Frente a las recientes declaraciones del jefe terrorista de las Farc, alias Iván Márquez, la representante Margarita Restrepo, permite manifestar lo siguiente:

1. Sus palabras cargadas de cinismo son una ofensa al pueblo colombiano. Ese delincuente no tiene ninguna autoridad para referirse a la situación de la niñez colombiana. La banda terrorista a la que él pertenece está obligada a devolver a todos los niños que en este momento tiene esclavizados.

2. Rechazo de manera enfática que la banda terrorista de las Farc siga mintiéndole a Colombia.

3. El Gobierno, preocupado por tapar los actos de corrupción que se han conocido en días recientes, no ha movido un dedo para obligar a las Farc a que devuelvan a los menores de edad que tienen en su poder.

4. Un genocida de la talla de Iván Márquez, no tiene autoridad alguna para dictarle lecciones a la sociedad colombiana.

5. Convoco a todos los medios de comunicación para que tomen la decisión de no abrirles ningún tipo de espacios a los cabecillas de las Farc hasta que no se efectúe la devolución de la totalidad de los niños en manos de esa organización terrorista.

6. El escenario de expresión del terrorista Iván Márquez no puede ser los medios de comunicación de la democracia, sino los tribunales de justicia en los que debe responder por los múltiples crímenes que ha cometido.

Hace algunos meses los terroristas de las Farc anunciaron con bombos y platillos la liberación de 13 niños que tenían en su poder. Aquella desvinculación se produjo en medio de un gran secretismo y sin que se nos hubiera entregado detalles de dicho procedimiento de devolución de menores.

Luego de varios meses de espera, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- tuvo a bien responder un derecho de petición que envié solicitando información relevante sobre los 13 niños. De todo lo dicho por el ICBF llama poderosamente la atención el hecho de que 12 de los 13 menores sean oriundos de Antioquia.

Y esa cifra es la prueba de que alias Timochenko mintió en días pasados cuando dijo que en las Farc había 23 menores de edad. Es absolutamente inverosímil que si en una sola entrega aparecen 12 niños nacidos en Antioquia, entonces los 11 restantes sean del resto del país, cuando hay evidencias de que las Farc han reclutado menores en por lo menos 28 departamentos de Colombia. En el derecho de petición en cuestión, el ICBF asegura que desde 1999 hasta la fecha, 3663 niños se han desvinculado de las Farc.

Los números indican que las Farc están mintiendo respecto de los menores que tienen en su poder. Y me preocupa que los miles de niños que tienen en sus filas sean asesinados o vendidos a otro grupo armado organizado al margen de la ley. Los colombianos debemos ejercer presión ante el Gobierno para que abandone su actitud cómplice con las Farc y pase a la ofensiva. El proceso de paz no puede ser utilizado como tapadera para que los terroristas se deshagan de los menores.

Preocupan las versiones que andan circulando en el sentido de que los menores que fueron desvinculados hubieran llegado a las zonas en las que están siendo atendidos por el Bienestar Familiar con millones de pesos en su poder. ¿Por qué la guerrilla los devolvió con tanto dinero? Así mismo, he conocido que algunos de los menores mantienen comunicación permanente con quienes fueran sus “comandantes” en la banda terrorista de las Farc.

Hago un llamado para que el ICBF esté más atento y cuide con mayor seriedad a esos menores. Al preguntarles sobre los contactos telefónicos de los niños con los cabecillas del terrorismo, la desdeñada respuesta del instituto es indignante: “El ICBF carece de información para responder esta pregunta”.

Es desafortunado el manejo que el gobierno de Santos le está dando a la tragedia de los niños que las Farc tienen en su poder. La actitud del Ejecutivo obliga a creer que estamos frente a una reprochable operación de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. Es hora de que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, le ponga la cara al país. Recordarle a ese funcionario que su oficina no es inmune ni está blindada para responder las preguntas que tiene el país.

Acá están ocurriendo cosas muy graves y es hora de que se conozca exactamente qué está sucediendo con los niños que las Farc esclavizaron.

Fuente: Oficina de Prensa Representante Margarita Restrepo   

Empieza el juicio contra el violador y feminicida Rafael Uribe Noguera y espero que esta fase del proceso que tendrá que enfrentar ese sádico sirva de oportunidad para que los colombianos entendamos que la defensa de los derechos de las mujeres, sin importar su edad o condición, es un asunto de singular relevancia.

Para nuestra propia desgracia, el nuestro es un país que no protege a sus mujeres, que permite el mal trato. Los niveles de impunidad en los crímenes que se cometen contra las mujeres son francamente escalofriantes.
Resulta indignante que el 70 por ciento de las colombianas sean víctimas de algún tipo de abuso o maltrato. A finales del año pasado, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló un informe que pasó desapercibido a pesar de haber arrojado unas cifras espeluznantes. En 2015, 970 mujeres fueron asesinadas en Colombia y 47 mil fueron víctima de algún tipo de agresión física por parte de su pareja o expareja.

Entre el universo de mujeres abusadas hay un segmento que merece especial atención: las niñas que son reclutadas forzosamente por los grupos armados ilegales. Se trata de menores que son sacadas de sus hogares para ser llevadas a los campamentos terroristas en los que son utilizadas como esclavas sexuales de los guerrilleros y de los cabecillas de la organización.

Existen múltiples informes de organismos internacionales que confirman que las mujeres que aquellas que por cuenta del abuso sexual resultan embarazadas, han sido obligadas a abortar.

Las valientes que luchan por tener a su hijo son llevadas a “consejos de guerra” e irremediablemente son fusiladas.
Claro que debemos ser solidarios con la familia de Yuliana Samboní, brutalmente violada y asesinada por Uribe Noguera sobre quien debe caer todo el peso de la justicia. Por el bien de nuestra sociedad, esa bestia no puede volver a pisar la calle. Que se quede el resto de su existencia tras las rejas pagando por su sadismo.

Pero castigo similar debe exigirse y aplicarse a aquellos terroristas de las Farc que reclutaron, violaron y asesinaron niñas. No puede ser que los abusos contra unas mujeres sean merecedores de castigo y los de vejámenes contra otras queden en la más insoportable impunidad. ¿Queremos que la paz sea duradera y estable? Entonces apliquemos justicia en las mismas proporciones y con la misma verticalidad a todos los aquellos que ofenden a la sociedad. Lo decía el Libertador: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.

Puede que a Santos le tenga sin el menor asomo de angustia el dolor que padecieron y siguen padeciendo las niñas que día a día esclavizan los terroristas de las Farc. La indiferencia de nuestro flamante Nobel de Paz no nos amilana ni nos rinde. Seguiremos insistiendo y exigiendo castigo para los victimarios. Tarde o temprano alguien nos oirá y la justicia, aunque tardíamente, les llegará a todos esos Uribes Noguera que hay en las Farc.

http://www.camara.gov.co/portal2011/noticias/5185-los-uribes-noguera-de-las-farc

Los que hoy aplauden delirantemente al gobierno, a las mayorías de éste en el Congreso y a la Corte Constitucional, serán los mismos que más temprano que tarde se quejarán por el descuadernamiento institucional al que se ha sometido nuestro país.

La aprobación arbitraria que la Corte hizo del procedimiento abreviado –fast track-, tendrá efectos demoledores para el futuro de Colombia.

Cuando los constituyentes de 1991 establecieron las rigurosas reglas para la aprobación de normas modificatorias de la Constitución lo hicieron pensando, precisamente, en proteger la integridad de la Carta. Un país serio no puede alterar su ley superior al vaivén de las emociones. Se requiere de 8 debates para efectos de que los cambios se lleven a cabo luego de muchas deliberaciones y reflexiones.

Ahora, con la decisión adoptada por la Corte se abrió una puerta tenebrosa que pone a nuestro país al borde del abismo institucional.

Acá se ha cometido toda suerte de abusos en nombre de la paz. Santos desconoció el sentir del pueblo que mayoritariamente se pronunció en contra del acuerdo suscrito por él y Timochenko. El Congreso se abrogó una facultad que no tiene para ratificar el documento que después del 2 de octubre fue maquillado y presentado como si fuera algo totalmente nuevo.

Ahora la Corte Constitucional, que en principio había dicho de manera clara y sin espacio para interpretaciones que el fast track sólo podía implementarse si el acuerdo era validado popularmente de manera directa, sale con la exótica y pintoresca tesis de que la refrendación a través del congreso es una modalidad de refrendación directa.

Aquello es una manipulación y una bofetada a la inteligencia. Pero va más allá, pues elimina el poder del ciudadano y de su capacidad de incidir en las decisiones que lo afecta. Así de sencillo: la Corte Constitucional le ha dado sepultura de quinta categoría a los mecanismos de participación popular.

Los colombianos dijimos NO y Santos, sus mayorías parlamentarias y los magistrados de la Corte lo desconocieron de manera alevosa y flagrante, llegando al extremo de ponerle una demoledora carga de explosivos a las bases sobre las que se erige nuestra institucionalidad constitucional.

Este episodio nos demuestra lo que vendrá en adelante. La construcción de ese nuevo Estado de transición que anuncia Timochenko y que Santos bendice con complicidad, no será otra cosa que un régimen arbitrario que se impondrá de manera ilegal, por encima de la voluntad popular. La pregunta que hoy todos nos hacemos es: ¿Santos y las Farc van a respetar el resultado electoral de 2018? Con el precedente que tenemos, no es descabellado pensar que la coalición Santos-Farc que tendrá un reducido número de votos, se pase por la faja el resultado de las urnas y, en nombre de la paz, haga otro fraude.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre: lo que el gobierno, la unidad nacional y la Corte Constitucional hicieron es dictatorial. Borraron a las físicas patadas un veredicto democrático.

El pueblo ha sido desafiado. La campaña política de 2018 arranca ya mismo. Cerraremos filas en torno a la defensa de la democracia. Será en las urnas donde nos volveremos a ver las caras, a ver si son tan caraduras de volver a hacer otro fraude.

Indigna, duele y estremece el acto de barbarie que se cometió contra Yuliana Andrea Samboni. Nos cubre de dolor en esta Navidad la acción demencial que contra esa niña perpetró el desadaptado social que es señalado por la justicia de ser el responsable de los hechos.

Rechazamos cualquier manifestación de violencia, pero en especial aquella que se comete contra las mujeres y los niños. No hay excusa que impida que el peso de la ley recaiga sobre el responsable y

quienes intentaron, tal y como manifestó el señor Fiscal General de la Nación, alterar la escena del crimen.

Sin importar la posición social y económica de los responsables, la sociedad, a través de la administración de justicia, debe ser implacable.

No es hora de que caigamos en la trampa de hacer demagogia ni propuestas efectistas como aquellas que he escuchado en las últimas horas, tendientes a buscar endurecimiento de penas o castigos aún más extremos. Mi llamado es para que, con las normas vigentes, se imparta justicia pronta y expedita. Gracias a la ley Rosa Elvira Cely, la sociedad podrá tener la garantía de que el autor del crimen, Rafael Uribe Noguera, pasará una muy larga temporada tras las rejas, pagando por el crimen que cometió.

La discusión que debemos dar los colombianos gira en torno al castigo social adicional al penal que deben recibir los abusadores sexuales y los feminicidas. Más allá del escarmiento que les imponga el juez, debe existir otro tipo de medidas, sobre todo para que la comunidad sepa a qué atenerse con esas personas.

En los Estados Unidos, por ejemplo, una persona que haya sido condenada por delitos de tipo sexual, una vez recuperan su libertad, están obligados a reportar ante las autoridades su lugar de residencia y éstas –las autoridades- ponen un aviso en la puerta alertando al vecindario, diciéndoles que allí habita una persona que fue sentenciada por haber cometido un delito sexual.

Los niveles de reincidencia de los abusadores sexuales son muy elevados, razón por la que las potenciales víctimas tienen el derecho de conocer de primera mano el riesgo al que se enfrentan por vivir cerca de un depredador.

Los puristas dirán que una propuesta en ese sentido “viola” el derecho a la intimidad y al buen nombre de la persona en cuestión. Pero acá no hay que pensar en ellos sino en quienes podrían ser afectadas en el futuro. Insisto: este es un asunto de la mayor importancia que no se debe asumir con discursos pomposos ni con propuestas demagógicas, sino con acciones prácticas.

Condenas ejemplarizantes que ya existen y que nos garantizan que los violadores y asesinos de mujeres no recibirán ningún tipo de beneficio después de ser condenados, como rebaja en sus penas o detención domiciliaria. Y eso está muy bien. Pero cuando salgan de prisión, debe reducirse al máximo la posibilidad de reincidencia y una de las formas más eficaces para ello es alertando a la comunidad, notificándole al vecindario que allí llegó a vivir un violador o un asesino de mujeres.

Defenderé esta propuesta ante mi partido para efectos de que, como bancada, presentemos un proyecto de ley en ese sentido porque tengo la convicción de que medidas como estas, cuya implementación es sencilla y rápida puede ayudar a evitar que sigan cometiéndose crímenes como el de Yuliana, que ha estremecido a todo el país.

Pasadas dos semanas desde la meritoria victoria de la oposición en el plebiscito, parece que el gobierno no ha querido o no  ha podido entender que perdió y que el pueblo, como bien dice el exprocurador Alejandro Ordóñez, “dijo NO, y no, es NO”.

El mandato popular es claro y no admite interpretaciones ni modulaciones: el acuerdo suscrito entre Santos y Timochenko fue rechazado, no existe, debe ser reemplazado por uno nuevo.

Santos designó a la canciller María Ángela Holguín para que haga parte del grupo que adelanta diálogos con los representantes del NO. A la ministra le produce asco conversar con quienes se oponen al gobierno del que ella hace parte. Su mirada, sus expresiones y sus malos tratos lo demuestran.

Sus intervenciones han sido en extremo equivocadas. Está tratando a la oposición de manera irrespetuosa y sin la consideración que merece. Nuevamente lo digo: el NO ganó y la obligación que existe es la de hacer un nuevo acuerdo. Si Santos se demoró más de 4 años confeccionando el documento que fue rechazado por el pueblo, mal hace la ministra Holguín al presionar para que los representantes del NO, en cuestión de horas, planteen los cambios que deben llevarse a cabo.

Hay muy pocos elementos del acuerdo que pueden ser rescatados. Los temas centrales del mismo no gozaron del respaldo de las mayorías. ¿Cuáles son estos? No lo sabemos porque Santos no quiso someter a refrendación popular cada uno de los temas y de manera arbitraria obligó a que se votara en bloque. Así las cosas, nada de lo contenido en las 297 páginas fue aprobado porque así lo decidió el presidente.

Entonces hay que trabajar sin pausa, pero sin prisa. Habrá que revisar detalladamente todos los elementos y construir el procedimiento para redactar un nuevo acuerdo que satisfaga los intereses de todos los ciudadanos. Acá no se trata de hacer felices a los miembros de las Farc, sino de generar tranquilidad en la ciudadanía que es, al fin y al cabo, la que debe poner las condiciones para que la paz sea estable y duradera.

Resulta entonces desconcertante la actitud de la doctora Holguín. Eso de que los voceros del NO deben consignar en un papelito cuáles son sus propuestas “para ver si son o no razonables” no es una respuesta adecuada, mucho menos de alguien que lleva la vocería del sector que resultó derrotado.

Tampoco es admisible que ella utilice las desafortunadas y mentirosas declaraciones de Juan Carlos Vélez como caballito de batalla para descalificar a los ciudadanos que votaron por el NO. Valga recordarle a la canciller que fue el gobierno el que intentó manipular a la opinión pública a través de la campaña del SÍ. ¿Olvida la funcionaria que fue Santos el que amenazó con la más brutal guerra urbana si el NO ganaba el plebiscito? ¿No recuerda que Humberto de La Calle decía que era imposible llegar a un mejor acuerdo con los terroristas de las Farc? Eso sí que es manipulación, por no hablar de las trampas que se hicieron durante la campaña, como la reducción abusiva e ilegal del umbral, o la desaforada publicidad por el SÍ.

Harto daño le hace a este proceso postplebiscitario la actitud desafiante de la canciller Holguín. Acá hay que concertar, construir y buscar alternativas y eso no se logra con una funcionaria que presiona día y noche a la oposición para que “rapidito diga lo que quiere”, tal y como lo ha expresado ante distintos medios de comunicación.

Cómo se nota que la jefa de la diplomacia colombiana es dócil frente a sátrapas como su buen amigo Nicolás Maduro y Raúl Castro e implacable y soberbia con los representantes de la oposición democrática en Colombia.

En plenaria de cámara fue aprobado en su segundo debate el proyecto de Edad Máxima de Retiro presentado por la congresista del Centro Democrático, Margarita María Restrepo, por el cual se busca aumentar en cinco años la edad de retiro de manera voluntaria de las personas que desempeñan funciones públicas, pasando de 65 a los 70 años.

Para la Representante el proyecto pretende valorar la experiencia de los colombianos pues retirar a alguien a los 65 años significa desaprovechar el conocimiento y experiencia adquiridas en su trasegar profesional.

“El servidor mayor de 65 años podrá optar voluntariamente por retirarse en cualquier momento entre los 65 y 70 años, pero éste deberá seguir cotizando al régimen de seguridad social hasta el día de su retiro efectivo del cargo, aunque haya consolidado previamente su derecho a gozar de una pensión de jubilación”, explicó

El proyecto pretende que los empleados continúen aportando al sistema pensional durante un período adicional de hasta cinco años, permitiendo así que con ese cambio en la norma se incrementen las contribuciones al fondo general de pensiones y, adicionalmente, disminuya el retorno de la pensión.

“Este proyecto de ley indudablemente tiene un gran sentido social de equilibrio y justicia. Es el único proyecto en el Congreso de la República que hace propuestas a la parte tributaria de una manera activa, propositiva y proactiva”, indicó.

La congresista aclaró que el proyecto oxigena y genera un colchón al sistema pensional colombiano ya que las personas seguirían aportando al sistema sin aumentar su rango pensional.

Según Restrepo el proyecto, además, se preocupa por promover el empleo formal y no compite con el empleo joven.

“Es un error pensar que el perfil de un profesional entre los 65 y 70 años es el mismo perfil de un joven.  Esto es un mito respecto al proyecto y pensar de esa manera es sentenciar a una muerte profesional y productiva a las personas mayores de 65 cuando están en la mejor época de sus carreras”, puntualizó.

Comunicado de la representante Margarita Restrepo.

El próximo 4 de junio, en todas las ciudades de Colombia empezará una jornada nacional de recolección de firmas por iniciativa de un grupo de jóvenes que han buscado el respaldo del Centro Democrático para tal propósito.

La fecha coincide con el día en que el gobierno tenía proyectado anunciar el cese bilateral del fuego con la guerrilla de las Farc. Buscaremos que muchos ciudadanos respalden con su firma una proclama que contiene los elementos que muchos consideramos son los necesarios para una paz real, justa y duradera.

El Gobierno ha hecho un proceso de paz a espaldas del país. A pesar de haber invertido decenas de miles de millones de pesos en publicidad para los diálogos de La Habana, han pasado más de 4 años y aún no sabemos exactamente qué está negociando el presidente Santos.

La situación es tan grave, que esta semana, las mayorías parlamentarias incurrieron en el más aberrante renunciamiento de las funciones constitucionales del Congreso de la República, al aprobar a la ciega el acto legislativo para la paz que, en pocas palabras, significó la entrega de unas páginas en blanco de la Constitución a los negociadores del Gobierno y de las Farc.

Es muy delicado lo que el Gobierno obligó a hacer al Congreso. El pueblo delegó en los parlamentarios la función de reformar la Constitución y es al Congreso al que le corresponde sacar adelante, luego de 8 debates, los actos legislativos que sean radicados.

Lo sucedido hiere gravemente nuestra estabilidad democrática y pone al país en una situación de extrema inseguridad. ¿Qué van a incluir en la Constitución el doctor Humberto de La Calle y alias “Timochenko”? Con el cheque en blanco que el Congreso le giró al Gobierno, éste quedó en libertad de pactar lo que le venga en gana con los terroristas y, lo peor, es que lo acordado, sin que aún se conozca, ya goza de blindaje constitucional.

Desmanes como el registrado en el Congreso, son los motivos que alientan a los ciudadanos a sumarse a la resistencia civil que ha llamado el ex presidente Uribe. Los colombianos no podemos ser testigos silentes frente a lo que sucede en nuestro país. Las mayorías políticas creen, equivocadamente, que son las mayorías reales. No. El pueblo cada vez está más insatisfecho con la manera como se está manejando a Colombia y eso se ve reflejado en los reducidos índices de aceptación que muestran diferentes encuestas de opinión.

La resistencia civil no se limita a un llamado, ni a hacer hashtags en las redes sociales, ni a quejarse desde la comodidad de nuestros hogares. Requiere movilización, hacer el esfuerzo de salir a las calles, manifestar de forma pacífica pero contundente nuestra molestia y apoyar todas las iniciativas que presenten los ciudadanos que comparten nuestro descontento.

Juan Manuel Santos es una persona que subestima el poder soberano del pueblo. Lleva cerca de 6 años al frente de la Presidencia de Colombia, gobernando a su antojo, sin oír las necesidades de la gente, empecinado en sacar adelante un proceso de paz que indefectiblemente, por la manera como ha sido planteado, está condenado al fracaso y será la primera piedra de nuevas manifestaciones de violencia.

¿Debemos guardar silencio y sentarnos, cruzados de brazos, a esperar el colapso de nuestro país? Por supuesto que no. Sumemos todos nuestros esfuerzos, hagamos lo que nos corresponde, expresemos airadamente nuestra molestia y apoyemos la resistencia civil. El 2 de abril fue marchando por las calles de Colombia y a partir del 4 de junio será firmando la proclama “por la paz que queremos”.

La representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo,  hizo un enérgico llamado al gobierno nacional para que suspenda cualquier acercamiento con la guerrilla del ELN hasta que no se suspenda el reclutamiento de menores y esa organización devuelva a la totalidad de niños que tiene en su poder.

La congresista aseguró que a través de información veraz y confirmada proveída por la Defensoría del Pueblo, se confirma que la narco guerrilla del ELN está reclutando niños en el departamento de Córdoba con el fin de obligarlos a enrolar sus filas criminales.

“De acuerdo con la Defensoría los criminales del ELN engañan a los menores de edad ofreciéndoles dinero y objetos para convencerlos de que se vayan a las filas guerrilleras”, indicó.

El caso registrado en el departamento de Córdoba se ha repetido en Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Cauca y Nariño, es por eso que Restrepo hace un llamado a todas las autoridades militares y de policía de las regiones donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas, para que redoblen esfuerzos con el fin de evitar que más niños sean reclutados forzosamente.

“Demando del Gobierno una reacción contundente frente a estos casos confirmados de reclutamiento forzado de menores por parte del ELN. Exijo que se suspenda cualquier acercamiento o diálogo con esa organización criminal hasta que no se llegue a un compromiso cierto de suspender el reclutamiento de niños y se efectúe la liberación inmediata y sin dilaciones de la totalidad de aquellos que estén en su poder”, exigió Restrepo.

Una vez más la Representante convocó a la ciudadanía a elevar su voz de protesta frente a estos nuevos casos de reclutamiento forzado de menores que según la legisladora deben ser motivo de duelo nacional.

La representante Margarita Restrepo se pronunció sobre el proyecto de aborto del ex fiscal Montealegre radicado ante el Congreso de la República horas antes de dejar su cargo como Fiscal General de la Nación.

Respecto al proyecto de ley que busca la despenalización del aborto, la congresista apuntó aseguró que “minutos antes de que culminara su nefasto periodo como Fiscal General de la Nación, el perseguidor Eduardo Montealegre presentó un proyecto de ley con el que busca despenalizar el aborto, en todos los casos, hasta los 6 meses de gestación”.

La parlamentaria rechazó de manera enfática la iniciativa en su condición de mujer y madre, e indicó que con ésta iniciativa, el exfiscal santista pretende establecer en Colombia el homicidio de bebés, durante la fase de gestación.

“En lugar de estar proponiendo el homicidio de bebés, Montealegre debería concentrar sus esfuerzos en preparar sus valijas para asumir la embajada que como premio le dará el gobierno nacional por sus servicios en la causa de perseguir a los opositores democráticos de Juan Manuel Santos”, puntualizó Margarita Restrepo.

Por último invitó a todas las mujeres de Colombia, a los defensores de la vida, a rechazar de manera contundente la iniciativa presentada por el ex fiscal Montealegre e instó a que la iniciativa sea negada en el Congreso por las mayorías parlamenarias.

“Colombia no puede convertirse en un país tolerante con el homicidio de niños en el vientre de sus madres”, aseveró la Congresista.

La Representante Margarita María Restrepo fue condecorada con la ‘Orden al Mérito Social Colombiano – Antonia Santos’ que otorga la Fundación especial para la mujer y la niñez abandonada (Femyna) en asocio con la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación (SCP).

La Representante fue escogida entre mujeres representativas del orden nacional e internacional, como reconocimiento a su trabajo y vida y que con su labor y empeño construyen el entendimiento y mejoramiento de las naciones.

En cabeza del presidente de la SCP, Alfonso López Caballero, la Representante recibió el galardón en una ceremonia llevada a cabo en el Capitolio Nacional.

Por su parte el  Presidente Ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, Gustavo Casasbuenas calificó a Margarita Restrepo como “una mujer trabajadora, con una historia de vida conmovedora, que llega por primera vez a la Cámara de Representantes para trabajar en pro del país.

“Nos alegra mucho por sus calidades y cualidades como persona y Congresista”, añadió.

La Representante agradeció esta distinción y la asumió como un motivo más para continuar en la tarea de la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia.

“Me siento muy agradecida con Dios, con los electores y en especial con el expresidente Álvaro Uribe Vélez por haberme dado la oportunidad de estar aquí y de servirle a los colombianos en general, pero muy especialmente a las mujeres y a los niños”, aseguró.

Restrepo señaló que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha que debe ser enaltecida por todos los ciudadanos hacia las mujeres colombianas, que son las mayores víctimas de la violencia en el país.
“Nuestras mujeres son secuestradas, son abusadas sexualmente, esclavizadas, utilizadas desde que son niñas y obligadas a abortar. La mujer colombiana es víctima de atrocidades innombrables”, puntualizó.

La representante Margarita María Restrepo rechazó enérgicamente la captura proferida por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, a la que calificó como una captura sin sustento legal y construida sobre bases falaces.

 Al respecto la Representante dejó claro los siguientes puntos:

1.     Rechazo de manera enérgica la captura del señor Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

2.     El proceso contra Santiago Uribe en la Fiscalía no tiene sustento legal alguno. Está construido sobre bases falaces. El testigo, un oficial retirado de la policía, es un criminal y un mitómano redomado.

3.     La decisión del Fiscal Montealegre contra el señor Santiago Uribe Vélez, no es de carácter judicial; es una clara determinación política.

4.     Esta captura es un golpe aleve contra la oposición que encarna el Centro Democrático.

5.     Hago un llamado a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, para que no guarde silencio frente a las atrocidades que de manera recurrente comete la Fiscalía General de la Nación contra los miembros del Centro Democrático.

6.     Toda mi solidaridad con el señor ex presidente Uribe y su familia en este momento. Se equivocan quienes creen que el uribismo se doblegará frente a los abusos.

Con satisfacción recibió la Representante a la Cámara Margarita María Restrepo, la noticia de la liberación hoy por parte de las FARC, de un menor que había sido reclutado de manera forzada por ese grupo al margen de la ley.

Tras enterarse de la liberación, la congresista por el Centro Democrático manifestó que como defensora de los derechos de los niños y en especial, de aquellos que han sido víctimas del atroz delito del reclutamiento forzado, no podía ocultar su satisfacción al saber que hoy uno de ellos podrá reencontrarse con su familia y retornar a una libertad de la que nunca debió haber sido privado.

El menor llevaba alrededor de 11 meses en poder de la guerrilla de las Farc, y fue desvinculado en las últimas horas de las filas de esa organización en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

Restrepo indicó que ésta liberación no debe tomarse como un gesto de buena voluntad de la guerrilla de las Farc, organización que aún tiene en su poder a cerca de 3 mil niños y demandó, una vez más, que las Farc devuelvan a todos y cada uno de los niños que ha reclutado forzosamente.

“No nos conformamos con que retornen a la libertad a unos pocos; exigimos que el 100 por ciento de los menores que están siendo esclavizados vuelvan a sus hogares en el término

La Representante a la Cámara por Antioquia, Margarita María Restrepo, fue reconocida por la Sociedad Colombiana de Prensa dentro del ‘Top 10’ de los mejores congresistas por su labor legislativa, don de gente, sencillez y trato con la prensa nacional, local y alternativa durante el año 2015.

El sondeo hecho entre varios miembros y periodistas del Congreso recogió las cifras que ubican a los legisladores dentro del “termómetro de las simpatías cuando se trata con respeto y dignidad al elector”.

Dentro del Top 10 la representante Margarita Restrepo comparte este reconocimiento junto a sus compañeros de bancada los senadores Álvaro Uribe, Iván Duque, Susana Correa, Everth Bustamante, Orlando Castañeda, Paloma Valencia, Orlando Castañeda, Ernesto Macías y la representante María Fernanda Cabal.

Felicitaciones a estos congresistas por sus buenas prácticas legislativas, decencia con los ciudadanos y con la prensa en general.

Columna de opinión de la Representante a la Cámara Margarita María Restrepo

Los diminutivos por regla general tienden a denotar inferioridad o pequeñez. Otras veces sirven para expresar cierta modestia como por ejemplo aquel que tiene una suntuosa mansión y para evitar caer en garras de la petulancia se refiere a ella como su casita.

COMUNICADO DE PRENSA

Continúan mentiras de las FARC sobre reclutamiento de menores

La representante Margarita María Restrepo descalificó  este miércoles el anuncio hecho por las Farc sobre la entrega de todos los menores de 15 años que están en sus filas, al afirmar que esta es una más de sus mentiras.

“Las Farc hacen anuncios mientras siguen presentándose casos de reclutamiento como la desaparición de las cinco niñas indígenas del Vaupés”, indicó la representante y afirmó que espera que esta promesa no sea otra de sus tantas falsedades.

Recordó la congresista que comenzando el año anunciaron que desvincularían a la totalidad de los niños en sus filas, y no lo hicieron; luego dijeron que solamente devolverían a los menores de 17 años y finalmente salieron a informar que solo tenían en su poder 13 niños, y todos en la guerrilla por voluntad propia.

Para Margarita María resulta altamente indignantes las palabras de la terrorista holandesa Tanja Nijmeijer, quien aseguró que los menores que serán devueltos se encuentran refugiados en los campamentos de la guerrilla y recordó que la mayoría de edad en Colombia es a los 18 años, y además, que en el rango de 15 a 18 años está la mayor parte de los menores combatientes de esa guerrilla.

“No solo queremos que devuelvan a los menores de 15 años, queremos la devolución de todos los menores de 18 años. Todo aquel que no haya llegado a la mayoría de edad legal en Colombia es considerado niño y su reclutamiento es un acto lesivo a los derechos humanos”, enfatizó.

La representante insistió nuevamente en la necesidad de que las Farc fijen una fecha real para la entrega de los menores. Asimismo, recordó que siguen corriendo los días para llegar al 11 de agosto, fecha que planteó como tiempo límite para la entrega de los menores reclutados.

“Propuse que el 11 de agosto de este año sea el día de la devolución de todos los menores que están en las filas de los grupos armados al margen de la ley como prueba de su verdadera voluntad de paz”, afirmó.

“Le quedan 56 días a las Farc para que entreguen a todo menor reclutado, no solo a los menores de 15 años, sino a todo menor de 18 años como estable la constitución la mayoría de edad legal en Colombia”, puntualizó.