La presente ley tiene por objeto determinar la naturaleza jurídica y las competencias de vigilancia, inspección y control que ejerce la Superintendencia de Puertos y Transporte en todo el territorio nacional y establecer el régimen sancionatorio respectivo. Así mismo, la ley determina las competencias de inspección, vigilancia y control que ejercen las autoridades de las áreas metropolitanas, los alcaldes distritales y municipales en sus respectivas jurisdicciones respecto de la prestación del servicio público de transporte y la infraestructura del transporte con sus servicios conexos y complementarios.