Para dar mayores herramientas a las entidades públicas, este proyecto de ley permite invertir recursos públicos en inmuebles que hoy no son de propiedad del Estado, donde funcionan establecimientos educativos oficiales y públicos. Se consagra como requisito para ser beneficiario de esta ley, que las entidades públicas hayan poseído el inmueble por más de diez años y de forma ininterrumpida. Por lo anterior se hace necesario legalizar la situación de todos los predios donde se encuentran construidos los establecimientos educativos y a fin de que todos los municipios del país puedan invertir
en estos centros educativos.