Se adopta y modifica algunas disposiciones contenidas en el Decreto 1842 de 1991, crea otras y sustrae de la Ley 142 de 1994 o de cualquier otra que la modifique y desarrolle, lo relativo a la defensa de los usuarios y su relación contractual con las empresas prestadoras de los servicios públicos, sintonizándola con las condiciones actuales que vive el país, como consecuencia de haberse adoptado un modelo económico privatizador para garantizar la prestación eficiente y continua de los servicios públicos domiciliarios.