Durante el primer semestre legislativo de 2018 la senadora Emma Claudia Castellanos lideró importantes iniciativas, entre las que se destacan la creación del Ministerio de la Familia y   la que establece parámetros en materia migratoria.

Adicionalmente presentó los siguientes proyectos de ley:

• Por medio del cual se establecen medidas de apoyo y orientación a la mujer durante el embarazo y puerperio para prevenir el abandono de menores.
• Por medio del cual se dictan medidas que garantizan la igualdad de derechos en el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres. Con este proyecto se  propone aumentar el tiempo de licencia de paternidad para los padres con hijos múltiples o prematuros. Esta iniciativa  fue aprobada en primer debate. 
• Por la cual se determinan los lineamientos para la elaboración de una política pública que concilia las responsabilidades familiares con la vida laboral.
• Por medio del cual se establecen medidas para garantizar la prestación de servicios de salud oncopediátrica y se declara urgencia médica la atención integral a los menores con cáncer. Esta iniciativa fue aprobada en primer debate. 
• Por medio del cual se crea el registro nacional de obras inconclusas de las entidades estatales. Esta iniciativa fue aprobada en primer debate. 
• Por medio del cual se crea el Instituto Nacional de Protección y Bienestar Animal.
• Por medio del cual se establecen algunas medidas de fortalecimiento educativo y en servicios para las personas con discapacidad.

De igual manera,  la senadora apoyó las 17  iniciativas presentadas por  la bancada de Cambio Radical.

Como integrante  de la Comisión Segunda, la congresista Castellanos  participó en tres debates de control político: Efectividad y pertinencia de la fumigación de cultivos ilícitos con drones, análisis al Presupuesto General, donde denunció la desfinanciación de importantes programas sociales del Estado y los efectos de la migración venezolana, allí hizo un llamado de atención para que se  garanticen los derechos de las personas que han llegado al país, en especial de los niños.

De igual forma, se pronunció frente a temas de interés nacional como:

• El fallo de la Corte Constitucional que mantiene el aborto sin límites de tiempo.

• El reconocimiento que el gobierno de Juan Manuel Santos hizo de Palestina como Estado.
• La decisión de la Corte Constitucional frente a que los miembros de la ex guerrilla de las FARC, que cometieron abusos sexuales contra menores de edad, no pasen por la justicia ordinaria.
• La necesidad de proteger  la vida y garantizar los derechos básicos de la población venezolana.

En cuanto a la función de verificar los requisitos para promoción de los miembros de la Fuerza  Pública de Colombia, fue ponente de tres ascensos.

Es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. 

Junto a la comunidad

Con el fin de conocer las necesidades y problemáticas de los ciudadanos, la senadora Castellanos participó de las siguientes reuniones en distintas regiones del país:

• Mosquera: Reunión con líderes comunitarios de Cundinamarca, a fin de conocer las problemáticas del departamento.
• Cali: Reunión con madres de Familia para conocer el modelo Educación Sin Escuela, y visita a la comuna 13 para escuchar las necesidades de la comunidad.

Participación del encuentro de ciudad para analizar el tema de inseguridad.

• Barranquilla: Conversatorio con líderes sociales y representantes de la comunidad de afrodescendientes, quienes dieron a conocer sus inquietudes sobre el tema de la familia, y su problemática en la ciudad.           

Encuentros internacionales

• Reunión con colombianos residentes en Chile para escuchar sus experiencias y necesidades, como insumo para la construcción del proyecto de ley que establece parámetros migratorios.
• Reunión con el Ministro de Desarrollo de Chile, Alfredo Moreno, a fin de conocer la experiencia sobre la creación del Ministerio de Familia y su avance en este país.
• Encuentro con María Pia Adriasola (líder social y política de mujeres en Chile), donde se abordaron temas de defensa de la vida, migración y protección a la familia.
• Cita con Mauricio Olavarría, ex representante del Banco Mundial para América Latina. 

El pasado martes 4 de septiembre los oyentes de W Radio en Colombia nos estremecimos con el testimonio de un padre que en medio de lágrimas relataba la impotencia que le generaba la situación actual de drogadicción de su hijo de tan solo 17 años, quien hace cuatro es esclavo de este flagelo,  no quiere estudiar, se ha escapado 4 veces de centros de rehabilitación, no tiene sueños para un futuro y ya no quiere vivir cerca de su familia.

En medio de su desesperación este padre ha tocado varias puertas: especialistas, Policía, medios de comunicación, con tal de obtener una salida que le permita sacar a su hijo de esa situación antes de que sea demasiado tarde.

Este es uno de los muchos casos que demuestran que nuestros jóvenes y el país se encuentran inundados de sustancias psicoactivas.

Anteriormente Colombia era reconocida solo por ser uno de los principales productores de cultivos ilícitos pero hoy, tristemente, es el cuarto país de Latinoamérica donde hay más consumidores de estas sustancias.

Pero, ¿Cómo llegamos a este panorama?

Esta problemática va relacionada con  la producción  desbordada de los últimos 8 años y los grandes problemas que viven las familias en su interior.

Si observamos las cifras, en  la década del 90 se multiplicaron los cultivos de coca de manera exponencial en un 350%, este crecimiento se dio como consecuencia de la despenalización del consumo de la dosis personal, gran error del magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, el cual  marcó a nuestras generaciones.

En la primera década del 2000 se redujeron  los cultivos en 40% resultado de la puesta en marcha de un plan integral compuesto por la fumigación, la erradicación manual y una lucha frontal contra las organizaciones criminales.

No obstante, durante el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos las cifras comenzaron a cambiar. En este periodo se incrementaron los cultivos en cerca de un 4%. En el segundo y tercer año el aumento fue de 25%. Para  2014 fue de  45% y en 2015 ya estábamos por el 70% de aumento en comparación a la cifra de 2010.

Actualmente tenemos más de 200 mil hectáreas de coca, camufladas en regiones de frontera, en sectores de difícil acceso para las autoridades, pero no para los grupos irregulares que se han dedicado a inundar calles de municipios y ciudades con droga poniéndola al alcance de nuestros niños y jóvenes.

¿Cuál sería la solución? Recientemente, junto con el senador José Luis Pérez, citamos a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado al Ministro de la Defensa para que nos respondiera algunas preguntas acerca de la nueva estrategia que quieren implementar de fumigación con drones.

Colombia sería la pionera en implementar este tipo de tecnología para acabar con los cultivos ilícitos ¿pero será ésta la salida más efectiva? ¿Cómo decirle a un campesino que cambie un cultivo de coca que le deja $80 mil pesos de ganancia diaria por uno legal del que sólo obtendrá $35 mil?

Hoy hago un llamado de atención al gobierno del Presidente Iván Duque, para que no sólo piense en la fumigación, sino para que implemente una política de restitución integral, en donde el objetivo no solo sea eliminar  las plantas sino  brindar un acompañamiento cercano a las familias cultivadoras , que les garantice mejores ingresos.

Aplaudo la iniciativa sobre la penalización de la dosis mínima. Este es un paso fundamental para la protección de estas nuevas generaciones. Pero es imperativo ir más allá y ofrecer un apoyo total al enfermo y a la familia.

Con un trabajo articulado en varios frentes, acompañamiento en la sustitución en condiciones justas, el castigo a quienes comercializan y el tratamiento a quienes han caído en las drogas, estoy segura de que Colombia, por fin, podrá quitarse el yugo que por décadas ha querido destruir a cientos hogares y a nuestra Nación.

El pasado 7 de agosto se dio a conocer mediante un comunicado de Prensa el reconocimiento que Colombia hace a Palestina como “​un Estado libre, independiente y soberano”. Acto administrativo, sorpresivo e inesperado para todos los colombianos por la manera como el expresidente Juan Manuel Santos lo hizo, pues fue un día antes de terminar su mandato.

Hay varios aspectos que despiertan serias dudas acerca de la validez de la declaratoria. En primer lugar, habría que preguntarse si la autoridad Palestina cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados toda vez que no existe un Gobierno único.

Por un lado, la Franja de Gaza está bajo el dominio de Hamás y por el otro, el territorio de Cisjordania bajo la Autoridad Nacional Palestina. Le compete al presidente Duque y al Canciller analizar si estamos obrando dentro del marco del artículo primero de dicha convención.

Adicionalmente, la comunidad internacional ha reconocido al grupo Hamás como  terrorista, condición con la cual estaríamos quebrantando el principio internacional del Ius Cogen el cual se refiere al mantenimiento de la Paz.

Es así, que atendiendo el Gobierno de Colombia los criterios para el reconocimiento de un Estado, no debió darse la nota diplomática. Vale la pena resaltar las palabras de Hans Kelsen “​Un Estado viola el derecho internacional y por ende infringe los derechos de otros Estados sí reconoce como Estado a una comunidad que no cumple con los requisitos de derecho internacional[1]” .

En segundo lugar, Israel y la Organización para la Liberación Palestina se han reunido en múltiples ocasiones para negociar un acuerdo de paz, los cuales se han cumplido parcialmente incluyendo la entrega de los territorios de Gaza y Cisjordania por Israel.

Es necesario resaltar que el éxito de las relaciones internacionales implica coherencia, lo que me lleva a concluir que no es clara la decisión del  expresidente Santos frente a su declaración en el mes de abril del presente año en la conmemoración de los 70 años del Estado de Israel cuando afirmó “Nos han presionado mucho para que reconozcamos a Palestina. No lo he hecho porque eso debe ser producto de un acuerdo de paz con Israel[2]”. 

En tercer lugar, ​este acto no siguió el protocolo que se aplica para estos casos. Es la Cancillería de Colombia quien debe dar a conocer la nota diplomática tanto a los colombianos como al Estado de Israel y no a través de un comunicado de la embajada de Palestina.

Por último, considero que este conflicto llegará a su final en la medida que la Comunidad Palestina, reconozca y respete al Estado libre, soberano e independiente Israelí, así como el Estado de Israel ha manifestado su intención de reconocer un territorio, un gobierno y un estado a la Comunidad palestina.

Quiero hacer un llamado a que como legisladores asumamos una posición coherente y acorde con los acuerdos internacionales que hemos suscrito como Nación, así como con la relación diplomática que hemos mantenido con Israel, un Estado que ha respetado la normativa y que ha sido de gran apoyo y respaldo para el pueblo colombiano, situación que no  debe pasarse  por alto.

Así lo señaló la senadora Emma Claudia Castellanos en medio de un debate realizado este martes en la   Comisión Segunda de Senado, donde se analizó la estrategia de fumigación de cultivos ilícitos a través de drones. Allí habló de la necesidad de brindar apoyo a las comunidades campesinas para garantizar su sustento económico e  hizo varios cuestionamientos sobre la operatividad de este proyecto que según el Ministerio de Defensa en su primera etapa costará 78 millones de pesos.

Para la congresista Castellanos falta claridad sobre el costo total que tendrá esta estrategia ya que fumigar 100 mil hectáreas valdría cerca de 61.800 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que cada hectárea erradicada tiene un valor  de 618 mil pesos, “lo que no es claro es lo que incluye este presupuesto, porque se deben tener en cuenta costos de desplazamiento, y capacitación del personal que operará estos drones”, señaló.   

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta es el componente social, pues es indispensable dar una opción de ingresos a las familias que se sustentan de sembrar estos cultivos, para la congresista “la sustitución de cultivos ilícitos  no ha funcionado ya que la estrategia ha impedido garantizarle a los cultivadores  un sustento diario. Es necesario tener un cultivo sustituto al igual que un acompañamiento durante toda la cadena de siembra, recolección y comercialización de los mismos, ya que la mayoría de estas zonas son alejadas lo que dificulta vivir de los cultivos lícitos y facilita que las estructuras criminales los induzcan nuevamente a vivir del narcotráfico”.

Finalmente la congresista propuso la creación de una Comisión Accidental a fin de evaluar periódicamente  el avance y los alcances de los proyectos de sustitución de cultivos a fin de beneficiar a las comunidades.