Este proyecto establece la creación del servicio público de salvavidas, a cargo del Estado, el cual definirá los marcos de acción de los salvavidas en el ejercicio del servicio. Por otro lado, se establece el sistema de banderas orientadoras que definen el tipo de peligrosidad de las playas y el riesgo que corren los bañistas al utilizarlas. Así mismo, se establecen las obligaciones de los salvavidas, las cuales se hacen legalmente imperativas en cuanto a su cumplimiento.