La acción penal también podrá ser ejercida por la víctima o por las autoridades administrativas en los casos y condiciones que determine la ley. Busca aprovechar el interés que pueden tener las víctimas en el ejercicio de la acción penal y la infraestructura y personal capacitado que puedan tener otras entidades estatales, por lo cual podrían asumir la indagación e investigación de ciertos delitos y el ejercicio de la acción penal, aligerando la carga que en estos momentos tiene la Fiscalía General de la Nación y que por sus limitaciones de recursos está conduciendo a la indefinición de las investigaciones penales.