Inspirada en los preceptos constitucionales según los cuales, es deber del Estado amparar a la familia como institución básica de la sociedad y garantizar su protección integral, esta ley tiene por objeto:
Primero. Promover y consolidar una mejor calidad de vida y el bienestar de las familias de los reclusos colombianos.
Segundo. Asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado que en esta ley se enuncian, para el desarrollo integral de los programas respectivos.
Tercero. Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de las familias de la población carcelaria.