Este proyecto de ley pretende adicionar algunos artículos al actual Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002- tendientes a establecer mecanismos legales para una mejor movilidad de las personas con discapacidad. Para ello determina que los alcaldes, en ejercicio de la competencia que les otorga la ley, podrán exceptuar de la restricción de circulación a los vehículos automotores de servicio particular cuando sean conducidos o transporten a personas discapacitadas.