Pretende sustraer a la Fiscalía General de la Nación de la órbita constitucional de administrar justicia. Así mismo, en el proyecto se hacen algunos ajustes a las funciones de este ente, toda vez que debe ser un organismo eminentemente investigador, a efectos de que como consecuencia de esta finalidad esencial, cumpla igualmente la función de acusador en la persecución del delito.