El proyecto tiene como pilar conceptual la visión del niño como sujeto de derechos y deberes y como ser responsable de sus actuaciones. En tal virtud, el proyecto de ley no sólo encierra el reconocimiento de las garantías comúnmente otorgadas a los adultos en el devenir de los procesos de índole penal, sino que además, registra prerrogativas especiales de acuerdo a la condición de menor de edad del infractor. Por tanto, se asegura al niño(a) infractor(a) su derecho a la asistencia jurídica, a impugnar la legalidad de la privación de su libertad, a la legalidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso. De igual forma, el instrumento que se analiza es tajante al avalar la privación de la libertad sólo por orden de autoridad judicial competente, previo cumplimiento de las exigencias de ley y como medida de último recurso, buscando además que ésta proceda durante el tiempo más breve posible.