Este proyecto pretende beneficiar a todos los trabajadores oficiales del país, de los órdenes nacional, departamental, distrital y municipal, al dar una indemnización por despido sin justa causa, equivalente a que tienen los empleados públicos de carrera administrativa, acorde con la Ley 909 y en el mismo sentido, se le da seguridad jurídica tanto a los trabajadores oficiales como a los entidades públicas que poseen trabajadores oficiales, por cuanto se eliminan los conceptos encontrados sobre la vigencia o aplicación total, parcial o no aplicación de algunas disposiciones que no ofrecen serios criterios de constitucionalidad y legalidad interna.