Busca adoptar instrumentos de acceso a la información para los partidos, medidas de restricción de la circulación de efectivo para las campañas políticas, control de aportes, supervisión sobre actividades de las campañas no declaradas por los candidatos, dinamización del sistema URIEL -en buena hora concebido por el Estado-, limitación de las circunstancias que favorecen la violación de los topes y la compra de conciencias y de votos, así como la transferencia de dineros provenientes de actividades ilegales incluida la corrupción administrativa en las campañas políticas.