El proyecto tiene por objeto establecer un marco legal para que las instituciones del Estado desarrollen en tiempos razonables, los mecanismos de prevención, medición, verificación e información al usuario, respecto de la infraestructura de los sistemas de comunicaciones inalámbricas, garantizar la eliminación de barreras para su despliegue ordenado y minimicen los potenciales efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud.