Se hace necesaria una base o marco de referencia para la promoción y protección de los derechos de las personas de edad, con la aprobación de una normativa que reconozca expresamente los derechos de los adultos mayores y genere mecanismos ágiles y accesibles para reclamarlos y hacerlos efectivos ante cualquier situación que los pueda afectar o poner en peligro. Una ley que traspase la temporalidad de los Gobiernos, y por tanto se considere una política de Estado con una base institucional que demande una protección mínima frente a la vulnerabilidad de esta población