La presente ley organiza el Sistema de Educación Superior, define su principios, fines y componentes, y regula la prestación del servicio público de la educación superior. Con este fin, plantea la necesidad de actualizar la normatividad vigente e incorporar una serie de disposiciones que le permitan al sector educativo consolidarse como un Sistema Articulado con actores y responsabilidades claramente definidos. Igualmente, el proyecto amplía y flexibiliza los aportes de la Nación y los entes territoriales, y abre la posibilidad a nuevas fuentes de recursos públicos a través del Sistema Nacional de Regalías.
En cuanto a la financiación de la educación superior, plantea un incremento del 3% sostenido hasta el 2022 de los aportes de la Nación que serán distribuidos por el Ministerio de Educación entre las instituciones de educación estatales y un incremento adicional de los aportes que depende del desempeño de la economía. Adicionalmente, contempla los aportes del Sistema Nacional de Regalías y del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que recibe un 10% de las regalías.
Por otro lado, en cuanto a los créditos para estudiantes de bajos recursos, promueve la política de llevar las tasas de interés real a cero, y crea el Fondo de Permanencia, que amplía el número de subsidios de manutención para los estudiantes más pobres.