El proyecto busca preservar y garantizar los derechos y libertades de las personas a gozar de un ambiente sano, instituir el ambiente como patrimonio común de utilidad pública e interés social, establecer una sujeción real y concreta a los mandatos Constitucionales y demás preceptos del ordenamiento jurídico, proteger y preservar la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y proyectar el ambiente como un derecho de primer nivel; en concordancia con los tratados y convenios internacionales ratificados por el Gobierno Nacional, incorporados al ordenamiento jurídico interno.