Su objetivo fundamental es regular las comisiones bancarias cobradas por las entidades financieras a sus clientes, mediante una adición al artículo 326, numeral 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Regulando las tarifas y facultando a la Superintendencia Financiera para que vigile su cumplimiento se pretende responsabilizar a las entidades financieras de algunos costos que no debe transferir a los usuarios ya que de por sí, en el desarrollo propio de su objeto viene obteniendo cuantiosas utilidades como lo demuestran las cifras positivas de cada fin de año, con lo cual se hace necesario proteger al usuario del sistema financiero para que la posición dominante de las entidades del sector no se imponga de manera irracional golpeando a la clase menos favorecida que termina apalancando con sus escasos ingresos las ganancias del gran capital.