para Colombia. 206.000 hectáreas de coca generadoras de inseguridad, violencia, impacto negativo en la economía con sus cerca de $18 billones que mueve al año, y más de 180.000 hectáreas que se deforestan anualmente.

La justicia debe combatir la criminalidad y la impunidad con su obligación de aplicar la ley y no invocar razones políticas de un acuerdo que la mayoría de los colombianos rechazó. 

El fuero que tiene Santrich no solo garantiza impunidad, es una bofetada y una humillación para las víctimas y para el país. 

El presidente Iván Duque no perdió ninguna batalla. Aunque hay una sentencia de la Corte Constitucional, esto no quiere decir que el Gobierno no buscará otros mecanismos para sobrepasar y solucionar dichas dificultades en la incansable búsqueda de garantizar institucionalidad, verdad, justicia y reparación.

Que importante es tener magistrados íntegros y comprometidos con defender la Constitución, la ley y nuestras instituciones. Qué desilusión las decisiones del magistrado Antonio Lizarazo quien debía haberse declarado impedido por haber sido parte del equipo que participó en el acuerdo con la FARC.

El daño que hace la Corte con sus decisiones no se lo hace al presidente Iván Duque o a su Gobierno, se lo hace al pueblo colombiano que cada día pierde más la confianza en sus magistrados.

La reforma a la justicia es fundamental pero será difícil lograrla a través del Congreso con la FARC y muchos de sus aliados allí. Queda apelar al pueblo colombiano que le duele la Patria.

Es hora de que las facultades de derecho, sus profesores y directivas también alcen su voz porque está en juego el Estado de derecho.

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No más impunidad para nuestros niños

Colombia ha sido testigo de la crueldad y sevicia a la que han sido sometidos nuestros niños, niñas y adolescentes.

Los titulares de prensa sobre casos de maltrato, abuso y violencia se han vuelto una constante a la que el país no puede acostumbrarse.

El caso más reciente fue el de María José Ortega, una niña de seis años de edad que encontraron sin vida en un caño del suroccidente de Barranquilla. El victimario, como en la mayoría de los casos, sería uno de sus familiares más cercanos.

Tan solo una semana antes, otro crimen sacudió al país.

Emely Suleine Rivera, de solo 11 años, fue raptada, torturada y asesinada. Su cuerpo desmembrado fue abandonado en la puerta de su vivienda en Santander de Quilichao, Cauca.

Hacer un recuento de los actos violentos en contra de nuestra niñez no los traerá de vuelta, pero sí pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de proteger a nuestros niños de toda forma de violencia física o sicológica.

El panorama es preocupante. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y abril de 2019 registraron 213 homicidios de menores de edad del país. El Valle del Cauca, con 54 casos, es el departamento que más muertes violentas registró.

En violencia intrafamiliar, el instituto forense registró 3.317 casos. De esos, las víctimas de 1.710 eran mujeres y 1.600, hombres; pero todos tenían menos de 17 años de edad.

Por presunto delito sexual, el registro de denuncias fue de 7.141 casos; 1.103 ocurrieron en Bogotá; 828, en Antioquia, y 607 en Valle del Cauca.

Entre enero y marzo del año en curso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió 1.406 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en favor de niños, niñas y adolescentes; todos fueron víctimas de violencia física o psicológica.

Eso significa que en el primer trimestre de 2019, el ICBF atendió 16 casos por día, y el maltrato fue la principal causa de denuncia.

La consigna del Gobierno del presidente Iván Duque frente a esta situación de violencia es clara: debe haber sanciones ejemplarizantes para quienes cometan  actos deleznables contra los niños.

En ese orden, la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 038 de 2019 Senado, iniciativa cuyo autor es el Gobierno, que busca que todos los delitos sexuales contra niños vayan obligatoriamente a la justicia ordinaria, sin ningún tipo de concesión, y NO a una especial como la JEP.  Se trata de una reforma normativa constitucional que modifica el artículo 44 de la Constitución Política:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

Hay que reafirmar que los aberrantes delitos contra los niños no pueden ser conexos al delito político y tienen que ser investigados de manera prioritaria por la justicia ordinaria. Pero que no sea retroactivo el acto legislativo no significa que se olvide que más de 6.000 niñas sufrieron todo tipo de vejámenes por parte de cabecillas y militantes de las Farc según información de la Fiscalía General de la Nación. De ahí la importancia de que los victimarios reconozcan y resarzan el daño irreparable para la dignidad e integridad de la niñez.

Con el argumento de defender un acuerdo de paz no se puede excusar, olvidar ni dejar impune el sometimiento, maltratos y vejámenes de los que fueron víctimas nuestros niños. Que denuncien los afectados y actúe la justicia.

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Más justicia y menos política en la JEP

El país fue testigo de un hecho sin precedentes en la historia de la justicia colombiana. La renuncia irrevocable del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira y de la Vicefiscal María Paulina Riveros a sus cargos, sienta un precedente grave para la institucionalidad del Estado.

El jefe del ente investigador estaba en una cruzada importante en contra de la impunidad y el narcotráfico que azotan al país, acción que se vio frenada por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de validar la impunidad para Jesús Santrich al negar su extradición. Un claro prevaricato por extralimitación de funciones y desconocimiento de las competencias de la Fiscalía.

La polémica decisión de la JEP de no entregar al exjefe guerrillero Jesús Santrich a Estados Unidos; país que lo requiere por el delito de narcotráfico, cometido posterior al primero de diciembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo Santos-Farc, no solo hace daño a la institucionalidad, a los compromisos de cooperación internacional previamente establecidos de lucha contra el narcotráfico; sino que deja en la impunidad su conducta criminal y da un mensaje de que los de la Farc son intocables y de protección a los reincidentes en actividades criminales.

Pero además, la decisión de la JEP de desconocer la decisión de la Fiscalía de ordenar su captura con fines de extradición, basados en el amplio material probatorio que reposa en el indicment (acusación) de la Corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) que lleva el proceso de este delincuente, genera lo que identificó el presidente Duque en una de las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP: la urgencia de precisar  las competencias de la Fiscalía y de ese tribunal en estos temas.

Es responsabilidad de quienes están arrodillados al acuerdo de paz y de quienes defienden que tocar a las Farc es 'poner en riesgo la paz', lo cual no es cierto, que el país esté viviendo una tormenta judicial sin precedentes y que de paso se esté logrando sepultar la extradición.

Urge preservar la extradición como una de las herramientas fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, el mensaje no puede ser que la impunidad es premio para los victimarios.

Este escenario era el que el presidente Iván Duque quería evitar con las seis objeciones que hizo a la Ley Estatutaria de la JEP para defender a las víctimas, la extradición por delitos de narcotráfico y definir competencias entre estas dos instituciones: la JEP cuestionada y la Fiscalía reconocida.

Lamento la determinación irrevocable del Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, el país y la rama judicial pierden a un hombre que se dedicó a golpear todos los eslabones de las cadenas criminales sin temor y con firmeza.

La JEP comprueba una vez más que en su afán de actuar y defender a las Farc, solo toma decisiones equivocadas que no brindan garantías ni a las víctimas, ni al país. 

Como dijo Álvaro Gómez  “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”. 

 

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Salidas al servicio de energía en el Caribe

María del Rosario Guerra

@charoguerra

Más de 10.5 millones de colombianos que habitan en la región Caribe, la segunda con mayor demanda de energía en el país, tendrán asegurado el acceso al servicio de energía permanente y con calidad.

El primer paso para asegurarlo fue la aprobación de los artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que buscan mitigar la crisis que afecta a la electrificadora Electricaribe, intervenida desde noviembre de 2016 por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios.

Con 110 votos a favor y 20 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el salvavidas que garantizará el servicio a siete de los ocho departamentos que componen la región Caribe. Un gran respaldo del Congreso.

Gracias a la decisión y el compromiso del presidente Iván Duque, estamos ad portas de tener en el Caribe, no solo un nuevo operador para cada una de las dos subregiones definidas para atender el servicio con calidad, sino la garantía del pago del pasivo pensional de los extrabajadores de Electricaribe.

Entre las propuestas aprobadas en el PND está la sobretasa nacional adicional de cuatro pesos por kilovatio consumido en el servicio de energía para los hogares de estrato cuatro, cinco y seis; así como a usuarios comerciales e industriales durante tres años.

Esto significa que una factura en estrato cuatro pagaría mensualmente $700 más en promedio, $850 para el estrato cinco y unos  $1.000 para el seis.

Estos recursos se destinarán a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superservicios, el cual a su vez permitirá apoyar a las empresas intervenidas para su operación, como el caso de Electricaribe.

Adicionalmente, se autoriza una contribución de las entidades vigiladas por la superintendencia para el mismo propósito. 

El fin es obtener cerca de $160 mil millones anuales que permitan contribuir a mitigar la crisis económica que afecta a la electrificadora.

Electricaribe es la empresa con mayor número de suscriptores en estrato uno con cerca de 1.478.000 usuarios, y el tercero en estrato tres con 592.000; es decir que tiene más del 80% de los usuarios en los hogares pobres del país.

Pero el servicio de energía no es el único deficiente en el Caribe.

Para la muestra un botón: el Caribe no solo tiene un alto déficit en sistemas de alcantarillado y recolección de basuras; sino en acceso a la conexión de internet, considerado el peor en todo el territorio colombiano.

A las fallas y mal servicio del servicio de energía se suma otra problemática para los caribeños: el costo elevado de la facturación, en especial para los estratos uno y dos, convirtiendo a Electricaribe en la empresa con los cobros más altos para los hogares de menores ingresos en la región.

El Plan Nacional de Desarrollo y el capítulo Electricaribe ganaron el primer round en la discusión en la Cámara de Representantes, el cual esperamos surta el mismo efecto en el Senado.

Pero quedan otros retos: que las entidades oficiales se pongan al día con las deudas por la prestación del servicio; revisar el tema tarifario; reducir el robo de energía y hacer buen uso de los subsidios para que estos lleguen a los más pobres.

El Gobierno Nacional debe continuar sus acciones legales para asegurar que el anterior operador de Electricaribe, Gas Natural Fenosa, asuma su responsabilidad y pague los daños causados y los recursos malversados.

Con todas esas acciones se puede avanzar para poner punto final a la era de los racionamientos de energía, apagones, cobros sin registro y malversación de recursos que llevaron a Electricaribe al borde del abismo.

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"Celebro la decisión del Consejo de Estado de anular parcialmente la Circular de la SuperSalud que establecía directrices para practicar el aborto"

 

Aunque tardó 3 años, celebro la decisión del Consejo de Estado de anular parcialmente la Circular 003 de 2013 de la Superintendencia Nacional Salud que establecía directrices a Clínicas, Hospitales y EPS para practicar el aborto.



Comparto la sentencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala porque claramente la Superintendencia de Salud se extralimitó en sus funciones. Es de público conocimiento que la reglamentación de una sentencia de la Corte Constitucional corresponde únicamente al Congreso a través de la ley, y como lo he reiterado varias veces: al Gobierno Santos le encanta usurpar las competencias de la rama legislativa.



En esa línea, y como lo denuncié en la plenaria del Senado el año pasado, el Ministerio de Salud debe revisar la campaña que lanzó con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 18 de Noviembre, que promueve y promociona el aborto a través de videos en redes sociales como un Derecho, sin serlo.



El Ministerio de Salud y la SuperSalud han querido desdibujar que en Colombia el aborto sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal, aunque tenga las conocidas tres excepciones definidas por la Corte Constitucional: Cuando el embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer; exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, o sea el fruto de un acceso carnal violento.



Verdaderamente, no se explica que una entidad del Estado promueva e incite el aborto tratándolo como un "derecho". Espero que a la luz de la reciente Sentencia del Consejo de Estado, se tomen medidas, y se corrija la campaña del Ministerio y la UNFPA.

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"Corrupción sin fin": senadora María del Rosario Guerra

 

 

Constancia de la senadora María del Rosario Guerra en la plenaria de este lunes:



"La corrupción es el cáncer de las instituciones en Colombia. Vuelvo al mismo tema por el que venido llamando la atención, pero esta vez más decepcionada de la situación que vive nuestro país con esta problemática.



Colombia pasó del puesto 79 al puesto 112 entre 138 países en la última década, en el pilar de "instituciones" que mide el Índice Global de Competitividad (2016-2017). Este absurdo retroceso de 33 puestos ocurre por la baja calidad de las instituciones públicas, basadas en sus débiles políticas de desarrollo, y también por la poca confianza del sector privado extranjero para seguir invirtiendo en el país.



Para transparencia por Colombia, la madre de todas las formas de corrupción está en la financiación política donde hay corresponsabilidad del Gobierno, el sector privado y la ciudadanía.

 

La más reciente encuesta de Gallup e Invamer muestra que el 85% de los colombianos siente que la corrupción está empeorando en el país, mientras que en 2008 ese porcentaje era del 36%.



Hay dos problemas en Colombia que según Fedesarrollo no se han tenido en cuenta: primero, no hay guías ni manuales de conducta que den lineamientos sobre cómo manejar un conflicto de intereses y, segundo, el 60% de los procesos de contratación se hacen de manera directa evitando así la competencia entre proveedores.



El gobierno de Juan Manuel Santos, que se percibe como permisivo y facilitador de la corrupción, debe explicar al país qué ha pasado con tantos recursos asignados sin que las obras se vean, ni se culminen, ni su calidad corresponda con lo invertido. Ojalá el señor Fiscal de la Nación y el nuevo Procurador General de la Nación cumplan la promesa de dar prioridad a la lucha frontal contra la corrupción que tiene a tantas regiones en el atraso y la desidia.



Solicito al Secretario General del Senado que remita esta constancia al Procurador General de la Nación, el Fiscal y el Contralor General de la República.

 

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Senadora María del Rosario Guerra denuncia irregularidades en la concesión de espacios del Canal UNO

 

 

El pasado 08 de noviembre se presentó la promesa de sociedad futura PLURAL COMUNICACIONES SAS como ÚNICO proponente (conformado por tres programadores del canal UNO: CM&, NTC y RTI, y un inversionista extranjero HMTV1) para ser concesionario de la programación del CANAL UNO.



Si bien el marco legal de contratación pública (donde los espacios se transmiten a través de la red de RTVC) permite la existencia de un solo proponente, resulta altamente cuestionable el conjunto de decisiones y omisiones de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) a lo largo de los tres últimos años.



En 2003, la extinta CNTV suscribió los contratos de concesión de espacios porque estaba vigente la prohibición de prórroga estipulada en el artículo 10 de la Ley 335 de 1996.



En 2013, con todo el ánimo de prorrogar y/o abrir a licitación algunos espacios, la ANTV contrató (después de haberse declarado desierto un concurso de méritos con firmas especializadas) por vía interadministrativa directa, a la Universidad Nacional de Colombia para: realizar el análisis técnico y financiero que sustente la prórroga de los contratos; revisar posibles ajustes a los contratos actuales; y valorar escenarios para nuevas concesiones de espacios de televisión del Canal UNO. En su conclusión, la Universidad Nacional declaró que no le era posible definir las condiciones financieras para la prórroga. Sin embargo, la ANTV concedió la prórroga por 40 meses con base en el artículo 27 de la Ley 1150 de 2007.



Hoy, invocando lo estipulado en la Ley 1753 de 2015, Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la ANTV procederá a adjudicar a un solo concesionario la programación del CANAL UNO, a pesar de que el artículo 17 de la Ley 335 de 1996 contiene un parágrafo pertinente en la coyuntura actual, que establece: "La Comisión Nacional de Televisión (hoy ANTV) deberá determinar las condiciones, requisitos, mecanismos y procedimientos que deberán cumplir los aspirantes a ser concesionarios de los espacios de televisión de que trata el presente artículo teniendo en cuenta para ello criterios que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de televisión y que eviten las prácticas monopolísticas, así como el aprovechamiento indebido de posiciones dominantes en el mercado". No obstante, a uno de los interesados, Jorge Barón Televisión, que es actualmente concesionario de uno de los espacios, se le informó que no era posible la prórroga, cuando esta si está permitida.



Vale la pena recordar a la ANTV algunos apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-200 de 1998, según los cuales: "Cuando se trata del contrato de concesión de espacios de televisión, el interés general no se identifica con un interés patrimonial de la CNTV (hoy ANTV), ni esta agencia estatal es la llamada a definirlo......".



La opinión pública debe recordar que el aprovechamiento de las economías de escala asociadas con un solo concesionario ESTÁN SUJETAS a los análisis técnicos y de mercado, así como a la doctrina constitucional de PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL PARA EL CASO DE LAS CONCESIONES DE ESPACIOS DE TELEVISIÓN.



Así las cosas, además de los análisis técnicos y de mercado, que aún no conoce la ciudadanía, y que fueron contratados nuevamente con la Universidad Nacional a finales del año pasado por valor de $2.900 millones, es necesario que la ANTV haga públicos los ejercicios de valoración integral de las prórrogas que se hayan solicitado en los últimos tres años con el fin de determinar su viabilidad o no.



Finalmente, es muy importante recordar a la ciudadanía que el artículo 34 de la Ley 182 de 1995 subrogado por el artículo 1 de la Ley 680 de 2001 "autoriza la inversión extranjera en sociedades concesionarias de televisión cualquiera que sea su ámbito territorial hasta en el cuarenta por ciento (40%) del total del capital social del concesionario. El país de origen del inversionista deberá ofrecer la misma posibilidad de inversión a las empresas colombianas en condiciones de reciprocidad (...)".



Es preocupante que la ANTV, apoyada por la Universidad Nacional, no de claridad sobre el criterio de reciprocidad a la inversión extranjera necesario para las concesiones de televisión. Debería recordar el gobierno, que el Consejo de Estado concluyó que el artículo 34 de la Ley 182 de 1995, tal como fue subrogado por el artículo 1 de la Ley 680 de 2001, establece que el límite a la inversión extranjera del 40% se aplica a las sociedades concesionarias de programas o espacios en los canales públicos, o sea, los canales nacionales de operación pública: el Uno y el A, las sociedades concesionarias de los llamados "canales zonales", esto es, los canales públicos de operación privada: RCN y CARACOL y las de los canales de la televisión regional o local.



Resulta preocupante que sólo haya un proponente cuando en ocasiones anteriores instancias como el Consejo de Estado planteó la importancia de que para adjudicar debería existir más de un proponente. Y peor aún que una de las empresas del consorcio tenga un accionista casado con una prima hermana del Presidente de la República.



Hoy la ANTV adjudicará la concesión de la programación del CANAL UNO sin que certifique el origen de la inversión de HMTV1, y confirme que en dicho país los concesionarios colombianos tienen la posibilidad de invertir en televisión en condiciones similares.



Solicito a la ANTV suspender la adjudicación hasta que no se haga claridad a la opinión pública sobre qué pasó con la solicitud de uno de los concesionarios actuales, y se responda sobre si aplica la reciprocidad a la inversión extranjera de uno de los socios del único proponente habilitado para la adjudicación.

 

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ABC del proyecto de sostenibilidad ambiental y uso de la guadua

 

Conozca en qué consiste el proyecto que incentiva el uso de la guadua.



Con el fin de mitigar los efectos desastrosos del cambio climático y resaltar la importancia de la guadua en el paisaje cultural cafetero, la senadora María del Rosario Guerra – Centro Democrático- presentó el proyecto de ley que promueve el uso agroindustrial de esta planta. A continuación le contamos en qué consiste la iniciativa.

 

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

 Que exista un marco normativo con el que se incentive el uso industrial de la guadua en pro de la sostenibilidad ambiental.  De manera qué:

 -          Haya un manejo sostenible de la guadua para mitigar efectos del cambio climático por medio de la protección de cuencas y microcuencas.

-          Se estimule su producción y se conserve como parte identitaria del paisaje cultural cafetero.

-          Se diversifique el tipo de ingresos agropecuarios, de tal forma que la producción de guagua genere empleos.

 

¿Por qué la guadua para la sostenibilidad ambiental?

Principalmente por ser un recurso renovable y sostenible, ya que puede auto desarrollarse vegetativamente, tener velocidad de crecimiento de cerca de 11 cm diarios en zonas cafeteras.
 

Así mismo, poseer fibras tan fuertes que posibilitan desarrollar productos industrializados de alta calidad como: laminados, aglomerados, pisos, paneles, papel, esteras y pulpas que pueden ofrecerse en el mercado.   
 

Aunado a ello, tiene efectos positivos en el planeta debido a que actualmente se usa para la protección de paredes y suelos, funciona para realizar forraje para animales y alimentos para peces, es característica de la cultura colombiana en su uso arquitectónico, ecológico, artesanal y agroindustrial.
 

¿Cuáles entidades estarían encargada de promover la política de fomento, manejo y uso de guaduales?
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sería la encargada de definir y promover está política, además de ser la responsable del otorgamiento del incentivo forestal CIF para su plantación.
 

Entre tanto, los Ministerios de Cultura y de Vivienda deberían definir las políticas con las que se promueva la arquitectura y sistemas de construcción con guadua y bambúes. Por su parte, Colciencias tendría que impulsar- mediante semilleros de investigación- la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el uso de la guadua.
 

¿A cuál entidad le corresponde incentivar el uso de la guadua para sus distintos fines?
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social Sostenible tendría que coordinar los instrumentos de esta política de uso de la guadua, para resguardar las cuencas y microcuencas.
 

Este Ministerio, trabajaría de la mano de las Corporaciones Autónomas Regionales para capacitar y apoyar a los municipios, de manera que den cumplimiento a esta ley.

 

¿Quién se encargará de realizar capacitaciones en las zonas de producción?

 

El Ministerio de Educación, el SENA y las secretarías de educación trabajarían en conjunto para que en las regiones productoras se implementen programas de competencias laborales desde los colegios.

 

¿Cuál es el estado de la ley?
 

El proyecto ya fue aprobado en su primer debate, el pasado 9 de noviembre, en Comisión quita de Senado, y pasa a su segundo debate en plenaria.
 

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"Inminente intervención a Electricaribe": Senadora María del Rosario Guerra

 

Ayer en plenaria de Senado, se llevó a cabo el debate a la empresa Electricaribe por su ineficiente prestación de servicios públicos domiciliarios.



En el debate, en el que participó la senadora María del Rosario Guerra, se analizaron los antecedentes de la crisis que hoy expone a siete departamentos de la costa Caribe a quedarse en penumbras.



Para la sucreña el panorama no puede ser más crítico: "La región Caribe es la peor en acceso a alcantarillado y recolección de basuras; y la segunda con peor acceso a Internet y acueducto. Además hoy en día, esta región presenta la mayor cantidad de hogares que ganan entre 0 y 1 salario mínimo legal vigente; y en la que hay menos hogares con ingresos superiores a 4 salarios mínimos legales vigentes".



Sobre los costos de facturación destacó que la empresa Electricaribe tiene la mayor participación de usuarios de estratos 1 y 2 de todo el país e –irónicamente- también tiene la factura promedio mensual más alta del país para estratos 2 a 6.



La legisladora aseguró que la inminente intervención a Electricaribe debe responder a desafíos socioeconómicos de la región Caribe que hoy es la más rezagada del país en cobertura de servicios públicos. "Urge fortalecer redes eléctricas de transmisión regional para dar continuidad a demanda, estructurar plan de fortalecimiento en redes de distribución local; y supervisar en el sitio todas las obras incluidas en los planes anteriores", concluyó.

 

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Salvavidas al transporte rural lanza la senadora Guerra

 

Mejorar las condiciones del transporte para los sectores rurales es la propuesta de la senadora María del Rosario Guerra.  La mesa de trabajo se adelantó con la presencia de representantes del DNP, el MinTrabajo, la SuperPuertos, SuperTransporte, Fontur, MinCultura, representantes de gremios de transportadores rurales, entre otros.

El transporte tradicional como las chivas, los buses escalera y los 'jepaos' y que hacen parte de la cotidianidad de vida de los habitantes de zonas como el Eje Cafetero, se niega a morir y a ser enterrado por modernos vehículos como motocicletas, camionetas de alta gama o lujosas busetas.  Para la senadora María del Rosario Guerra acabar con este tipo de transporte es arrancarle parte de esa tradicion cultural a estas regiones. 




Es por eso que la congresista pretende, mediante la presentacion de un proyecto de ley, preservar este trasnporte tradicional pero con mejoras a futuro para garantizar un mejor servicio a los residentes de zonas rurales y apartadas de los cascos urbanos.  Y no es que ella se este negando a la modernidad y a que se implementen otros mecanismos de transporte sino que tampoco se puede arrasar con estos vehículos que tanta ayuda le han prestado a la comunidad.




Su iniciativa prentede implementar un transporte mixto rural que mejore las condiciones de los desplazamientos de sus habitantes y les pueda facilitar la comercialización de sus productos vía terrestre y fluvial.


 

Por tal motivo convocó a una mesa de trabajo en la que participaron representantes del Gobierno, del sector del transporte rural de Pereira y Valle del Cuca, y de aseguradoras, quienes desde sus perspectivas aportaron al fortalecimiento del mismo.




El proyecto, que está en su etapa de construcción, consta de nueve artículos y en él se definen conceptos técnicos sobre los vehículos y sobre la operatividad del transporte rural. En este se contempla la creación de un sistema estratégico de transporte que incluya la conexión, con un mismo tiquete o pago, con el servicio de transporte fluvial cuando este confluya en su área de influencia.




Se advierte además que serán las administraciones municipales las responsables de la construcción de terminales "para el sistema de transporte mixto rural y transporte fluvial y su articulación con los SETP, para hacer transbordo de personas. El Ministerio de Trasporte definirá las tarifas, forma de recaudo y distribución de los recursos entre servicios del sistema estratégico de transporte público, sólo para vehículos o medios de transporte autorizados y que cumplan el lleno de requisitos legales".




La Senadora señala en su iniciativa que los vehículos de transporte mixto rural deberán portar un certificado de condiciones dignas de comodidad, aseo y presentación, expedido por el CDA, además de la revisión técnico-mecánica y que podrán tener como máximo cinco planillas de viaje ocasional mensualmente.




Los convocados plantearon inquietudes en temas como las competencias del ministerio para reglamentar el transporte mixto y la seguridad del transporte fluvial, así como también la responsabilidad económica de las alcaldías para la construcción de las terminales de transporte.




Se escucharon además propuestas en el sentido de incentivar, por parte del Gobierno Central, el turismo en la zona cafetera, al igual que contemplar la creación de fondos que permitan a los propietarios mejorar sus vehículos para así garantizar un servicio de calidad que cumpla con todos los requisitos de ley.




Por parte del Ministerio de Transporte, su delegado afirmó que el mercado de transporte en Colombia es muy cambiante y le preocupa que lo que quede en esta ley sea difícil de modificar de acuerdo con la dinámica del mismo.




A su turno, el ex embajador Juan Hurtado Cano aseguró que la finalidad del proyecto es el fortalecimiento del campo colombiano y que lo que se debe hacer, desde los distintos sectores involucrados, es contribuir para mejorar la legislación existente. "Afortunadamente el Ministro de Transporte es de Manizales", dando a entender que tiene un fuerte compromiso con esta región.

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SATENA, una política pública que urge aplicar para no perder la única aerolínea que une las regiones más apartadas

 

La senadora María del Rosario Guerra llevó a cabo hoy en la Comisión Tercera de Senado, el debate de control político sobre la situación financiera y perspectivas de sostenibilidad para la aerolínea SATENA (Servicio Aéreo a Territorios Nacionales).
 

Al inicio de su intervención la legisladora contextualizó a los asistentes sobre la situación de la aerolínea estatal que se creó en 1962 y que viene prestando, desde sus orígenes, el servicio de rutas aéreas sociales. Destacó que aunque SATENA ha sido sujeto de importantes intervenciones del Gobierno para asegurar la prestación del servicio, el mismo se ha visto afectado por la dinámica del mercado aéreo actual que incluye aerolíneas de bajo costo y el riesgo cambiario.
 

“Pese a los inconvenientes, hoy las cifras de SATENA hablan por sí solas: su cubrimiento y cumplimiento en las rutas sociales es destacado. Hoy en día es el operador con mayor cantidad de rutas sociales domésticas (84) y 30 destinos. Todo lo anterior sin contar con la función social que cumple que, además, es reconocida como prioritaria en el contexto internacional”.
 

Entre las causas del déficit actual de SATENA, la legisladora reseñó la desaceleración en crecimiento del mercado aeronáutico en países en vía de desarrollo, la ausencia de subvenciones en los últimos años; y el impacto significativo de la devaluación del peso entre 2014 y 2015, entre otros.
 

“Siendo SATENA la única empresa de transporte aéreo que vuela donde otros no están dispuestos a operar, el gobierno está en mora de cumplir los compromisos  adquiridos con ella que incluyen una ley de capitalización y un CONPES sobre política de servicio aéreo esencial”, aseguró.
 

Mención especial hizo la parlamentaria sobre el apoyo que la aerolínea les brinda a los miembros de las fuerzas armadas al ofrecerles tarifas asequibles.
 

“Experiencias internacionales como las de Estados Unidos, Malasia, Reino Unido e incluso Ecuador dan muestra de lo que puede lograr el apoyo gubernamental cuando se trata de beneficiar a las comunidades rurales, y por ello cobra más importancia establecer y aplicar lo antes posible una política de servicio  aéreo esencial”, afirmó.


“Muy pocas veces se logra un consenso en los debates y hoy se ha logrado, entre otras cosas, porque reconocemos que hay regiones que necesitan que se vinculen con el resto del país. Si el Gobierno y el Congreso estamos unidos se facilita la toma de decisiones para sacar adelante a SATENA, único proveedor de conectividad de zonas apartadas”, concluyó.

 

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Inseguridad rampante en Sucre: denuncia la Senadora Maria del Rosario Guerra

 

"La inseguridad reina en el departamento de Sucre. Nuevamente llamo la atención a las autoridades de orden local y Nacional para que de manera inmediata contrarresten este flagelo que aqueja a la población sucreña.

 

Según el más reciente informe de la Policía departamental de Sucre, indicadores como la extorsión, el hurto y el abigeato se han disparado, agravando la situación de inseguridad que ya se venía presentando.

 

Entre enero y junio de 2016, el hurto a comercio aumentó un 42% -comparado el mismo periodo del año anterior-. El hurto a personas aumentó en 9% y el hurto de motocicletas en 50%. Preocupan también las cifras de abigeato que aumentaron un 42%, pasando de 84 casos en 2015, a 119 en 2016.

 

La situación es de tal gravedad que ya cobró la muerte del joven gerente de la empresa de transporte Torcoroma, señor Édgar Mejía, por no pagar una extorsión.
 

Solicito al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, y a la Policía nacional y departamental que brinden la seguridad que clama el pueblo sucreño.

 
Crítica situación del Hospital Universitario de Sincelejo
 

Constancia de la senadora María del Rosario Guerra, en la que alerta por la crítica situación del Hospital Universitario de Sincelejo:

 

"La situación del Hospital Universitario de Sincelejo es tan crítica como la de muchos otros hospitales del país que hoy se encuentran en quiebra. Aunque la Superintendencia de Salud ha brindado acompañamiento en los procesos de solución financiera del Hospital, a mayo del 2016 hay un desfinanciamiento de más de 52 mil millones de pesos.

 

La corrupción, la politiquería, el despilfarro, la mala gestión del Hospital y la Gobernación de Sucre son otros de los responsables, pero el Gobierno Nacional también ha contribuido, a través del Ministerio de Hacienda que prometió para este año una inversión de $10 mil millones y aún no se conoce qué pasó con esos recursos.

 

De igual manera, el Ministerio de Salud que no ha brindado informe de los compromisos que adquirió con el Hospital y su avance, mientras que especialistas, personal de la salud y trabajadores se quejan de la falta de pago de salarios por más de seis meses, e incluso hasta el año.

 

Me preocupa que la solución para el Hospital se proyecte para el 2025, cuando es ahora cuando se tiene  la gran urgencia de subsanar el déficit financiero que tiene el Hospital. ¿Por qué lo órganos de control no han sancionado a los responsables? ¿Por qué la Superintendencia de Salud no ha intervenido?

 

Solicito al Ministerio de Salud que nos informe cuál es el estado de los compromisos que adquirió con el Hospital Universitario de Sincelejo y al Ministerio de Hacienda que le explique al país qué pasó con los 10 mil millones que prometió para invertir en este hospital y por qué no lo ha intervenido".

 

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La mejor defensa es la verdad

“Quieren robarle el alma a Colombia y pisotear la identidad sexual de nuestros estudiantes, pero no los dejaremos!”: senadora María del Rosario Guerra.
 

La familia es el eje fundamental de la sociedad, y protegerla es proteger su futuro. Bajo esa premisa, propuse y llevé a cabo el debate de control político en la plenaria del Senado de la República.

Como madre de tres hijos y como ciudadana, me preguntaba ¿por qué el gobierno quiere coartar el derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos? ¿Por qué el Ministerio de Educación se empeña en decidir qué orientación sexual debe darse en los colegios sin considerar lo que piensan padres y educadores? Y mejor aún, ¿por qué imponer a los menores una concepción de vida y familia que respeto, pero no comparto?
 

En sólo una semana el tema de conversación en aeropuertos, plazas y reuniones privadas fue el inconformismo por las acciones del Ministerio de Educación al convocar a colegios para cambiar manuales de convivencia, condicionados por unas preguntas que, para muchos, estaban en contravía del proyecto educativo del colegio. Y me decían: Senadora hay que hacer algo.
 

La respuesta rápida pero contundente fue la protesta pacífica a la que asistimos miles de madres y padres, educadores y rectores, que salimos a las calles el 10 de agosto, para dejarle saber a la Ministra de Educación la preocupación por la educación de los hijos y por la familia.
 

El debate en el Senado nunca se planteó contra alguien por su orientación sexual. Por el contrario, se constituyó en un reclamo legítimo de gran parte de la sociedad colombiana que cree en el respeto, y que no exige otra cosa que el mismo respeto por sus derechos, entre ellos el de definir cómo educar a sus hijos.

Es evidente que con el loable argumento de frenar el matoneo, la agresión, el irrespeto en los colegios contra estudiantes que piensan, actúan o tienen una identidad sexual diferentes, el Ministerio de Educación quiere usurpar competencias de los padres de familia, e inducir a los colegios a deconstruir ideas de familia, sexo y roles sociales, mediante las guías y talleres para cambiar los manuales de convivencia.

Demostré en el debate de control político cómo desde el Ministerio se le mintió a las familias y al país. La ministra primero aseguró que la cartilla no existía, y sí existe. Después aseguró que no se había pagado por ella; y con pruebas demostré que el Ministerio sí aportó 900 millones de pesos. Más adelante aseguró que no se habían convocado a los colegios para actualizar manuales basados en cartillas, sin embargo –con documentos de las secretarías de educación departamentales- demostré que los colegios sí fueron convocados a realizar talleres para revisar dichos manuales con preguntas orientadoras en la línea de la cartilla.
 

Igualmente expuse las preocupaciones de ocho asociaciones de colegios privados y de las diferentes iglesias presentadas por escrito -entre junio y julio pasados- a la ministra, y que no tuvieron respuesta.

Como mujer y católica siempre he creído que nada justifica el abuso, la violación, el acoso, el maltrato, ni el matoneo en la escuela, ni fuera de ella por tener una identidad sexual diferente. Como tampoco justifico la vulneración de ningún derecho, ni la extralimitación de funciones como ha ocurrido en el caso de la cartilla. No se pueden defender derechos de unos, desconociendo los de otros y además imponiendo ideologías.


Mi intervención estuvo centrada en las faltas cometidas por el ministerio de educación, y pretendía obtener de la jefe de la entidad una explicación al cuestionario radicado.
 

Pero fue decepcionante cuando llegó el momento de oír las explicaciones y respuestas de la ministra Parody: el pleno del Senado y las barras, entre las que se encontraban padres y madres de familia, no oyeron nada distinto de la ministra que el debate era poco menos que una persecución, un linchamiento moral por su orientación sexual. Inaceptable y nada más alejado de la realidad.
 

Sin el valor de reconocer los errores y equivocaciones cometidas por ella y los funcionarios de su entidad; y sin argumentos para soportar lo hecho y lo dicho se escudó detrás de un discurso sobre la igualdad y el respeto a la diferencia, que comparto y además practico; pero que no puedo aceptar como respuesta a unas preguntas planteadas de manera clara y directa.
 

El poco tiempo que usó para hablar del tema de la cartilla, lo dedicó a comparar las publicadas durante el gobierno del expresidente Uribe y las del gobierno Santos.

Sobre el tema le recordé que en las cartillas publicadas durante  el gobierno Uribe nunca se puso en duda la institución de la familia heterosexual y se partía de la base de reconocer que se nace varón o hembra. Nunca se impuso a los colegios el uso o implementación de las publicaciones y tampoco se amenazó a rectores sino las incorporaban. Se defendió la moral y las buenas costumbres, que ahora se quieren eliminar.


La conclusión no puede ser otra diferente a que quedó demostrada la incompetencia y falta de manejo de los temas de educación en cabeza de la ministra. Incluso su falta de sensibilidad con temas tan delicados como la educación sexual de nuestros niños.


Como funcionaria no debió nunca desviar el objeto del debate sobre decisiones de su Ministerio, hacia un terreno personal que nunca pisé porque respeto absolutamente. Por el contrario, debió aceptar que se equivocó desde el principio y con gallardía ofrecer excusas y renunciar a un cargo para el que evidentemente ha demostrado no estar preparada.

Quieren robarle el alma a Colombia y pisotear la identidad sexual de nuestros estudiantes, pero no los dejaremos!

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Por la defensa de la institución de la familia colombiana

Columna de opinión de la senadora María del Rosario Guerra.

“La Corte Constitucional nos ha venido acostumbrado a una constante usurpación de las competencias de la rama legislativa y a la sustitución de los debates democráticos".

Bogotá, 18 de abril de 2016 (CD). Como muchos colombianos, registro con preocupación la decisión de la Corte Constitucional de avalar el matrimonio entre parejas del mismo sexo en nuestro país.

Y me preocupa porque para mí, como para la mayoría de los colombianos, el matrimonio es la unión plena de un hombre y una mujer en la que no sólo se complementan el uno al otro y de manera natural procrean, si no que comparten con amor la crianza de sus hijos. En eso radica el valor intrínseco del matrimonio: en compartir la vida de forma amplia y en todos los niveles.

Pertenezco a ese 62% de ciudadanos que, según la encuesta Gallup de 2015, no aprobamos que la institución del matrimonio sea extendida para uniones entre personas del mismo sexo. Claro que estoy de acuerdo con la protección de sus derechos civiles y el respeto a su dignidad;  pero defiendo el concepto de matrimonio como institución fundante de la humanidad como lo reconocen La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución  Política de  Colombia y el Código Civil.

Aunque todavía no existe sentencia, me preocupa el aval que pretende dar la Corte al matrimonio entre personas del mismo sexo. Si así ocurre, la entidad judicial se estaría extralimitando en sus funciones y usurparía competencias exclusivas del Congreso de la República. Utilizar la tutela como una herramienta para legislar, crear nuevas normas y modificar la Constitución Política de Colombia en temas que redefinen la estructura de la sociedad no es, ni debe ser el mecanismo.

Con sus últimas actuaciones, la Corte Constitucional nos ha venido acostumbrado a una constante usurpación de las competencias de la rama legislativa y a la sustitución de los debates democráticos: ha aprobado el aborto, la eutanasia, la dosis personal de sustancias psicoactivas y la adopción por parejas del mismo sexo.

Como Senadora quiero representar a quienes compartimos esta visión de institución y por eso analizaré la sentencia que la Corte emita sobre el tema y conforme a ello instauraré las acciones pertinentes para ponerle fin a este ciclo de extralimitaciones. Por eso, invito a todos los ciudadanos a que participen de manera activa en este proceso, se sumen a la campaña y manifiesten su sentir por redes con el #DefendamosLaFamilia.

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No se puede tapar el sol con una mano

Columna de opinión de la senadora María del Rosario Guerra.

“La paz se construye aquí con la gente que de sol a sol trabaja honradamente”: senadora María del Rosario Guerra.

Sincelejo, abril 4 de 2016.- El sábado e incluso el domingo, Colombia y la comunidad internacional fueron testigos de las multitudinarias marchas que a lo largo y ancho del país se realizaron de manera casi simultánea, y que reunieron a cientos de miles de colombianos inconformes con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sus políticas.

Pese a las versiones de los detractores de la marcha con las que se quiso descalificar la movilización, supuestamente porque a ella asistirían paramilitares o gente que no quiere la paz para Colombia; y pese a los rechazables paros decretados por el ‘Clan Úsuga’ para amedrentar a la gente que voluntariamente quería participar, la respuesta fue mucho más que positiva. Fue contundente.

Con todo en contra, las marchas demostraron que las posturas del Centro Democrático emanan de lo más puro de la democracia: la voz del pueblo. Ese mismo que el presidente Juan Manuel Santos durante sus ya casi 6 años de gobierno no ha querido escuchar y del que se acuerda exclusivamente para cobrarle los errores de él y de su gabinete.

Mientras que el gobierno no se conduele con su ciudadanía y varios de sus ministros hacen negocios a diestra y siniestra, el ciudadano común paga de su bolsillo los errores de Isagen, Ecopetrol, Caprecom y Reficar, por nombrar sólo algunos.

En el resto del país y hoy en Montería, la ciudadanía ha dejado oír su voz y le ha dicho de frente al presidente que no está de acuerdo con sus políticas, ni con sus decisiones, ni con lo acordado en sus diálogos en La Habana, ni con su desgobierno.

Por andar engolosinado con los diálogos con los grupos al margen de la ley, el Presidente se ha olvidado que hay un país que no conseguirá la paz a punta de firmas, fotos y juegos de béisbol en La Habana.

La paz se construye aquí con la gente que de sol a sol trabaja honradamente por sacar adelante el país desde los campesinos, pasando por los soldados, las amas de casa, los empresarios, docentes y estudiantes. Aquí hay un país de más 48 millones de habitantes que necesita ser tenido en cuenta y que rechaza la impunidad como medio para lograr la paz.

Si a alguien le queda duda no es sino que revise los medios de comunicación de este fin de semana para que se dé cuenta y no intente tapar el sol con una mano: el inconformismo es grande y seguirá en aumento mientras no se corrija el rumbo.

Mientras tanto el Centro Democrático, fiel a sus pilares, seguirá representando a ese país de gente decente que ama su patria, y que concibe una paz sin impunidad y con entrega de armas.

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Comfasucre agoniza por politiquería y corrupción

Columna de opinión de la senadora María del Rosario Guerra.

“Rechazo malos manejos, politiquería, acoso laboral y mal servicio “

Sincelejo, febrero 26 de 2016.- El 12 de mayo del año pasado en la Comisión Tercera de Senado, realicé un debate de control político a la Caja de Compensación Comfasucre en el que esbocé la situación administrativa y financiera por la que atravesaba la entidad, y planteé la necesidad de revisar la intervención que en vez de ayudar estaba poniendo en riesgo de liquidación a COMFASUCRE.

Es más, expuse denuncias sobre el equipo administrativo e interventor -en la vigencia 2014- que incluían perdidas y abuso de confianza relacionados con bonos de pignoración por $667 millones y peculado por extensión en interventoría del Banco Agrario. Y, sobre la actual administración, expuse aumento injustificado de contratos y duplicación de objetos en gran número de ellos, derroche en el gasto de la directora y mala calidad de los servicios.

Cuestioné, además, la labor de entidades como la Superintendencia de Subsidio Familiar que ha permitido que tamañas irregularidades hicieran carrera en la Caja de Compensación de Sucre. Y señalé que la inoperancia de las entidades y funcionarios a cargo no podía costarle a Sucre la pérdida de la única caja de compensación con cobertura en el departamento, y de la poca institucionalidad de la que disponían los empresarios, para que sus trabajadores y familiares mejoren su calidad de vida.

Desde aquel debate, en el que sólo se habían expuesto hallazgos, y le había solicitado a la Procuraduria, Contraloría y Secretaría de Transparencia de la Presidencia que investigaran y actuaran, han transcurrido más de 9 de meses y no ha pasado nada, excepto que la exsubdirectora de la Superintendencia de Subsidio Familiar reconoció no sólo el mal manejo que la Superintendencia y la interventoría de Comfasucre le han dado al tema, sino que eso ha impedido que la opinión pública local y nacional conozca la corrupción que hay en ambas  entidades.

Rechazo los malos manejos, la politiquería, el acoso laboral y mal servicio que la directora de la Caja ha hecho, y que ha puesto al borde de la liquidación a la entidad.

Vuelvo y pregunto:

¿Dónde están los organismos de  control y el resultado de sus pesquisas?

¿Cuál era, entonces, el objetivo de la intervención que lleva dos años, salvarla o dejarla morir?

Nuestras historias

Por el rescate de nuestro café

Columan de la senadora María del Rosario Guerra.

La inclemente sequía que afecta al país, se está llevando por delante la ya debilitada producción cafetera, es por ello que alerto a las entidades encargadas y a sus funcionarios para que actúen rápido.

Y es que el sector cafetero ha sido uno de los más perjudicados, no sólo porque los ingresos de los cultivadores no se corresponden con la inversión, sino porque –además de los nocivos efectos de la broca-, ahora con los cambios climáticos,  se agrava la situación.

En el último trimestre del año pasado, Roberto Vélez, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, había confirmado que debido al fenómeno de El Niño, 400 mil hectáreas, de las 900 mil hectáreas cafeteras que tiene el país, habían sido afectadas por la broca, el eliminador y la araña roja, hongos que se multiplican con la sequía.

Es tal la situación que los representantes de las dignidades agropecuarias y cafeteras de Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquía, ya alertaron de los graves daños ocasionados a los cafetales; y por tanto a la cantidad y calidad del grano.

Para la muestra un botón: Según el Comité de Cafeteros de Risaralda, la falta de lluvias afectará la cosecha de mitaca en un 50% o 60%, y los municipios de Balboa, La Celia, Mistrató, Apía, Guática, Quinchía,Santuario y Belén de Umbría, serán los más afectados.

Ya en Santuario (Risaralda), por ejemplo, hay informes de que los caficultores están abandonando sus cultivos. El propio alcalde, Everardo Ochoa,  reveló que la cosecha de café de abril y mayo se perderá entre un 70 y un 80%.

Urge que el gobierno nacional y el Ministro de Agricultura actúen inmediatamente y en coordinación con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y con los cafeteros de todo el país para tomar medidas que ayuden a paliar los estragos del intenso calor y las bajas precipitaciones. Hoy más que nunca se hace importante la protección de las cuencas de los ríos, volver a pensar en el café con sombrío en varias zonas, en las buenas  prácticas de producción y en mantener el ánimo de los productores.

Si no cuidamos la caficultura, sello regional e identidad productiva nacional, los colombianos veremos marchitar al café y todo lo que representa, hasta el punto que ni el paisaje nos quedará.

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Ironías de la tecnología en Colombia

El pasado 21 de enero se informó a la opinión pública que "Colombia podría tener su propio satélite en el espacio", noticia que me causó una grata sorpresa en la medida que desde mi gestión como ministra de tecnologías de la información y las comunicaciones, promoví la adquisición del Satélite de Comunicaciones Sociales de Colombia – SATCOL, avalado por los documentos Conpes 3579 y 3613 de 2009.

En su momento, se definió, a partir de rigurosos estudios de oferta y de demanda, que el Estado Colombiano debía asegurar un segmento satelital de 54.5 transpondedores para el año 2019 con el fin de proveer conectividad de Internet para la regiones apartadas del país, con énfasis en 50,010 instituciones públicas (instituciones educativas, alcaldías, instituciones de salud, bibliotecas, centros de gestión agroempresarial, entre otras). El objetivo era apalancar procesos de uso y apropiación de la tecnología para reducir las brechas socioeconómicas derivadas del aislamiento geográfico. Así el gobierno nacional decidió implementar un esquema satelital de comunicaciones que incluyera: i) un satélite de comunicaciones fijas propio (para suplir una demanda de 36 transpondedores), y ii) alquiler a largo plazo o demás esquemas que se encuentren viables, para suplir el resto de la demanda.

Se aprobó destinar recursos cercanos a los USD$250 millones, y en dos ocasiones se abrió  proceso licitatorio para su adquisición. La primera vez, debido a restricciones asociadas con el mercado de seguros y a rigideces del marco legal tributario y de contratación estatal, el proceso fue declarado desierto. En la segunda oportunidad, el proceso fue suspendido por señalamientos de inutilidad y posibles nexos contractuales de uno de los proponentes con el hoy "amigo" gobierno de Venezuela, provenientes del entonces candidato presidencial y ahora vicepresidente, Germán Vargas Lleras.

Además, el ministro TIC del gobierno Santos, Diego Molano Vega, decidió redestinar los recursos del satélite para desplegar una red troncal de fibra óptica para todos los municipios de país (se destinaron aproximadamente USD$200 millones). Colombia cuenta hoy con 1,078 municipios con un nodo de fibra óptica municipal, pero carece en muchos sitios del fin último que es llegar a los hogares, empresas e instituciones con conectividad, lo que se conoce como la última milla.

Con las condiciones topográficas de nuestro país la tecnología satelital es la solución prevaleciente de última milla para las zonas rurales y más apartadas de nuestra geografía. Pero fue sólo hasta 2013 a través del documento Conpes 3769 de 2013, que el gobierno Santos reconoció esa necesidad a través de la iniciativa "Proyecto de Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en zonas rurales y apartadas – Kioscos Vive Digital".

Según el mismo documento, el gobierno destinaría USD$215 millones en el período 2013-2017 para instalar 4,200 Kioscos Vive Digital, los cuales seguramente emplean la conexión satelital para la provisión del servicio de acceso a Internet. Como se puede ver, los recursos destinados para un potencial de 50,000 instituciones públicas pasaron a financiar 4,200 telecentros de acceso comunitario a Internet. Las cifras hablan por sí solas.

Más recientemente, frente a la iniciativa del exvicepresidente Angelino Garzón de adquirir un satélite con fines distintos, para la observación de la tierra, el gobierno Santos notificó, nuevamente por su ahora vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que por motivos de conveniencia económica se suspendía el proceso de adquisición de dicho satélite, el cual tenía un costo estimado superior a los USD 250 millones, que coincidencia.

Después de estos ires y venires del gobierno Santos, contradictoriamente hace dos semanas, se anuncia que están estudiando la viabilidad de una APP en la cual el país tendría que invertir USD $268 millones en 15 años para gozar de los beneficios satelitales, mediante un contrato de arrendamiento de largo plazo (leasing satelital), de apenas 18 transpondedores en el satélite Eutelsat 115 West B (ya en órbita). En números gruesos, se trata de un negocio de leasing que casi por el mismo precio hubiera permitido tener el satélite propio dimensionado.

En conclusión, la improvisación del gobierno Santos en materia de provisión de conectividad a Internet en las zonas apartadas del país ha abierto el espacio para un derroche presupuestal en el que los grandes beneficiarios son los proveedores de la industria satelital y los grandes perjudicados son los colombianos del 'posconflicto'.

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"¿Costos de la democracia?"

Columna de opinión de la senadora María del Rosario Guerra

 

"El panorama no es halagüeño": senadora María del Rosario Guerra.

Bogotá D.C., octubre 29 de 2015.- No está alejado de la realidad el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado cuando dice que "Si hay algo que se ha democratizado en el país, es la corrupción". Prueba de ello fue lo ocurrido en algunos lugares del país en la jornada electoral del pasado 25 de octubre.

Mientras que el gobierno nacional –a través de la resolución 0127 de 2015- fijó los límites al monto de gastos para cada una de las campañas a gobernaciones y alcaldías, en los diferentes departamentos y municipios, la feria del dinero se dio sin vergüenza alguna y las cifras fueron en aumento como en subasta.

En Sucre, por ejemplo, el gobierno estableció que para la alcaldía de Sincelejo el tope de dinero, dada su población, sería de $1.080.672.789; pero, como se comenta en los círculos políticos de Sucre, los costos para la candidatura a esa alcaldía estuvieron entre $3 y 8 mil millones de pesos. Lo mismo –se dice- ocurrió en la gobernación: el monto de gastos según algunos osciló entre $10 y 30 mil millones, cuando lo autorizado por ley no podía superar $1.465.864.234.

Con estas cifras, no sorprende que dos días antes de las elecciones, haya sido detenido un excongresista y esposo de la candidata a la gobernación sucreña; y en el día de elecciones algunos candidatos o militantes de otros partidos con dinero en efectivo en sus mochilas.

Y me pregunto ¿Cómo es posible sostener una democracia en esas condiciones? ¿Quién puede acceder a los puestos por elección popular con esos costos? ¿De dónde proviene ese capital? Si el dinero recaudado proviene de 'inversionistas' de la política, como dicen, dicha "inversión" retornará con recorte a presupuestos y asignación de contratos a dedo o amañada.

Así las cosas, no podemos hablar de un balance positivo. Por donde se le mire, perdemos todos: pierde el país porque el mercantilismo del voto expone a la democracia al mejor postor y no a las mejores propuestas o programas, dejando rezagados aquellos buenos candidatos populares que no tienen dinero.

Perdemos porque con el engaño; la inversión, las comunidades y los pueblos se estancan.

Perdemos porque es un círculo vicioso que eterniza sociedades mafiosas e institucionaliza "carruseles" que se chupan el erario público.

Perdemos porque dejamos la democracia en manos de corruptos, narcotraficantes y tenedores de dinero ilícito, lejos de la gente de bien que quiere servir y -con su trabajo- aportarle a la comunidad.

El panorama no es halagüeño, si el gobierno sigue reproduciendo las prácticas de "yo te doy puestos y contratos, y tú votas por mi"; si los órganos de control no son más rápidos y ejemplarizantes en sus reacciones y sanciones; y si la sociedad no ejerce la sanción social y electoral votando a conciencia.

Vale la pena pensar en la institucionalización de un programa de pedagogía por la democracia en colegios, universidades y medios de comunicación en el que la gente conozca y reconozca nuestro sistema democrático; y valore y cuide el voto.

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Nos quedamos cortos

Sincelejo, julio 9 de 2015.- El pasado 12 de mayo en la Comisión Tercera de Senado, lideré un debate de control político a la Caja de Compensación Comfasucre en el que esbocé la situación por la que atravesaba la entidad y planteé la necesidad de una intervención responsable y cuidadosa que redefiniera su rumbo y contribuyera con su sostenibilidad a mediano plazo.

Revelé el gran riesgo de liquidación en el que está la Caja por el mal manejo financiero y politiquero; y presuntos hechos de corrupción. Igualmente expuse cómo se ha incumplido el manual de contratación y las debilidades de su sistema contable, el uso de recursos propios de la caja (subsidio familiar) para pagar a proveedores de la EPS-S e incluso, las inadecuadas instalaciones para la prestación de servicios de educación.

Es más, expuse denuncias del equipo administrativo e interventor -en la vigencia 2014- que incluían hurto y abuso de confianza relacionados con bonos de pignoración por $667 millones y peculado por extensión en interventoría del Banco Agrario. Y, sobre la actual administración, expuse duplicación de objetos en gran número de contratos, sin claridad en los objetivos.

Pero hoy, con profunda tristeza, debo reconocer que nos quedamos cortos. Hace unos pocos días la firma KPMG Advisory Services SAS presentó en Sincelejo –a la asamblea de afiliados- un informe de auditoría en el que reveló más irregularidades ocurridas entre los años 2011 y 2013.

He aquí algunas perlas:

-Irregularidades en 23 contratos -por más de 7.935 millones de pesos- que no tienen solicitud de contratación.

-51 pagos por valor de 238 millones de pesos por concepto de comisión por evaluación de resultados, pagados "al directivo número uno de Comfasucre". Sin metodología para evaluar dichos resultados.

-Pagos por más de $971 millones por concepto de gastos de combustible.

-16 millones de pesos pagados con tarjeta de crédito del Banco Bogotá, que no correspondían al tipo de actividad de Comfasucre.

-Gastos en llamadas al exterior; y en telefonía móvil y fija por 331 millones.

¿Dónde estaban entidades como la Superintendencia de Subsidio Familiar que permitieron que estas irregularidades hicieran carrera en la Caja de Compensación de Sucre "Comfasucre"?

¿Cuánto debe esperar la comunidad para que le presten los servicios, la atención, el respeto y la calidad que se merece?

¿Cuánto dinero más tiene que perderse en bolsillos de corruptos para que el gobierno tome cartas en el asunto?

Si bien en el momento del debate –hace casi 2 meses- no hubo respuesta a las inquietudes planteadas, espero que ahora las haya. Pudimos quedar cortos con los hechos y preocupaciones, pero luego de la auditoría es claro que no podemos quedarnos cortos en las soluciones.

Se debe superar la etapa de los hallazgos e implementar acciones inmediatas para no dejar morir a una entidad que como Comfasucre -bien manejada con eficiencia, diligencia, austeridad y probidad-, contribuye al bienestar de Sucre.

Si bien los recursos de esas entidades no son del Estado, sí son de los trabajadores y por supuesto de la sociedad, porque manejan partidas gubernamentales para proyectos sociales de vivienda, salud y educación. Así, con mayor razón deben dar cuenta de su gestión y resultados.

La inoperancia de las entidades y funcionarios a cargo no puede costarle a Sucre la pérdida de la única caja de compensación con cobertura en el departamento, y de la poca institucionalidad de la que disponen los empresarios, para que sus trabajadores y familiares mejoren su calidad de vida.

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Diálogo de sordos

Bogotá. D.C. junio 30 de 2015.- Con impotencia los colombianos estamos siendo testigos de una de las calamidades ambientales más grandes en la historia reciente del país.

Hasta este momento, por conveniente silencio del presidente Santos, hemos tenido que aceptar que los grupos terroristas hagan lo que se les da la gana con la población inerme bajo la excusa de "los diálogos de paz", pero el crimen ecológico cometido por las FARC en las últimas semanas ya supera el círculo nacional y adquiere dimensiones mundiales.

Si antes un desprevenido ciudadano del mundo podía desentenderse de lo que ocurre en un país de Latinoamérica, como Colombia, con el ecocidio ya le queda absolutamente claro que hace parte de los afectados.

Es la humanidad, en primer lugar, la directa afectada: daños irreparables en el ecosistema, fauna y flora irrecuperables y contaminación del Océano Pacífico. Después viene la población de Tumaco: Fuentes de agua potable contaminadas como el Río Mira y 140 mil habitantes privados del vital líquido.

Como si todo esto no fuera suficientemente indignante, se oyen las declaraciones de nuestro primer mandatario asegurando que lo ocurrido es "lo normal en la guerra": Señor presidente, esto ni es "normal" ni es "una estupidez" es un holocausto ambiental que requiere acciones inmediatas y contundentes.

Y luego, con la alocución de alias "Pastor Alape" en la que apela al "cuidado de nuestra casa común" -como lo pide el Sumo Pontífice en su reciente encíclica- no entiendo en qué parte -de todo este proceso- el grupo narcoterrorista ha respetado "el derecho humano básico, fundamental y universal del acceso al agua potable".

No es sino leer completamente la carta solemne para entender su amplio sentido del respeto a la ecología y a la humanidad.
¿Qué tanto más tiene que pasar para que la comunidad internacional se entere de las implicaciones de unos diálogos de paz que cubren exclusivamente los intereses de un presidente sordo y un grupo de criminales de turismo en La Habana?.

¿Dónde quedan las necesidades y la dignidad de los colombianos y en dónde el futuro de la humanidad?.

En su Carta el Papa Francisco invita a tomar "decisiones valientes" y a reconocer la dimensión de la contaminación y degradación a la que el ser humano ha sometido a la naturaleza. Invita además a "escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres que son quienes sufren los más graves efectos de todas las agresiones ambientales".

Ahora bien, ¿Lo valiente y lo coherente no sería que las FARC suspendieran las atrocidades, reconocieran la responsabilidad de sus actos y se sometieran a la justicia?.

¿Lo valiente y lo coherente no sería que gobierno y negociadores escucharan el clamor de millones de compatriotas que reclaman el cese unilateral de las FARC, la entrega de las armas y el respeto por los colombianos y la naturaleza?
Exigir coherencia ¿será mucho pedir?

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Balance legislativo 2014 – 2015

Bogotá D.C., junio 23 de 2015.- El pasado 20 de julio de 2014 recibimos más que un respaldo, un mandato de millones de colombianos a lo largo y ancho del país que nos obligaba a interpretar sus necesidades y anhelos; y a hacer eco de ellos en el Congreso para –desde ahí- promover leyes que redundaran en beneficio del país.

Como fruto del recorrido por Colombia y, en especial por Sucre y Risaralda, promoví debates de control político enfocados en la defensa de las condiciones de la vivienda, la promoción y el mejoramiento de la clase media; y el manejo de las regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros.

Denuncié desde la Comisión de Ordenamiento Territorial las condiciones críticas de la calidad del agua potable en el país, la inviabilidad financiera a la que están llevando a Comfasucre y el deterioro ambiental por la erosión de las playas y el derrame de crudo en el Golfo de Morrosquillo. Planteé además mis observaciones sobre la eficiencia del gasto en la administración de Justicia y sobre el informe presentado por la Comisión de expertos que revisa el Sistema Tributario.

Temas como el incumplimiento del Gobierno Nacional a los compromisos sociales hechos en campaña, el deterioro de la seguridad, el manejo derrochón y folclórico de la economía nacional, y la crisis de los servicios de salud fueron recurrentes en mis constancias.

Llamé la atención sobre las precarias condiciones de nuestros presos por el hacinamiento carcelario, y el olvido en el que están nuestros connacionales en el exterior. Senté mi rechazo a la inaceptable propuesta de legalización de las drogas y la de la eutanasia. Ambas decisiones gubernamentales que atentan contra la dignidad humana y la vida.

Pese a nuestros esfuerzos y oposición como bancada, el Gobierno Nacional logró aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y la Ley de Financiamiento que contienen decisiones que no se conduelen con los ciudadanos, ni empresarios de la pequeña y mediana empresa.

El año legislativo que hoy termina, ha sido un ejercicio satisfactorio y enriquecedor. Recogí en cada visita el sentir y el clamor de la comunidad, y los transmití tanto como pude y en todos los espacios en los que se me permitió.

Agradezco a todos los que han hecho posible esta productiva labor legislativa y renuevo mi compromiso con el país y las regiones.

Los colombianos pueden tener la seguridad de que sus inquietudes y necesidades han sido y seguirán siendo oídas; y que seguiré promoviendo más y mejores condiciones económicas, sociales y culturales para todos.

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¿Por qué el precio de la gasolina no baja?

"El factor más influyente es el ingreso al productor ": Senadora María del Rosario Guerra.

Bogotá D.C., febrero 9 de 2015.- Muchos colombianos se preguntan por qué si el petróleo baja, la gasolina no lo hace de igual forma; y en este sentido vale la pena recordar que la fórmula que fija el precio de la gasolina al usuario final fue modificada estructuralmente desde finales de 2011 e incluso en la última reforma tributaria del gobierno Santos.

El precio al consumidor de la gasolina en las principales ciudades del país se construye a partir de cuatro grandes componentes: el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y motor corriente oxigenada (adicionada con alcohol carburante), los impuestos (IVA, impuesto global y sobretasa a la gasolina según la ciudad), y los márgenes de comercialización.

El factor más influyente sobre el precio de la gasolina es el ingreso al productor que es el valor pagado a las refinerías por transformar el petróleo. De hecho, el ingreso al productor lo determina mensualmente el Ministerio de Minas y Energía sobre la base de la evolución del precio internacional del petróleo, el costo de los fletes marítimos y terrestres, los seguros, el gasto de transporte por poliducto y la tasa de cambio.

A todo lo anterior se le suma la aplicación del costo de oportunidad que incluye tres criterios: la brecha entre el precio reconocido al productor local y el precio de paridad de exportación, la tendencia del precio internacional del petróleo y la definición de topes.

Así las cosas, es claro que el precio de la gasolina no responde automáticamente a las variaciones de los precios internacionales del petróleo en la medida que la fórmula definida por el gobierno amortigua la volatilidad internacional de los precios, tanto al alza como a la baja.

Un estudio del Banco de la República (2012) muestra -a título de ejemplo- que el 27.9% del precio de un galón de gasolina correspondía a IVA, impuesto global y sobretasa. A todas luces, un porcentaje exagerado.

Finalmente, a estos factores estructurales se debe sumar lo establecido en los artículos 69 y 70 de la última reforma tributaria (Ley 1739 de 2014) del gobierno Santos con los que se creó el "Diferencial de Participación": una contribución parafiscal para financiar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).

Creado por el literal c) del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011, este "diferencial" fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621-13 de 10 de septiembre de 2013.

Ahora bien, cálculos del propio Gobierno Nacional estiman que el FEPC acumulaba hacia finales de 2014 un déficit de más de $4 billones. Y es por eso que para no destinar recursos públicos de inversión para financiar este déficit, el gobierno creo en la reforma tributaria esta contribución parafiscal en cabeza del importador o refinador al momento de importar o refinar el combustible, sólo cuando el precio internacional del combustible sea inferior a su precio de referencia.

En consecuencia el gobierno Santos persigue -a través de esta contribución- que cuando bajen los precios internacionales del petróleo, se ahorre dinero con el que se pueda llenar el hueco del FEPC generado por la suavización de las alzas de precios en temporadas de precios internacionales altos.

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