Incorpora a la Constitución Nacional el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada el 17 de julio de 1998 por la conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la Naciones Unidas, sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, para efecto de sus propias funciones y declárese aprobado en su integridad por el Estado colombiano.