El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. El Estado garantizará el derecho a la salud de todos los colombianos y este predomina a consideraciones de costo o equilibrio financiero. La prestación y administración de los servicios de salud para los estratos uno, dos y tres, será responsabilidad de entidades públicas. La salud de todos los colombianos deberá ser atendida sin consideración diferente a la preservación de la vida.