El proyecto contempla que el gobierno (central y los gobiernos territoriales) se imponga una meta de déficit primario "aquel que excluye los pagos de los intereses de la deuda" de tal manera que los ingresos del sector público alcancen para cubrir los gastos de funcionamiento y de inversión, sobrando un remanente para cubrir los pagos por concepto de intereses. Lo anterior permitirá alcanzar la sostenibilidad fiscal y de la deuda en el largo plazo, para lo cual las metas deben imponerse tanto para la vigencia en curso como para los siguientes diez (10) años. En materia de transparencia, la ley establece que las metas de corto y largo plazos de las variables fiscales estén contenidas en el Plan Financiero, el cual debe ser conocido y aprobado previamente a la presentación al Congreso del Presupuesto General de la Nación, de tal manera que los contenidos de ambos sean consistentes y coherentes entre sí. Con esto, toda la programación fiscal y macroeconómica tendrá una línea común que será ampliamente conocida por el público general y podrá ser objeto de debate.