Las Leyes 142 y 143 de 1994 establecieron las reglas básicas para la intervención del Estado en los Servicios Públicos Domiciliaros y definieron las condiciones en que se debe desarrollar la competencia en las diferentes actividades. Sin embargo, la experiencia en la aplicación de las leyes y el desarrollo regulatorio han demostrado que es necesario hacer algunos ajustes para garantizar el cumplimiento pleno de los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.