El proyecto busca que el Estado cuente con un sistema que le permita, una vez determinado el valor real del bien o servicio, no pagar más de lo que le corresponde, o contar con una acción para repetir lo pagado en exceso generando un título de crédito que presente mérito ejecutivo. Para ello consagra un régimen de contratación para el Estado, consagra una sanción para la entidad pública que no evite el desfase sobre el valor real de los bienes o servicios, establece sanciones directas para quienes actúen de mala fe para defraudar a la administración, entre otras disposiciones creadas para evitar la corrupción a la administración.