Este proyecto busca garantizarle un ingreso, en forma de pensión, a los ancianos mayores de 65 años y a los discapacitados. De aprobarse, se crearía un instrumento que hace real enunciados de la Carta Política, como son el derecho universal a la Seguridad Social y el derecho a la vida. Se busca que el Estado asegure un ingreso permanente a los ancianos o a quienes presentan un cuadro de invalidez severa y que además carecen de rentas o ingresos para sobrevivir.