El objeto de este proyecto consiste en establecer medidas para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario y extremo, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Busca que los recursos del presupuesto nacional asignados al Congreso de la República sean transferidos al Ministerio del Interior y de Justicia, con el propósito de que este ente adelante todos los procesos necesarios para garantizar la seguridad de los miembros del Congreso.