Reconoce el carácter de enfermedad de alto costo a la adicción a sustancias psicoactivas y establece los lineamientos básicos sobre las condiciones mínimas de la atención a la población previendo el carácter especializado de las instituciones que atiendan a los adictos (y la autorización previa por el Estado para su funcionamiento), y la necesidad de aplicar procedimientos de consentimiento informado en la atención del paciente-adicto.