El objetivo de este proyecto consiste en el establecimiento de medidas orientadas a resolver los problemas de congestión de la administración de justicia, las limitaciones fiscales del aparato jurisdiccional y la excesiva concentración de funciones jurisdiccionales en la judicatura. Para ello, se establecen regulaciones sobre el mecanismo de arancel judicial con el fin de que contribuya de manera significativa al financiamiento de nuevas herramientas administrativas y judiciales de descongestión y eficiencia de la Administración de Justicia. El proyecto determina que la Administración de Justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley. Los recursos recaudados con ocasión del arancel judicial serán administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia.