El proyecto reglamenta la conciliación y el servicio legal popular con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la conciliación, permitiendo a los abogados ejercer, previa inscripción y capacitación en entidades avaladas por el Ministerio de Justicia, como conciliadores. Determina cuáles son los conflictos susceptibles de ser conciliados, establece la petición de conciliación, el tiempo preciso durante el cual se debe intentar la conciliación, entre otras disposiciones.