La presente ley tiene por objeto establecer normas para la contratación entre las entidades estatales señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 y las organizaciones de acción comunal reguladas por la Ley 743 de 2002, con el fin de impulsar actividades y programas de interés público o comunitario, acordes con el Plan Nacional de Desarrollo o los planes territoriales de desarrollo y los proyectos inscritos en los respectivos bancos de proyectos.