Sinópsis

El proyecto prohíbe utilizar recursos oficiales y públicos para pagar el combustible que se use en los vehículos que se emplean para el desplazamiento de funcionarios del Estado de cualquier nivel. Se exceptúan de la disposición de este artículo los vehículos que se usan para el desarrollo de las funciones operativas del Estado como vehículos de bomberos, patrullas, vehículos militares, de transporte de esquemas de seguridad, ambulancias y similares.