El proyecto de ley, en desarrollo de preceptos constitucionales, reconoce la naturaleza de la institución familiar y crea el marco legal necesario para garantizarle el respeto a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Es así como establece:
1. El derecho a la personería jurídica, que antes sólo se le reconocía a sus miembros.
2. La representación legal de la familia, para que pueda actuar como institución jurídica.
3. El derecho de las familias a participar en los procesos de desarrollo integral del país.
4. Las garantías patrimoniales en favor de los hijos comunes, en los casos de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, hoy tan frecuentes.
5. Las formas de integración de las familias en los ámbitos municipal, departamental, y nacional para alcanzar el efectivo ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes como institución básica de la sociedad, y participar en la formulación de políticas, leyes, planes y programas de Estado y de gobierno.