El aspecto más trascendent al de este proyecto es el ataque frontal y decidido a la corrupción en todos los niveles, creando un catálogo mucho más severo de faltas gravísimas y de sanciones más drásticas para las conductas que atenten contra los bienes del Estado. En el mismo orden se amplía el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos y se propone por primera vez incorporar el conflicto de intereses como inhabilidad con duras sanciones a fin de garantizar el interés general como fin esencial del Estado. De esa manera se evitará que los intereses y poderes económicos utilicen la función pública como medio de influencia política y la influencia política como medio de ventajas económicas. Por primera vez se sancionará el nepotismo de acuerdo con las previsiones constitucionales.