Todas las personas tienen derecho a acceder, previa solicitud, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta ley. El derecho se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley facilitarán, preferentemente por medios electrónicos, la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad.