El proyecto de acto legislativo pretende regular la propiedad y explotación de las tierras agrícolas por parte de los inversionistas extranjeros. Esta iniciativa es una respuesta al fenómeno conocido como acaparamiento o extranjerización de tierras, y se fundamenta en las obligaciones del Estado de garantizar la seguridad alimentaria y de defender los derechos de los campesinos y empresarios colombianos.