El proyecto recoge una justa aspiración de quienes al final de su carrera laboral esperan la respuesta solidaria que debe brindar un Estado Social de Derecho, fundamentado en el principio de igualdad y la dignidad del ser humano. Dentro de una sana política social se debe asegurar a los pensionados un mínimo vital que mejore su perspectiva y envejecimiento; ampare su congrua subsistencia frente a las sobresaltadas situaciones del orden político y económico que afronta el país y también se les debe dar confianza de que sus pensiones, en su mayoría limitadas al salario mínimo, no pierdan su ¿poder adquisitivo¿, en cumplimiento de los principios constitucionales, heredados como garantías de la Carta Política.