El proyecto busca reformar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La reforma busca abordar los siguientes aspectos:
-Equidad de la contratación en las entidades.
-Limitación de cuantía a la delegación para contratar.
-Universalización de la obligación de construir garantías para todo tipo de contratistas.
-Facultad a la Contraloría General de la República para fijar índices de precios de referencia.
-Obligación de verificación previa sobre la existencia de estudios, diagnósticos y proyectos cuando se pretenda contratar este tipo de servicios.
-Modificación a las causales y control de la Urgencia Manifiesta.
-Desarrollo efectivo de la participación ciudadana.