Este proyecto define los principios que regulan el Régimen Sancionatorio de los partidos y movimiento políticos. Establece que el Consejo Nacional Electoral será el encargado de imponer sanciones según los criterios de legalidad, lesividad, favorabilidad, proporcionalidad y gradualidad. Igualmente, estipula que los partidos y movimientos serán los responsables del proceso de selección de candidatos, de la verificación de los recursos de financiación de las campañas, del cumplimiento de los topes de financiación de campañas, entre otros. El incumplimiento de estas medidas conllevará a sanciones como amonestaciones, multas, suspensión de la financiación estatal, suspensión o cancelación de la personería jurídica, y suspensión del derecho a inscribir candidatos.