La presente ley tiene por objeto suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios a fin de lograr la eficiencia, transparencia y celeridad en la Administración Pública. Esta Ley se aplicará a los organismos públicos de cualquier nivel, así como a aquellos que teniendo naturaleza privada, tengan a su cargo la prestación de servicios públicos, pero sólo en relación con los trámites que deban cumplirse por los usuarios o consumidores de tales servicios.