Busca garantizar los derechos de tercera generación y en tal sentido, regular los argumentos ambientales, que son los que permiten a la industria transmitir las cualidades ambientales de sus productos y a su vez facilitan a los consumidores el conocimiento del distinto impacto ambiental derivado de la adquisición, utilización o eliminación del producto promocionado, influyendo una opción de compra ambientalmente informada y responsable.