Sinópsis

El proyecto recoge unas normas exonerando a los ciudadanos de trámites que son simplemente formales, no aportan nada a la gestión a realizar y sí generan una desconfianza mutua entre el Estado y sus habitantes. La buena experiencia de la eliminación de las autenticaciones, los reconocimientos ante notario o juez, la presentación personal del interesado, etc., permiten suponer que, existiendo un marco legal, la Administración adecue sus procedimientos de una manera uniforme y tangible a los administrados. También posibilita el proyecto que la Administración Pública se coloque a tono con los avances tecnológicos, al permitir la implementación del correo electrónico y las páginas web tanto para la información de las funciones a realizar como para el contacto de los ciudadanos con ella. Al adecuar los procedimientos al avance de la ciencia, la administración se hace más eficiente y reduce los costos legales en los que debe incurrir el administrado. El proyecto adiciona una función al Sistema Nacional de Control Interno para que se evalúe de manera general la tramitomanía y se ajuste ella a lo necesario, coordinado todo desde el orden nacional, evitando tanto la disparidad de trámites como el asalto a las posibilidades del administrado, quien tendrá un tiempo prudencial para conocer los trámites a los que se verá sujeto en sus peticiones y consecuencialmente se ajustará a ellos, sin traumatismos para nadie.