Este proyecto busca adoptar medidas legales para mitigar la situación de los suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes de tubería, acueducto, alcantarillado y aseo damnificados o afectados por el desastre nacional declarado mediante el Decreto 4579 de 2010 que condujo a la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica.