Este proyecto de Acto Legislativo busca crear mecanismos que obligue a los partidos y movimientos políticos a asumir la responsabilidad que les compete por tener dentro de sus filas miembros en corporaciones públicas que hayan incurrido en delitos que incidan en el sufragio. Cuando un miembro de una corporación pública haya sido encontrado culpable y se le haya dictado una sentencia condenatoria por incurrir en delitos como: compra de votos, realización de acuerdos con grupos al margen de la ley que favorezcan la votación de un candidato, manipulación de los resultados electorales, entre otros, no solo traerá como consecuencia su pérdida de investidura, la votación para la obtención de esta curul al no ser legal, obliga a los partidos o movimientos políticos a asumir la responsabilidad de haber otorgado el aval a este candidato.