Busca dar respuesta a la crisis actual de los servicios públicos domiciliarios, en relación con los excesivos costos tarifarios, las arbitrariedades con los multiusuarios e inquilinatos, el desconocimiento de los derechos de los usuarios a la medición, facturación, participación, y la democratización de la prestación de los servicios. Igualmente, se busca mediante este proyecto, fortalecer las funciones de regulación, vigilancia y control del Estado, a fin de garantizar la cobertura, calidad, continuidad, y precio justo en los servicios públicos.