Crea un Tribunal Nacional pro tempore para la Fuerza Pública que sesionará durante doce años y tendrá como función principal, a
solicitud de la parte interesada, la de revisar, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo, a partir del 1° de enero de
1980.