Por medio del proyecto se ordena la liquidación de la Administración Postal Nacional y se traslada al Ministerio de Comunicaciones la gestión de los servicios postales. El Estado es el titular de los servicios postales y el responsable de la ejecución de los mismos. El proyecto dicta disposiciones sobre las tasas, sellos postales y franquicia postal, sobre la regulación, control y vigilancia de los servicios postales y sobre la capacitación postal, clasifica los servicios postales, y dictan las obligaciones del Ministerio de Comunicaciones.