El proyecto busca devolverle al Estado, a través de la Administración Postal Nacional, la prestación del servicio de correo. Se eliminan definitivamente las franquicias postales y telegráficas que han venido operando desde principio de siglo, causándole detrimento al patrimonio de Adpostal. Se busca así mismo, que Adopostal, como entidad estatal, quede excluida del régimen de concesiones y licencias y se pretende que los dineros obtenidos por concepto de estas concesiones y licencias se destinen exclusivamente para sufragar el costo real de la prestación del correo social.