El proyecto de ley tiene por objeto frenar la corrupción de los funcionarios en el Estado Colombiano. Es así como se reforma la Ley 25 de 1975 en su artículo 3° y se crea una unidad especial en la Procuraduría General de la Nación encargada de hacer seguimiento a lo reportado en las hojas de vida de todos funcionarios del Estado haciendo un énfasis en los funcionarios que tienen a su cargo el manejo de los recursos e injerencia en los diferentes procesos de licitación o contratación.
Para lograr este objetivo se reforma la Ley 190 de 1995 en lo pertinente a la estructura de la hoja de vida de la función pública y la declaración de bienes y rentas que se debe presentar al momento de la posesión teniendo como objeto que cualquier persona que se posesione en cargos públicos no solo diligencie los formatos, si no que a la vez soporte la información.