El proyecto busca que el Gobierno Nacional regule el sistema especializado de financiación de vivienda de largo plazo, de conformidad con criterios de protección a las familias, de protección y fomento del ahorro destinado a la financiación de vivienda, manteniendo la confianza del público en los instrumentos de captación y en los establecimientos de crédito, de protección a los usuarios de los créditos de vivienda y de habilitación del acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia.